La inseguridad en el país: Azucena y el Hipódromo de las Américas amenazados

La inseguridad y la corrupción que padecemos todos los mexicanos es el fruto de muchos años de impunidad. Una no puede sobrevivir sin la otra y, en el caso de la inseguridad, ni los abrazos más afectuosos...

12 de agosto, 2021

La inseguridad y la corrupción que padecemos todos los mexicanos es el fruto de muchos años de impunidad. Una no puede sobrevivir sin la otra y, en el caso de la inseguridad, ni los abrazos más afectuosos bastan para hacerle frente o cuando menos, mitigarla un poco. Cada vez, en muchos de los aspectos de la vida cotidiana, la inseguridad se deteriora más y más. Aparentemente no hay solución, pues la política que se ha diseñado deja al antojo de las “fuerzas del mal” hacer lo que le viene en gana.

Hace unos días, la periodista Azucena Uresti, de Grupo Milenio en donde colabora, recibió una amenaza, a través de un video difundido la mañana del lunes por redes sociales. En un hecho inédito, un hombre encapuchado, flanqueado por seis subalternos también con el rostro cubierto y armas de grueso calibre, le advierte: “Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí… Yo no soy cobracuotas ni extorsiono”. 

Ante tan preocupante incidente, una gran cantidad de medios mostraron su indignación y el mismo gobierno federal inmediatamente ofreció su respaldo a la talentosa periodista. El mismo Presidente reprobó la amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra Azucena e informó que el gobierno ya le ofreció protección para que no vuelva a ser intimidada. Se estableció un mecanismo de protección para todos los periodistas. 

Parece que vamos de vuelta a los tiempos en que mandaba el famoso “negro” Arturo Durazo, que era el mero mero de la policía capitalina. Uno de mis primos —afamado e influyente periodista— tenía a su servicio un par de agentes de la procuraduría, para su protección. Estoy seguro de que ninguno de ellos daría su vida si el protegido hubiera sido agredido.

El miércoles pasado, en la zona de caballerizas del Hipódromo de las Américas, sucedió un evento que causó pánico. Recibí el siguiente mensaje que luego se volvió “viral” en todo el medio. Decía: 

“Oye, el miércoles en el hipódromo pasó algo muy desagradable, peligroso y que aún no tengo muy claro cómo pudo suceder. Llegaron unos fulanos, no sabemos si agentes o malandros y con armas en mano amedrentaron a gente de las cuadras. ¿Qué buscaban o a quiénes con qué intención? se desconoce. El asunto es que llegaron cortando cartucho con pistolas y armas largas”. 

“En la cuadra 4 golpearon a cachazos en la cara al dueño de una cuadra, y se llevaron como secuestrado a otra persona, lo esposaron y lo subieron a una camioneta. Luego lo dejaron por la zona de panteones después de interrogarlo sin saber exactamente acerca de qué y le quitaron su teléfono”.

“A otros los persiguieron como a un exjinete (que conozco) y no sé a qué otros que me comentan, los fueron a corretear y sacar de la cuadra 9”. (Omito sus nombres por su propia seguridad).

Quise averiguar más acerca del incidente y me comentaron que entraron cinco Suburban negras, tal vez eran 18 tipos armados hasta los dientes. Confirmé que a tres personas los golpearon y es claro que no se trataba de agentes policiacos. 

Obviamente los protocolos de seguridad de la planta hípica fallaron, a pesar de que el hipódromo está en la zona en donde se ubica la Secretaría de la Defensa Nacional.  El hecho es que para quien quiera entrar a la zona de caballerizas, le revisan la licencia que acredita que trabaja en el hipódromo; inspeccionan el interior del vehículo y hasta la cajuela. Existen “plumas” que evitan el paso franco. Nada de eso sirvió y a la fecha no hay comunicado de la empresa ni de la autoridad hípica que mencione el hecho. Seguramente existe una denuncia de hechos en algún lado, pero en Google —que todo lo sabe— no hay mención alguna. 

¿Qué buscaban? Se comenta que dentro de la zona de caballerizas venden droga y hay evidencias que algunos caballos han resultado “positivos” a drogas estimulantes, en las pruebas antidoping. Es claro, que alguien tiene que poner orden en esta actividad, pues, de hecho, la Industria Hípica de carreras de caballos está en su mínima expresión. ¿Qué se trata de acabar con ella?

En mi opinión, las declaraciones solidarias del presidente López Obrador; el apoyo mostrado a Azucena Uresti —que valiente dice que va a seguir haciendo su trabajo— no bastan. El Gobierno Federal debe cambiar su estrategia, pues es claro que los abrazos solo provocan carcajadas entre los miembros del crimen organizado y que la impunidad de la que gozan les permite amenazar al gallo más pintado, ¿Quién sigue?

En la planta hípica debe haber un esfuerzo serio por comprobar que no hay comercio de estupefacientes, alcohol o pastito vacilador (mariguana). La demanda es que los señores árbitros hagan su trabajo, pues tienen la autoridad para revisarle hasta los calzones de quién trabaja o ingresa a la zona de caballerizas. 

Comentarios


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Los mexicanos hemos transitado de un sistema autoritario, patrimonialista (aquel donde el gobierno es dueño del patrimonio y hasta de la vida misma de las personas) y clientelar (empresas, empleos son concesiones del gobernante) a otro con el que se pretendía que el viejo régimen fuera sustituido por uno de derechos políticos (elecciones libres donde el voto cuenta), económicos (la competencia, la transparencia y el mérito determinan el futuro de las empresas) y sociales (construcción de una red universal de salud, educación, seguro de desempleo e invalidez y vejez) para cada persona. Todo se quedó en proyecto. Persisten los vicios de beneficiar a familiares y amigos con el gasto y los contratos públicos. El avance mayor fue la liberación política que permitió cambiar pacíficamente a las élites gobernantes. En salud apenas se dio un paso nimio con el seguro popular. Y paro de contar. La transición fue fallida. La apuesta de cambio se limitó al acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Se creyó que a la larga sería suficiente para lograr un Estado de leyes y de derechos sociales. No sucedió en los más de 40 años de liberalización económica: se creyó ciegamente en que el mercado forjaría el Estado de derecho y traería justicia y bienestar. El Estado abdicó a su papel de regulador y forjador de instituciones. En ese periodo si acaso se erigieron pequeñas ínsulas de una economía moderna, vinculadas al comercio con nuestro vecino del norte. Pero los derechos fueron suspendidos. El arribo de nuevas industrias extranjeras apenas se reflejó en el bienestar de sus trabajadores, pero jamás benefició a las poblaciones donde se ubicaron. La destrucción del sistema autoritario y patrimonialista no fue acompañada por el desarrollo de derechos sociales ni servicios públicos. El cambio de un modelo de desarrollo autárquico y autoritario a otro de libre comercio y flujo de capitales fue obligado por la bancarrota del Estado mexicano en los años ochenta. En ese contexto se retiraron subsidios y apoyos al campo y a las empresas. Miles de campesinos y rancheros, así como de empresarios quebraron. Su destino fue la migración, vincularse a las economías informal e ilícita o morir en el desamparo. Se apostó a que la apertura comercial por sí sola resolviera el problema económico, social y político que trajo la insolvencia del gobierno. Apenas se crearon algunos organismos autónomos, algunos inútiles y cooptados por intereses económicos. Se invirtió poco y mal en construir un sistema judicial y una policía competente. Al mismo tiempo que se desmanteló el añejo aparato policial y de justicia, el narcotráfico dio un salto gigantesco gracias a que México se convirtió en puente del tráfico de cocaína y de precursores químicos para producir drogas más letales. Fue una combinación catastrófica para la seguridad y la paz. Entonces ¿dónde estamos? Ámbito económico: una parte del país se vincula con el sector exportador, el moderno de la economía. La otra mitad está en la informalidad, ligada a economías ilícitas: narcotráfico, extorsión, secuestro, cobro de piso, asesinatos… Pero entre un sector y otro hay una relación parasitaria y utilitaria: en el campo y la minería el sector informal suele proveer seguridad e incluso trabajadores al formal. Ámbito de seguridad y justicia: la liberación del sistema político desmanteló el orden autoritario, lo cual desarticuló al sistema policiaco que tenía un pie en la legalidad -pues dependía de un mando policial jerárquico- y otro pie en la ilegalidad: robaba, extorsionaba y se quedaba con los decomisos de drogas y botines de ladrones. Este doble papel permitía regular y mediar con los criminales. Su disgregación favoreció que las policías se vincularan al crimen organizado. Y lo peor, no se creó un sistema de justicia y policiaco que lo sustituyera. Resultado: crimen y violencia. Fue así como la única opción fue la militarización. Ámbito de la informalidad y el narcotráfico: el desmantelamiento de las policías ocurrió en el momento que los cárteles mexicanos de la droga se internacionalizaron por efecto del comercio de cocaína y de las drogas sintéticas. Los bolsillos de los narcotraficantes se llenaron a tope. Su abundancia de dólares permitió enrolar a los policías que fueron defenestrados e incluso reclutar a militares (origen de los Z). Al mismo tiempo, los cárteles extendieron su dominio hacia el campo y la minería, el comercio, la construcción y otros sectores económicos, que fueron abandonados a su suerte para enfrentar la apertura comercial sin apoyo ni servicios públicos. Así, compraron ranchos, respaldaron a la economía campesina y enrolaron a desempleados. De este modo los cárteles pasaron de narcotraficantes a controlar regiones enteras, tanto por la vía de sus actividades económicas como por su incursión en la política mediante el financiamiento a candidatos y sus campañas. A partir de entonces, mantienen un pie en la economía y la política formal. Ámbito del Estado y del gobierno: los gobiernos que han estado a cargo de la cosa pública han dado palos de ciego y renunciado a las obligaciones básicas del Estado moderno: la seguridad pública y la provisión de bienes y servicios públicos universales, tales como salud, educación, seguro de desempleo. Al tiempo, la nueva política migratoria de Estados Unidos ha limitado la salida a la crisis de desempleo y desamparo en el que se encuentran millones de mexicanos. La combinación de ambos factores más el florecimiento de las economías ilícitas ha fortalecido enormemente a los grupos criminales. El resultado es que los mexicanos vivimos en el reino de la contingencia. La suerte nos salva de morir en un enfrentamiento o un asalto. La misma suerte nos favorece si logramos un empleo formal o nos da la espalda si no logramos emprender, pues para ello se requieren conexiones y dinero. Ante la dislocación del Estado, la narrativa ha permitido ocultar sus carencias y mantener el control político. El relato político sirve para que la gente soporte los desastres cotidianos. Los cambios, escribe Claudio Lomnitz en El tejido social rasgado, “requieren una narrativa que les otorgue una finalidad y que marque una dirección: la transición democrática y la modernización en un caso [fue el relato que dio cobijo a la fase neoliberal, que causó gran destrucción; este ciclo terminó con el inicio de la guerra a las drogas], y la “Cuarta Transformación” -con su obsesión con “la recuperación de la soberanía”-, en el otro”. Además, añade el antropólogo, la narrativa teleológica “sirve también para minimizar [el horror y el dolor de la vida diaria], los cuales parecen poca cosa frente a la grandiosidad de una serie de metas que se vislumbran en el horizonte”. El uso de la historia cumple un papel vital en el relato. Como nada o muy poco se hace para enfrentar tan terribles males del presente, la acción pública se limita a ritos y conjuras del pasado. Es así como se celebra solemnemente, dice Lomnitz, la matanza del 2 de octubre de 1968, “que dejó menos muertos que hoy hay en México casi cualquier semana del año”. Asimismo, agrega, se firmó con “bombo y platillo la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990”. Remata su reflexión así: “La teleología hoy en México tiene mucho de siniestro y mucho de mala fe. Los entusiastas del gobierno se llenan la boca con la Historia, con hache mayúscula, para minimizar los efectos desastrosos de sus políticas y presentarlos como un mal menor o como un efecto retardado del sistema anterior”. Así se dulcifica el desastre. Cuando los males sociales y la ineficiencia e indiferencia del Estado se minimizan y consideran como contingencia o mala suerte, se responsabiliza a la persona de los problemas sociales, que trascienden al individuo. De esta manera se genera impotencia y condena a la inmovilidad: ¿qué se puede hacer contra la mala suerte? ¿Qué se puede hacer cuando llueve o soplan los vientos fríos del norte? Así, el Estado abdica a enfrentar los cambios sistémicos que provocan sus decisiones y afectan el funcionamiento de la sociedad. Lomnitz apunta: “Nuestros gobiernos han estado implementando cambios importantes en el funcionamiento mismo del Estado sin tener en sus manos los hilos para impedir que hubiera resultados catastróficos y sin que hubiera siempre instrumentos para mitigar esos resultados catastróficos. La teleología sirve para distraernos de eso”. ¿Despertaremos algún día?" 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En realidad, se trató de un operativo que fue difícil ejecutar con pulcritud por la presencia tan amplia que tienen los miembros de esa organización ilícita en la ciudad de Culiacán y otros puntos de la entidad.  Si bien el miedo en Culiacán se esparció de manera generalizada en las horas siguientes a la captura del líder criminal, los medios de comunicación han venido informando que el regreso a la normalidad y relativa calma se ha ido dando a lo largo del fin de semana, lo que da cierta confianza sobre la recuperación de las actividades económicas en esa zona del país. No centraré mi exposición en las vicisitudes de los grupos del crimen organizado a lo largo y ancho del país, sino en cómo la presencia de cárteles y organizaciones criminales en las ciudades incrementa la probabilidad de colapsos como los que vimos en Sinaloa en días pasados. Pasado el susto de los enfrentamientos entre el ejército y los sicarios, nos percatamos que una de las consecuencias más serias de esos colapsos temporales ha sido el agotamiento de mercancías básicas en los supermercados, tanto por las compras de pánico como por los saqueos que se estuvieron presentando. De manera que, además del riesgo de resultar lesionado o de verse afectado patrimonialmente por los enfrentamientos entre los sicarios y las fuerzas del orden, los ciudadanos deben ir lidiando poco a poco con la escasez. También está el problema de la tensión que enfrenta la ciudadanía al volver a transitar sus calles e incorporarse a las actividades cotidianas, pues a través de distintos medios se ha documentado mediante entrevistas entre la población lo difícil que resulta para la gente regresar a hacer sus vidas, ya sea en el trabajo, la escuela o cualquier otra actividad. Es claro que vivir con un nivel de alta exposición al riesgo demerita la salud y la esperanza de vida de las personas, por lo que la seguridad pública no debe ser vista solo como un asunto de cumplimiento de la ley, sino como una forma de salvaguardar también el derecho humano a la salud y a una vida digna. A nivel internacional, las cifras no son muy alentadoras, pues existen estimaciones que muestran que a medida que pasa el tiempo, son más personas las que viven expuestas al riesgo. Una investigación del sitio Statista a cargo de Anna Fleck, sostiene que en las últimas tres décadas el número de personas que viven en un radio de 50 kilómetros adyacente a zonas de conflicto ha aumentado ¡nada menos que 116%! De acuerdo con esta investigación, en 1990 eran alrededor de 555 millones de personas en todo el mundo las que vivían en un radio de riesgo a zonas de conflicto de 50 kilómetros, pero para el año 2020, esa cifra aumentó a 1 mil 200 millones de personas. Si bien la mayoría de esos 1 mil 200 millones de personas viven en zonas de baja intensidad de conflicto, donde como máximo ocurren 25 asesinatos en el año, eso no resta gravedad al problema. La investigación sostiene que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2022, en 1990 eran unos 200 millones de niños viviendo cerca de las zonas de conflicto, cifra que aumentó a 452 millones de niños en 2020. Esos 452 millones de niños representan alrededor del 19% de todos los niños que existían en el planeta en 2020. Número de personas viviendo en un radio de 50 km adyacente a zonas de conflicto de 1990 a 2020 según intensidad de conflicto (Cifras en millones) Fuente: Statista. Diciembre de 2022. De tal suerte que, debemos hacer cuando menos dos preguntas: ¿Cuántas ciudades en México son susceptibles de que les pase lo que a Culiacán la semana pasada por ser bastiones de grupos delincuenciales?; ¿cuántas personas viven en esas ciudades? Cifras preliminares De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2022), el INEGI estima que casi el 29% de los 37.4 millones de hogares que existen en el país fue víctima de al menos un delito en el año 2021. En ese mismo año, se estima que 22.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delitos, lo cual representa una tasa de 24 mil 207 víctimas por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, el INEGI estima que en la tasa de prevalencia delictiva en el ámbito urbano es de 27 mil 500 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, pero al desagregar por estados, el Estado de México es el que tiene la más alta tasa, con 40 mil 200 delitos por cada 100 mil habitantes. Tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes en el ámbito urbano por entidad federativa y a nivel nacional con datos de 2020 (gris) y 2021 (morado) (Miles de víctimas) Fuente: INEGI. ENVIPE 2022. Septiembre de 2022. Un ejercicio somero para las ciudades de México Realizamos un ejercicio somero de selección de la mayoría de las ciudades de México que se han caracterizado por tener presencia de grupos de delincuencia organizada, tomando 20 ciudades de distintas regiones de México. El ejercicio es muy simple y busca solo contabilizar la población que vive en ciudades que, por su dimensión territorial y poblacional, son susceptibles de quedar paralizadas en el caso de un evento como el de Culiacán la semana pasada. Las ciudades que se seleccionaron fueron:  Guadalajara 🡪 5.26 millones de habitantes Fresnillo 🡪 143 mil hab. Celaya 🡪 521 mil hab. Colima 🡪 147 mil hab. Culiacán 🡪 808 mil hab.  Chilpancingo 🡪 225 mil hab. Nuevo Laredo 🡪 425 mil hab. Ciudad Victoria 🡪 332 mil hab. Hermosillo 🡪 855 mil hab. Tijuana 🡪 2.6 millones de hab. San Luis Potosí y su Zona Metropolitana 🡪 1.24 millones de hab. Cancún 🡪 888 mil hab. Cuernavaca 🡪 341 mil hab. Zamora 🡪 205 mil hab. Ciudad Obregón 🡪 330 mil hab. Ciudad Juárez 🡪 1 millón 501 mil hab. Uruapan 🡪 357 mil hab. Irapuato 🡪 845 mil hab. Acapulco 🡪 658 mil hab. Chihuahua 🡪 926 mil hab. El total de la población en estas veinte ciudades es de alrededor de 18.6 millones de personas. Estos 18.6 millones de personas representan casi el 14.8 por ciento de la población total del país. Esta estimación es consistente con el artículo de Statista que mencioné, en el cual se menciona que 1 mil 200 millones de personas en el mundo viven cerca de una zona de conflicto (alrededor del 15% de la población mundial). Últimos comentarios En ocasiones anteriores hemos podido discutir en este espacio el costo económico de la violencia, de acuerdo con estudios como el del Instituto para la Economía y la Paz. En esta ocasión he querido presentar una simple reflexión sobre la propensión a una situación de parálisis y estado de sitio que viven las personas en México, ante problemas serios de inseguridad y violencia que se puedan presentar. La reflexión también toca el aspecto de cómo la vulnerabilidad a los riesgos de la inseguridad en México es grande y además consistente con el escenario mundial. El Índice de Desarrollo Humano en México se ha venido reduciendo en los últimos años, no solo como resultado de la pandemia, sino de la combinación de factores que se desprenden de problemas estructurales como la falta de crecimiento, el mayor rezago en la cobertura de salud, los bajos niveles en la calidad de la educación pública, los rezagos materiales y sociales, así como la reducción en la esperanza de vida. En 2021, el IDH de México fue de 0.758, un valor considerado “alto” en la escala internacional, pero inaceptable si consideramos que nos coloca en el lugar 88º del ranking. En ese año, la esperanza se redujo de 76 a 70.2 años.   Referencias https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cuales-son-las-ciudades-mas-violentas-de-mexico-7958855.html#! https://mvsnoticias.com/entrevistas/2023/1/2/ciudad-juarez-tijuana-las-ciudades-mas-violentas-de-mexico-578167.html https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf https://www.undp.org/es/argentina/noticias/informe-sobre-desarrollo-humano-2021-2022 https://www.milenio.com/politica/balaceras-en-culiacan-hoy-ultimas-noticias-de-los-ataques-en-sinaloa  " ["post_title"]=> string(106) "En México hay varias ciudades susceptibles a quedar paralizadas por violencia ante eventos tipo Culiacán" ["post_excerpt"]=> string(91) "El Índice de Desarrollo Humano en México se ha venido reduciendo en los últimos años. 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Los mexicanos hemos transitado de un sistema autoritario, patrimonialista (aquel donde el gobierno es dueño del patrimonio y hasta de la vida misma de las personas) y clientelar (empresas, empleos son concesiones del gobernante) a otro con el que se pretendía que el viejo régimen fuera sustituido por uno de derechos políticos (elecciones libres donde el voto cuenta), económicos (la competencia, la transparencia y el mérito determinan el futuro de las empresas) y sociales (construcción de una red universal de salud, educación, seguro de desempleo e invalidez y vejez) para cada persona. Todo se quedó en proyecto. Persisten los vicios de beneficiar a familiares y amigos con el gasto y los contratos públicos. El avance mayor fue la liberación política que permitió cambiar pacíficamente a las élites gobernantes. En salud apenas se dio un paso nimio con el seguro popular. Y paro de contar. La transición fue fallida. La apuesta de cambio se limitó al acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Se creyó que a la larga sería suficiente para lograr un Estado de leyes y de derechos sociales. No sucedió en los más de 40 años de liberalización económica: se creyó ciegamente en que el mercado forjaría el Estado de derecho y traería justicia y bienestar. El Estado abdicó a su papel de regulador y forjador de instituciones. En ese periodo si acaso se erigieron pequeñas ínsulas de una economía moderna, vinculadas al comercio con nuestro vecino del norte. Pero los derechos fueron suspendidos. El arribo de nuevas industrias extranjeras apenas se reflejó en el bienestar de sus trabajadores, pero jamás benefició a las poblaciones donde se ubicaron. La destrucción del sistema autoritario y patrimonialista no fue acompañada por el desarrollo de derechos sociales ni servicios públicos. El cambio de un modelo de desarrollo autárquico y autoritario a otro de libre comercio y flujo de capitales fue obligado por la bancarrota del Estado mexicano en los años ochenta. En ese contexto se retiraron subsidios y apoyos al campo y a las empresas. Miles de campesinos y rancheros, así como de empresarios quebraron. Su destino fue la migración, vincularse a las economías informal e ilícita o morir en el desamparo. Se apostó a que la apertura comercial por sí sola resolviera el problema económico, social y político que trajo la insolvencia del gobierno. Apenas se crearon algunos organismos autónomos, algunos inútiles y cooptados por intereses económicos. Se invirtió poco y mal en construir un sistema judicial y una policía competente. Al mismo tiempo que se desmanteló el añejo aparato policial y de justicia, el narcotráfico dio un salto gigantesco gracias a que México se convirtió en puente del tráfico de cocaína y de precursores químicos para producir drogas más letales. Fue una combinación catastrófica para la seguridad y la paz. Entonces ¿dónde estamos? Ámbito económico: una parte del país se vincula con el sector exportador, el moderno de la economía. La otra mitad está en la informalidad, ligada a economías ilícitas: narcotráfico, extorsión, secuestro, cobro de piso, asesinatos… Pero entre un sector y otro hay una relación parasitaria y utilitaria: en el campo y la minería el sector informal suele proveer seguridad e incluso trabajadores al formal. Ámbito de seguridad y justicia: la liberación del sistema político desmanteló el orden autoritario, lo cual desarticuló al sistema policiaco que tenía un pie en la legalidad -pues dependía de un mando policial jerárquico- y otro pie en la ilegalidad: robaba, extorsionaba y se quedaba con los decomisos de drogas y botines de ladrones. Este doble papel permitía regular y mediar con los criminales. Su disgregación favoreció que las policías se vincularan al crimen organizado. Y lo peor, no se creó un sistema de justicia y policiaco que lo sustituyera. Resultado: crimen y violencia. Fue así como la única opción fue la militarización. Ámbito de la informalidad y el narcotráfico: el desmantelamiento de las policías ocurrió en el momento que los cárteles mexicanos de la droga se internacionalizaron por efecto del comercio de cocaína y de las drogas sintéticas. Los bolsillos de los narcotraficantes se llenaron a tope. Su abundancia de dólares permitió enrolar a los policías que fueron defenestrados e incluso reclutar a militares (origen de los Z). Al mismo tiempo, los cárteles extendieron su dominio hacia el campo y la minería, el comercio, la construcción y otros sectores económicos, que fueron abandonados a su suerte para enfrentar la apertura comercial sin apoyo ni servicios públicos. Así, compraron ranchos, respaldaron a la economía campesina y enrolaron a desempleados. De este modo los cárteles pasaron de narcotraficantes a controlar regiones enteras, tanto por la vía de sus actividades económicas como por su incursión en la política mediante el financiamiento a candidatos y sus campañas. A partir de entonces, mantienen un pie en la economía y la política formal. Ámbito del Estado y del gobierno: los gobiernos que han estado a cargo de la cosa pública han dado palos de ciego y renunciado a las obligaciones básicas del Estado moderno: la seguridad pública y la provisión de bienes y servicios públicos universales, tales como salud, educación, seguro de desempleo. Al tiempo, la nueva política migratoria de Estados Unidos ha limitado la salida a la crisis de desempleo y desamparo en el que se encuentran millones de mexicanos. La combinación de ambos factores más el florecimiento de las economías ilícitas ha fortalecido enormemente a los grupos criminales. El resultado es que los mexicanos vivimos en el reino de la contingencia. La suerte nos salva de morir en un enfrentamiento o un asalto. La misma suerte nos favorece si logramos un empleo formal o nos da la espalda si no logramos emprender, pues para ello se requieren conexiones y dinero. Ante la dislocación del Estado, la narrativa ha permitido ocultar sus carencias y mantener el control político. El relato político sirve para que la gente soporte los desastres cotidianos. Los cambios, escribe Claudio Lomnitz en El tejido social rasgado, “requieren una narrativa que les otorgue una finalidad y que marque una dirección: la transición democrática y la modernización en un caso [fue el relato que dio cobijo a la fase neoliberal, que causó gran destrucción; este ciclo terminó con el inicio de la guerra a las drogas], y la “Cuarta Transformación” -con su obsesión con “la recuperación de la soberanía”-, en el otro”. Además, añade el antropólogo, la narrativa teleológica “sirve también para minimizar [el horror y el dolor de la vida diaria], los cuales parecen poca cosa frente a la grandiosidad de una serie de metas que se vislumbran en el horizonte”. El uso de la historia cumple un papel vital en el relato. Como nada o muy poco se hace para enfrentar tan terribles males del presente, la acción pública se limita a ritos y conjuras del pasado. Es así como se celebra solemnemente, dice Lomnitz, la matanza del 2 de octubre de 1968, “que dejó menos muertos que hoy hay en México casi cualquier semana del año”. Asimismo, agrega, se firmó con “bombo y platillo la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990”. Remata su reflexión así: “La teleología hoy en México tiene mucho de siniestro y mucho de mala fe. Los entusiastas del gobierno se llenan la boca con la Historia, con hache mayúscula, para minimizar los efectos desastrosos de sus políticas y presentarlos como un mal menor o como un efecto retardado del sistema anterior”. Así se dulcifica el desastre. Cuando los males sociales y la ineficiencia e indiferencia del Estado se minimizan y consideran como contingencia o mala suerte, se responsabiliza a la persona de los problemas sociales, que trascienden al individuo. De esta manera se genera impotencia y condena a la inmovilidad: ¿qué se puede hacer contra la mala suerte? ¿Qué se puede hacer cuando llueve o soplan los vientos fríos del norte? Así, el Estado abdica a enfrentar los cambios sistémicos que provocan sus decisiones y afectan el funcionamiento de la sociedad. Lomnitz apunta: “Nuestros gobiernos han estado implementando cambios importantes en el funcionamiento mismo del Estado sin tener en sus manos los hilos para impedir que hubiera resultados catastróficos y sin que hubiera siempre instrumentos para mitigar esos resultados catastróficos. La teleología sirve para distraernos de eso”. ¿Despertaremos algún día?" 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