La era del desorden

Algunos especialistas consideran que estamos en una transición donde termina una era de continuidad y prosperidad y pasamos a una de depresión y desorden.

14 de diciembre, 2022 La era del desorden

Algunos especialistas consideran que estamos en una transición donde termina una era de continuidad y prosperidad y pasamos a una de depresión y desorden. Esto lo habían advertido los analistas del Deutsche Bank en 2020 (https://theconversation.com/bienvenidos-a-la-era-del-desorden-146454), quienes anticipaban “un periodo económico caracterizado por el caos y el desgaste de la intensa globalización que hemos venido experimentando en las últimas décadas”.

Identificaban cinco grandes ciclos de la economía moderna: primera era de la globalización (1860-1914), I y II Guerra Mundial y Gran Depresión (1914-1945), Acuerdos de Bretton Woods (1945-1971), periodo de alta inflación (1970-1980), y segunda era de la globalización (1980-2020). Como causas de esta nueva era de desorden, planteaban los siguientes temas clave: 

  • Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China
  • ¿Consolidación o deterioro de la Unión Europea?
  • Incremento de la deuda mundial
  • ¿Inflación o deflación?
  • Incremento de la desigualdad
  • Conflicto intergeneracional
  • Debate sobre el cambio climático
  • Impacto de la tecnología

El tiempo le ha concedido la razón al informe del Deutsche Bank e incluso se han agregado nuevos elementos que profundizan las preocupaciones por el futuro del mundo (https://theconversation.com/apuntes-sobre-la-era-del-desorden-193343): 

La incertidumbre geopolítica. “Nadie pensaba que el mundo podía volver a experimentar la amenaza de la aniquilación nuclear. La caída de misiles en territorio polaco, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha puesto de manifiesto la fragilidad y peligrosidad de la situación actual. Volvemos a la confrontación de bloques políticos y económicos que parecía haber quedado atrás con la caída del muro de Berlín”.

Inflación y estancamiento. “En el ámbito económico, la principal amenaza para la economía mundial es que se entre en un periodo de estanflación, en el que suben los precios a la vez que se estanca el crecimiento económico”.

Deuda pública y tipos de interés. “En 2022, la persistencia de la inflación ha dado lugar a subidas de interés por parte de la mayoría de los bancos centrales para intentar contenerla. El problema está ahora en el efecto que pueda tener esa política monetaria sobre el crecimiento económico.

Caos en la transición energética. El fracaso de la Cumbre Climática de Egipto deja en claro las dificultades de una transición del consumo de combustibles fósiles hacia las energías limpias.

Trabas en la globalización. La reactivación económica después del covid-19 ha dejado ver las debilidades de las cadenas mundiales de suministro. “Muchas compañías han experimentado interrupciones en sus cadenas de suministros que han generado numerosos problemas de difícil solución. Esto hace prever cadenas de suministros más cortas y locales, lo que puede significar un retroceso en la fuerte globalización que hemos experimentado en las últimas décadas”.

Disrupciones tecnológicas. Hay dudas de los impactos futuros de la aceleración tecnológica. “Habrá que ver cómo evoluciona el metaverso en el que los usuarios podrán acceder a un mundo virtual a través de un avatar o gemelo virtual y se podrán realizar diversas actividades e interacciones con otros usuarios. También hay que estar atentos al desarrollo de la inteligencia artificial y la computación cuántica teniendo en cuenta su impacto económico y social, y al desarrollo del aprendizaje automático de las máquinas”.

A todo lo anterior, hay que agregar la concurrencia de “fenómenos que representan una combinación explosiva: guerras regionales permanentes, pobreza e inflación en aumento, rápido avance del desempleo y la precariedad, creciente injusticia social y aumento de la brecha económica entre generaciones, retrocesos en los derechos ciudadanos, así como el surgimiento de regímenes populistas que atacan a la democracia y desarrollan tentaciones autoritarias” (https://www.cronica.com.mx/opinion/desorden.html).

Vivimos momentos complejos, caracterizados por la inestabilidad y el conflicto. Estamos en una transición hacia una nueva era que esperamos que no sea la del desorden, como algunos especialistas concluyen. En los próximos años se decidirá el futuro de las siguientes décadas.

Contacto: www.marcopaz.mx, [email protected], Twitter @marcopazpellat, www.facebook.com/MarcoPazMX, www.ForoCuatro.tv y www.ruizhealytimes.com.

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sufrió un ataque de ácido que le desfiguró gran parte de la cara y cuerpo el pasado 11 de septiembre de 2019. Su caso sigue en la palestra nacional al mantener el estigma de la impunidad hacia el autor intelectual, el priista Juan Vera Carrizal, también expareja de la víctima y quien presuntamente habría contratado a dos personas para atacar a la mujer con el líquido corrosivo en su pequeña agencia de viajes. El exlegislador oaxaqueño es un prominente empresario gasolinero de la entidad con importantes contactos políticos y económicos que le ayudaron a evadirse de la justicia hasta su captura en abril de 2020. El PRI le hizo un tragicómico procedimiento para expulsarlo de sus filas partidistas, cuando el escándalo subió de tono y se volvió políticamente incorrecto para la alicaída institución política. Los abogados de Vera Carrizal han realizado toda clase de triquiñuelas legales para alargar el inicio del juicio, además de aprovechar la pandemia por Covid-19 para evitar que el proceso legal avance de forma natural. Es de conocimiento público que el acusado aunque sigue su proceso en el penal de San Francisco Tavinet, ha tratado de buscar que un juez, reclasifique el delito para poder ser liberado y se minimice el intento feminicida. En el último intento por lograr la prisión preventiva para Vera Carrizal, el juez Téodulfo Pacheco Pacheco había dictaminado la prisión domiciliaria en contra de toda lógica y en detrimento de la seguridad de la sobreviviente del ataque con ácido. Ante el escándalo mediático del caso, la jueza de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Santiago Sánchez, dejó sin efecto la prisión domiciliaria del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que la saxofonista exigió la renuncia del juzgador Pacheco. Dicho juzgador no le importó haber llevado el desaseado proceso de más de 60 horas, donde no se permitió a la víctima hacer uso de la palabra, levantarse al baño, sufrió tener que encarar vía electrónica a su agresor, tampoco se le  permitió a la defensa el tiempo de revisión necesario de los números documentos que habrían sido fundamentales para otorgar la prisión domiciliaria al exlegislador priista, con la agravante de revelar datos que deberían haber sido confidenciales para la seguridad de la víctima.  El caso de intento de feminicidio llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el presunto agresor continuaba en el penal de Oaxaca, así como ofrecer que la Fiscalía General de la Nación pudiera coadyuvar en el terrible caso.  El mismo gobernador Salomón Jara se había manifestado en contra de la resolución del juez Pacheco al no dar una perspectiva de género a su fallo, sumado a la terrible imagen que deja en la ya muy deteriorada percepción de la justicia en México. Sobre todo en cuanto a feminicidios y violencia contra la mujer, ya que por desgracia, la revictimización y la falta de empatía es una regla en cada caso que se denuncia.  Como se recordará Rubicel H. R, extrabajador del exlegislador Vera Carrizal, declaró que acudió a la casa de la saxofonista para atacarla cobardemente al presentarse como cliente de la agencia de viajes instalada en su mismo domicilio. Mientras preguntaba por un trámite de visa, aprovecho su indefensión para verterle encima una cubeta con un litro de sustancia corrosiva que le dejó quemaduras a las que sobrevivió, pero que le mantienen en largos y dolorosos tratamientos. Juan Antonio Vera Hernández, hijo del legislador, está prófugo ya que se le considera coautor intelectual. Se mantienen presos Rubicel H.R, Ponciano H, Rubén L. C. El caso no había recibido la atención requerida hasta que la presión social hizo que la Fiscalía oaxaqueña actuara en contra de los agresores.  Los ataques con ácido contra las mujeres son los atentados más cobardes que existen dentro de los delitos que padecen las féminas en el país. Durante mucho tiempo el delito no estaba debidamente tipificado, su persecución se encontraba en el limbo jurídico, hasta que con la reforma de la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en octubre de 2022, existen mayores elementos para castigar tan lamentables atentados. A pesar de este avance, las adecuaciones siguen siendo insuficientes según ha expresado la misma María Elena Ríos.  El caso de la saxofonista oaxaqueña ha trascendido muchas fronteras y también ha visibilizado estos cobardes ataques contra las mujeres, el reclamo de justicia a muchas víctimas llegó hasta la popular banda de rock mexicano “La Maldita Vecindad”, que permitió a Ríos Ortiz participar en sus conciertos del Vive Latino y en la plancha del zócalo en julio del 2022. En la alerta de género que existe a nivel nacional, los ataques con ácido son los más devastadores por su odio feminicida, así como las graves secuelas que dejan en las víctimas que los sobreviven. Sumado al terror psicológico del ataque padecido, las mujeres violentadas enfrentan una larga recuperación con tratamientos dolorosos, difíciles, con secuelas físicas que no siempre son superadas con éxito. Un rostro desfigurado por un arma química es un estigma injusto que las mujeres, bajo ninguna circunstancia, deberían enfrentar, ante la cobardía extrema de un feminicida que decide destruir la vida de una mujer, en la forma más despiadada y alevosa posible.  El caso de la saxofonista Ríos Ortiz debe ser emblemático para que la justicia le repare los años de lucha, sufrimiento, revictimización por parte de juzgadores cómplices y del sistema jurídico en general, que es un agresor más contra este tipo de víctimas. Las amenazas recibidas por el presunto culpable son intolerables y demuestran que nuestro sistema judicial no atiende las demandas de justicia de sus mujeres que tienen la desdicha de padecer agresiones e intentos de feminicidio que cuestan la vida a más de 10 mujeres cada día. El estado de indefensión que desde hace varios sexenios, padecen nuestras ciudadanas mexicanas se ha prologado de forma impune y es la amenaza más grande al debilitado tejido social." 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Más importante aún, ¿qué fue de las premisas más populares planteadas durante la larga campaña morenista, la campaña de la “esperanza”?  Veamos.  ¿Se sentirán satisfechos quienes votaron pensando en “primero los pobres”? Acorde con el Centro de Investigación de Política Pública, la cual define pobreza multidimensional como aquella donde el individuo posee al menos una carencia social y los ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, muestra que el porcentaje de connacionales en dicha condición ha aumentado de forma sostenida durante este sexenio, en casi 4 millones de mexicanos del 2018 al 2021. El incremento en carencia de acceso a la salud pasó del 16% en 2018 a más del 30% en 2021. Asimismo, la pobreza multidimensional pasó del 41.9 al 43.9%, la pobreza moderada del 34.9 al 35.4% y la pobreza extrema del 7 al 8.5% en el mismo período acorde con la información del CONEVAL. Aunque claro, más mexicanos en situación de pobreza significa más dádivas y apoyos gubernamentales y, por ende, más votos en la próxima elección.  ¿Para acabar con el “chayote” de reporteros, comunicadores y medios? Si fue así nada de eso se ha cumplido, salvo cambiar de unos propagandistas a otros, comenzando por los “reporteros” que acuden a cubrir las conferencias mañaneras. Durante la primera mitad de este sexenio Televisa (si, Televisa, ese supuesto enemigo en la mente del presidente y sus seguidores) ha recibido cerca de 1000 millones de pesos en materia de contratos publicitarios por parte del gobierno federal, seguido de TV Azteca con 900 millones y La Jornada, con un monto cercano a los 800 millones; otros 778 medios recibieron publicidad oficial del 2019 al 2021, 10 de ellos concentran el 50% ($4,325 millones) de los recursos presupuestados, incluida la Organización Editorial Acuario, editora del diario Tabasco Hoy, de donde es originario el ejecutivo. El mismo Epigmenio Ibarra reconoció que su empresa Argos Comunicación, recibió en 2019 un “préstamo” por parte del gobierno federal a través de Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) por un monto superior a los 150 millones de pesos.  ¿Lo hicieron para acabar con la corrupción en el país? Dejando de lado los múltiples escándalos que rodean al círculo presidencial (entre ellos los hermanos e hijos del titular del ejecutivo, así como sus colaboradores y contratistas) y aunque el presidente agite en sus manos un pañuelo blanco un día sí y otro también, México cayó de posición en al índice que mide la capacidad de combatir la corrupción (CCC) en los últimos años, siguiendo su trayectoria descendente desde el 2018 para situarse en el sitio 12 (de 15 países medidos en Latinoamérica) sólo por delante de Bolivia, Venezuela y Guatemala. Por otra parte, el análisis realizado por Transparencia Internacional en 2022 arrojó que el 65% de los establecimientos se vieron orillados a participar en actos de corrupción para realizar algún trámite, contrario al 34% de administraciones anteriores. Aún peor, el 80.6% de los contratos del gobierno federal han sido entregados no por licitaciones abiertas, sino por adjudicación directa (cifra que ya supera la de toda la administración anterior); el 91.5% de aquellos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos (que no hay) han sido entregados por esta vía, lo mismo que el 95% de publicidad gubernamental y el 96% de los contratos relacionados con la COVID-19. En un día promedio se entregan 308 contratos por adjudicación y 45 por licitación.  ¿Para dejar de mantener a los expresidentes y “castigar” su actuación en el pasado? Peor aún. Mientras que los expresidentes más recientes, desde Enrique Peña Nieto hasta Ernesto Zedillo pasando por Calderón y Fox, viven todos con absoluta tranquilidad (uno en España, otro laborando como dirigente de la FIA, otro en su rancho en Guanajuato, otro más es director del Centro de Globalización de la Universidad de Yale) sin ningún proceso abierto en su contra, poco ha aportado la medida; si bien es cierto que el país ha dejado de cargar al erario los más de $200 mil pesos que correspondían a su pensión y protección, ahora éstos y muchos más se utilizan para acoger a dictadorzuelos extranjeros y sus familias, como es el caso de Evo Morales y Pedro Castillo, los más recientes, además de operadores políticos también extranjeros como el español Abraham Mendieta,  quien ingresó al país en calidad de turista y se quedó a laborar para Morena.  ¿Eliminar la opulencia o el exceso con que vivía la clase política en el pasado? Bueno, en dicho caso el ejecutivo actual pasó de vivir en la Residencia Oficial de los Pinos (creada expresamente para ello) para asentarse en Palacio Nacional, construido en 1522, lo cual representa una erogación mensual de $6 millones de pesos; si revisamos la información presupuestal en este rubro los mexicanos pagaremos, de nuestros impuestos, por la estadía de 5 años y 10 meses del presidente en dicho inmueble cerca de $500 millones de pesos. El Palacio posee 40,000 metros cuadrados, su valor catastral es de $1,400 millones y ahí laboran 147 personas diariamente. Lo anterior sin hacer recuento de los viajes y propiedades de los funcionarios gubernamentales de alto nivel, como los 23 inmuebles de Manuel Bartlett, las de Mario Delgado, Américo Villareal y muchos otros.  ¿Para mejorar las condiciones de seguridad en el país? Uno de los peores rubros de este gobierno tras la política de abandono de la seguridad pública y los “abrazos, no balazos”. Los datos del INEGI muestran el claro deterioro: en 2021, se cometieron 28.1 millones de delitos asociados a 22.1 millones de víctimas, mientras que en 2020 fueron 27.5 y 21.2 respectivamente, esto es un incremento de medio millón de delitos y casi un millón de víctimas. En el tercer trimestre del 2022, más del 64% de los mexicanos consideró inseguro vivir en su ciudad. Peor aún, en el último trimestre del año anterior, el gobierno actual contabilizaba ya más de 168 mil homicidios totales, superando los del sexenio completo de Felipe Calderón Hinojosa y su lucha contra el narco, que contabilizó 120, 463 muertes. Lo anterior, considerando que aún restan por agregar los de los meses restantes de la presente administración.  ¿Un sistema de salud como Dinamarca? A pesar de que el presidente promete, año con año, que ahora sí el próximo habrá uno como el del país nórdico, los datos muestran una cruda realidad: el sistema de salud actual no cuenta, siquiera, con un cuadro básico de vacunación como en administraciones anteriores, uno de los mejores a nivel mundial y el mejor a nivel Latinoamérica, haciendo que vuelvan a surgir padecimientos que habían sido erradicados; adicionalmente, el presupuesto del sector ha ido disminuyendo conforme avanza el sexenio. En 2019, 5 millones de recetas no pudieron abastecerse en territorio nacional, en el 2020 fueron 15 millones 857 mil, para 2021 la cifra aumentó a 22 millones 62 mil. ¿Los que mayor escasez han reportado?: Cáncer, diabetes, enfermedades neurológicas y VIH.  Todo ello sin hablar del sistema de educación pública, la edificación de proyectos obsoletos y con costos altísimos, de la búsqueda por debilitar las instituciones, del incremento en el déficit público, la injerencia del ejecutivo en otros órdenes de gobierno y muchos otros aspectos lamentables y nocivos de la administración actual. Lo anterior resulta no sólo una cruel ironía sino una trágica para el presente del país y más aún, para su futuro. Habrá quien se diga sorprendido por el derrotero de la actual gestión, hay quienes lo previmos desde hace varios años y hay otros, muchos más, que, sin importar los datos y hechos expuestos preferirán seguir creyendo que el país “va mejorando”.  En un entorno que privilegie, como debería resultar normal, la productividad, los objetivos, metas, capacidad, el talento y el esfuerzo, todos aquellos que ahora ocupan los puestos de poder no tendrían cabida alguna: las Sheinbaum, los Fernández Noroña, los López Obrador, los Bartlett, las Clemente, los Salgado Macedonio y un larguísimo etcétera. Individuos cuyas capacidades y forma de actuar no les permitirían sobresalir en ámbito productivo alguno. Pero la política existe como medio y herramienta y el discurso demagógico vende y se compra bien. Hoy por hoy, reyezuelos palurdos ungidos por el voto popular “masivo”, sin nada que ofrecer más que un frases huecas y promesas vacías pero atractivas, dirigen el rumbo del país hacia una debacle, tal y como lo muestran los datos.  A Winston Churchill, el primer ministro británico, se le atribuye la frase: “La principal diferencia entre humanos y animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el integrante más estúpido de la manada”. Irónico. Y México es prueba irrefutable de que esta máxima continúa vigente tras un largo, largo sexenio que de a poco comienza a llegar a su fin, con más tragedias, muertos, pobreza  y corrupción que ninguno en décadas recientes.  *Datos obtenidos de las encuestas realizadas por el INEGI, CONEVAL, Transparencia Internacional durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, El Centro de Investigación de Política Pública, así como de la SHCP durante el mismo período. 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Es de conocimiento público que el acusado aunque sigue su proceso en el penal de San Francisco Tavinet, ha tratado de buscar que un juez, reclasifique el delito para poder ser liberado y se minimice el intento feminicida. En el último intento por lograr la prisión preventiva para Vera Carrizal, el juez Téodulfo Pacheco Pacheco había dictaminado la prisión domiciliaria en contra de toda lógica y en detrimento de la seguridad de la sobreviviente del ataque con ácido. Ante el escándalo mediático del caso, la jueza de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Santiago Sánchez, dejó sin efecto la prisión domiciliaria del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que la saxofonista exigió la renuncia del juzgador Pacheco. Dicho juzgador no le importó haber llevado el desaseado proceso de más de 60 horas, donde no se permitió a la víctima hacer uso de la palabra, levantarse al baño, sufrió tener que encarar vía electrónica a su agresor, tampoco se le  permitió a la defensa el tiempo de revisión necesario de los números documentos que habrían sido fundamentales para otorgar la prisión domiciliaria al exlegislador priista, con la agravante de revelar datos que deberían haber sido confidenciales para la seguridad de la víctima.  El caso de intento de feminicidio llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el presunto agresor continuaba en el penal de Oaxaca, así como ofrecer que la Fiscalía General de la Nación pudiera coadyuvar en el terrible caso.  El mismo gobernador Salomón Jara se había manifestado en contra de la resolución del juez Pacheco al no dar una perspectiva de género a su fallo, sumado a la terrible imagen que deja en la ya muy deteriorada percepción de la justicia en México. Sobre todo en cuanto a feminicidios y violencia contra la mujer, ya que por desgracia, la revictimización y la falta de empatía es una regla en cada caso que se denuncia.  Como se recordará Rubicel H. R, extrabajador del exlegislador Vera Carrizal, declaró que acudió a la casa de la saxofonista para atacarla cobardemente al presentarse como cliente de la agencia de viajes instalada en su mismo domicilio. Mientras preguntaba por un trámite de visa, aprovecho su indefensión para verterle encima una cubeta con un litro de sustancia corrosiva que le dejó quemaduras a las que sobrevivió, pero que le mantienen en largos y dolorosos tratamientos. Juan Antonio Vera Hernández, hijo del legislador, está prófugo ya que se le considera coautor intelectual. Se mantienen presos Rubicel H.R, Ponciano H, Rubén L. C. El caso no había recibido la atención requerida hasta que la presión social hizo que la Fiscalía oaxaqueña actuara en contra de los agresores.  Los ataques con ácido contra las mujeres son los atentados más cobardes que existen dentro de los delitos que padecen las féminas en el país. Durante mucho tiempo el delito no estaba debidamente tipificado, su persecución se encontraba en el limbo jurídico, hasta que con la reforma de la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en octubre de 2022, existen mayores elementos para castigar tan lamentables atentados. A pesar de este avance, las adecuaciones siguen siendo insuficientes según ha expresado la misma María Elena Ríos.  El caso de la saxofonista oaxaqueña ha trascendido muchas fronteras y también ha visibilizado estos cobardes ataques contra las mujeres, el reclamo de justicia a muchas víctimas llegó hasta la popular banda de rock mexicano “La Maldita Vecindad”, que permitió a Ríos Ortiz participar en sus conciertos del Vive Latino y en la plancha del zócalo en julio del 2022. En la alerta de género que existe a nivel nacional, los ataques con ácido son los más devastadores por su odio feminicida, así como las graves secuelas que dejan en las víctimas que los sobreviven. Sumado al terror psicológico del ataque padecido, las mujeres violentadas enfrentan una larga recuperación con tratamientos dolorosos, difíciles, con secuelas físicas que no siempre son superadas con éxito. Un rostro desfigurado por un arma química es un estigma injusto que las mujeres, bajo ninguna circunstancia, deberían enfrentar, ante la cobardía extrema de un feminicida que decide destruir la vida de una mujer, en la forma más despiadada y alevosa posible.  El caso de la saxofonista Ríos Ortiz debe ser emblemático para que la justicia le repare los años de lucha, sufrimiento, revictimización por parte de juzgadores cómplices y del sistema jurídico en general, que es un agresor más contra este tipo de víctimas. Las amenazas recibidas por el presunto culpable son intolerables y demuestran que nuestro sistema judicial no atiende las demandas de justicia de sus mujeres que tienen la desdicha de padecer agresiones e intentos de feminicidio que cuestan la vida a más de 10 mujeres cada día. El estado de indefensión que desde hace varios sexenios, padecen nuestras ciudadanas mexicanas se ha prologado de forma impune y es la amenaza más grande al debilitado tejido social." 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