Dependencia sin riqueza

A continuación Manuel Torres Rivera explica la relación entre el populismo y el manejo de los recursos públicos en el caso de México.

24 de enero, 2022 Dependencia sin riqueza

Hasta ahora, la autollamada Cuarta Transformación, al menos en lo económico ha creado más pobreza. Se estima que en tres años de gestión la suma de pobres ha aumentado en al menos cuatro millones. Desde luego, existe un causal: la concentración de recursos y la decisión de un solo hombre sobre el destino de su reparto. En otro espacio se señaló que la fórmula populista siempre parte de cierta acumulación de riqueza, de cierto equilibrio en la economía, de otro modo jamás tendría un punto de partida. El populismo nace al revertir en forma simple un concepto equivocado de acumulación. El populismo confunde generación por acumulación y da por sentado que el efecto de acumular no sufrirá interrupciones. 

Esta premisa ignora los efectos cambiantes de una economía y su dinamismo, de tal modo que si alguna riqueza existe, los inicios de la fórmula populista surten efecto en su planteamiento original. En una economía creciente, habrá pocos excedentes pero los hay siempre, como reservas y otras guardas de contingencia. El populismo echa mano de todo efecto de la pretendida acumulación para afianzar pertenencia y presencia en esa imagen distorsionada que disemina como “pueblo”, concepto incluyente al tiempo de crear una adhesión perversa en lenguaje, en mensaje de redención de un nacionalismo capturado por élites explotadoras y controladoras.

El despertar populista casi siempre funciona en el planteamiento de inicio, en la supuesta defensa de las mayorías y naturalmente capta adhesión en la dispersión del recurso público. La línea que podría dibujarse entre la captación y la dispersión es totalmente ajena a la ciudadanía atrapada en la dádiva. Como toda premisa económica que involucra recursos, sea de plena ortodoxia o no, la dispersión como ejercicio de pretensión de redención significado en ingreso, reúne un efecto multiplicador. El supuesto efecto en las masas es la adhesión a un régimen como fórmula de poder. 

Si el poder reparte, es poder y pasa del sustantivo al verbo. Si la fórmula que pregona igualdad es igualitaria por entendimiento colectivo aun careciendo de razón, es válida para el recipiente. Si el recipiente es multiplicado, la fórmula también lo es. Como podemos inferir, arrancar una fórmula social basada en la riqueza no requiere de gran ciencia, requiere de discurso. Desde luego, la apuesta social descansa en las fórmulas de producción que en la precaria lógica del socialismo seguirán aportando bienes y servicios. Este es el punto decisivo y de quiebre de la fórmula popular. La concentración de decisiones de un gobierno anula de origen toda fórmula de expansión. El problema es la contraposición de poder como sustancia y poder como fórmula creadora.

La apuesta que se menciona, eso es, apuesta. Desafortunadamente las apuestas no forman parte del escenario económico y no sientan bases de permanencia y futuro. La teoría económica descansa en preceptos, descansa en ocurrencias predecibles y las más de las veces moldeables. Una muestra de ello es la aceptación universal de la teoría del Valor Actual y la teoría de la Eficiencia de Mercados. Retar a la economía no es retar al capital como una atribución de privilegio como pretende ilustrar el populismo, como tampoco el reto simple de la fórmula social es la condena a la acumulación que siempre obedeció a un inicio en el riesgo, en el talento creador y en el empuje individual hasta hacerlo colectivo en la satisfacción de un producto o un servicio de excelencia y en estricta competencia con otros participantes con ideas similares y oferentes de lo mismo. 

Esas reglas de participación activa las ignora el populista, porque son reglas que diseminan ambición individual, aspiración de mejora y segregación de una masa uniforme de pensamiento inducido desde un poder cautivo. El populismo asume conciencia colectiva y pregona idealismos congregantes para restar ideas sobresalientes. Si esta premisa es válida en su precario haber de oportunidades, entonces la pobreza debe validarse en aras de mantener un pueblo uniforme. Es entonces cuando la fórmula se explica en su acción devastadora de riqueza para nunca volver a conformarla de la misma manera que se creó. Es entonces la explicación de la pobreza intencionada de origen y como praxis de política pública. La pobreza se induce para crear dependencia. 

El presidente en turno, en el caso de México, desde el inicio de su transición en el poder destacaba que los negocios públicos estarían siempre por encima de los privados; nótese que jamás hizo referencia a asuntos públicos, dando por sentado que los dineros serían manejados por su gobierno. Esta referencia es clara en cuanto a la concepción que ha tenido y tiene de gobernar; desde luego hemos vivido todo tipo de desdén e insulto al ambiente privado en materia de inversión. No ignorábamos su pretensión de autosuficiencia en el renglón petrolero y el energético, lo que ignorábamos era que el destino a la inversión productiva se desviaría a tres caprichos monumentales y absurdos. 

Si lo anterior brinda claridad en lo referente a negocios públicos, la alusión del presidente, entonces podemos ampliar nuestro horizonte de interpretación del pensamiento de un hombre que contempla un país en una retrospectiva anclada en un despegue de nación y no en su evolución. Esa es la confrontación que vivimos. El Estado fuerte que menciona el presidente no tiene cabida en la apertura en la que desde hace décadas cohabitamos. El tamaño de la economía se dimensionaba en márgenes o cuotas de participación y el presidente todo lo concibe como absoluto. Lo único que ha logrado es una cadena de dependencias con un vicio de origen: un recurso finito. 

 

Las arcas del año 2018, hemos mencionado en este espacio, no son las mismas en el inicio del 2022. Esta transición tiene un gran pendiente con la nación, crear riqueza. Se menciona en forma simple, para acompasar las fórmulas que emplea, simples y para demostrar que todas sin excepción, son fallidas en su concepción, en su carente estructura y en su propagación. Seguirá la dependencia en esa cadena interminable como ciclo perverso: deuda, inflación, derroche, carencias, deuda, inflación, derroche, carencias…el camino de una transformación ilusoria. 

 

Comentarios


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Hay una percepción mayoritaria de que cada vez hay más violencia y mayor presencia del crimen organizado en distintos ámbitos de la vida del país.  Y no es para menos, México cuenta con el mayor mercado criminal en el mundo1, y ocupa el cuarto lugar de países con más crimen organizado, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021, del informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional -IGCOT- (una organización no gubernamental con sede en Suiza, que mide los niveles de crimen y acciones de gobierno en los 193 países miembros de las Naciones Unidas)2 A juzgar por la posición que ocupa México a nivel internacional en el ranking mundial del crimen organizado, resulta evidente que la estrategia de “abrazos, no balazos” de esta administración, para enfrentar a la criminalidad en el país (que se ha extendido a un “dejar hacer, dejar pasar” en ámbitos como el económico-financiero), ha sido, por decir lo menos, contraproducente. 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También, exhibe a México por la participación de “actores estatales” como facilitadores de las actividades criminales, y destaca que una de las correlaciones más sólidas es la que se da entre la presencia de “actores criminales” dentro del Estado y la menor capacidad de éste para prevenir los flujos ilícitos para fondear las actividades criminales, destacando la corrupción en las diversas esferas del poder público en el país.  Las actividades criminales se llevan a cabo dentro del territorio nacional, pero también a nivel transnacional, a través de organizaciones criminales internacionales. La IGCOT destaca que, en la actualidad, con tantos retos de gran magnitud a nivel mundial (i.e. pandemia, inflación, crisis alimentaria, cambio climático, migración), pareciera que combatir el crimen organizado sería menos importante, sobre todo a nivel transnacional, pero el impacto de éste en lo que se conoce como la economía ilícita global, magnifica los demás retos, además de que es un común denominador en todos ellos. Por ello, el crimen organizado es un inhibidor de desarrollo sostenible, sobre todo en las economías emergentes, como la mexicana, y resulta prioritario entonces, enfrentarlo. Las actividades criminales generan ganancias o ingresos ilícitos de los cuales 70% son integrados a la economía a través del proceso de “lavado de dinero”, y son generalmente usados para perpetuar mayor violencia e inseguridad. Según el reporte de Criminalidad Financiera en Latinoamérica y el Caribe de 2021, elaborado por el Grupo de Integridad Financiera Global (GIFG)3, en México los flujos financieros derivados de ingresos ilícitos representan un rango de 25 mil millones de dólares a 62 mil millones de dólares anualmente (de 2% al 5% del PIB, que es la medición estándar que GIFG aplica a cada nación evaluada), y de estos, el lavado de dinero es de 18 mil millones de dólares a 44 mil millones de dólares, cada año. Los flujos financieros ilícitos sobrepasaron los 50 mil millones de dólares del 2016 al 2018 en el país (es decir, alrededor de 17 mil millones de dólares, cada año, aunque esta cifra es aproximada porque no se consideran todas las ganancias ilícitas, debido a la falta de información pública).  El GIFG evalúa en su reporte, al lavado de dinero en general (y el que se realiza con base en actividades comerciales), el financiamiento al terrorismo (enfocado más bien a ataques a la seguridad nacional) y la corrupción, como las principales actividades criminales que involucran al sistema financiero en el país.  Señala que en México el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), es muy vulnerable principalmente por la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales competentes (la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- de la SHCP y la Fiscalía General de la República; e ineficiente coordinación entre la Federación y las entidades federativas), lo que ha generado casi nulos resultados en el proceso, ejecución y condena de estos delitos. Además, señala que hay pocos controles efectivos que detecten y reporten estas actividades (“follow the money”). Se menciona que hay un limitado conocimiento de la operación de lavado de dinero a través de actividades comerciales, y ello ha propiciado que esté aumentando de forma considerable.  Dentro de las actividades criminales convencionales habría que añadir ahora otro factor más de evaluación: el de las criptomonedas (criptos).  La Contraloría General de Estados Unidos recientemente reportó que las criptos se han convertido en un mercado muy atractivo para el crimen organizado en la región de Norteamérica.  Señala que los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales utilizan monedas virtuales para “lavar” sus ganancias. Empiezan a surgir además de cajeros de criptos, los kioskos donde es más fácil convertir el efectivo derivado de actividades criminales, en criptomonedas. Chainalysis (que analiza la tecnología blockchain a nivel global) reportó que las direcciones ilícitas en la red recibieron 14 mil millones de dólares en 2021, comparado con 7.8 mil millones en 2020.4 En México, el crimen de criptomonedas se calcula pueda tener un valor cercano a los 100 millones de dólares. En la medida que aumente la adopción de criptomonedas, se espera que también crezcan las operaciones ilícitas en este mercado, sobre todo, sin estar debidamente regulado y supervisado.5 Las deficiencias estructurales de nuestro sistema de justicia obstaculizan su capacidad para combatir el crimen organizado y detectar los flujos financieros que derivan de sus actividades. El andamiaje jurídico en materia de PLD/FT incluye dos cuerpos legales particularmente robustos que son la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” de 2012 (conocida como “Ley Antilavado”), y la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019. También, se han ratificado varios acuerdos internacionales en esta materia (México forma parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-)6. Sin embargo, prevalece la impunidad criminal en el país, entre otros, por la corrupción que afecta a las fuerzas del orden y al sistema judicial.  La paz en México se ha visto fuertemente deteriorada por la falta de una estrategia de seguridad coherente en el país. Trabajar por la paz es esencial para reducir las oportunidades de que la criminalidad prospere. Se deben abordar los factores que impulsan la violencia a nivel nacional. Sin seguridad, se afecta la inversión, que es el impulso y uno de los factores decisivos para el desarrollo económico. Es urgente establecer políticas públicas certeras para enfrentar al crimen organizado en todas sus facetas, combatir la impunidad, e implementar mecanismos efectivos para contener el financiamiento de las actividades criminales. De lo contrario, la actual administración estará añadiendo mayor puntuación para pasar a la historia del país, de forma inequívoca, como un “Estado fallido”.  1Incluye: Trata de personas, tráfico de personas, tráfico de armas, delitos contra la flora, delitos contra la fauna, delitos contra los recursos no renovables, comercio de heroína, comercio de cocaína, comercio de cannabis, y comercio de drogas sintéticas. 2https://globalinitiative.net/analysis/global-organized-crime/ https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-spanish.pdf 3https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/ 4https://fortune.com/2022/01/11/crypto-kiosks-human-drug-trafficking-gao-warns/ 5https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crimen-con-criptomonedas-en-Mexico-alcanzaria-los-100-millones-de-dolares-Chainalysis-20220307-0123.html 6Comisión Nacional Bancaria de Valores. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf" ["post_title"]=> string(81) "México en la “economía ilícita global”: crimen organizado y financiamiento" ["post_excerpt"]=> string(215) "La paz en México se ha visto fuertemente deteriorada por la falta de una estrategia de seguridad coherente en el país. 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Era un año convulso en creaciones con órdenes diversos: el Fondo Monetario Internacional hacía su esfuerzo por canalizar monedas de diferente cambio a un orden regulado por patrones aceptados universalmente. A su vez, El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco Mundial – hacía su parte en las grandes transferencias de infraestructura. Las cadenas productivas tenían un llamado al intercambio en tanto recomponían su abasto interno. El llamado en ese momento era improcedente.  El intento de La Habana inició un proceso itinerante para las expectativas de comercio internacional, demostrando que la iniciativa era la correcta. Quedaban atrás las prerrogativas hegemónicas del control de combustibles, de carbón, acero, aluminio, vidrio y todas las que de alguna manera enlazaban procesos industriales. La gran enseñanza de la Gran Guerra, en donde imperaron dominios latentes en los perecederos, que desplazaban a las manufacturas ante la escasez y la hambruna que azotó al mundo con mayor avance industrial. La lección no descansaba en la paz, descansaba en la concepción de futuro para nunca repetir la arrogancia de la acumulación por la acumulación misma.  El curso itinerante dejó La Habana para continuar una marcha de avenencia en Francia en Annecy, en el Reino Unido en Torquay, en Uruguay en Punta del Este, en Canadá en Montreal y finalmente en Bélgica en Bruselas. Habría que aclarar que el mundo no se quedaba sin reglas de comercio internacional, existían las adoptadas por el GATT por sus siglas en inglés, General Agreement On Tariffs and Trade. El GATT surgió en la década de los sesenta y el claro impulso del Presidente Kennedy, en 1962, en las negociaciones previas al Acuerdo, trascendieron como “El Kennedy Round”.  La ruta itinerante de estos intentos iniciados en Cuba en 1948, culminaron en el Acuerdo de Marrakech en Marruecos en 1994, año en que inicia La Organización Mundial de Comercio. En realidad el Acuerdo fue signado en 1995. La “Carta “de La Habana como fue conocida, nunca fue reconocida por el congreso norteamericano, lo que resulta curioso por ser la nación impulsora del comercio libre de fronteras. Tal vez resulte interesante un repaso de las condiciones de esos años para entender el rechazo del gobierno norteamericano, iniciando por su intensa actividad multinacional hasta la interpretación de valores agregados que en la mano de obra foránea incitaba al “dumping” como práctica ilegal de acuerdo al GATT. 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Las cincuenta naciones firmantes inicialmente, en Marruecos, aportaban más entusiasmo que oportunidades reales de estudio de renglón por renglón.  De cualquier modo, el mundo transitaba en ese gran paso de dejar atrás tarifas, aranceles, imposiciones de traslado hasta conjugar las bases activas de participación libre de fronteras. La utopía de cruzar fronteras se convertía en realidad, pero era menester sentar las bases y signarlas en compromiso formal. No era preciso acudir a una función retrospectiva por cada nación participante. De 1948 a 1995 los países conocían sus fuerzas y sus debilidades; ponerlas en la mesa era cuestión de reconocimiento y no de prerrogativas de dominio, como sucedió en las colonias, con el caucho, el café, azúcar, oleaginosas y hasta el hierro, la plata y el oro.  Se cancelaba el predominio por la supervivencia, se intercambiaban territorios por permanencia en mercados dominados por la especialización y no por la ocupación. 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Hay una percepción mayoritaria de que cada vez hay más violencia y mayor presencia del crimen organizado en distintos ámbitos de la vida del país.  Y no es para menos, México cuenta con el mayor mercado criminal en el mundo1, y ocupa el cuarto lugar de países con más crimen organizado, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021, del informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional -IGCOT- (una organización no gubernamental con sede en Suiza, que mide los niveles de crimen y acciones de gobierno en los 193 países miembros de las Naciones Unidas)2 A juzgar por la posición que ocupa México a nivel internacional en el ranking mundial del crimen organizado, resulta evidente que la estrategia de “abrazos, no balazos” de esta administración, para enfrentar a la criminalidad en el país (que se ha extendido a un “dejar hacer, dejar pasar” en ámbitos como el económico-financiero), ha sido, por decir lo menos, contraproducente. Esta malograda estrategia ha tenido un muy alto costo en la calidad de vida de la población por los altos niveles de inseguridad que ha generado en el país, y ha afectado sustancialmente los niveles de inversión privada, que es detonante de dinamismo económico. Aquí no hay “otros datos”. Más allá de lo ignominioso que resulta ser reconocidos como el país con mayor criminalidad en el mundo, el informe de IGCOT presenta un diagnóstico crítico de las tendencias crecientes de la actividad criminal en “gobiernos frágiles”, como el mexicano, que no tienen la capacidad de resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto. También, exhibe a México por la participación de “actores estatales” como facilitadores de las actividades criminales, y destaca que una de las correlaciones más sólidas es la que se da entre la presencia de “actores criminales” dentro del Estado y la menor capacidad de éste para prevenir los flujos ilícitos para fondear las actividades criminales, destacando la corrupción en las diversas esferas del poder público en el país.  Las actividades criminales se llevan a cabo dentro del territorio nacional, pero también a nivel transnacional, a través de organizaciones criminales internacionales. La IGCOT destaca que, en la actualidad, con tantos retos de gran magnitud a nivel mundial (i.e. pandemia, inflación, crisis alimentaria, cambio climático, migración), pareciera que combatir el crimen organizado sería menos importante, sobre todo a nivel transnacional, pero el impacto de éste en lo que se conoce como la economía ilícita global, magnifica los demás retos, además de que es un común denominador en todos ellos. Por ello, el crimen organizado es un inhibidor de desarrollo sostenible, sobre todo en las economías emergentes, como la mexicana, y resulta prioritario entonces, enfrentarlo. Las actividades criminales generan ganancias o ingresos ilícitos de los cuales 70% son integrados a la economía a través del proceso de “lavado de dinero”, y son generalmente usados para perpetuar mayor violencia e inseguridad. Según el reporte de Criminalidad Financiera en Latinoamérica y el Caribe de 2021, elaborado por el Grupo de Integridad Financiera Global (GIFG)3, en México los flujos financieros derivados de ingresos ilícitos representan un rango de 25 mil millones de dólares a 62 mil millones de dólares anualmente (de 2% al 5% del PIB, que es la medición estándar que GIFG aplica a cada nación evaluada), y de estos, el lavado de dinero es de 18 mil millones de dólares a 44 mil millones de dólares, cada año. Los flujos financieros ilícitos sobrepasaron los 50 mil millones de dólares del 2016 al 2018 en el país (es decir, alrededor de 17 mil millones de dólares, cada año, aunque esta cifra es aproximada porque no se consideran todas las ganancias ilícitas, debido a la falta de información pública).  El GIFG evalúa en su reporte, al lavado de dinero en general (y el que se realiza con base en actividades comerciales), el financiamiento al terrorismo (enfocado más bien a ataques a la seguridad nacional) y la corrupción, como las principales actividades criminales que involucran al sistema financiero en el país.  Señala que en México el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), es muy vulnerable principalmente por la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales competentes (la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- de la SHCP y la Fiscalía General de la República; e ineficiente coordinación entre la Federación y las entidades federativas), lo que ha generado casi nulos resultados en el proceso, ejecución y condena de estos delitos. Además, señala que hay pocos controles efectivos que detecten y reporten estas actividades (“follow the money”). Se menciona que hay un limitado conocimiento de la operación de lavado de dinero a través de actividades comerciales, y ello ha propiciado que esté aumentando de forma considerable.  Dentro de las actividades criminales convencionales habría que añadir ahora otro factor más de evaluación: el de las criptomonedas (criptos).  La Contraloría General de Estados Unidos recientemente reportó que las criptos se han convertido en un mercado muy atractivo para el crimen organizado en la región de Norteamérica.  Señala que los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales utilizan monedas virtuales para “lavar” sus ganancias. Empiezan a surgir además de cajeros de criptos, los kioskos donde es más fácil convertir el efectivo derivado de actividades criminales, en criptomonedas. Chainalysis (que analiza la tecnología blockchain a nivel global) reportó que las direcciones ilícitas en la red recibieron 14 mil millones de dólares en 2021, comparado con 7.8 mil millones en 2020.4 En México, el crimen de criptomonedas se calcula pueda tener un valor cercano a los 100 millones de dólares. En la medida que aumente la adopción de criptomonedas, se espera que también crezcan las operaciones ilícitas en este mercado, sobre todo, sin estar debidamente regulado y supervisado.5 Las deficiencias estructurales de nuestro sistema de justicia obstaculizan su capacidad para combatir el crimen organizado y detectar los flujos financieros que derivan de sus actividades. El andamiaje jurídico en materia de PLD/FT incluye dos cuerpos legales particularmente robustos que son la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” de 2012 (conocida como “Ley Antilavado”), y la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019. También, se han ratificado varios acuerdos internacionales en esta materia (México forma parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-)6. Sin embargo, prevalece la impunidad criminal en el país, entre otros, por la corrupción que afecta a las fuerzas del orden y al sistema judicial.  La paz en México se ha visto fuertemente deteriorada por la falta de una estrategia de seguridad coherente en el país. Trabajar por la paz es esencial para reducir las oportunidades de que la criminalidad prospere. Se deben abordar los factores que impulsan la violencia a nivel nacional. Sin seguridad, se afecta la inversión, que es el impulso y uno de los factores decisivos para el desarrollo económico. Es urgente establecer políticas públicas certeras para enfrentar al crimen organizado en todas sus facetas, combatir la impunidad, e implementar mecanismos efectivos para contener el financiamiento de las actividades criminales. De lo contrario, la actual administración estará añadiendo mayor puntuación para pasar a la historia del país, de forma inequívoca, como un “Estado fallido”.  1Incluye: Trata de personas, tráfico de personas, tráfico de armas, delitos contra la flora, delitos contra la fauna, delitos contra los recursos no renovables, comercio de heroína, comercio de cocaína, comercio de cannabis, y comercio de drogas sintéticas. 2https://globalinitiative.net/analysis/global-organized-crime/ https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-spanish.pdf 3https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/ 4https://fortune.com/2022/01/11/crypto-kiosks-human-drug-trafficking-gao-warns/ 5https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crimen-con-criptomonedas-en-Mexico-alcanzaria-los-100-millones-de-dolares-Chainalysis-20220307-0123.html 6Comisión Nacional Bancaria de Valores. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf" ["post_title"]=> string(81) "México en la “economía ilícita global”: crimen organizado y financiamiento" ["post_excerpt"]=> string(215) "La paz en México se ha visto fuertemente deteriorada por la falta de una estrategia de seguridad coherente en el país. 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