NADIE DE FUERA…

La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica promovida desde la Presidencia de la República compromete la relación bilateral entre México y EEUU. 

22 de octubre, 2021 amlobartlettnahle

La ley de energía eléctrica aprobada por la franquicia de MORENA en el Congreso murió al nacer porque se oponía a la Constitución Federal. Pero ésto no arredró a López que, como gran estratega y jugador de ajedrez, se adelantó a la siguiente jugada y discurrió que la única forma de que su ley eléctrica no se opusiera a la Constitución era reformar la Constitución. Y ahora López Obrador olvida que el PRI es su enemigo y los invita para lograr la mayoría calificada que se requiere para poder lograr su reforma constitucional.

Por su parte, el jovial octogenario, Manuel Bartlett se da el lujo de afirmar que además de ser inevitable la reforma constitucional, no se indemnizará a las empresas cuyos derechos sean afectados por la reforma energética.

La más aguerrida del trío, Roció Nahle, pronunció una frase como para inmortalizarla en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados: “No nos va a venir NADIE DE FUERA a decir si la reforma energética está bien o mal”. La frase suena flamígera, ígnea, contundente, inamovible, férrea y… EQUIVOCADA.

La frase pronunciada por Rocío Nahle, pasa por alto un pequeño detalle: ella habla de los “DE FUERA” como quien habla de alguien que no tiene vela en el entierro; de alguien que no tiene nada que ver con la industria eléctrica mexicana… PERO SE EQUIVOCA. Los que ella llama DE FUERA son varios INTERESADOS legítimos.

El Congreso de Estados Unidos ya comenzó a protestar ante el presidente Biden. Los legisladores del país vecino afirman que la reforma constitucional en materia energética que pretende lograr AMLO apoyado en ALITO MORENO, viola el T-MEC.

AMLO, Nahle y Bartlett pasan por alto lo que manda el artículo 133 de la Constitución Mexicana que a la letra dice:

Artículo 133.- “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y TODOS LOS TRATADOS que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.

El Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, NO ES UNA COSA DE FUERA; ES LEY SUPREMA DE LA UNIÓN; ES LEY SUPREMA EN TODO MÉXICO. Incluso si López Obrador logra que ALITO le entregue todos los votos de la bancada priista en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, subsiste el artículo 133 constitucional con base en el cual, el TRATADO DE LIBRE COMERCIO entre México, Estados Unidos y Canadá, sigue siendo ley suprema de toda la unión.

AMLO no puede ordenarle al Congreso de Estados Unidos ni al presidente Biden que acepten su reforma energética “sin cambiarle ni una coma”. La bancada de MORENA no puede modificar ni derogar el T-MEC, ni siquiera si ALITO se le entrega de rodillas.

¿Alguno de los tres protagonistas de la contrarreforma energética habrá escuchado alguna vez de la U.S. Federal Law 9 Stat. 922?

Estoy seguro de que no tienen la menor idea, e incluso dirán que debe ser una ley gringa y que las leyes gringas no se aplican en México. La U.S. FEDERAL LAW 9 STAT 922, NO ES UNA LEY GRINGA. Es la ley en que se convirtió el TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO firmado por México y Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 para poner fin a la guerra de intervención (1836-1848).

GUADALUPE HIDALGO tiene un artículo tan importante que es el referente obligatorio para la interpretación y cumplimiento de todos los tratados celebrados entre Estados Unidos y México desde entonces. Se trata del artículo XXI, que dispone lo siguiente:

PRIMERO.- “Estados Unidos y México  NO PUEDEN realizar acciones políticas, jurídicas, económicas ni comerciales que puedan afectar a uno u otro, SIN HABERLAS ACORDADO PREVIAMENTE entre ambas naciones”.

SEGUNDO.–  “Si alguna de ambas naciones quiere emprender acciones o políticas comerciales, políticas, económicas o jurídicas que puedan afectar al otro,  las dos naciones tienen que agotar exhaustivamente todos los medios amigables para encontrar un acuerdo satisfactorio”.

TERCERO.- “Si no logran alcanzar un acuerdo amigable y satisfactorio,  aun así NO PUEDEN ACTUAR UNILATERALMENTE, sino que tienen la obligación de someterse a arbitraje internacional”.

NO SE TRATA DE NADIE DE FUERA QUE VENGA A QUERER DECIRLE A LOS MEXICANOS SI LA REFORMA ENERGÉTICA ESTÁ BIEN O MAL.

Ni AMLO ni NAHLE ni BARTLETT han  leído jamás el artículo XXI de Guadalupe Hidalgo. Por lo pronto, los congresistas de Estados Unidos ya están presionando al Presidente Biden para que haga que México cumpla con el T-MEC (USMCA por sus siglas en inglés).

Si AMLO logra sobornar, amedrentar o per$uadir a ALITO MORENO para que sacrifique lo que queda del PRI a beneficio de sus designios personales, lo único que va a suceder es que México será demandado POR INCUMPLIMIENTO NO SOLO DEL T-MEC, sino por violar el artículo XXI de la U.S. FEDERAL LAW 9 STAT. 922,  que en México demasiado pocos mexicanos conocen como TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO.

Contra lo que pudiera pensarse, un Juez Federal de los Estados Unidos podría dictar lo que se conoce como INJUCTION y ordenarle al mismísimo Gobierno de México que RETIRE SU INICIATIVA DE REFORMA ENERGÉTICA o se atenga a las consecuencias LEGALES.

Lamentablemente, señora Nahle, NO SE TRATA DE NADIE DE FUERA; los empresarios que invirtieron miles de millones de dólares en energías limpias para dotar de electricidad a los mexicanos, NO SON DE FUERA NI SON AJENOS, son víctimas de violaciones graves cometidas por el Gobierno de México contra las leyes mexicanas. Son víctimas por haber creído que en México rige la ley y se cumplen los tratados y el Derecho Internacional.

 

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No se espante, estoy usando la hipérbole como recurso narrativo, pero el decreto es ilegal y voy explicar las razones. El pasado lunes 22 de noviembre se publicó este decreto en el Diario Oficial. El texto ordena que los proyectos y obras del gobierno federal (aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos Bocas, Tren Maya y lo que el presidente añada y quiera) son declarados de “interés público” y “seguridad nacional”, “estratégicos” y “prioritarios”, y por tal motivo se “blindan” contra trabas administrativas. El presidente invoca la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89 constitucional en su fracción primera. ¿Qué lugar ocupa este “decreto” dentro de la jerarquía normativa nacional? Como usted sabe, el pináculo del sistema jurídico es la constitución y los tratados en materia de derechos humanos. 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Porque todo proyecto gubernamental requiere, por ley, permisos, revisiones y dictámenes en lo administrativo, en su viabilidad, en la cuestión ambiental, sanitaria, demográfica, etcétera, y además es susceptible de vulneran garantías y derechos de terceros y de comunidades enteras. Este “decreto” obliga a todas las dependencias y agencias federales a autorizar provisionalmente, “fast track”, y sin revisión alguna, en el plazo de cinco días hábiles, los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras del presidente. Si transcurre el plazo de cinco días sin que la autoridad resuelva, se entiende que autoriza. Desde el punto de vista jurídico esto es tan ridículo que nadie debería reír. Podría hacer nugatorio el juicio de garantías. Aclaro que lo que estoy diciendo no tiene que ver con las obras insignia de este gobierno. Personalmente veo con beneplácito el Tren Maya, tengo dudas sobre Dos Bocas y me parece un capricho la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que supuestamente se canceló por tremenda corrupción, pero no hay nadie en prisión por esos hechos, sino, al contrario, muchos de los contratistas que construían Texcoco, además de ser prolijamente indemnizados, ahora están participando en los mega proyectos presidenciales. Pero eso es otro tema. Lo que me interesa destacar es el desprecio al Estado de Derecho que supone este “decretazo”. El presidente Obrador es muy dado a “decretar”. He visto decretos malos y chirriantes, como aquel de 23 de abril de 2020 (en su momento lo comenté), según el cual, para salir avante en la pandemia, se iban a crear “por decreto” al menos dos millones de empleos para antes de que terminara aquel año. Todos sabemos que no se crearon esos empleos. Al contrario, se perdieron millones. Aquel “decreto” fue producto de la fantasía y muestra lo ridículo que puede llegar a ser el presidencialismo mexicano (no lo digo por Obrador, sino por todos los presidentes mexicanos que son siempre abusivos y ególatras: nacionalizan por decreto, privatizan por decreto, “crean” empleos por decreto, regulan la paridad por decreto, se dan a sí mismos honores, pensiones y seguridad por decreto… etcétera).  Yo entiendo que el presidente Obrador sienta frustración al ver cómo las trabas administrativas y los amparos ralentizan sus proyectos, y tampoco soy tan ingenuo para pensar que muchas de esas trabas y amparos son utilizados por quienes se oponen a dichos proyectos, con la intención de que fracasen y para hacer ver mal al presidente. Pero la forma de combatir este, digamos, “boicot jurídico”, no es un “decretazo” al estilo de república bananera que rompa la jerarquía normativa. Ahí está la normatividad que rige la administración pública federal, y todas esas leyes no pueden ser pasadas por alto a través de una circular o acuerdo del presidente, pues la facultad reglamentaria nunca permite al jefe del ejecutivo ir más allá de las leyes. Y no solo este “decreto” va más allá de las leyes federales, a las cuales de facto deroga, sino también se alza contra la constitución. Mire usted que por mandato constitucional toda obra, todo proyecto, toda acción, todo lo que haga el gobierno federal debe ser absolutamente público y transparente, y solo podrá ser reservada información por razones de interés público y seguridad nacional (artículo 6, A, I). 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El discurso aquel de Trump, que era justo al revés

El fenómeno migratorio sin duda ha sido el tema más tenso en la relación bilateral de México con EEUU en los últimos...

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