¡La Secretaría de Gobernación sí responde…!

La Secretaría de Gobernación, a través del director general de Juegos y Sorteos (DGJyS), el maestro Luis Calvo Reyes, que es la máxima autoridad en la materia, ha respondido asertivamente a la solicitud de audiencia que le...

4 de agosto, 2020

La Secretaría de Gobernación, a través del director general de Juegos y Sorteos (DGJyS), el maestro Luis Calvo Reyes, que es la máxima autoridad en la materia, ha respondido asertivamente a la solicitud de audiencia que le pedimos el lunes 27 de julio y nos informa de los compromisos que, hasta el momento, la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas Codere, han acordado con algunos representantes del gremio hípico, quienes hace unos días se manifestaron públicamente defendiendo su derecho al trabajo. En las conversaciones que habían sostenido con la empresa, tenían claro que la permisionaria solo les daba largas: son expertos. 

También participaron en las reuniones, una de las agrupaciones de caballistas (propietarios), además de varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad de los Palacios. En la liga se puede leer el comunicado. Sorprende que no hay miembro conocido representante de los caballos del Cuarto de Milla.

Así pues, ante las largas, que siempre nos ha dado la empresa y que, según ellos estaba impedida para dar carreras de caballos pues su permiso solo —dicen, como excusa— que Gobernación los considera como un espectáculo y no como un deporte. Sin duda, el señor director del Hipódromo, el Checo Alamán, no ha aprendido la esencia de la hípica. En muchas partes del mundo se están ofreciendo carreras sin público, con éxito. Además, en la entrevista que le dio al periodista Francisco Zea, del Grupo Imagen, dice que han repartido 24 mil despensas a los trabajadores del backstrech; al parecer el señor Alamán se apantalló ante los micrófonos y se confundió. No han repartido ni el 10% de esa cantidad de despensas. ¡Den carreras!

Lo importante es que, ante todo este desgaste, ahora que todo el gremio hípico está unido como una roca y estamos reclamando lo que a nuestro derecho corresponde; la autoridad reguladora, es decir, la Dirección General de Juegos y Sorteos se ha pronunciado. Bien entiende el gobierno de la Cuarta Transformación que conservar los empleos es fundamental para nuestro país. 

Es importante que el lector sepa que los propietarios de caballos han perdido mucho más de 36 millones de pesos, después de 4 meses de inactividad —más lo que se acumule— y que gracias a la manifestación que organizaron los jinetes —que no tiene quién les pague, pues ganan por montar— sirvió para que el gobierno volteara para ver lo que pasa en esa propiedad federal. 

Es sencillo: la permisionaria no ha cumplido con el objeto de su permiso, pero sí ha explotado a su antojo la gran cantidad de casinos que le otorgaron para que tuviera dinero, como giros complementarios, así como otros negocios que graciosamente explotan, y por supuesto, pisando a quien se oponga a sus caprichos, pues han abusado de la debilidad de los propietarios.

Ahora, don Luis Calvo Reyes va a conocer, de primera mano, lo que ha pasado en esa propiedad federal, para que ponga orden.  

Como expresé en mi artículo anterior, es necesario comprender que la empresa es una de las ruedas del carro romano que compone la hípica: la otra rueda son los propietarios, que son los que proporcionan el espectáculo y empleando a los jinetes. Quien debe conducir esta carroza es la autoridad hípica, la cual la permisionaria tiene secuestrada y a su servicio, en contra de lo que había determinado la autoridad del sexenio anterior, que estaba al servicio de la corrupción e impunidad. Basta leer para comprobar mi afirmación la serie de artículos del libro, ahora publicado en amazon.com.mx: El Hipódromo de las Américas: Una Historia de Impunidad y Corrupción.

Así pues, en cuanto se cumpla lo ordenado y dispuesto por la autoridad reguladora, es decir, la DGJyS y se tengan los protocolos sanitarios para que pueda operar la planta hípica, que deben ser muy sencillos de implementar, tendremos carreras, con los premios que se comprometieron al aprobarse la temporada de carreras 2020; y en mi opinión, no debemos seguir aceptando que los propietarios vayan a contribuir con los premios, como ha sucedido en el pasado. Queremos una hípica como Dios manda.

En la entrevista que le otorga el señor Alamán, expresa que no tendrían ingresos por apuesta. Otra vez exhibe mañosamente su… ¿ignorancia? pues la empresa ha desperdiciado la oportunidad de subirse a las plataformas de apuesta que existen en la red, en donde se apuestan muchos hipódromos, pues los aficionados de todo el mundo a las carreras de caballos están ávidos de tener en dónde jugar. Por ejemplo, www.betcris.com es uno de tantos proveedores que proporcionan esos servicios. 

Claro que la empresa sabe perfectamente qué se puede hacer… pero ha estado empeñada en destruir a la hípica; el caballo Pura Sangre mexicano está a punto de extinguirse. Solo habría que revisar la cantidad de nacimientos registrados en el Jockey Club Mexicano. 

No estaría nada mal que el abogado Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, investigara quién son los socios de Codere y de Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV y es probable que se pueda llevar una sorpresa. El permiso otorgado a esta última limita claramente que no puede haber participación accionaria de más del 49% de una empresa extranjera y en ésta, hay muchos fondos buitres que son sus auténticos propietarios. 

Claro, el juego con apuesta es un gran negocio.

Comentarios
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Porque todo proyecto gubernamental requiere, por ley, permisos, revisiones y dictámenes en lo administrativo, en su viabilidad, en la cuestión ambiental, sanitaria, demográfica, etcétera, y además es susceptible de vulneran garantías y derechos de terceros y de comunidades enteras. Este “decreto” obliga a todas las dependencias y agencias federales a autorizar provisionalmente, “fast track”, y sin revisión alguna, en el plazo de cinco días hábiles, los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras del presidente. Si transcurre el plazo de cinco días sin que la autoridad resuelva, se entiende que autoriza. Desde el punto de vista jurídico esto es tan ridículo que nadie debería reír. Podría hacer nugatorio el juicio de garantías. Aclaro que lo que estoy diciendo no tiene que ver con las obras insignia de este gobierno. Personalmente veo con beneplácito el Tren Maya, tengo dudas sobre Dos Bocas y me parece un capricho la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que supuestamente se canceló por tremenda corrupción, pero no hay nadie en prisión por esos hechos, sino, al contrario, muchos de los contratistas que construían Texcoco, además de ser prolijamente indemnizados, ahora están participando en los mega proyectos presidenciales. Pero eso es otro tema. Lo que me interesa destacar es el desprecio al Estado de Derecho que supone este “decretazo”. El presidente Obrador es muy dado a “decretar”. He visto decretos malos y chirriantes, como aquel de 23 de abril de 2020 (en su momento lo comenté), según el cual, para salir avante en la pandemia, se iban a crear “por decreto” al menos dos millones de empleos para antes de que terminara aquel año. Todos sabemos que no se crearon esos empleos. Al contrario, se perdieron millones. Aquel “decreto” fue producto de la fantasía y muestra lo ridículo que puede llegar a ser el presidencialismo mexicano (no lo digo por Obrador, sino por todos los presidentes mexicanos que son siempre abusivos y ególatras: nacionalizan por decreto, privatizan por decreto, “crean” empleos por decreto, regulan la paridad por decreto, se dan a sí mismos honores, pensiones y seguridad por decreto… etcétera).  Yo entiendo que el presidente Obrador sienta frustración al ver cómo las trabas administrativas y los amparos ralentizan sus proyectos, y tampoco soy tan ingenuo para pensar que muchas de esas trabas y amparos son utilizados por quienes se oponen a dichos proyectos, con la intención de que fracasen y para hacer ver mal al presidente. Pero la forma de combatir este, digamos, “boicot jurídico”, no es un “decretazo” al estilo de república bananera que rompa la jerarquía normativa. 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EL PROBLEMA DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LAS CIUDADES MEXICANAS

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