La economía y los Militares

1 de marzo, 2021

Manuel Torres Rivera

Se desprenden innumerables interpretaciones de la unión de esfuerzos de esta transición que gobierna y las fuerzas armadas. Por principio no se contempla ningún desastre natural o necesidad de rescate o intervención de fuerzas armadas para solucionar situaciones de alarma en tiempos de paz social. La única desviación que contemplamos es la violencia que impera en la nación y en ese punto debería detenerse el proceso de avance sin tregua de bandas delictivas y delinear tareas de combate de fuerzas armadas o Guardia Nacional. Un tema para especialistas sin duda. El tema que pretende señalar este texto radica en el asiento de nuestra economía.

Las fuerzas armadas no son contratistas y jamás lo han sido. Ahora, por designación presidencial o asignación, el ejército se encuentra involucrado en tareas que en definitiva no le corresponden. El vínculo sorprende por su propia naturaleza, por orígenes y formación institucional. Si hiciéramos a un lado la incongruencia en el llamado en sí, para atender labores ajenas a su giro, por acudir a un precepto corporativo, en franco auxilio ante la carencia de términos apropiados en una asociación que contraviene toda regla de ética gubernamental, no encontraríamos justificación.

La ética gubernamental, en el caso que presentaremos, es un franco atropello a la dispensa de recursos. El gobierno se convierte en juez y parte en el desarrollo de un proyecto que en principio fue concebido por esta transición ignorando y no solamente ignorando, atropellando y despojando a la nación de un activo, que no proyecto, en marcha, con perfecto equilibrio de recursos, con perfecto equilibrio de deuda privada y con perfecto plan de negocios. La imposición de un capricho y situarlo por encima de una demanda jamás justificada y agredirla con una consulta inconstitucional, se convierte en cadena violatoria de origen.

Más allá de la violación del orden constitucional, someter a las fuerzas armadas de la nación a tareas ajenas a nuestra custodia y vigilancia de nuestro territorio, e imponerles labores de planeación de un objetivo que trasciende su ámbito de operación, sitúa en una confrontación disciplinaria a las fuerzas armadas y las somete a un designio absurdo de un supuesto comandante carente de nociones de resguardo de las riquezas de una nación en simple transición perentoria de gobierno.

Las cifras de la cancelación de nuestro proyecto insigne en Texcoco, ofenden toda presunta justificación de cancelarlo. Unos días atrás la Auditoría Superior de la Federación exhibió un monto superior a los 300 000 millones. Al presidente no le gustó este enunciado, como tampoco le gustan todos y cada uno de los que lo señalan y exhiben en sus atropellos. Podrá existir alguna corrección o algún ajuste, pero la verdad de las cifras abundan De inicio, esta transición indemnizó a tenedores de papel de Fibra E, asumiendo un 10% del total en circulación, representando 3600 millones de pesos. También, se liquidaron bonos por 6000 millones de dólares. Este gobierno compró 1800 millones para aterrizar la operación. México, todos los mexicanos debemos pagar 4200 millones de dólares en 20 años, junto con mil millones a tasa fija de 3.875 % y además tres millones al 5.5%, una tasa criminal.

A lo anterior, se calcula un desembolso de 140 000 millones en Texcoco. No podemos olvidar más de 80 000 millones de inversión en un aeropuerto que se llama Felipe Ängeles y que no es aeropuerto. De ese tamaño existe la asociación entre esta transición y fuerzas armadas. Todavía podríamos abundar en la ausencia de Costos de Capital, de Valores Actuales de las inversiones y de programas de construcción por etapas. Es claro que la capitalización del proyecto, si pudiera concebirse bajo esa denominación, no reúne ningún fundamento de planeación financiera, como tampoco ha reunido normas de aceptación universales.

De lo anteriormente expuesto, es claro que la unión que comentamos resulta contraria a lo natural en su esencia y contexto. El fondeo que priva en la secreta sustracción de las arcas de la nación y la ilegitimidad de la disposición de recursos sin límite abre la ruta de una tendencia ominosa al dominio público y hace en la opacidad una situación comprometedora a una institución de fortaleza histórica. Entonces surge el dilema de la comandancia de las fuerzas armadas y la imagen receptora de la disciplina castrense, de la que jamás se ha dudado.

Esta transición de gobierno rehúsa por sistema la especialización, el conocimiento y el progreso. Esta apreciación se hace a dos años de distancia de un pronunciamiento reiterativo y retrógrada. Se ha desechado el camino de las energías limpias, se ha desechado el impulso de la inversión y también se ha desechado la experiencia de la ciencia y la investigación y el desarrollo. Se ha marginado el presupuesto a toda actividad innovadora, a toda partida que despegue del atraso generacional que pretende monopolios antagónicos al mundo global y que pretende una regresión a las autosuficiencias, ignorando el papel y delantera que México ha mostrado por décadas.

Para colmar la función del atraso generacional, costoso y abstruso en su esencia, viene la opacidad y el resguardo de actos de gobierno, para adelantar la recurrente crítica y desaprobación del mundo de la orientación y guía del verdadero bienestar, el cimentado en la inversión productiva, en las especializaciones y en las ventajas comparativas. Vienen los grados de inversión, las calificadoras de riesgo, la inversión en pausa y la fuga de capitales para acentuar el rechazo a una administración fallida.

Si se intentó un camino abierto a una ideología, la invitación a las fuerzas armadas demuestra la impotencia de un régimen para sustentar un proyecto o una ocurrencia; el resultado es predecible en la improvisación y en la ausencia de control en el dispendio. El fracaso será consecuencia natural y el costo para una nación indemne por ahora.

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