El Meollo del Asunto  | El fuero de legisladores motiva la corrupción

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17 de agosto, 2021

Se desaforaron a dos diputados: uno de Morena, Saúl Huerta, y otro del PT, Mauricio Toledo. Los desaforaron por corruptos. 

Por los resultados y comentarios que se han registrado, parecería que la materia del delito que se les imputa y por el cual cada uno de ellos ha sido desaforado, es menos importante que la lesión realizada a las alianzas entre los partidos de estos diputados, PT y Morena. 

La historia de estos diputados desaforados ha estado en los medios ya por meses. A uno lo han señalado y luego Claudia Sheinbaum lo acusa de ratero, es decir, de no rendir cuentas por muchos millones de pesos que como delegado de Coyoacán manejó.

Los presuntos delitos que cometió el legislador petista son corrupción y enriquecimiento ilícito. Por supuesto que el diputado se ha declarado inocente e incluso ha llegado a declarar que es víctima de una persecución política, como siempre hacen quienes son acusados.

Por su parte, el diputado Saúl Huerta es acusado de delitos sexuales. Violación de menores ejercida contra un joven al que, mediante etanol, llevó a un cuarto de hotel para desfogar sus instintos y pasiones.

Sin duda que, en caso de probarse los delitos, ameritan cárcel. Las filtraciones, los comentarios y los señalamientos vienen desde hace meses y nada había sucedido. Solo se puede especular el motivo: impunidad, que es una forma de corrupción. También por gozar del dichoso fuero que tienen todos los legisladores. Los fueros en México son abolidos por los Liberales de 1857, sobre todo, para los clérigos. Están prohibidos por la Constitución, pero graciosamente han sido mantenidos por la clase política del país para los hombres y las mujeres que se dedican al “fino arte” de la política.

Esos fueros son, de manera exclusiva, para que no puedan ser reconvenidos en lo que dicen en tribuna, sobre sus opiniones políticas. El origen data de 1824.

En la actual Constitución Política, la de 1917, está avalado por el Artículo 61 Constitucional: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

Sin embargo, por alguna graciosa concesión, esto se ha extendido como un verdadero blindaje para que las personas que legislan en las cámaras se sientan no solo intocables, sino invulnerables, como Superman, o Superniña, en caso de las diputadas. Por ello se corrompen fácilmente. Además, no le rinden cuentas a nadie.

Casos van y casos vienen en cuanto a este tema a través de la historia contemporánea. Juicios de desafuero famosos hay muchos, como el que “El Memo”, Vicente Fox, llevó a cabo contra el entonces jefe de Gobierno del D.F. Andrés Manuel López Obrador, al que no le tumbó ni una pluma porque “el Memo” se acobardó al final.

El caso que nos concierne ahora es harto penoso porque muestra y demuestra la opacidad con la que se mueven en la Cámara de Diputados, pero algo más: el grado de corrupción que impera en la misma.

Los diputados en mención fueron desaforados el pasado miércoles 11 del presente. Mauricio Toledo, diputado federal por el Partido del Trabajo, es acusado de enriquecimiento ilícito y se ha fugado a Chile desde el 26 de julio pasado.

Saúl Huerta, de Morena, ignoro dónde está. El diputado fue acusado el pasado mes de abril por el joven con el que sostenía relaciones sexuales y fue detenido en su momento, pero liberado por la autoridad debido al fuero. 

Del primero, se han publicado sendas notas periodísticas desde hace meses y es hasta ahora, a 20 días de que termine la legislatura a la que pertenecen ambos, que les quitan el “mentado” fuero. Y a correr.

Las cosas llegaron a tal grado en la Cámara, que dividió a los diputados que hicieron todo lo posible por retardar el proceso a sus compañeros. Como Pablo Gómez, de Morena, quien preside la Comisión Instructora encargada de recibir pruebas y allegar el proceso. 

O como el “insigne” legislador del PT, Gerardo Fernández, mejor conocido como Noroña, que ha buscado de férrea manera, como es él, que, a su compañero acusado de relaciones homosexuales forzadas, hubiere sido desaforado. Pedía como clemencia, cuando por minucias “Noroña” se pelea y discute con adultos de la tercera edad en la calle o acusa de corruptos a los adversarios de su “compañero presidente”. Una total incongruencia de este resentido empedernido. Y esto, por nombrar solo a dos o tres personajes de la izquierda que se autonombra impoluta, pero que no lo es.

Al interior de las bancadas en la Cámara de Diputados, entre los partidos de izquierda, se han dividido y dicho de todo. Como siempre ha pasado con esta corriente, termina por ser una batalla de resentidos que se reclaman por no dejarles gozar o por gozar lo que le reclaman a sus pares de la derecha. Estos son los legisladores, las legisladoras, quienes se encargan de legislar leyes que habremos de cumplir todos; al parecer todos menos ellos.

Edmundo González Lliaca en su libro Corrupción escribe lo siguiente: “Estamos conscientes de que de nada sirven la política, la educación, la ley, las costumbres, la cultura, las campañas cívicas, ni los medios de comunicación si hay impunidad. Si el ciudadano ve que la violación de las normas no provoca algún castigo. Por eso nadie creerá en los representantes de los campos mencionados” (p. 168). 

Los delitos presuntamente cometidos por los legisladores pasarán al olvido, como el del joven violado por el morenista; como el dinero presuntamente malversado por el petista. Impunidad total que servirá para mantener al diputado socialista gozando del capital y al otro, igual, gozando y lastimando a más jóvenes con su conducta corrupta. Ahí, El Meollo del Asunto.

 

Comentarios
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Ahora bien, si no la concediera, sí podría ordenar una medida drástica para que comparezca Anaya a la fuerza, y ya frente al juez, la Fiscalía seguramente solicitaría prisión preventiva, la cual, dadas las circunstancias, sería muy factible que se decretara. Vaya, pasaría algo similar a lo que le ocurrió a Rosario Robles, o al mismo Emilio Lozoya hace unos días. Apuesto con usted lo que usted guste a que si se presenta Ricardo Anaya a la audiencia del 31 de enero, ya no verá la luz. En ese momento el juez decretará prisión preventiva y el panista permanecerá en prisión, al menos los casi tres años que faltan del sexenio, fuera de toda posibilidad de competir en la carrera presidencial. Es la crónica de una prisión preventiva anunciada. Pero ahí no acaba el problema. Si Anaya no se presenta físicamente a la audiencia porque está en Estados Unidos, la Fiscalía pedirá sin duda orden de captura y el juez la concederá. De encontrarse el panista en Estados Unidos, la cancillería solicitará su extradición. Así lo dijo Marcelo Ebrard en entrevista radiofónica en Radio Fórmula el día 8 de noviembre. Anaya se vería, pues, sometido a un vergonzoso y mediático proceso de extradición. Lozoya dice que entregó el soborno a Anaya en agosto de 2014, pero la reforma energética se aprobó ocho meses antes. Hasta ahora lo que se tiene es la denuncia de Lozoya. Con ese elemento de prueba, ciertamente frágil, ¿podría el actual régimen encerrar a Anaya lo que falta del sexenio? Yo creo que sí y que se está haciendo todo lo posible para que así sea. Ricardo Anaya está atrapado. Haga lo que haga, se presente a la audiencia o no, esté en México o en Estados Unidos –en donde al parecer está desde julio–, Anaya tiene prácticamente un pie en la prisión. 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