El informe de la Universidad de San Diego “Crimen organizado y violencia en México 2020”, del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, advierte que de enero a mayo de 2020, se registraron 258 470 casos de robo, un promedio de 51 694 por mes. A esta tasa mensual, México espera ver 620 328 casos en 2020, una disminución significativa de casi 138 000 a partir de 2019. Sin embargo, si esta trayectoria se mantiene, será el segundo año que los robos bajan desde que alcanzó su punto máximo en 2018 con 810 602 robos.
La mayoría de los robos ocurridos durante los primeros cinco meses de 2020 ocurrieron en el Estado de México con 57 278 o el 22% de todos los casos. Le siguió la Ciudad de México con el 13% de todos los casos (33 597), Jalisco con 9% (22 638), Guanajuato, con 6% (15 204), y Baja California con 5% (12 499 casos).
Los cinco estados con menos casos de robos fueron Yucatán (325), Nayarit (351), Campeche (401), Tlaxcala (935) y Chiapas (1588), cada uno de los cuales representó menos del 1% del total de casos en todo el país.
Respecto al delito de secuestro, México registró 365 casos de enero a mayo de 2020, un promedio de 73 por mes o 2.4 por día. La inmensa mayoría de estos casos (88%) fueron secuestros por rescate (secuestro extorsivo). Los números están en una trayectoria descendente, pasando de 87 secuestros en todo el país en enero a 74 en marzo a 53 en mayo por un promedio de 17 a 18 secuestros por mes.
De tal suerte que, a una tasa de 73 casos por mes, México esperaría algo más de 200 casos de secuestro en 2020, una disminución dramática de los 1323 casos registrados en 2019 refiere el informe.
En los primeros cinco meses de 2020, Estado de México y Veracruz tuvieron el mayor número de casos de secuestro con 69 y 66, respectivamente, seguido de Morelos (32), Ciudad de México (29), Tabasco y Zacatecas (16). Mientras tanto, 14 estados registraron cinco o menos secuestros, cuatro de los cuales no reportaron ninguno (Baja California Sur, Campeche, Durango y Yucatán).
De enero a mayo de 2020, hubo 3347 casos de extorsión, un promedio de 669.4 por mes o 22.2 por día. A esa tasa mensual, México espera ver más de 8033 casos de extorsión en 2020 o poco menos de 500 casos menos que los 8500 registrados en 2019. El número de casos alcanzó un máximo de 721 en febrero y de manera constante disminuyó a 603 en mayo.
Asimismo, de las 3347 extorsiones durante los primeros cinco meses de 2020, el Estado de México registró dramáticamente más casos que cualquier otra entidad, con el 33.8% de todos los casos (1131), una continuación de las tasas reportadas en 2019.
Veracruz tuvo el segundo total de casos más alto (330), seguido de Jalisco (304), Ciudad de México (182) y Nuevo León (165) para completar los cinco primeros lugares, que también son paralelos a las tendencias de 2019. Los estados con los casos más bajos de extorsión de enero a mayo de 2020 fueron Yucatán (0), Nayarit y Tlaxcala (1), Michoacán (5) y Campeche, Chihuahua y Guanajuato (7).
Parte del desafío que enfrentan hoy las autoridades mexicanas es la evolución significativa de la diversificación y proliferación del crimen organizado, aunque el narcotráfico sigue siendo una fuente de ingresos altamente lucrativa para las organizaciones criminales, sostiene el informe.
Según ese análisis, la omisión del presidente López Obrador en el control del tráfico ilícito de drogas, específicamente, llega en un momento en que el resurgimiento de la producción de opioides en México ha contribuido a una importante epidemia de salud pública relacionada con la adicción a los opioides y sobredosis en Estados Unidos.
Por otro lado, asienta que los esfuerzos antidrogas y los conflictos con organizaciones rivales han interrumpió las estructuras de liderazgo de algunos de los principales grupos del crimen organizado, ha contribuido a su fragmentación en operaciones más pequeñas y centradas en regiones.
Como resultado, además del tráfico de drogas a pequeña escala, también están más inclinados a participar en delitos depredadores, como secuestro, extorsión, robo, que implican la extracción ilícita de ingresos de personas o empresas.
Sin embargo, comparado con las principales operaciones de tráfico de drogas, muchos de estos delitos tienen “barreras de entrada” relativamente bajas, que a menudo requieren menos protección estatal. Pero, debido a su naturaleza depredadora, la fragmentación del crimen organizado ha contribuido a una victimización más generalizada y la mayor indignación social.
Mientras que los grupos del crimen organizado no explican todos los delitos violentos en México, hay indicios claros de que han jugado un papel importante en las tendencias generales del crimen en los últimos años, como un fuerte aumento de violencia vinculado a la competencia entre organizaciones criminales involucradas en drogas y trata de personas.
Así, en la medida en que la lucha contra el crimen organizado no ha sido una prioridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece estar más preocupado por ganar control sobre las palancas de la economía mexicana. Por lo tanto, sus esfuerzos para reprimir el robo de combustible y erradicar la corrupción en el sector energético son claves, indica el documento de la Universidad de San Diego.
“Sin duda, la idea de que los factores económicos son la raíz del crimen violento de México es una noción convincente, pero simplifica demasiado el desafío que tiene entre manos”, subraya.
De hecho, mientras que los déficits socioeconómicos de México son un importante contribuyente subyacente al “desgobierno” de la ley, los recientes aumentos de violencia son resultado de las complejas interacciones entre las organizaciones criminales, y las opciones y estrategias que los gobiernos pasados y actuales han empleado para combatirlos.
“Resulta preocupante la capacidad de organizaciones criminales para prosperar cuando depende fundamentalmente de la aquiescencia y protección e incluso la participación directa de funcionarios públicos corruptos, así como actores del sector privado, que comparten los beneficios de las actividades económicas ilícitas”, enfatiza el informe.
Esto es parte de la razón por la que el presidente considera que apuntar a los capos ha sido una estrategia poco eficaz para combatir el crimen organizado; por lo tanto, se basa necesariamente en frustrar a los actores criminales de todos los niveles: no solo los de arriba, y no solo los de la calle.
Sin embargo, cuestiona que, si bien la administración de López Obrador claramente se ha alejado de la estrategia de “guerra” en contra del crimen, no ha invertido adecuadamente en la infraestructura necesaria para promover una administración de justicia eficaz. “Más bien, el presidente parece estar interesado en crear un aparato de seguridad pública centralizado y militarizado la Guardia Nacional, mientras se desmantela el pasado para mejorar el sistema de justicia penal mexicano”, señala.
No obstante, sugiere que para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana, de manera más general, el gobierno mexicano debe hacer más que abordar los déficits socioeconómicos del país y reforzar su control sobre las agencias de seguridad.
También debe reducir la impunidad haciendo que los actores criminales violentos rindan cuentas, profesionalizar las agencias de policía civil, enjuiciamiento agresivo de funcionarios corruptos, y dirigirse a ilícitos en el sector empresarial y financiero (incluyendo lavado de dinero, fraude y otros esquemas financieros de cuello blanco que con frecuencia involucran al crimen organizado).
“La impunidad es lo opuesto a la rendición de cuentas y la solución al problema del Estado de derecho en México, en todos los ámbitos, es aumentar la rendición de cuentas. En el tiempos peligrosos e inciertos que atraviesa el país, las políticas públicas dan pocos motivos para el optimismo frente a la inseguridad pública del país”.
En resumen, el Estado de derecho en México sufre no solo por la generalización perpetración de delitos, sino también como resultado de la falta de aplicación efectiva de la ley, subraya el informe de la Universidad de San Diego.
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