AMLO quiere eliminar al INAI, pero no es necesario: la SCJN le puede hacer el trabajo de ocultar cualquier información incómoda

El gobierno federal ha encontrado en la “seguridad nacional” el pretexto ideal para ocultar información de interés público. Con esta opacidad el gobierno busca no rendir cuentas de sus acciones.

6 de diciembre, 2021 AMLO quiere eliminar al INAI, pero no es necesario: la SCJN le puede hacer el trabajo de ocultar cualquier información incómoda

En la mañanera del 8 de enero de este año, López Obrador calificó que los organismos como el INAI:

“…son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon y además cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuestan mucho para mantenerlos”.

 

Sobre este tema, a petición de un ciudadano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Salud que, en relación a las vacunas para controlar el virus causante del COVID-19,  informe el número y la cantidad de dosis por farmacéutica, así como el lugar del país en dónde se aplicaron o si están almacenados en algún estado de la República. La Secretaría de Salud se negó a informar bajo el pretexto, sin razón cabal, de que esos datos se encontraban reservados por tratarse de “Seguridad Nacional”.

No obstante ello, el INAI ordenó que se entregara la información, por lo que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de María Elena Ríos González, promovió juicio de amparo, solicitando en principio la suspensión de la orden de proporcionar la información en lo que se resuelve el fondo del amparo para que en definitiva se niegue a proporcionarla ya con la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo órgano del Poder Judicial admitió la demanda de amparo y suspendió la obligación de proporcionar la información hasta su resolución definitiva.

Observo que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le gusta informar al ciudadano de sus actividades. De hecho, AMLO ha manifestado que ese instituto no funciona y para evitar dar información todo es etiquetado bajo el rubro “Seguridad Nacional” de forma y manera tal que, con ello, se pueda reservar toda la información solicitada sobre actos del gobierno, incluso, como lo vimos a últimas fechas, hasta de las obras de infraestructura que se realizan por parte del Ejecutivo Federal.

A López Obrador no le gusta cumplir las leyes y, en el caso, la Ley de Seguridad Nacional no le da la razón para evitar proporcionar la información que se le requiere respecto de las vacunas ni tampoco respecto de obras de infraestructura, prioritarias o no, pues esa Ley claramente define qué debe entenderse por Seguridad Nacional, tal y como se precisa en sus artículos 3º, 4º y 5º que señalan: 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: 

  • La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; 
  • La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
  • El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; 
  • El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
  • La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y 
  • La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. 

Ni la entrega de información sobre las vacunas que deben aplicarse a la población para para evitar la enfermedad, letalidad y propagación del virus SAR-COV-2, ni las obras de infraestructura o construcción que pretende reservar López Obrador, caen en alguno de los supuestos de lo que debe entenderse por Seguridad Nacional.  Aunque al mandatario nacional no le gusta cumplir las leyes, calificar sus actividades bajo ese rubro, no les da esa naturaleza y, por tanto, tal etiquetado no le da la razón para evitar proporcionar la información que se le requiere, máxime que en la propia Ley de Seguridad Nacional se privilegian, entre otros, los principios de legalidad, respeto a los derechos fundamentales y de transparencia, como a continuación se lee:

Artículo 4.- La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. 

Tampoco con esa información se amenaza la Seguridad Nacional, ya que el artículo 5º de la ley respectiva señala qué situaciones producen esa amenaza. Ni la entrega de información de los medicamentos, ni de las obras o construcciones prioritarias del gobierno representan una amenaza tal y como podemos leer en el artículo 5º que define y explica esas amenazas: 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: 

  • Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; 
  • Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano; 
  • Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; 
  • Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
  • Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; 
  • Actos en contra de la seguridad de la aviación; 
  • Actos que atenten en contra del personal diplomático; 
  • Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; 
  • Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; 
  • Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; 
  • Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y 
  • Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Si leemos lo que dice la ley, en los artículos antes transcritos, ni la información relativa al número de dosis de las vacunas recibidas, ni las farmacéuticas de esas vacunas, ni el lugar del país en dónde se aplicaron o si están almacenados pone en riesgo la Seguridad Nacional, así como tampoco el conocer los datos pormenores de las obras de infraestructura y construcción como lo son contratos, proveedores, montos, proyectos, tiempos y demás relativos.

Ahora bien, la Suprema Corte, dentro de sus obligaciones legales, ha admitido la demanda de amparo y ha otorgado una suspensión para que, por el momento, se evite proporcionar  esa información, salvaguardando la materia del amparo, esto es para que no se otorguen esos datos hasta que se resuelva el amparo en definitiva.

En verdad, leyendo las disposiciones relativas a lo que debe entenderse por Seguridad Nacional, resultará muy sencillo para la Corte resolver que no existe causa para etiquetar como confidencial la información solicitada. Por el contrario, sostener esa reserva (la no entrega de información) le será más complicado, toda vez que tendría que forzar la interpretación de los artículos referidos y, sobre todo, tendría que ignorar el artículo 4º que privilegia los Derechos Humanos y la transparencia, aun tratándose de actos de Seguridad Nacional.

La semana pasada escribí que la SCJN también ha emitido resoluciones que protegen los Derechos Humanos. Espero que al resolver este amparo promovido por el gobierno de AMLO con el fin de evitar se otorgue información a los ciudadanos, lo haga con apego a la ley y no en protección de intereses del gobierno federal que, de ninguna forma, se encuentran dentro del rango de asuntos de Seguridad Nacional sino más bien, tiene la finalidad aviesa de ocultar la realidad del mal manejo que se ha hecho de las vacunas que México ha recibido. Por ello, ante una mala decisión del Máximo Tribunal de nuestro país, ya no importaría la desaparición del INAI, pues solo bastaría tener a la Corte de cómplice para reservar cualquier información incómoda para el Presidente, espero no sea así.

 

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La secretaria de Economía, Olivia Salomón anunció que más de 300 productos de papel picado serán promocionados en la plataforma “Orgullo Puebla” de Mercado Libre para que sean comercializados a nivel nacional e internacional.

Lo anterior, después de inaugurar la tienda de la cooperativa “La cuna del papel picado” en el municipio de San Salvador Huixcolotla, donde se venden productos de 150 artesanos de la región dedicados a este arte y que es resultado del programa de Profesionalización de Cooperativas.

También, la funcionaria entregó a los representantes de la cooperativa, una terminal de “Mercado Pago” para que realicen cobros electrónicos y organicen sus inventarios.

Acompañada de la diputada local, Ruth Zárate Domínguez y por el presidente municipal, Manuel Alejandro Porras Florentino, Olivia Salomón resaltó que el papel picado representa a México ante el mundo, al ser reconocido como Patrimonio Cultural del Estado, cuyo arte, tradición y dedicación de los artesanos poblanos es admirado por conservar la técnica, las herramientas, el color y las texturas.

Durante su intervención, Gilberto Reynoso Méndez, presidente de la cooperativa “La cuna del papel picado”, reconoció el apoyo del programa de “Profesionalización de líderes y lideresas de cooperativas” que favorece la expansión del negocio de 150 artesanos de la región dedicados a la elaboración de más de 300 diferentes productos de papel picado.

La diputada local, Ruth Zárate coincidió con la titular de la Secretaría de Economía en que la política de un gobierno cercano a la gente permanece con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina como parte del legado de desarrollo económico del exmandatario Miguel Barbosa Huerta.

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  • Don José María, esta vez viene usted caracterizado de Superman; el viernes pasado vino de indio tabajara, y hace dos semanas estaba  ataviado de centurión romano.
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  • No, hijo querido; los que se burlan de la dignidad judicial son estos magistrados y jueces mercenarios que obedecen al presidente del gobierno, olvidándose de la división de poderes y de la majestad que debe revestir a la  justicia.
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  • Don José María,  a usted lo han apercibido con diez días de arresto si persiste usted en burlarse del tribunal.
  • Te repito hijo, que no soy yo quien se burla del tribunal ni de la ley, sino esos bandidos disfrazados de jueces que no tienen ni la menor autoridad.
El público presente y los reporteros que participaban de la conferencia improvisada, aplaudían las respuestas del abogado y empresario y coreaban su aprobación por lo que decía.
  • Mirad bien; lo que le sucede a Gonzalez, Boyer y al señor Guerra es que son unos resentidos sociales; ellos se mueren por figurar en el Hola y demás revistas del corazón; nada más ved al Boyer cortejando a la socialité Isabel Preysler, que ha tenido tantos novios que llama a sus hijos por apellido y no por nombre…
Ante esta respuesta, todo el público rompió en una carcajada irreprimible, dándole la razón.
  • Para que no haya dudas os digo: yo estoy obligado a vestir, cubriendo mis vergüenzas para no faltar a la moral; mientras yo cubra mis partes pudendas, tengo derecho de venir ataviado como mejor me venga en gana. ¡Faltaría más!
  • Y como estos no son tribunales sino un circo y no hay jueces sino bufones, pues yo me visto a tono con la farsa y se lo tienen que aguantar.
Han pasado casi treinta años desde entonces Y A JUZGAR POR LA DESCOMPOSICIÓN QUE SUFREN EN MÉXICO LAS INSTITUCIONES DONDE LA LEY ES COSA DE CUENTO, llevamos semanas inmersos en una comedia de enredos en la que a raíz del plagio de una tesis de licenciatura, la plagiaria en vez de reconocer su falta, se la quiso achacar al plagiado, con tal de asirse con uñas y dientes a su puesto como ministra de la Suprema Corte. Para encubrir a Yasmín Esquivel Mossa, la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy,  pretendió hacer un doble play, (para hablar en el vocabulario beisbolero de moda); ¡admitió la denuncia por plagio presentada por la plagiaria en contra del plagiado! Pero no conforme y a pesar de no ser materia de su competencia, exoneró a Yasmín Esquivel a pesar de que a los denunciantes no son los que se exonera o consigna, sino a los presuntos responsables. El enredo montado por la ministra mencionada,  con tal de aferrarse a su hueso, recuerda a la comedia radiofónica de la  TREMENDA CORTE, con la diferencia de que, en este grotesco espectáculo ningún protagonista tiene la gracia del inolvidable TRES PATINES de aquella parodia  cubana. La permanencia de una ministra en entredicho, no solo moral sino jurídicamente, tendría como resultado que todas las resoluciones de la Suprema Corte sean impugnables ya sea en organismos internacionales o incluso ante los tribunales de otros países cuyos ciudadanos sufran violaciones a sus derechos humanos en México. Este lastre es gravísimo porque inhabilita a la Suprema Corte de Justicia, haciendo imposible que cumpla con su función constitucional. En este circo grotesco, la fiscal general de justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, ha debutado como malabarista y acróbata; #esClaudia ha intervenido como maestra de ceremonias; el rector de la UNAM se limitó a declarar que la tesis presentada por Yasmín Esquivel Mossa para titularse como abogada, ES PLAGIADA, PERO no mencionó que la UNAM debe darle intervención a la Dirección General de Profesiones de la SEP, que de acuerdo al artículo 29, 62 y 67 de la Ley de Profesiones, debe cancelarle la cédula profesional a la plagiaria. La Dirección de Profesiones tiene la obligación de citar a la todavía ministra Esquivel Mossa, para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga, y una vez agotado el breve procedimiento, cancelar su cédula profesional. Desde que Yasmín Esquivel comenzó a ostentarse como abogada usando la cédula adquirida ilegalmente, ha venido cometiendo el delito de usurpación de profesión y de funciones, previsto en el artículo 250 del Código Penal Federal. 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Durante su intervención, Gilberto Reynoso Méndez, presidente de la cooperativa “La cuna del papel picado”, reconoció el apoyo del programa de “Profesionalización de líderes y lideresas de cooperativas” que favorece la expansión del negocio de 150 artesanos de la región dedicados a la elaboración de más de 300 diferentes productos de papel picado.

La diputada local, Ruth Zárate coincidió con la titular de la Secretaría de Economía en que la política de un gobierno cercano a la gente permanece con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina como parte del legado de desarrollo económico del exmandatario Miguel Barbosa Huerta.

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