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junio 1, 2020

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AMLO quiere eliminar al INAI, pero no es necesario: la SCJN le puede hacer el trabajo de ocultar cualquier información incómoda

El gobierno federal ha encontrado en la “seguridad nacional” el pretexto ideal para ocultar información de interés público. Con esta opacidad el gobierno busca no rendir cuentas de sus acciones.

6 de diciembre, 2021

Eduardo Sodi

AMLO quiere eliminar al INAI, pero no es necesario: la SCJN le puede hacer el trabajo de ocultar cualquier información incómoda

En la mañanera del 8 de enero de este año, López Obrador calificó que los organismos como el INAI:

“…son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon y además cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuestan mucho para mantenerlos”.

Sobre este tema, a petición de un ciudadano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Salud que, en relación a las vacunas para controlar el virus causante del COVID-19, informe el número y la cantidad de dosis por farmacéutica, así como el lugar del país en dónde se aplicaron o si están almacenados en algún estado de la República. La Secretaría de Salud se negó a informar bajo el pretexto, sin razón cabal, de que esos datos se encontraban reservados por tratarse de “Seguridad Nacional”.

No obstante ello, el INAI ordenó que se entregara la información, por lo que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de María Elena Ríos González, promovió juicio de amparo, solicitando en principio la suspensión de la orden de proporcionar la información en lo que se resuelve el fondo del amparo para que en definitiva se niegue a proporcionarla ya con la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo órgano del Poder Judicial admitió la demanda de amparo y suspendió la obligación de proporcionar la información hasta su resolución definitiva.

Observo que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le gusta informar al ciudadano de sus actividades. De hecho, AMLO ha manifestado que ese instituto no funciona y para evitar dar información todo es etiquetado bajo el rubro “Seguridad Nacional” de forma y manera tal que, con ello, se pueda reservar toda la información solicitada sobre actos del gobierno, incluso, como lo vimos a últimas fechas, hasta de las obras de infraestructura que se realizan por parte del Ejecutivo Federal.

A López Obrador no le gusta cumplir las leyes y, en el caso, la Ley de Seguridad Nacional no le da la razón para evitar proporcionar la información que se le requiere respecto de las vacunas ni tampoco respecto de obras de infraestructura, prioritarias o no, pues esa Ley claramente define qué debe entenderse por Seguridad Nacional, tal y como se precisa en sus artículos 3º, 4º y 5º que señalan:

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Ni la entrega de información sobre las vacunas que deben aplicarse a la población para para evitar la enfermedad, letalidad y propagación del virus SAR-COV-2, ni las obras de infraestructura o construcción que pretende reservar López Obrador, caen en alguno de los supuestos de lo que debe entenderse por Seguridad Nacional. Aunque al mandatario nacional no le gusta cumplir las leyes, calificar sus actividades bajo ese rubro, no les da esa naturaleza y, por tanto, tal etiquetado no le da la razón para evitar proporcionar la información que se le requiere, máxime que en la propia Ley de Seguridad Nacional se privilegian, entre otros, los principios de legalidad, respeto a los derechos fundamentales y de transparencia, como a continuación se lee:

Artículo 4.- La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

Tampoco con esa información se amenaza la Seguridad Nacional, ya que el artículo 5º de la ley respectiva señala qué situaciones producen esa amenaza. Ni la entrega de información de los medicamentos, ni de las obras o construcciones prioritarias del gobierno representan una amenaza tal y como podemos leer en el artículo 5º que define y explica esas amenazas:

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

Actos en contra de la seguridad de la aviación;

Actos que atenten en contra del personal diplomático;

Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y

Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Si leemos lo que dice la ley, en los artículos antes transcritos, ni la información relativa al número de dosis de las vacunas recibidas, ni las farmacéuticas de esas vacunas, ni el lugar del país en dónde se aplicaron o si están almacenados pone en riesgo la Seguridad Nacional, así como tampoco el conocer los datos pormenores de las obras de infraestructura y construcción como lo son contratos, proveedores, montos, proyectos, tiempos y demás relativos.

Ahora bien, la Suprema Corte, dentro de sus obligaciones legales, ha admitido la demanda de amparo y ha otorgado una suspensión para que, por el momento, se evite proporcionar esa información, salvaguardando la materia del amparo, esto es para que no se otorguen esos datos hasta que se resuelva el amparo en definitiva.

En verdad, leyendo las disposiciones relativas a lo que debe entenderse por Seguridad Nacional, resultará muy sencillo para la Corte resolver que no existe causa para etiquetar como confidencial la información solicitada. Por el contrario, sostener esa reserva (la no entrega de información) le será más complicado, toda vez que tendría que forzar la interpretación de los artículos referidos y, sobre todo, tendría que ignorar el artículo 4º que privilegia los Derechos Humanos y la transparencia, aun tratándose de actos de Seguridad Nacional.

La semana pasada escribí que la SCJN también ha emitido resoluciones que protegen los Derechos Humanos. Espero que al resolver este amparo promovido por el gobierno de AMLO con el fin de evitar se otorgue información a los ciudadanos, lo haga con apego a la ley y no en protección de intereses del gobierno federal que, de ninguna forma, se encuentran dentro del rango de asuntos de Seguridad Nacional sino más bien, tiene la finalidad aviesa de ocultar la realidad del mal manejo que se ha hecho de las vacunas que México ha recibido. Por ello, ante una mala decisión del Máximo Tribunal de nuestro país, ya no importaría la desaparición del INAI, pues solo bastaría tener a la Corte de cómplice para reservar cualquier información incómoda para el Presidente, espero no sea así.

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Este punto, las colegiaturas a estudiantes, en la Universidad de Sonora es uno de los aspectos más cuestionados en la actual Ley 103; desde su promulgación a principios de los noventas, las manifestaciones estudiantiles que llegaron hasta la Ciudad de México, llevaban la consigna de protestar contra este rubro y si bien es cierto no lograron su objetivo, dejaron, además de una historia de lucha social, una herida abierta. Sin embargo, también es cierto que la nueva propuesta legal, aunque armoniza con la Ley General de Educación y plantea la progresividad en la reducción de colegiaturas, no alcanzó la meta de la eliminación total del cobro. La eliminación de colegiaturas enfrenta un problema real: la necesidad de sustituir el ingreso por este concepto mediante otros mecanismos que no necesariamente sean por participaciones de la Federación o el Estado, dado que, como se ha visto, la política pública del gobierno actual no evidencia un aumento importante del presupuesto asignado a la educación superior. Y por otra parte, se enfrenta aún a resistencias a generar programas de recursos propios, como venta de servicios. Innovar en aspectos como marketing educativo para las instituciones públicas, venta de servicios de asesoría y capacitación para empresas e industrias y la construcción de redes para generación de recursos propios tanto a nivel nacional como internacional se impone como necesarias, para prever el descenso de ingresos por las participaciones estudiantiles y mantener la operatividad de la infraestructura que evidentemente se incrementó con el ingreso vía colegiaturas estudiantiles. Las críticas que se le hicieron a la propuesta de marco normativo para la Universidad tanto en los debates del Congreso como en diferentes niveles y medios de comunicación, además de inevitables, evidencian las diferentes perspectivas que se tienen sobre la forma de conducir la universidad. Efectivamente dos de los aspectos a considerar son tanto la eliminación de las colegiaturas estudiantiles como asegurar la participación paritaria tanto en las instancias personales de gobierno como en los órganos colegiados. El riesgo de parlamentarismo inoperante que vuelva interminables las discusiones y haga lentos y complejos los acuerdos es un riesgo que los integrantes de la comunidad universitaria tendremos que asumir y generar las acciones correspondientes para que eso no ocurra, en tanto que la participación colectiva en la toma de decisiones, sobre todo las de tipo financiero, fue una demanda constante. El respeto a los derechos humanos durante los procesos electorales internos y la realización de actos de organización y propaganda maduros, además de un reto, evidenciará que durante el tiempo de aplicación de la Ley 4 y quizá de forma no esperada, se gestó una generación de líderes que revaloró la vida democrática institucional y está en condiciones de revertir las malas prácticas del pasado y nacionales que aún se niegan a irse.

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Aseguró que en la entidad la lucha por la igualdad de género no se detendrá y que el gobierno presente que encabeza Sergio Salomón tiene entre sus prioridades que las mujeres, a través de su profesionalización, mantengan su aporte de gran trascendencia al desarrollo económico.

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