8 mil millones de habitantes: retos y desafíos

Con el crecimiento de la población vienen los desafíos de problemas no resueltos del pasado y nuevos retos.

16 de noviembre, 2022

La población mundial ha alcanzado los 8000 millones y seguirá creciendo, de acuerdo con las proyecciones de las Naciones Unidas, para llegar a 8500 millones en 2030 y 9700 millones en 2050. “Se proyecta que alcanzará un pico de alrededor de 10,400 millones de personas durante la década de 2080 y que permanecerá en ese nivel hasta 2100” (https://www.un.org/es/desa-es/la-población-mundial-llegará-8000-millones-en-2022).

El informe Perspectivas de la Población Mundial prevé que “India superará a China como el país más poblado del mundo en 2023”. Pero, “la población mundial está creciendo a su ritmo anual más lento desde 1950, por debajo del 1% en 2020”.

Según el informe de Naciones Unidas, “más de la mitad del aumento de la población mundial previsto hasta 2050 se concentrará en ocho países: Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Tanzania”. 

Un dato interesante es que en los países del África subsahariana, en partes de Asia y América Latina y el Caribe, “la proporción de la población en edad de trabajar (entre 25 y 64 años) ha ido en aumento gracias a las recientes reducciones de la fecundidad”. Este ‘bono’ demográfico es una oportunidad para lograr un mayor crecimiento económico. Y maximizar dicha oportunidad, señala el informe, “los países deben invertir más en su capital humano, asegurando el acceso a la atención de la salud y una educación de calidad en todas las edades, y promoviendo oportunidades de empleo productivo y trabajo decente”.

Otro dato relevante es el hecho de que se “estima que la proporción de la población mundial de 65 años o más aumentará de 10% en 2022 a 16% en 2050”. Y sugieren: “Los países con poblaciones que están envejeciendo deben tomar medidas para adecuar los programas públicos al número creciente de personas mayores, incluyendo el establecimiento de sistemas universales de atención médica y de cuidado a largo plazo, y mejorando la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y pensiones”.

“La población de América Latina y el Caribe, que se ha cuadruplicado entre 1950 y 2022, se prevé que alcance un máximo de 752 millones de habitantes en 2056 y disminuirá hasta alcanzar los 646 millones en 2100”.

Frente a estos datos relevantes, los desafíos para enfrentar ente crecimiento poblacional siguen siendo importantes, donde destacan los retos en salud, cambio climático, alimentación y desigualdad (https://theconversation.com/ocho-mil-millones-de-personas-asi-amenazan-a-la-salud-publica-el-cambio-climatico-y-la-superpoblacion-194421).

“Los investigadores han descubierto que más de la mitad de las enfermedades infecciosas humanas pueden empeorar con el cambio climático. Las inundaciones, por ejemplo, pueden afectar a la calidad del agua y a los hábitats donde bacterias y vectores peligrosos como los mosquitos pueden reproducirse y transmitir enfermedades infecciosas a las persona”. Ejemplos son el dengue, la malaria, hepatitis, enfermedades diarréicas, el cólera, entre otras.

Otro grave riesgo es el aumento de las temperaturas. “El calor excesivo puede exacerbar los problemas de salud existentes, como las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y cuando el estrés por calor se convierte en insolación, puede dañar el corazón, el cerebro y los riñones y llegar a ser letal. En la actualidad, cerca de 30% de la población mundial está expuesta cada año a un estrés térmico potencialmente mortal. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que ese porcentaje aumentará al menos a  48% y hasta 76% a finales de este siglo”.

Además, el calor puede afectar de manera severa la seguridad alimentaria y del agua. “Una revisión de The Lancet descubrió que las altas temperaturas en 2021 acortaron la temporada de cultivo en unos 9.3 días de media para el maíz y seis días para el trigo en comparación con la media de 1981-2020”.

“La escasez de agua y la sequía tienen el potencial de desplazar a casi 700 millones de personas para 2030. Combinadas con el crecimiento de la población y las crecientes necesidades energéticas, también pueden alimentar conflictos geopolíticos cuando los países se enfrentan a la escasez de alimentos y compiten por el agua”.

Con el crecimiento de la población vienen los desafíos de problemas no resueltos del pasado y nuevos retos. Llegó el momento de tomarnos en serio el vivir en común. No hacerlo nos condena a serios riesgos. ¿Lo atenderemos finalmente?

Contacto: www.marcopaz.mx, [email protected], Twitter @marcopazpellat, www.facebook.com/MarcoPazMX, www.ForoCuatro.tv y www.ruizhealytimes.com.

 

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El presupuesto público tanto federal como estatal no presenta grandes modificaciones  y los incrementos salariales se mantienen en los mismos márgenes porcentuales que en regímenes anteriores.  Al interior de las universidades e institutos de nivel superior, las políticas de asignación de recursos para las diferentes instancias se mantienen con incrementos mínimos y se vuelven rígidas como respuesta a los procesos de auditorías y controles del gasto público que se han establecido por los diferentes niveles de gobierno.  Junto con estas condiciones, variables como la necesidad de incrementar los servicios educativos de nivel superior, el reto de incorporar a más jóvenes a la escolaridad superior e incluso posgrados, la cantidad de profesores que ingresan al sistema de pensiones y jubilaciones así como de mejorar la infraestructura, meten presión a la parte financiera del sistema de educación superior y a las finanzas públicas en general.  ¿Qué hacer? ¿Cómo se ha dado respuesta a estos problemas durante los últimos años? ¿Es viable mantener un sistema de financiamiento como el que se ha construido?  El sistema de educación superior se sostiene en lo económico fundamentalmente en dos líneas: el financiamiento público y los programas de generación de recursos propios que por medio de mecanismos como: cuotas estudiantiles, venta de servicios y venta de cursos de capacitación y actualización, sustentados en los marcos normativos internos de las instituciones públicas de educación superior, generan recursos para el mantenimiento de la infraestructura enfocada a atención a estudiantes. Desde mediados de la década de los noventa, inició el crecimiento de los programas de recursos propios mediante las participaciones estudiantiles vía cuotas que, se amarraron al salario mínimo. Posteriormente la oferta de servicios a la comunidad como servicios psicológicos, contables, fiscales y desarrollo de proyectos así como cursos de actualización profesional o de desarrollo educativo permitió que el flujo capital hacia algunas instituciones se incrementara, reflejándose en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para docencia.  Desde el momento mismo de la construcción de leyes donde se autorizaba el cobro de cuotas a los estudiantes para su ingreso, reinscripción y servicios adicionales como idiomas, titulación y expedición de documentos, entre otras más, hubo voces discordantes y movimientos de protesta que poco a poco se fueron apagando por distintos factores, como el uso de la fuerza por parte del Estado, el reacomodo al interior de las instituciones o bien, la natural transición generacional. El argumento para generar la participación financiera de los estudiantes y de la comunidad a partir de la venta de servicios fue que por el crecimiento de las instituciones de educación superior y los impactos de las crisis económicas en las finanzas públicas se volvía crítico para el estado ser la única fuente de financiamiento.  Al margen de lo válido tanto en el pasado como en la actualidad de la argumentación, resultó ser trascendental, permitió el desarrollo de programas de generación de recursos propios donde estudiantes se incorporaron a los diferentes despachos de servicios para desarrollar prácticas e impactó también en actividades de vinculación con diferentes sectores sociales e instituciones.  De cualquier forma el tema sigue siendo álgido. 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La perspectiva filosófica de la educación gratuita y alejada de la visión capitalista genera acciones que limitan el desarrollo de algunos indicadores.  La diversidad de subsistemas educativos a nivel superior, lo que deviene en diferentes formas de gobierno, algunas son autónomas, otras no, otras dependen de los diferentes estados que integran la federación mientras que otras son atendidas por el gobierno federal.  La diversidad de estructuras jurídicas y la complejidad de las interacciones específicas de cada institución debida a condiciones históricas y culturales diversas.  La inexistencia de una visión estratégica para la educación superior, como se ha planteado incluso en documentos oficiales, lo que implica la ausencia de una política pública clara, en particular en lo referente al financiamiento. 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