Un gobierno sin movilidad financiera

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26 de julio, 2021 movilidad financiera

Los agentes económicos se sujetan a reglas no necesariamente escritas, pero de orden estrictamente regulador en la captación de recursos. Si la empresa es grande y parte de su capital se encuentra en el mercado de valores, las restricciones para la contratación de recursos vienen acompañadas de medidas de reporte periódico de cifras, dictamen de Estados Financieros, entre otras prerrogativas que reúne el inversionista para tener elementos de juicio en cuanto a la salud financiera del agente en cuestión. La gran mayoría de las empresas naturalmente no son públicas pero mantienen estándares similares en cuanto a la justificación de capital mediante Estados Financieros debidamente auditados o reportes de sector, sea industrial, comercial o de servicios.

En años anteriores la concepción crediticia situaba activos o la suma de los mismos para justificar un financiamiento. De esta manera, prácticamente todos los créditos eran hipotecarios en su estructura; se hipotecaba la planta y equipo de fábrica con margen conveniente al acreedor y se redimía el bien al término de la obligación. Esta práctica derivó en una inusitada captura de giros no bancarios en la banca comercial. Este desvío de la naturaleza propia de la banca provocó el consecuente desequilibrio en ahorro e inversión. De esta práctica también se derivaron prebendas y remates de bienes en forma indebida, lastimando la propia especialización alguna vez reunida en la empresa o empresas que calificaban en esta categoría de subasta o asignación. 

Con el tiempo surgió la banca de inversión; surgió la nueva visión de la banca para eliminar las garantías y sustituirlas por las ideas. Surgía un reconocimiento al talento empresarial para con flujos de efectivo garantizar la reposición del crédito. Esto naturalmente detonó perspectivas y aliento a emprendedores. No obstante, el riesgo inherente se vigilaba con cautela; se desarrollaron conceptos novedosos para medir la capacidad crediticia de todo ente económico y enfrentar diluciones de riesgo. Se establecieron normas de proporción en cuanto a los índices de liquidez, se establecieron las diferencias de plazo y finalmente surgió un mecanismo sencillo de proporción razonable en cuanto al compromiso del total de activos y el total de pasivos. Se le llamó “leverage” o apalancamiento financiero.

La razonabilidad que sanciona o dictamina el auditor externo de una entidad económica, desde luego incluye estas capacidades crediticias, solvencia y asunción de riesgo. En teoría, exceptuando crisis nacionales, catástrofes naturales e imprevistos similares, las empresas en general conforman un mercado que ha logrado verdadera eficiencia al grado de que las transacciones de valores se redimen en su valor actual, significando esto que toda ocurrencia futura está descontada en tiempo presente. Si todo esto es cierto, entonces la movilidad financiera se explica como un recurso fluido y continuado. 

Los gobiernos no distan en esencia de esta interpretación, sobre todo la que contempla capacidad de endeudamiento. El proceso de endeudamiento natural de un gobierno es para crear infraestructura; al crearla, promueve presencia de capital, promueve vías de desarrollo y finalmente estimula la inversión mediante facilidades carreteras, portuarias, aeroportuarias y en paralelo, promueve servicios redituables en costo y duración. Los gobiernos coadyuvan la inversión para contribuir con la fuerza de estado, con la cohesión de soberanía y libertad económica para acompañar la inversión privada y retirarse de la fase operativa. El retiro oportuno de la operación de cualquier actividad productiva es lo que ha construido economías progresistas.

La transición que gobierna y que se retira en tres años, ha hecho todo lo contrario a lo enunciado en el párrafo anterior. Por principio, revive o al menos intenta dotar a dos empresas del Estado mexicano una concepción monopólica. De las dos, una está totalmente fuera de competencia y de acción representativa en el foro que sea; se trata de Pemex, una empresa que generaba utilidades razonables en la producción de crudo y hasta 2018 se encontraba prácticamente alejada de la refinación. En dos años y unos meses sus pérdidas no son monstruosas, son irrecuperables. La petrolera ha perdido más de una vez y media todos sus activos. Esto la convierte en un ente inoperante desde cualquier punto de vista financiero. 

La otra actividad monopólica que en forma irresponsable pretende eliminar alternativas limpias y redituables, provoca en los tratados vigentes y en la concepción mundial que vigila el calentamiento del globo y emisiones controlables, una confrontación directa para situar a la CFE en un plano de verdadero reto a tribunales internacionales y a la razón que invoca suprimir la quema de fósiles. 

Como podemos apreciar ante la evidencia irrefutable del fracaso de esta transición en su papel de empresario, los costos se han acumulado en el servicio de la deuda, que ha crecido hasta representar el 53% del producto de la nación, para sustentar un gasto público desordenado, un reparto de la riqueza sin estructura ni control y una falsa concepción de ahorro para sustraer de programas activos del contrato social recursos importantes y dilapidarlos en obra innecesaria, que a tres años de su inicio ninguna representa un 50% de avance. 

Para la segunda fase de gestión de esta transición, las arcas de la nación ya no se encuentran en el estado de 2018. Todo esquema de reserva fue utilizado o desmantelado, como desmantelados fueron fideicomisos y otras prerrogativas de contingencia. Del Banco Mundial se han recibido tres mil millones de dólares con supuestas etiquetas de desarrollo, mismas que se encuentran en la opacidad que ha caracterizado a esta transición. 

Finalmente, no solo se ha anulado la movilidad financiera en todos los plazos; los descuidos en infraestructura actual cobran más facturas de las esperadas en transporte terrestre y aéreo. Las fatalidades se han presentado por el simple renglón de falta de mantenimiento. El reparto de culpas al pasado nunca falta, pero a tres años de distancia se cierra el ciclo de la inoperancia, de la improvisación y de la incompetencia. Tres años restan y de ellos no se espera un cambio de lo ya vivido.

Comentarios
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A partir de la pandemia ha quedado patente un fenómeno cíclico a corto plazo el cual inicia con la contracción de las economías, y posterior el incremento de la inflación, ambos indicadores estresan el crecimiento de una nación, ante una visión de la economía mundial a corto plazo para hacerle frente a la actualidad en el sector económico y energético.  Países de América Latina han realizado cambios de perspectivas facilitando la apertura de inversión a capitales privados nacionales o extranjeros para eliminar cualquier carga presupuestaria a las finanzas públicas y que no resulte un lastre para el desarrollo económico del Estado, al dejar que el riesgo financiero, operativo y ambiental en el sector energético pueda ser asumido por privados. Tomaremos como ejemplo el sector de hidrocarburos. En el reciente seminario realizado por Industrial Info (IIR Energía) se sugirió que en México no hay nuevos proyectos que puedan asegurar una estrategia dentro de este mercado a corto plazo.  En América Latina existen alrededor de 1807 proyectos por un monto de 106 mil millones de dólares de 2021 al 2023, y de los cuales 219 están en construcción con una inversión de 29 mil millones, e iniciarán alrededor de 1122 por un monto de 69 mil millones a partir de 2022. De acuerdo con los planeas, regulaciones, y cambios estructurales, será en las siguientes actividades a donde se estarán concentrado la mayoría de éstos:
  1. Extracción de Gas natural.
  2. Plantas de GNL
  3. Ductos
  4. Infraestructura de almacenamiento
  5. Refinerías
Los países están asegurando la extracción del gas como materia prima para la generación de electricidad. Derivado de lo anterior, los países que liderarán las inversiones en proyectos, en el mediano plazo ante las aperturas de los mercados a inversiones privadas, estarán de la siguiente manera con los montos esperados en miles de millones de dólares:
  1. Brasil (44.5)
  2. Argentina (14.2)
  3. Ecuador (6.9)
  4. Colombia (4.2 )
  5. Perú (2.1)
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La secuencia de importancia no está en función del monto de inversión esperada. Refiere a la necesidad de cubrir el mercado para el largo plazo, y facilidades a privados para invertir. Muchas de las inversiones refieren a infraestructura a largo plazo, y asegurar la extracción de hidrocarburos para el futuro. Brasil  Los cambios realizados por la empresa del Estado, al vender gran parte de sus activos como refinerías y ductos, están permitiendo la entrada de capital privado. Además de facilitar la operación de campos maduros en tierra, y aguas someras, y concentrarse en su estructura de gas natural para el futuro.  El objetivo es incrementar reservas, y mantener una producción de mediano plazo de crudo, y en el largo plazo de gas natural para poder acercar el gas para la generación de electricidad, y uso en los hogares. Darán facilidades a capitales privados en el almacenamiento, plantas de GNL a lo largo del país. México  Depende del presupuesto a inversiones que asignen a PEMEX por parte de la nación, pero éste se mantendrá en los valores de 2021 en adelante. El mayor proyecto del mercado mexicano está bajo la dirección de la empresa productiva del Estado: Dos Bocas. De ahí en fuera no hay otro. El mercado nacional no es atractivo para invertir por privados. Hay mucha incertidumbre ligada a las restricciones del gobierno actual a la inversión privada, por lo que muchas empresas tienen que litigar en algún momento de cada proyecto. 37% de los proyectos, tienen demoras para el inicio de construcción mayores a 2 años, principalmente en ductos. Algunos proyectos están cancelando o en espera por la modificación por la nueva ley de importación, y podría desalentar las inversiones en el sector. Privados continúan interesados, debido a que la demanda está incrementando, pero dependerá de la certidumbre que de el mercado, y que no todo esté ligado a la inversión de PEMEX debido a que está perdiendo atracción, lo cual fue confirmado en la lista de Fourtune 2021, al pasar del 107 (2018) al lugar número 257. Argentina  Se concentra en el programa Gas cuatro cuyo objetivo es reactivar a la cuenca de Vaca muerta para incrementar la extracción de gas al asegurar la compra de los hidrocarburos. Así espera satisfacer la demanda interna y exportar a Brasil y Chile gas natural. En resumidas cuentas, para América Latina la visión a mediano plazo será tener la infraestructura necesaria para la transformación de crudos y a largo plazo tener inversiones para la movilidad y compresión del gas natural para su exportación entre las regiones u otras partes del mundo. 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De esta forma, el Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 despertó conciencia en torno a esta problemática. Por su parte, la OIT trabajó ampliamente para lograr la acogida unánime del Llamamiento mundial.   Ahora el papel que corresponde jugar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada a nivel nacional e internacional es vigilar y exigir que la firma de ese acuerdo se traduzca en medidas concretas. La firma de dicho Llamamiento se debe cristalizar en la implementación de nuevas políticas públicas que verdaderamente resuelvan las graves deficiencias en la protección social a nivel mundial.    1 Organización Internacional del Trabajo. Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf 2 Organización Internacional del Trabajo. Noticias. “Más de 4,000 millones de personas todavía no tienen acceso a ninguna protección social”. 1 de septiembre de 2021. 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