Un gobierno sin movilidad financiera

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26 de julio, 2021 movilidad financiera
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Los agentes económicos se sujetan a reglas no necesariamente escritas, pero de orden estrictamente regulador en la captación de recursos. Si la empresa es grande y parte de su capital se encuentra en el mercado de valores, las restricciones para la contratación de recursos vienen acompañadas de medidas de reporte periódico de cifras, dictamen de Estados Financieros, entre otras prerrogativas que reúne el inversionista para tener elementos de juicio en cuanto a la salud financiera del agente en cuestión. La gran mayoría de las empresas naturalmente no son públicas pero mantienen estándares similares en cuanto a la justificación de capital mediante Estados Financieros debidamente auditados o reportes de sector, sea industrial, comercial o de servicios.

En años anteriores la concepción crediticia situaba activos o la suma de los mismos para justificar un financiamiento. De esta manera, prácticamente todos los créditos eran hipotecarios en su estructura; se hipotecaba la planta y equipo de fábrica con margen conveniente al acreedor y se redimía el bien al término de la obligación. Esta práctica derivó en una inusitada captura de giros no bancarios en la banca comercial. Este desvío de la naturaleza propia de la banca provocó el consecuente desequilibrio en ahorro e inversión. De esta práctica también se derivaron prebendas y remates de bienes en forma indebida, lastimando la propia especialización alguna vez reunida en la empresa o empresas que calificaban en esta categoría de subasta o asignación. 

Con el tiempo surgió la banca de inversión; surgió la nueva visión de la banca para eliminar las garantías y sustituirlas por las ideas. Surgía un reconocimiento al talento empresarial para con flujos de efectivo garantizar la reposición del crédito. Esto naturalmente detonó perspectivas y aliento a emprendedores. No obstante, el riesgo inherente se vigilaba con cautela; se desarrollaron conceptos novedosos para medir la capacidad crediticia de todo ente económico y enfrentar diluciones de riesgo. Se establecieron normas de proporción en cuanto a los índices de liquidez, se establecieron las diferencias de plazo y finalmente surgió un mecanismo sencillo de proporción razonable en cuanto al compromiso del total de activos y el total de pasivos. Se le llamó “leverage” o apalancamiento financiero.

La razonabilidad que sanciona o dictamina el auditor externo de una entidad económica, desde luego incluye estas capacidades crediticias, solvencia y asunción de riesgo. En teoría, exceptuando crisis nacionales, catástrofes naturales e imprevistos similares, las empresas en general conforman un mercado que ha logrado verdadera eficiencia al grado de que las transacciones de valores se redimen en su valor actual, significando esto que toda ocurrencia futura está descontada en tiempo presente. Si todo esto es cierto, entonces la movilidad financiera se explica como un recurso fluido y continuado. 

Los gobiernos no distan en esencia de esta interpretación, sobre todo la que contempla capacidad de endeudamiento. El proceso de endeudamiento natural de un gobierno es para crear infraestructura; al crearla, promueve presencia de capital, promueve vías de desarrollo y finalmente estimula la inversión mediante facilidades carreteras, portuarias, aeroportuarias y en paralelo, promueve servicios redituables en costo y duración. Los gobiernos coadyuvan la inversión para contribuir con la fuerza de estado, con la cohesión de soberanía y libertad económica para acompañar la inversión privada y retirarse de la fase operativa. El retiro oportuno de la operación de cualquier actividad productiva es lo que ha construido economías progresistas.

La transición que gobierna y que se retira en tres años, ha hecho todo lo contrario a lo enunciado en el párrafo anterior. Por principio, revive o al menos intenta dotar a dos empresas del Estado mexicano una concepción monopólica. De las dos, una está totalmente fuera de competencia y de acción representativa en el foro que sea; se trata de Pemex, una empresa que generaba utilidades razonables en la producción de crudo y hasta 2018 se encontraba prácticamente alejada de la refinación. En dos años y unos meses sus pérdidas no son monstruosas, son irrecuperables. La petrolera ha perdido más de una vez y media todos sus activos. Esto la convierte en un ente inoperante desde cualquier punto de vista financiero. 


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La otra actividad monopólica que en forma irresponsable pretende eliminar alternativas limpias y redituables, provoca en los tratados vigentes y en la concepción mundial que vigila el calentamiento del globo y emisiones controlables, una confrontación directa para situar a la CFE en un plano de verdadero reto a tribunales internacionales y a la razón que invoca suprimir la quema de fósiles. 

Como podemos apreciar ante la evidencia irrefutable del fracaso de esta transición en su papel de empresario, los costos se han acumulado en el servicio de la deuda, que ha crecido hasta representar el 53% del producto de la nación, para sustentar un gasto público desordenado, un reparto de la riqueza sin estructura ni control y una falsa concepción de ahorro para sustraer de programas activos del contrato social recursos importantes y dilapidarlos en obra innecesaria, que a tres años de su inicio ninguna representa un 50% de avance. 

Para la segunda fase de gestión de esta transición, las arcas de la nación ya no se encuentran en el estado de 2018. Todo esquema de reserva fue utilizado o desmantelado, como desmantelados fueron fideicomisos y otras prerrogativas de contingencia. Del Banco Mundial se han recibido tres mil millones de dólares con supuestas etiquetas de desarrollo, mismas que se encuentran en la opacidad que ha caracterizado a esta transición. 

Finalmente, no solo se ha anulado la movilidad financiera en todos los plazos; los descuidos en infraestructura actual cobran más facturas de las esperadas en transporte terrestre y aéreo. Las fatalidades se han presentado por el simple renglón de falta de mantenimiento. El reparto de culpas al pasado nunca falta, pero a tres años de distancia se cierra el ciclo de la inoperancia, de la improvisación y de la incompetencia. Tres años restan y de ellos no se espera un cambio de lo ya vivido.

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Una de ellas fue el trabajo y esta es una de las razones por las que millones de empleos en el mundo emigraron al teletrabajo1. Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó el documento titulado “Midiendo el Teletrabajo en la Pandemia de COVID-192”. En él presentó los resultados sobre la evolución del teletrabajo y cómo la COVID-19 ha influido en ello.   Para empezar, desde un inicio este cambio no representó los mismos retos para todos. Por ejemplo, para las empresas de tecnología, científicas y de servicios financieros, fue más sencillo dar este paso, al contar con la mayoría de las herramientas necesarias desde un inicio. No obstante, para los transportistas, vendedores en tiendas físicas, la industria de la construcción, agricultura, pesca, silvicultura, la migración al teletrabajo fue casi imposible.    El estudio muestra cómo la pandemia incrementó la cantidad de empleos en la modalidad del teletrabajo, aunque la extensión de los aumentos varía entre países y ha ido evolucionando con el tiempo debido a los cambios en las directrices gubernamentales y también por las percepciones sobre la gravedad del riesgo para la salud.   En Francia, por ejemplo, el teletrabajo creció más del doble. El aumento en el Reino Unido llevó a que las tasas de teletrabajo ya en abril de 2020 fueran 1.8 veces superiores a las observadas antes de la pandemia. En Australia, el teletrabajo en diciembre de 2020 era 1.5 veces mayor que la tasa previa a la pandemia. La evidencia disponible sugiere que la proporción de horas de trabajo también aumentó con el teletrabajo.   En este sentido el documento presenta estimaciones sobre la proporción de trabajos que se pueden realizar desde casa. Estas estimaciones fueron realizadas por Jonathan I. Dingel y Brent Neiman, quienes son investigadores de la Universidad de Chicago, con base en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los datos mostraron que el Reino Unido y Suecia pueden emigrar al teletrabajo a un máximo del 44% de sus empleos, Estados Unidos el 42% y Dinamarca el 41%. Por otro lado tenemos a Francia e Italia, con un 38% y 35% respectivamente.   Las cifras anteriores toman relevancia al compararlas con el personal que emigró al teletrabajo el año pasado. En Francia alcanzaron el 70% del potencial de empleos que pueden ser realizados en el esquema teletrabajo. En Dinamarca y Suecia alcanzaron cerca del 90% de su potencial. Por el contrario, Italia solo llegó a la mitad del potencial estimado.   La investigación señala que las tasas de teletrabajo también varían entre grupos de edad. Los grupos más jóvenes son los que tienen los índices más bajos de teletrabajo. Nuevamente en Francia, los empleados menores de 25 años tenían alrededor de ⅓ menos de probabilidades de realizar teletrabajo en comparación a otros grupos. En el Reino Unido, las tasas de teletrabajo fueron notablemente más bajas para los empleados de 16 a 24 años y lo mismo ocurre con los empleados de hasta 24 años en Estados Unidos.    Por último, el documento habla sobre temas de productividad. En el Reino Unido, el 71% de las empresas encuestadas dijo que trabajar a domicilio no tuvo un impacto negativo en la productividad. Al contrario, 33% de esas empresas encuestadas, mencionaron que la productividad había mejorado.    Por otro lado, los encuestados en Canadá mencionaron que la productividad se vio afectada por diversos factores. 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 1Al no existir una definición acordada para teletrabajo, la Organización Internacional del Trabajo la define como: “Una subcategoría del concepto más amplio de trabajo remoto. Incluye a los trabajadores que utilizan información y tecnología de las comunicaciones y/o teléfonos para realizar trabajos a distancia. El teletrabajo se puede llevar a cabo en diferentes lugares fuera del lugar de trabajo predeterminado.”

 

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