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Un gobierno sin movilidad financiera

26 de julio, 2021

Los agentes económicos se sujetan a reglas no necesariamente escritas, pero de orden estrictamente regulador en la captación de recursos. Si la empresa es grande y parte de su capital se encuentra en el mercado de valores, las restricciones para la contratación de recursos vienen acompañadas de medidas de reporte periódico de cifras, dictamen de Estados Financieros, entre otras prerrogativas que reúne el inversionista para tener elementos de juicio en cuanto a la salud financiera del agente en cuestión. La gran mayoría de las empresas naturalmente no son públicas pero mantienen estándares similares en cuanto a la justificación de capital mediante Estados Financieros debidamente auditados o reportes de sector, sea industrial, comercial o de servicios.

En años anteriores la concepción crediticia situaba activos o la suma de los mismos para justificar un financiamiento. De esta manera, prácticamente todos los créditos eran hipotecarios en su estructura; se hipotecaba la planta y equipo de fábrica con margen conveniente al acreedor y se redimía el bien al término de la obligación. Esta práctica derivó en una inusitada captura de giros no bancarios en la banca comercial. Este desvío de la naturaleza propia de la banca provocó el consecuente desequilibrio en ahorro e inversión. De esta práctica también se derivaron prebendas y remates de bienes en forma indebida, lastimando la propia especialización alguna vez reunida en la empresa o empresas que calificaban en esta categoría de subasta o asignación.

Con el tiempo surgió la banca de inversión; surgió la nueva visión de la banca para eliminar las garantías y sustituirlas por las ideas. Surgía un reconocimiento al talento empresarial para con flujos de efectivo garantizar la reposición del crédito. Esto naturalmente detonó perspectivas y aliento a emprendedores. No obstante, el riesgo inherente se vigilaba con cautela; se desarrollaron conceptos novedosos para medir la capacidad crediticia de todo ente económico y enfrentar diluciones de riesgo. Se establecieron normas de proporción en cuanto a los índices de liquidez, se establecieron las diferencias de plazo y finalmente surgió un mecanismo sencillo de proporción razonable en cuanto al compromiso del total de activos y el total de pasivos. Se le llamó “leverage” o apalancamiento financiero.

La razonabilidad que sanciona o dictamina el auditor externo de una entidad económica, desde luego incluye estas capacidades crediticias, solvencia y asunción de riesgo. En teoría, exceptuando crisis nacionales, catástrofes naturales e imprevistos similares, las empresas en general conforman un mercado que ha logrado verdadera eficiencia al grado de que las transacciones de valores se redimen en su valor actual, significando esto que toda ocurrencia futura está descontada en tiempo presente. Si todo esto es cierto, entonces la movilidad financiera se explica como un recurso fluido y continuado.

Los gobiernos no distan en esencia de esta interpretación, sobre todo la que contempla capacidad de endeudamiento. El proceso de endeudamiento natural de un gobierno es para crear infraestructura; al crearla, promueve presencia de capital, promueve vías de desarrollo y finalmente estimula la inversión mediante facilidades carreteras, portuarias, aeroportuarias y en paralelo, promueve servicios redituables en costo y duración. Los gobiernos coadyuvan la inversión para contribuir con la fuerza de estado, con la cohesión de soberanía y libertad económica para acompañar la inversión privada y retirarse de la fase operativa. El retiro oportuno de la operación de cualquier actividad productiva es lo que ha construido economías progresistas.

La transición que gobierna y que se retira en tres años, ha hecho todo lo contrario a lo enunciado en el párrafo anterior. Por principio, revive o al menos intenta dotar a dos empresas del Estado mexicano una concepción monopólica. De las dos, una está totalmente fuera de competencia y de acción representativa en el foro que sea; se trata de Pemex, una empresa que generaba utilidades razonables en la producción de crudo y hasta 2018 se encontraba prácticamente alejada de la refinación. En dos años y unos meses sus pérdidas no son monstruosas, son irrecuperables. La petrolera ha perdido más de una vez y media todos sus activos. Esto la convierte en un ente inoperante desde cualquier punto de vista financiero.

La otra actividad monopólica que en forma irresponsable pretende eliminar alternativas limpias y redituables, provoca en los tratados vigentes y en la concepción mundial que vigila el calentamiento del globo y emisiones controlables, una confrontación directa para situar a la CFE en un plano de verdadero reto a tribunales internacionales y a la razón que invoca suprimir la quema de fósiles.

Como podemos apreciar ante la evidencia irrefutable del fracaso de esta transición en su papel de empresario, los costos se han acumulado en el servicio de la deuda, que ha crecido hasta representar el 53% del producto de la nación, para sustentar un gasto público desordenado, un reparto de la riqueza sin estructura ni control y una falsa concepción de ahorro para sustraer de programas activos del contrato social recursos importantes y dilapidarlos en obra innecesaria, que a tres años de su inicio ninguna representa un 50% de avance.

Para la segunda fase de gestión de esta transición, las arcas de la nación ya no se encuentran en el estado de 2018. Todo esquema de reserva fue utilizado o desmantelado, como desmantelados fueron fideicomisos y otras prerrogativas de contingencia. Del Banco Mundial se han recibido tres mil millones de dólares con supuestas etiquetas de desarrollo, mismas que se encuentran en la opacidad que ha caracterizado a esta transición.

Finalmente, no solo se ha anulado la movilidad financiera en todos los plazos; los descuidos en infraestructura actual cobran más facturas de las esperadas en transporte terrestre y aéreo. Las fatalidades se han presentado por el simple renglón de falta de mantenimiento. El reparto de culpas al pasado nunca falta, pero a tres años de distancia se cierra el ciclo de la inoperancia, de la improvisación y de la incompetencia. Tres años restan y de ellos no se espera un cambio de lo ya vivido.

Comentarios

Manuel Torres Rivera

Manuel Torres Rivera es egresado de la UNAM, de la Escuela de Contaduría Pública. También estudió Economía y recibió un grado de Master of Business Administration de la Universidad de Tulane. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la docencia y la consultoría. Es socio de Formación y Desarrollo Clave. Tiene pasión por el alpinismo y ha recorrido buena parte del mundo en esta actividad. También por los caballos. Ha colaborado en el programa de Eduardo Ruiz–Healy.

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