EL TRANSPORTE PÚBLICO INFORMAL

En México como en otros países latinoamericanos urge delinear una política nacional de movilidad dado que en nuestro país el 88% del transporte público es informal. La informalidad en el transporte es el desplazamiento no autorizado y...

4 de junio, 2021

Juan Kaye

Una de las causas la origina el desempleo que en todos los ámbitos manda cada día a más personas a buscar actividad en el sector informal a falta de oportunidades en el sector formal.

Esto ocasiona, sobre todo en las áreas urbanas más pobres, que se recurra a servicios “piratas” o “tolerados” como taxis, bicitaxis o las combis o microbuses.

Lo que resulta impactante es que este fenómeno se acrecienta porque los usuarios han perdido la confianza en el sistema de transporte formal. Como ejemplo, las condiciones en que opera el Sistema Colectivo Metro, con las trágicas consecuencias del colapso ocurrido el 3 de mayo en la Línea 12, los incendios del “Cerebro” del Metro PCCI ocurrido el 9 de enero que paralizó 6 líneas, los choques de trenes por falta de modernización de los sistemas de control computarizado.

Así las cosas, el resultado es que el 74% de los viajes persona/día en la ZMVM se dan a través del transporte informal.

La pandemia favoreció aún más la informalidad en el transporte porque los sistemas formales vieron una caída importante en la demanda, que no les permitió recuperar sus costos; la baja rentabilidad, sumada al deterioro de las unidades, tarifas no remunerativas generan la contracción del sistema formal y hacen propicio el crecimiento del transporte informal con unidades en peor estado, más inseguras, más contaminantes que los de tipo “formal”.

¿Cómo definir el transporte informal?

Es aquel que opera sin autorización oficial y que generalmente tiene alguna de estas características:

Son principalmente autos o minivans.
No pertenecen a ninguna empresa.
Son de una antigüedad igual o mayor a 20 años.
No entregan recibo, ni boleto, ni comprobante fiscal.
Recogen al pasaje donde les viene en gana o instalan sus propias paradas.
Las unidades carecen de cinturones de seguridad, sistema GPS y por supuesto no tienen ningún tipo de seguro contra accidentes.
Los conductores en la mayoría de los casos carecen de licencia de chofer, exceden por mucho sus horas laborales y por supuesto nunca respetan los límites de velocidad.
Por su antigüedad la operación de las unidades, resultan altamente contaminantes.

Las consecuencias para el usuario pueden ser:

Alto riesgo en los traslados por las condiciones de las unidades.
Asaltos o ataques a los usuarios (en ocasiones impulsados o perpetrados por los conductores).
Congestionamiento vial (inducido por el transporte informal al no respetar las normas).
Riesgo por accidentes viales agravados por fallas mecánicas.
Unidades sin documentación que acredite la legitima propiedad. (muchos vehículos robados participan en la informalidad).

Ante este panorama, surgen preguntas obligadas sin respuestas claras: ¿Quién autoriza y protege la operación de estos transportes piratas? ¿Quién fiscaliza sus operaciones? ¿Cuánto dinero se pierde por la vía fiscal con su operación? ¿Quién apoya a las víctimas de accidentes por colisión o por atropellamiento?

Qué hacer para enfrentar el problema

Hay varias opciones, entre las cuales están:

Mejorar la calidad de la oferta del transporte público formal

Dar incentivos al transporte público en zonas marginadas que garanticen la seguridad de los usuarios.

Aplicar las sanciones que correspondan por prestar un servicio público sin autorización, sin garantías, sin seguridad, sin verificación vehicular y sin la debida documentación

Mejorar las condiciones de operación de los transportes públicos formales.

Actualizar el parque vehicular concesionado revisando: rutas, tarifas y condiciones de operación.

Confiscar las unidades que no cumplan con programas de regularización.

Aplicar sanciones a quienes infringen las normas y reglas de operación vehicular.

La necesidad de contar en todos los municipios importantes y zonas metropolitanas del país con planes y estrategias de movilidad sustentable no puede seguirse posponiendo. La pérdida de vidas humanas por negligencia y atropellamientos sigue creciendo.

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