Sobre la función del Estado

En las sociedades modernas liberales se ha defendido que debe existir una ética mínima para garantizar la convivencia. Ya después de lograda esa ética, se permite el despliegue de múltiples formas de vivir que pueden ser o no compatibles entre sí. En esa manifestación de estilos de vida no se inmiscuye el Estado, o al menos así parece. Por ejemplo, una persona puede decidir ser un monje enclaustrado dedicado a la vida religiosa y otra persona, en cambio, puede dedicarse a tener una vida despreocupada centrada en las vivencias del mundo. 

No obstante, puede objetarse que de hecho eso ya ha sucedido antes de la aparición del Estado Moderno por lo que no habría diferencia. Lo anterior en parte es cierto: estilos de vida siempre ha habido en donde las personas podían decidir que querían hacer.

Puede insistirse que mientras el Estado premoderno persiguió conductas privadas que no hacían daño a los semejantes, en la situación actual ya no se persiguen esas mismas conductas. En todo caso, el problema que surge en cualquier sociedad es si se debe perseguir todo mal. Lo anterior puede responderse estableciendo cuál es la función del Estado. La función del Estado puede consistir básicamente en la conservación del orden y garantizar la propiedad y dejar en manos de los ciudadanos si quieren ser buenos o no. En cambio, si la función del Estado es promover el bien de los ciudadanos parece qué debe perseguir los males y fomentar el bien. De hecho esto último, en parte, se da en nuestras sociedades modernas. Las campañas de salud contra el consumo de comida ultraprocesada y a favor de sustituirla por comida sana entran dentro de esta categoría. Es verdad que no se persigue penalmente el consumir comida chatarra, pero sí se debe pagar un impuesto adicional por su consumo. 

Entonces, en ese ejemplo se muestra que parece que el Estado sí entra en el campo de la moralidad privada. La pregunta de cualquier forma se mantiene ¿Qué tanto? Este cuestionamiento por supuesto no es nuevo, ya que es una pregunta que surge en cuanto se hace una reflexión sobre la naturaleza del Estado. Tomás de Aquino en la Suma Teológica se plantea la cuestión diciendo si deben perseguirse todos los vicios humanos.  Su respuesta es esclarecedora:

“ …las leyes deben imponerse a los hombres en consonancia con sus condiciones, ya que, en expresión de San Isidoro, la ley ha de ser posible según la naturaleza y según las costumbres del país. Ahora bien, la capacidad de obrar deriva del hábito o disposición interior, pues una cosa no es igualmente factible para quien no tiene el hábito de la virtud y para el virtuoso, como tampoco lo es para el niño y para el hombre maduro. Por eso no se impone la misma ley a los niños y a los adultos, sino que a los niños se les permiten cosas que en los adultos son reprobadas y aun castigadas por la ley. De aquí que también deban permitirse a los hombres imperfectos en la virtud muchas cosas que no se podrían tolerar en los hombres virtuosos.

“Ahora bien, la ley humana está hecha para la masa, en la que la mayor parte son hombres imperfectos en la virtud. Y por eso la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino sólo los más graves, aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir, tales como el homicidio, el robo y cosas semejantes” (1).

En este texto así vemos coincidencia con posturas contemporáneas: no se persigue todo mal, sino solo aquel que pueda destruir el propio orden de la comunidad. Hasta ahí se está de acuerdo: debe haber una cierta proporción de la ley, pero no obstante ¿qué es lo que daña a la comunidad? ¿Qué tan lejos llegamos? Queda claro que el robo, elimina la seguridad jurídica de la propiedad o el homicidio la subsistencia de la comunidad, pero hay otras conductas, como pueden ser el aborto, el consumo de drogas y la eutanasia que ya no es tan claro si deben perseguirse o no. 

La eutanasia, puede uno señalar, sí produce un daño social, ya que fomenta en la sociedad la idea de que “hay vidas que no vale la pena ser vividas” lo que disminuiría la solidaridad con personas severamente enfermas o discapacitadas que quieren seguir viviendo aunque pudiesen acceder a la eutanasia. El aborto es semejante, podría insistirse que la idea de que no es conveniente continuar un embarazo no deseado fomenta una cultura de un cálculo utilitarista perjudicial acerca de los nacimientos: es mejor no tener hijos que al ser no deseados serían maltratados en la infancia.

Por el contrario, los defensores de mínima intervención del Estado dirían que son conductas “privadas” que deben decidirse sólo por las personas afectadas por la decisión. El problema con esta última observación es que es una ilusión que las conductas humanas no tengan consecuencias para otras personas. Todas las acciones tienen consecuencias sociales. Lo que en tal caso debe medirse es si esas consecuencias pueden llevar a destruir la sociedad. Esa, me parece, es la “piedra de toque” de la delimitación de las conductas que deben penalizarse por parte del Estado.  

Referencias:

Suma de Teología. (I-IIa, q. 96 a. 2 c.) [versión Web]. Argentina. Disponible en: https://hjg.com.ar/sumat/b/c96.html#a2

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