La hipocresía es uno de los vicios políticos más despreciables —tanto por sus efectos como por su frecuencia—. Es un insulto, un escupitajo que lanzan quienes están encaramados en el pleno del poder. En pocas palabras, es el engaño consumido y palpable.
Es sorprendente el tremendo cinismo de la tremenda corte del acordeón. Con la adquisición de las nuevas camionetas de las y los ministros —valuadas hasta 1.7 millones de pesos cada una— se nota que ya se les escurrió su condición del pueblo. Ni su chilaquilero de confianza, queridos lectores, por bien que le vaya, se anda pavoneando en semejante lujo —¡y vaya que sí cotizan y son del pueblo!—. Más indignante se torna esta noticia, pues se reporta que el modelo de los coches que reemplazan es de los lejanísimos años de 2019 y 2020. Situemos esto en el contexto de que hay ciudadanos que, con suerte, logran comprar un auto del 2012 o 2016 para un uso diario —y ruegan que no se les descomponga en plena marcha—. Ah, pero eso sí, doña Lenia Batres, la autodenominada ministra del pueblo —marca no registrada—, necesita el modelo más lujoso posible. No se le vaya a descomponer la marcha en camino a un buen restaurante y le regrese su condición del pueblo —ya lo dijo Noroña, ¿acaso no tienen derecho a los buenos lujos?—.
La corte nos anuncia que no nos hemos de preocupar. Tienen una buena estrategia. Van a sacar más vehículos fuera de la flotilla para mitigar semejante gasto. Sin embargo, esto abre una ventana de especulación: ¿acaso eliminarán prestaciones vehiculares a otro personal de la corte? Si sí, ¿a quién? ¿Personas que realmente lo requieren o personas que sólo poseen un alto grado jerárquico? Hasta el momento, no hay mayor detalle.
Cabe señalar que el Acuerdo General de Administración 2019 sí establece la facultad para reemplazar los vehículos. Para ello, se debe cumplir una de las siguientes dos condiciones: a) que el vehículo cumpla cuatro años de servicio y b) que el auto presente problemas alarmantes que afecten su funcionalidad. Sin embargo, con el ornamento de austeridad que maneja esta corte, ¿acaso no pudieron ser más coherentes y retrasar este gasto? O bien, encontrar alguna otra salida. Con este tipo de gastos, sumado —por ejemplo— al escándalo del salario de los asesores del ministro presidente en 2025, me pregunto: ¿dónde queda la promesa de una corte más cercana a la ciudadanía? ¿qué fue de la austeridad y transparencia por las que tanto se rasgaban las vestiduras en 2025?
No hay que dejarnos engañar. Esta incongruencia funciona, en realidad, como un distractor. Sí nos provoca descontento, pero más consternación nos debe causar el ejercicio de la corte del acordeón a través de sus últimas sentencias. Desde su ascenso al poder, han validado siete reformas que heredó Sheinbaum de López Obrador. El único criterio —para sorpresa de nadie— ha sido juzgar a favor del régimen. Claro, cuando ya medio aprendieron a sesionar correctamente —¿será por eso por lo que apenas le hayan dado las gracias al ex titular de la Secretaría General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina?—.
Incluso, más nos debe preocupar el reciente berrinche de Lenia Batres, quien anda con muchas ganitas de arrobarse la facultad de reabrir casos a consideración de un criterio ambiguo. A tal grado ya es su ejercicio unilateral del poder, que por primera vez sale un proyecto donde una ministra impone un párrafo, pese a la negativa de los demás. ¿Dónde quedó el ejercicio colegial? ¿Qué sucederá si le permiten a Batres modificar la figura de la cosa juzgada? ¿Acaso estamos siendo testigos del surgimiento de una corte inquisidora del pueblo y defensora de las oligarquías del partido oficial?
@FranzvonSparr | @vonsparr90
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