No hubo indulto al toro, pero sí una “Juanita”

5 de mayo, 2021

Israel Aparicio

El pasado 27 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió anular definitivamente las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón al gobierno de Michoacán, al ratificar la sentencia que el INE les había impuesto por no haber presentado en tiempo y forma sus reportes sobre gastos de precampaña. MORENA debió registrar a nuevos candidatos entre los que destacó la hija de Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda. Después de imponerse en una encuesta interna, ella fue designada candidata a la gubernatura de Guerrero.

La jugada política del partido en el poder, ante lo que considero un exceso en el fallo del siempre polémico TEPJF, fue apostar por la fórmula creada por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): postular un candidato emergente que gane la elección para que el aspirante impedido ejerza el poder tras bambalinas o beneficiándose de su renuncia al cargo. La jugarreta denominada “Juanito” tiene sus orígenes en la elección delegacional de 2009 en Iztapalapa, cuando Clara Brugada fue impedida por el tribunal electoral para competir bajo las siglas del PRD, por lo que Rafael Acosta Naranjo, un comerciante y actor de película de bajo presupuesto, fue designado candidato por el PT con el compromiso público de declinar a favor de Brugada al ganar.

“Juanito” era el personaje interpretado por Acosta Naranjo, pero en la política mexicana se le conoce ya como la simulación de una candidatura que cumple una cuota de género o de origen indígena, para después de obtener la victoria, renunciar para que dicho cargo público sea ocupado por el suplente, que por lo general es un político masculino.

Esta práctica es usada por todos los partidos políticos incluida la alianza opositora en su amasiato hecho oficial. A las legisladoras que ceden su escaño a favor de su suplente se les bautizó como “las Juanitas” de la política.

El fallo del tribunal electoral que dejó sin posibilidades de competir a Salgado Macedonio estuvo apegado a derecho y a la ley electoral, aunque es de destacar que en muchas otras contiendas presidenciales donde hubo rebase en los topes de campaña, acciones ilegales que afectan la imparcialidad de un proceso democrático, nunca se ha dado la invalidez de elección alguna, ni se ha retirado la candidatura a ningún otro actor político.

La justicia a secas hizo que Salgado Macedonio no pueda ser gobernador de su entidad por una minucia que bien pudo haberse evitado, pero debido a su enorme soberbia tropezó con sus propios errores. Es trágico que su candidatura se haya descarrilado por un detalle técnico y no debido a las graves acusaciones de violaciones y agresiones que existen en su contra.

La costosa apuesta personal del presidente AMLO dejó demasiados frentes de batalla abiertos en forma innecesaria, al designar a un personaje que no entendió que la oposición y el no muy imparcial árbitro electoral, buscaban encontrarle un pueril error que desmantelara su candidatura. Aunque por jugarretas políticas el apellido Salgado estará en la boleta electoral y se cumplirá la máxima aspiración presidencial de que los guerrerenses sean quienes decidan si la dinastía Salgado es la preferida para gobernarlos.

Se especula que la familia política de la hija de Salgado Macedonio tiene vínculos con el crimen organizado, la zona conflictiva de Guerrero no se entiende sin las rutas de trasiego de estupefacientes. Habrá que esperar al resultado de la elección para saber si los protagonismos del INE y del siempre timorato tribunal electoral no acabaron por hacer mártir a la figura del polémico político guerrerense.

El TEPJF siempre ha estado en el ojo del huracán tanto por preferencias partidistas, así como por su actuar en resoluciones que no han dejado a los actores políticos y a la ciudadanía en conformidad con sus resolutivos. No pocas veces se ha criticado su escasa argumentación legal y la insuficiente sanción de hechos perfectamente demostrables. Como se recordará, el polémico triunfo del presidente Felipe Calderón marcó un antes y un después en la ley electoral que estaba limitada y no concebía el recuento de votos cuando existía una diferencia menor al 1% entre el primer y el segundo electoral de una contienda.

El Tribunal reconoció que la principal anomalía en la elección de 2006 había sido el proselitismo incontrolable del entonces presidente Vicente Fox, que afectó las condiciones de igualdad y equidad, pero que al final dicho órgano colegiado no tuvo el valor de anular la elección o por menos, pedir un recuento de la votación final.

En la elección de 2012 fue incapaz de sancionar los gastos excesivos en la contienda donde resultó electo Enrique Peña Nieto, los magistrados tardaron casi tres años en reconocer las anomalías del caso Monex, pero lo único que aplicaron fue una multa risible para las dimensiones del fraude.

La estructura imparcial del mismo Tribunal Electoral ya había sido trastocada por la legaloide extensión del mandato de los magistrados electorales: José Luis Vargas, Indalfer Infante Rodríguez, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón que afectó de forma indiscutible el espíritu original del órgano colegiado. Dicho movimiento político fue producto de una jugarreta de los congresistas priistas y avalado por la mayoría de la mismísima Suprema Corte de Justicia en el año de 2016.

El árbitro electoral tiene un historial de influenciable, por decir lo menos. Deberá tratar de dar certidumbre a un proceso que ya se observa complicado y conflictivo, en medio de una contienda llena del pragmatismo político donde las ideologías partidistas se han jubilado en favor de la simple lucha por el poder. Padeceremos las mismas “artes” promotoras del voto, una renovada compra de conciencias, así como el fomento del miedo al oponente, con una estridencia y el clasismo inocultable en muchos candidatos que harán de nuestra incipiente democracia el simple juego ciudadano de elegir al menos malo de la paupérrima oferta política.

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