La semana pasada se suscitó un robo a mano armada en el semáforo de la Calle de Tamarindos, entre Bosques y Santa Fe. Para los que vivimos en la capital y para mucha gente decir “Tamarindos” es sinónimo de situación económica y social alta, de elite y de exclusividad. Ubicado en la zona de Santa Fe, es una calle en donde el metro cuadrado vale una fortuna y solo se pueden dar el lujo de vivir ahí un sector muy selecto de la población.
El robo fue contra un automovilista. Casi en tiempo real empezaron a correr por todas las redes sociales videos que tomaron otros automovilistas desde sus coches y que publicaron para denunciar los hechos y exigir la inmediata respuesta de las autoridades.
Efectivamente, el mismo día ya había sido detenido el presunto ladrón. La policía apoyada por los testigos y por las cámaras de seguridad actuó de forma impecable y dio con el culpable quien, sin duda alguna, será juzgado y castigado con todo el peso de la ley. Lo anterior nos demuestra que cuando la sociedad y las autoridades gubernamentales se juntan, el resultado es siempre mayor eficiencia en la persecución y prevención del delito. Así la próxima vez los amantes de lo ajeno se la pensarán mejor antes de intentar asaltar a un importante miembro de la sociedad qué transita por la vida en un Mercedes Benz rojo por una de las calles más exclusivas de la ciudad.
El testimonio del presunto agredido circuló también por las redes sociales, sobre todo en los grupos y chats de WhatsApp. El afectado describe al ladrón como un muchachito de entre 15 y 16 años, muerto de miedo y totalmente preso de los nervios, que temblaba y tartamudeaba y fue por eso que el agredido incluso le aconsejó que se fuera corriendo nada más con su reloj.
De ninguna manera estoy a favor del robo ni de ningún tipo de acto vandálico, pero en la noche, ya en el silencio de mi recámara y con la cabeza sobre la almohada, no podía dejar de pensar que “a nadie le importa N”. Y es que “como quiera que se llame N”, no es ni siquiera un miembro de la sociedad, no pertenece a ninguna comunidad, tal vez ni siquiera tenga un registro o algún papel que lo identifique; “maldito ratero N” no tiene padres y seguramente paso sus 15 o 16 años viviendo debajo de algún Puente, o dentro de alguna coladera en el subsuelo de este México que se ufana de buscar justicia pronta y expedita para todos.
“Hijo de su madre N” come desperdicios encontrados en la basura, jamás ha tenido nada propio ni nuevo, seguramente ha sido violentado y abusado tantas veces que para él ya es parte de la vida; “Desgraciado malnacido N” no merece una oportunidad y debe ser aislado porque representa un peligro para la sociedad, como si “Pobre diablo N” alguna vez hubiese tenido la más mínima oportunidad de una vida distinta.
Este ladrón es seguramente hermano o primo o hijo o amigo o compañero de coladera de muchos otros “hijos de nadie” que a diario salen a asaltar gente de bien que se gana la vida con el sudor de su frente, a robar en las esquinas a automovilistas, pero también en los transportes públicos, a muchos otros “sin nombre” que se trasladan todos los días a sus trabajos en Microbuses, peseros, en el metro o en el cable bus o cualquier medio de transporte público. El 61% de los robos con violencia son a estas personas. Tan solo de enero a abril de 2022 se registraron 218 casos de víctimas en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
No he sabido nunca de una respuesta tan ágil y solidaria de la sociedad para estas personas que todos los días son despojadas de sus poquísimos artículos, de su celular y el poco dinero que lleven consigo y que seguramente al llegar a su trabajo después del trago amargo y el terrible susto sean reprimidos y castigados por sus patrones. Pocas veces he sabido de algún patrón o patrona que acompañe a su trabajador a denunciar el robo y que lo apoye mientras se le da seguimiento, por el contrario, de lo que sí me he enterado muchas veces es de la acusación como presunto culpable de alguno de sus trabajadores cuando algo les falta o sospechan que les han robado, independientemente de que pueda ser cierto o no. El primer acusado es siempre el trabajador, el migrante que pide ayuda en la esquina, la madre soltera que acude a hacer el aseo por unos cuantos pesos y hay una sola razón para ello: son pobres.
Seguramente muchos no estarán de acuerdo con mi punto de vista. Me tomarán por populista y resentida. No apruebo en ninguna modalidad el crimen. Lo único que de verdad quisiera con profunda inocencia, como un niño pide en sus oraciones de la noche la Paz mundial, es que la justicia, la indignación, el derecho al resarcimiento de daños, la confianza y la presunta inocencia sea la misma para todos.
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A manera de rápida exposición, quiero esbozar tres argumentos contundentes por los cuales considero que la elección de la ministra Piña fue la correcta y que dicha elección es una defensa de lo que representa el Poder Judicial de la Federación.
En primer lugar, la ministra presidenta cuenta con una larga trayectoria de más de treinta años de servicio –ocupando diversos cargos como profesora de primaria, técnica académica, secretaria proyectista, jueza de distrito, magistrada y, por supuesto, ministra–, además de destacar su alta preparación académica y profesional –contando con licenciatura (con mención honorífica), maestrías, especialidades y diversos posgrados1– y, sobre todo, su gran capacidad de interpretar la ley, al ser reconocida como “una funcionaria “de carrera”, que conoce al Poder Judicial a todos sus niveles y con la capacidad argumentativa que se necesita para ser quien encabeza a la Suprema Corte y al CJF”. 2
En este sentido, durante este sexenio, la ministra Piña ha votado en contra de medidas que atenten los derechos humanos3 y ha buscado interpretar la norma con un método pro persona, limitando el poder del Estado. Basta revisar cómo votó en la sesión del martes 6 de septiembre del 2022 en el tema de la prisión preventiva oficiosa4, donde se puede atestiguar su gran capacidad de interpretar la ley con prudencia y conocimiento. En dicha sesión, la ministra Piña enfatizó la importancia de tomar el artículo 1° constitucional como el principal recurso interpretativo para resolver la cuestión. Asimismo, afirmó que, de la mano del artículo 105 y la contradicción de tesis 293/2011 la pregunta por si la Suprema Corte de Justicia tenía la capacidad para resolver el proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa –como divagaron los ministros Laynez y Farjat– era una cuestión irrelevante, ya que es claro que la Corte tiene esa competencia.
Al final, la defensa que la ministra Piña sostuvo –al igual que los ministros Ortiz Mena y Zaldívar– se centró en el respeto del parámetro de control de regularidad convencional, que no es otra cosa que entender que la Constitución y los pactos firmados por México internacionalmente en materia de derechos humanos conforman el llamado bloque de convencionalidad por medio del cual se han de interpretar las leyes –y regularizar sus aplicaciones–. De esta manera, cuando leemos en el artículo 1° “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…” y en la contradicción de tesis 293/2011 “En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”, no cabe la menor duda que condenar a prisión preventiva oficiosa sin tener una condena, ni pruebas del posible riesgo de fuga, no sólo es inconstitucional, sino una clara vulneración a los derechos humanos al convertirse en una pena anticipada –como la presunción de inocencia, acceso a la justicia y el respeto al debido proceso– tal como lo afirmó la ministra Piña.
En segundo lugar, dentro de la lucha por la igualdad, México tiene una gran deuda con las mujeres, por lo que sí resulta un hecho histórico encomiable que se haya designado, por primera vez, a una mujer que lidere la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, cabe mencionar que fue hasta 1961 cuando se designó a la primer mujer ministra, la jurista María Cristina Salmorán de Tamayo.
En tercer lugar, la ministra Piña se ha destacado por ser un freno al Poder Ejecutivo. Lo cual es, en mi opinión, una característica fundamental de cualquier servidora y servidor público –sobre todo, dentro del poder judicial–. Recordemos que una distinción esencial de la democracia convencional es su fuerte compromiso con la división de poderes. Nadie debe estar por encima de la ley y es tarea de la Suprema Corte –en tanto último intérprete de la Constitución mexicana– asegurar que el imperio de la ley prevalezca. Por ello, tener a la ministra Piña a la cabeza –alguien que se ha caracterizado por no ceder ante las presiones del presidente López Obrador ni de sus acosos mediáticos– es consolidar una auténtica defensa de nuestra democracia. En este sentido, recuerdo lo que Martin Luther King, en su defensa a los movimientos estudiantiles, explicó en su concepto de “paz negativa” entendida como la ausencia de tensiones sociales y políticas de los grupos vulnerados al aceptar las condiciones injustas. En contraposición, los protestantes de su época buscaban una verdadera paz, la cual “no es simplemente la ausencia de tensión, sino que es la presencia de justicia y fraternidad”. De esta manera, una sana democracia se construye del diálogo y la discusión, de ponerle un freno al poder para que ninguno de los tres salga de control. En palabras de Luis Villoro, “escapar del poder no equivale a aceptar la impotencia sino a no dejarse dominar por las múltiples maniobras del poder para prevalecer; es resistirlo”.
Estas son mis tres razones por las cuales considero que la designación de la nueva ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, ha sido un triunfo de nuestra democracia. Ahora, como ciudadanos, nos queda vigilar y atestiguar cómo se desempeña la nueva cara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1 Trayectoria consultada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/ministro/norma-lucia-pina-hernandez.
2“¿Quién es Norma Piña y cómo ha votado la primera presidenta de la SCJN?”, redacción de “El Sol de México”, lunes 2 de enero de 2023. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/quien-es-norma-pina-y-como-ha-votado-la-primera-presidenta-de-la-scjn-9410589.html
3Cabe mencionar que la ministra Piña sí votó en favor de la militarización.
4Sesión en vivo grabada en el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fkc51Cu-LUU."
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string(5043) "Dos abogados titulados con un año de diferencia, dos planteles distintos y dos trayectorias completamente diferentes. Ambos tienen algo en común: defienden la tesis: “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza artículo 123, apartado A” como propia. Otra coincidencia, la Maestra Martha Rodríguez Ortiz asesoró a los dos alumnos en el proceso tan comprometido como es el de escribir una tesis de titulación. Las dos tesis son idénticas, no así la presentación, ni la trayectoria ni el estatus de los dos licenciados en Derecho.
Presuntas pruebas existen muchas. El licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez presentó su tesis en 1986, la ahora ministra y hasta ayer candidata a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presentó en 1987, pero asegura haberla hecho en 1985 y confiar en que su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, la resguardara durante dos años en lo que la publicó. Razones para creer que en cualquiera de las dos partes las puede tener cada quien, una sentencia definitiva es mucho más difícil de otorgar.
Plagiar una tesis para titulación de licenciatura es un delito por demás grave pero sobre todo una falta a la moral, la honestidad, una agresión a los principios básicos de lealtad, una mentira, un engaño y una prueba contundente de que la persona en cuestión no podrá presumir en su carrera profesional de honestidad ni de veracidad en ninguno de los trabajos que en adelante ocupe.
No es la primera vez que pasa en México, es una historia ya repetida y en nombres igual o más reconocidos que el de la Ministra Yazmín Esquivel Mossa. Tal es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto y del ya fallecido secretario de Educación, doctor por la Universidad de Harvard, Frausto Alzati.
Eso por supuesto no aminora ni disminuye en nada la falta que cometió quien sea que plagio la multimencionada tesis, ni de su asesora quien estando a cargo de asesorar a los dos alumnos yendo mucho más lejos que recomendarles fichas bibliográficas como se espera de un asesor, sino dándole o vendiéndole a uno de los dos el contenido completo de la tesis de su compañero y de ya estar comprobado que incurrió en el mismo delito en por lo menos en ocho trabajos más hasta el 2008, ella, sin duda es un elemento clave en el delito.
El Rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, reconoció ya una total similitud entre las dos publicaciones. Si usted tiene acceso a los documentos podrá notar que a pesar de ser idénticas incluso en errores gramaticales, la redacción y presentación de la del licenciado Edgar Ulises Báez dista mucho de la de la ministra Yazmin Esquivel Mossa.
El abogado Edgar Ulises Báez ya jubilado, ejerció como maestro de civismo y vive en estado de precariedad en una colonia de la delegación Xochimilco. Cuenta con antecedentes penales y dice estar dispuesto a declarar siempre y cuando esté bien de salud, pues está aún convaleciente de una neumonía y una operación por cataratas en un ojo.
La licenciada y ministra Yazmín Esquivel Mossa está casada con José Mario Riobóo, presidente de Grupo Riobóo, constructora favorita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y de loa dirigentes anteriores. Ha estado a cargo de proyectos, no todos transparentes, para todos los partidos que han estado en el poder y sin duda que la licenciada Yazmín Esquivel Mossa fuese designada como presidente de La Suprema Corte de Justicia de La Nación era algo que, estamos todos en el entendido, convenía de cien formas distintas al gobierno de López Obrador y su consecuente sucesor.
Una tesis, para mi punto de vista, poco ambiciosa, tres implicados y miles de opiniones a favor y en contra.
Ayer por la tarde se dio a conocer a la ganadora de la votación, la ministra Norma Piña quien ocupará el puesto de la Presidencia de la SCJN, uno de los más destacados, comprometidos y reconocidos que hay en este país. La pregunta sigue en el aire y así el prestigio de la excandidata, quien de ser encontrada culpable perdería toda credibilidad como funcionaria y como ciudadana, pero quien también está en derecho de defender su verdad.
¿Usted a quién le cree? Yo por lo pronto perdí mucha de la confianza que tenía frente a las dos Instituciones, ni la SCJN ni la máxima casa de estudios volverán a ser para mí y para muchos ciudadanos lo que eran. No está bien copiar, ni un texto, ni una canción, ni un acorde, mucho menos la tesis que es el primer trabajo y la primera aportación que un profesionista hace para su país."
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A manera de rápida exposición, quiero esbozar tres argumentos contundentes por los cuales considero que la elección de la ministra Piña fue la correcta y que dicha elección es una defensa de lo que representa el Poder Judicial de la Federación.
En primer lugar, la ministra presidenta cuenta con una larga trayectoria de más de treinta años de servicio –ocupando diversos cargos como profesora de primaria, técnica académica, secretaria proyectista, jueza de distrito, magistrada y, por supuesto, ministra–, además de destacar su alta preparación académica y profesional –contando con licenciatura (con mención honorífica), maestrías, especialidades y diversos posgrados1– y, sobre todo, su gran capacidad de interpretar la ley, al ser reconocida como “una funcionaria “de carrera”, que conoce al Poder Judicial a todos sus niveles y con la capacidad argumentativa que se necesita para ser quien encabeza a la Suprema Corte y al CJF”. 2
En este sentido, durante este sexenio, la ministra Piña ha votado en contra de medidas que atenten los derechos humanos3 y ha buscado interpretar la norma con un método pro persona, limitando el poder del Estado. Basta revisar cómo votó en la sesión del martes 6 de septiembre del 2022 en el tema de la prisión preventiva oficiosa4, donde se puede atestiguar su gran capacidad de interpretar la ley con prudencia y conocimiento. En dicha sesión, la ministra Piña enfatizó la importancia de tomar el artículo 1° constitucional como el principal recurso interpretativo para resolver la cuestión. Asimismo, afirmó que, de la mano del artículo 105 y la contradicción de tesis 293/2011 la pregunta por si la Suprema Corte de Justicia tenía la capacidad para resolver el proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa –como divagaron los ministros Laynez y Farjat– era una cuestión irrelevante, ya que es claro que la Corte tiene esa competencia.
Al final, la defensa que la ministra Piña sostuvo –al igual que los ministros Ortiz Mena y Zaldívar– se centró en el respeto del parámetro de control de regularidad convencional, que no es otra cosa que entender que la Constitución y los pactos firmados por México internacionalmente en materia de derechos humanos conforman el llamado bloque de convencionalidad por medio del cual se han de interpretar las leyes –y regularizar sus aplicaciones–. De esta manera, cuando leemos en el artículo 1° “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…” y en la contradicción de tesis 293/2011 “En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”, no cabe la menor duda que condenar a prisión preventiva oficiosa sin tener una condena, ni pruebas del posible riesgo de fuga, no sólo es inconstitucional, sino una clara vulneración a los derechos humanos al convertirse en una pena anticipada –como la presunción de inocencia, acceso a la justicia y el respeto al debido proceso– tal como lo afirmó la ministra Piña.
En segundo lugar, dentro de la lucha por la igualdad, México tiene una gran deuda con las mujeres, por lo que sí resulta un hecho histórico encomiable que se haya designado, por primera vez, a una mujer que lidere la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, cabe mencionar que fue hasta 1961 cuando se designó a la primer mujer ministra, la jurista María Cristina Salmorán de Tamayo.
En tercer lugar, la ministra Piña se ha destacado por ser un freno al Poder Ejecutivo. Lo cual es, en mi opinión, una característica fundamental de cualquier servidora y servidor público –sobre todo, dentro del poder judicial–. Recordemos que una distinción esencial de la democracia convencional es su fuerte compromiso con la división de poderes. Nadie debe estar por encima de la ley y es tarea de la Suprema Corte –en tanto último intérprete de la Constitución mexicana– asegurar que el imperio de la ley prevalezca. Por ello, tener a la ministra Piña a la cabeza –alguien que se ha caracterizado por no ceder ante las presiones del presidente López Obrador ni de sus acosos mediáticos– es consolidar una auténtica defensa de nuestra democracia. En este sentido, recuerdo lo que Martin Luther King, en su defensa a los movimientos estudiantiles, explicó en su concepto de “paz negativa” entendida como la ausencia de tensiones sociales y políticas de los grupos vulnerados al aceptar las condiciones injustas. En contraposición, los protestantes de su época buscaban una verdadera paz, la cual “no es simplemente la ausencia de tensión, sino que es la presencia de justicia y fraternidad”. De esta manera, una sana democracia se construye del diálogo y la discusión, de ponerle un freno al poder para que ninguno de los tres salga de control. En palabras de Luis Villoro, “escapar del poder no equivale a aceptar la impotencia sino a no dejarse dominar por las múltiples maniobras del poder para prevalecer; es resistirlo”.
Estas son mis tres razones por las cuales considero que la designación de la nueva ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, ha sido un triunfo de nuestra democracia. Ahora, como ciudadanos, nos queda vigilar y atestiguar cómo se desempeña la nueva cara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1 Trayectoria consultada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/ministro/norma-lucia-pina-hernandez.
2“¿Quién es Norma Piña y cómo ha votado la primera presidenta de la SCJN?”, redacción de “El Sol de México”, lunes 2 de enero de 2023. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/quien-es-norma-pina-y-como-ha-votado-la-primera-presidenta-de-la-scjn-9410589.html
3Cabe mencionar que la ministra Piña sí votó en favor de la militarización.
4Sesión en vivo grabada en el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fkc51Cu-LUU."
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