La semana pasada se suscitó un robo a mano armada en el semáforo de la Calle de Tamarindos, entre Bosques y Santa Fe. Para los que vivimos en la capital y para mucha gente decir “Tamarindos” es sinónimo de situación económica y social alta, de elite y de exclusividad. Ubicado en la zona de Santa Fe, es una calle en donde el metro cuadrado vale una fortuna y solo se pueden dar el lujo de vivir ahí un sector muy selecto de la población.
El robo fue contra un automovilista. Casi en tiempo real empezaron a correr por todas las redes sociales videos que tomaron otros automovilistas desde sus coches y que publicaron para denunciar los hechos y exigir la inmediata respuesta de las autoridades.
Efectivamente, el mismo día ya había sido detenido el presunto ladrón. La policía apoyada por los testigos y por las cámaras de seguridad actuó de forma impecable y dio con el culpable quien, sin duda alguna, será juzgado y castigado con todo el peso de la ley. Lo anterior nos demuestra que cuando la sociedad y las autoridades gubernamentales se juntan, el resultado es siempre mayor eficiencia en la persecución y prevención del delito. Así la próxima vez los amantes de lo ajeno se la pensarán mejor antes de intentar asaltar a un importante miembro de la sociedad qué transita por la vida en un Mercedes Benz rojo por una de las calles más exclusivas de la ciudad.
El testimonio del presunto agredido circuló también por las redes sociales, sobre todo en los grupos y chats de WhatsApp. El afectado describe al ladrón como un muchachito de entre 15 y 16 años, muerto de miedo y totalmente preso de los nervios, que temblaba y tartamudeaba y fue por eso que el agredido incluso le aconsejó que se fuera corriendo nada más con su reloj.
De ninguna manera estoy a favor del robo ni de ningún tipo de acto vandálico, pero en la noche, ya en el silencio de mi recámara y con la cabeza sobre la almohada, no podía dejar de pensar que “a nadie le importa N”. Y es que “como quiera que se llame N”, no es ni siquiera un miembro de la sociedad, no pertenece a ninguna comunidad, tal vez ni siquiera tenga un registro o algún papel que lo identifique; “maldito ratero N” no tiene padres y seguramente paso sus 15 o 16 años viviendo debajo de algún Puente, o dentro de alguna coladera en el subsuelo de este México que se ufana de buscar justicia pronta y expedita para todos.
“Hijo de su madre N” come desperdicios encontrados en la basura, jamás ha tenido nada propio ni nuevo, seguramente ha sido violentado y abusado tantas veces que para él ya es parte de la vida; “Desgraciado malnacido N” no merece una oportunidad y debe ser aislado porque representa un peligro para la sociedad, como si “Pobre diablo N” alguna vez hubiese tenido la más mínima oportunidad de una vida distinta.
Este ladrón es seguramente hermano o primo o hijo o amigo o compañero de coladera de muchos otros “hijos de nadie” que a diario salen a asaltar gente de bien que se gana la vida con el sudor de su frente, a robar en las esquinas a automovilistas, pero también en los transportes públicos, a muchos otros “sin nombre” que se trasladan todos los días a sus trabajos en Microbuses, peseros, en el metro o en el cable bus o cualquier medio de transporte público. El 61% de los robos con violencia son a estas personas. Tan solo de enero a abril de 2022 se registraron 218 casos de víctimas en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
No he sabido nunca de una respuesta tan ágil y solidaria de la sociedad para estas personas que todos los días son despojadas de sus poquísimos artículos, de su celular y el poco dinero que lleven consigo y que seguramente al llegar a su trabajo después del trago amargo y el terrible susto sean reprimidos y castigados por sus patrones. Pocas veces he sabido de algún patrón o patrona que acompañe a su trabajador a denunciar el robo y que lo apoye mientras se le da seguimiento, por el contrario, de lo que sí me he enterado muchas veces es de la acusación como presunto culpable de alguno de sus trabajadores cuando algo les falta o sospechan que les han robado, independientemente de que pueda ser cierto o no. El primer acusado es siempre el trabajador, el migrante que pide ayuda en la esquina, la madre soltera que acude a hacer el aseo por unos cuantos pesos y hay una sola razón para ello: son pobres.
Seguramente muchos no estarán de acuerdo con mi punto de vista. Me tomarán por populista y resentida. No apruebo en ninguna modalidad el crimen. Lo único que de verdad quisiera con profunda inocencia, como un niño pide en sus oraciones de la noche la Paz mundial, es que la justicia, la indignación, el derecho al resarcimiento de daños, la confianza y la presunta inocencia sea la misma para todos.
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El exlegislador oaxaqueño es un prominente empresario gasolinero de la entidad con importantes contactos políticos y económicos que le ayudaron a evadirse de la justicia hasta su captura en abril de 2020. El PRI le hizo un tragicómico procedimiento para expulsarlo de sus filas partidistas, cuando el escándalo subió de tono y se volvió políticamente incorrecto para la alicaída institución política. Los abogados de Vera Carrizal han realizado toda clase de triquiñuelas legales para alargar el inicio del juicio, además de aprovechar la pandemia por Covid-19 para evitar que el proceso legal avance de forma natural. Es de conocimiento público que el acusado aunque sigue su proceso en el penal de San Francisco Tavinet, ha tratado de buscar que un juez, reclasifique el delito para poder ser liberado y se minimice el intento feminicida.
En el último intento por lograr la prisión preventiva para Vera Carrizal, el juez Téodulfo Pacheco Pacheco había dictaminado la prisión domiciliaria en contra de toda lógica y en detrimento de la seguridad de la sobreviviente del ataque con ácido. Ante el escándalo mediático del caso, la jueza de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Santiago Sánchez, dejó sin efecto la prisión domiciliaria del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que la saxofonista exigió la renuncia del juzgador Pacheco.
Dicho juzgador no le importó haber llevado el desaseado proceso de más de 60 horas, donde no se permitió a la víctima hacer uso de la palabra, levantarse al baño, sufrió tener que encarar vía electrónica a su agresor, tampoco se le permitió a la defensa el tiempo de revisión necesario de los números documentos que habrían sido fundamentales para otorgar la prisión domiciliaria al exlegislador priista, con la agravante de revelar datos que deberían haber sido confidenciales para la seguridad de la víctima.
El caso de intento de feminicidio llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el presunto agresor continuaba en el penal de Oaxaca, así como ofrecer que la Fiscalía General de la Nación pudiera coadyuvar en el terrible caso.
El mismo gobernador Salomón Jara se había manifestado en contra de la resolución del juez Pacheco al no dar una perspectiva de género a su fallo, sumado a la terrible imagen que deja en la ya muy deteriorada percepción de la justicia en México. Sobre todo en cuanto a feminicidios y violencia contra la mujer, ya que por desgracia, la revictimización y la falta de empatía es una regla en cada caso que se denuncia.
Como se recordará Rubicel H. R, extrabajador del exlegislador Vera Carrizal, declaró que acudió a la casa de la saxofonista para atacarla cobardemente al presentarse como cliente de la agencia de viajes instalada en su mismo domicilio. Mientras preguntaba por un trámite de visa, aprovecho su indefensión para verterle encima una cubeta con un litro de sustancia corrosiva que le dejó quemaduras a las que sobrevivió, pero que le mantienen en largos y dolorosos tratamientos. Juan Antonio Vera Hernández, hijo del legislador, está prófugo ya que se le considera coautor intelectual. Se mantienen presos Rubicel H.R, Ponciano H, Rubén L. C. El caso no había recibido la atención requerida hasta que la presión social hizo que la Fiscalía oaxaqueña actuara en contra de los agresores.
Los ataques con ácido contra las mujeres son los atentados más cobardes que existen dentro de los delitos que padecen las féminas en el país. Durante mucho tiempo el delito no estaba debidamente tipificado, su persecución se encontraba en el limbo jurídico, hasta que con la reforma de la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en octubre de 2022, existen mayores elementos para castigar tan lamentables atentados. A pesar de este avance, las adecuaciones siguen siendo insuficientes según ha expresado la misma María Elena Ríos.
El caso de la saxofonista oaxaqueña ha trascendido muchas fronteras y también ha visibilizado estos cobardes ataques contra las mujeres, el reclamo de justicia a muchas víctimas llegó hasta la popular banda de rock mexicano “La Maldita Vecindad”, que permitió a Ríos Ortiz participar en sus conciertos del Vive Latino y en la plancha del zócalo en julio del 2022.
En la alerta de género que existe a nivel nacional, los ataques con ácido son los más devastadores por su odio feminicida, así como las graves secuelas que dejan en las víctimas que los sobreviven. Sumado al terror psicológico del ataque padecido, las mujeres violentadas enfrentan una larga recuperación con tratamientos dolorosos, difíciles, con secuelas físicas que no siempre son superadas con éxito. Un rostro desfigurado por un arma química es un estigma injusto que las mujeres, bajo ninguna circunstancia, deberían enfrentar, ante la cobardía extrema de un feminicida que decide destruir la vida de una mujer, en la forma más despiadada y alevosa posible.
El caso de la saxofonista Ríos Ortiz debe ser emblemático para que la justicia le repare los años de lucha, sufrimiento, revictimización por parte de juzgadores cómplices y del sistema jurídico en general, que es un agresor más contra este tipo de víctimas. Las amenazas recibidas por el presunto culpable son intolerables y demuestran que nuestro sistema judicial no atiende las demandas de justicia de sus mujeres que tienen la desdicha de padecer agresiones e intentos de feminicidio que cuestan la vida a más de 10 mujeres cada día. El estado de indefensión que desde hace varios sexenios, padecen nuestras ciudadanas mexicanas se ha prologado de forma impune y es la amenaza más grande al debilitado tejido social."
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