¿Está la Justicia por encima del Derecho?

Los Juicios de Nuremberg establecieron de una vez por todas la posibilidad de leyes injustas y de regímenes injustos.

3 de febrero, 2023 amlo y la justicia

En diversas ocasiones ha dicho el presidente López Obrador que la Justicia está por encima del Derecho, que si hay que escoger entre la ley y la justicia, desde luego habría que optar por la justicia. Los opositores critican esta postura, a pesar de que muchos de ellos son abogados que estudiaron en algunas de las escuelas y facultades más importantes del país, y hasta del extranjero, de modo que tendrían que saber que si hay contradicción entre el orden normativo y la justicia, hay que decantarse por la justicia. 

Casi todos los que estudiaron y hoy en día estudian Derecho en México, han recibido y reciben una formación basada en el pensamiento del jurista austríaco Hans Kelsen, autor de la muy célebre Teoría Pura del Derecho. Esta doctrina postula que el jurista debe desprenderse de toda consideración ajena al derecho positivo, es decir, el ordenamiento normativo vigente en un determinado Estado. 

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Un jurista debe analizar exclusivamente si se actualizó o no el supuesto de la norma, y en tal virtud, si se generan o no consecuencias jurídicas. Si se desvía la atención haciendo consideraciones morales, filosóficas, axiológicas, políticas, religiosas, sociológicas, etcétera, el jurista entrará al terreno de la especulación. Kelsen observa que la justicia es subjetiva, es decir, depende de la opinión y del parecer de las personas, lo mismo que la moral y los valores (axiología); y ni hablar de política y religión. Por lo tanto no hay que considerar si una norma jurídica es justa o no, pues eso es especulativo, sino si es válida o no conforme al sistema. La “justicia” de las normas no importa. Lo que es fundamental es su “validez”. 

La norma puede gustar o no (el agrado es cuestión totalmente subjetiva), puede compaginar o no con una cosmovisión personal (por demás también subjetiva), puede apegarse o ir a contrapelo de una cierta noción de justicia o de una doctrina política o religión. Nada importa. Lo único que interesa es que sea válida, es decir, que esté fundada y sostenida en una norma superior, y ésta en otra todavía más alta, hasta llegar a la constitución, fuente de validez de todo el sistema normativo. Las normas que no pueden sustentarse o justificarse así, son eliminadas por el propio sistema. 

El positivismo jurídico fue durante la primera mitad del siglo XX la corriente imperante en prácticamente todas las instituciones en donde se enseñaba Derecho, tanto en Europa como en América, si bien en el ámbito anglosajón existieron también doctrinas alternativas. Kelsen fue por mucho el jurista más influyente en la primera mitad del siglo XX. La idea de un derecho natural (iusnaturalismo) –doctrina emparentada con la filosofía griega, el derecho romano y el pensamiento católico fue ridiculizada y despreciada por el pensamiento científico. Pero de repente todo cambió. 

Me parece que el problema de la relación entre la justicia y el derecho positivo fue resuelto en definitiva tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces quedó claro –como habían postulado muchos filósofos griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles), juristas y pensadores romanos (Cicerón, Séneca) e intelectuales cristianos (San Agustín, Santo Tomás de Aquino)– que la justicia está por encima de la ley. Es más, la justicia de la norma jurídica es uno de sus elementos esenciales, de tal suerte que la ley injusta no es ley, sino violencia institucionalizada. 

La prueba de que la justicia no es la ley y de que está por encima de la ley, son las leyes “injustas”, que, como acabo de sugerir, no son propiamente leyes, sino instrumentos para institucionalizar la violencia. Desde el momento en que podemos calificar de injusta una ley o todo un sistema jurídico, desde ese momento estamos afirmando la preeminencia de la justicia sobre el derecho. Si no fuera así, no podríamos decir que las Leyes de Nuremberg de 1933 (las tristemente célebres leyes racistas de los nazis que degradaban a los judíos e incluso prohibían a los “alemanes puros” sostener coito con judíos), además de abiertamente injustas, eran una aberración. Al final de la guerra, los criminales nazis intentaron justificar sus fechorías amparándose en dos cuestiones: 1) que obedecían órdenes superiores, y 2) que el ordenamiento legal los obligaba. Por fortuna los juristas que participaron en los Juicios de Nuremberg no siguieron la doctrina de Kelsen, según la cual todo habría sido legal. Por el contrario, los Juicios de Nuremberg establecieron de una vez por todas la posibilidad de leyes injustas y de regímenes injustos. Los principales jerarcas nazis fueron condenados a muerte. 

No pecaré de ingenuo como para no darme cuenta de que la justicia como ideología –es decir, la justicia tergiversada– ha sido fuente de grandes crímenes. Por eso hay que tener extremo cuidado con el tema de la justicia. Sin entrar en detalles y explicaciones extensas, por fortuna tenemos un parámetro objetivo, inobjetable, incuestionable, claro y preciso para delimitar la justicia: los derechos humanos (el ius, diría el neorrealismo jurídico: esfera jurídica primigenia y originaria, fuente de todo derecho –los vocablos latinos iustitia e ius están emparentados; no confundir ius con lex). 

No lo que un particular crea, según sus ideas, que son los derechos humanos, sino los instrumentos internacionales en la materia. Por encima de la constitución mexicana están los derechos humanos. La justicia no es, pues, cuestión de opinión, como creía Kelsen, sino cuestión técnica y objetiva. Mucho menos es cuestión de gustos ni de cosmovisiones ni de religión.  

No quiero polemizar sobre lo que dijo el presidente. Simplemente sostengo que en el fondo es cierto: la Justicia está por encima del Derecho (sistema normativo). Seguramente el presidente sabe que la justicia puede ideologizarse, politizarse y tergiversarse –todo parece indicar que él mismo lo hace–, y que en su nombre se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ignoro si el presidente sabe que la justicia está orientada por los derechos humanos, de modo que tampoco la justicia es algo que se pueda manejar caprichosamente. También sé que algunos juristas y filósofos tendrán ideas alternativas sobre la justicia. De ahí la importancia del diálogo y la riqueza de los debates.

Comentarios


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  1. Que se admitan y tramiten como asuntos de resolución prioritaria de acuerdo al artículo 94 de NUESTRA CONSTITUCIÓN.
  2. Toda vez que las ministras Esquivel y Ortiz están impedidas de acuerdo al artículo 39, fracciones V y XVII del Código Federal de Procedimientos Civiles, deben RECUSARLAS con base en el artículo 47 del mismo Código. 
  3. Obviamente deben pedir  la suspensión que impida la entrada en vigor de las leyes violatorias, como ya ocurrió con el MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYAN que decretó la suspensión de  las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación en Estado de México y Coahuila, donde ya inició el proceso electoral.
YASMIN ESQUIVEL MOSSA está impedida porque tanto ella como  su marido tienen con López Obrador una relación de inocultable cercanía, pero además… José Maria Rioboo es DONANTE de AMLO además de ser SU ACREEDOR Y SU DEUDOR en los contratos que le han sido asignados al estilo 4T, SIN LICITACIÓN. LORETTA ORTIZ AHLF está impedida porque su esposo José Agustín Ortiz Pinchetti, es NADA MENOS que FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES y tanto él como Loretta tienen una muy cercana relación de intimidad  con el tabasqueño.  La suspensión decretada por el Ministro Pérez Dayán ha impedido que AMLO maniobre a sus anchas en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Por cierto que la alianza opositora debería presentar una denuncia penal formal contra Delfina Gómez Alvarez, ante el Fiscal de Delitos Electorales Ortiz Pinchetti, OFRECIENDO COMO PRUEBA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL QUE RESOLVIÓ EN DEFINITIVA QUE LA MAESTRA DELFINA GÓMEZ incurrió conductas ilícitas al robarse  el 10%  del salario de los trabajadores municipales en TEXCOCO  cuando ella fue presidente municipal. No es admisible que una DELINCUENTE ELECTORAL como DELFINA GOMEZ, sea premiada con la candidatura a gobernar el estado más importante de la República. Dada la sumisión de las ministras Esquivel y Ortiz ante las imposiciones de López Obrador, ES IMPENSABLE QUE SE EXCUSEN DE PROPIA INICIATIVA y se abstengan de coparticipar en la COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS encabezada por el tabasqueño para burlar y violar la Constitución.  Es por eso que resulta indispensable que SEAN RECUSADAS, haciendo valer los impedimentos que pesan sobre ellas. El artículo 105, fracción II, inciso i de la constitución Federal exige OCHO VOTOS PARA PODER INVALIDAR UNA LEY INCONSTITUCIONAL, Si no se logran los OCHO VOTOS declarándola inconstitucional, EL PLAN B ELECTORAL no será invalidado con alcance general en toda la República, y López Obrador podrá utilizarlo a su gusto, como ha hecho con la LEY BARTLETT DE ELECTRICIDAD. LO ESENCIAL PARA PRESERVAR NUESTRA INCIPIENTE Y DÉBIL DEMOCRACIA, ES QUE EL PLAN B DE LOPEZ OBRADOR SEA DENUNCIADO COMO UNA COALICIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS LAS MINISTRAS IMPEDIDAS (YASMIN ESQUIVEL Y LORETTA ORTIZ) no deben ni pueden participar en forma alguna ni mucho menos emitir su voto para resolver sobre EL PLAN B ELECTORAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede pasar por alto el hecho de que el PLAN B ELECTORAL es una maquinación delictiva inadmisible, urdida A SABIENDAS DE QUE VIOLA LA CONSTITUCIÓN. La Presidente de la Suprema Corte, tiene facultades incluso, para dar vista al Ministerio Público Federal, PORQUE EL PLAN B ELECTORAL tipifica el delito de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS de acuerdo al artículo 216 del Código Penal Federal. De la autonomía, imparcialidad, independencia, patriotismo y valentía de los ministros de la Suprema Corte, depende que México recupere el estado de derecho, o que predomine el criterio de que LA LEY ES COSA DE CUENTO. Por cuanto hace a los ministros Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar, es probable que hagan cuentas y piensen dos veces antes de secundar el fraude inconstitucional urdido desde Palacio Nacional, porque sea quien sea que ocupe la Presidencia de la República a partir de 2024, CUANDO AMLO YA NO TENGA FUERO NI PODER, las lealtades ciegas  morirán como lo predijo atinadamente Porfirio Muñoz Ledo. De  manera que Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar probablemente recapaciten, para no tener que responder penalmente, considerando que los vientos de la política nunca han sido meteorológicamente predecibles.

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  Sin embargo, como en cualquier organización, puede haber masones que se comporten de manera negativa o tengan motivos egoístas. Ha sido objeto de controversia y criticada por algunos grupos religiosos, políticos y sociales que la ven como una organización secreta y elitista que promueve una agenda oculta. Juárez se unió a la masonería en 1833, cuando aún era un joven abogado en su ciudad natal de Oaxaca. Se unió a la Logia Esperanza No. 9, que se encontraba en el mismo edificio que su despacho. La masonería era entonces una organización secreta, y se cree que Juárez se unió a ella para avanzar en su carrera política.  Fue una influencia importante en su vida, muchos de sus amigos y colegas también eran masones. Durante su carrera política, Juárez se convirtió en un defensor de los ideales masónicos de libertad, igualdad y fraternidad. La masonería también le proporcionó un grupo de apoyo y una red de contactos políticos que le ayudaron a ascender en el gobierno. En 1861, el Papa Pío IX emitió una bula papal conocida como el Syllabus, que condenaba la masonería y otras organizaciones secretas. Esto llevó a la Iglesia Católica a denunciar públicamente a los masones en México y a intentar desacreditar al gobierno de Juárez. A pesar de estos desafíos, Juárez se mantuvo fiel a sus ideales masónicos y continuó defendiendo la separación de la Iglesia y el Estado. Otra de sus grandes contribuciones fue la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México, promovió la educación y la alfabetización en las lenguas indígenas, lo que ayudó a preservar la rica cultura y diversidad del país. Además de su trabajo político, Juárez también es conocido por su famosa frase: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". Esta frase ha sido utilizada como un llamado a la justicia y la igualdad en todo el mundo. En última instancia, la valoración de la masonería dependerá de la perspectiva individual y de las experiencias de cada persona con la organización. Como en cualquier otra institución, es importante investigar y comprender sus principios, objetivos y prácticas antes de formar una opinión sobre ella.  

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No es cosa de tres, ¡sino de CUATRO! (ruizhealytimes.com) LÓPEZ OBRADOR ES TÉCNICAMENTE EL AUTOR INTELECTUAL porque ha sido él quien ha urdido el  plan y lo ha puesto en marcha, dándoles instrucciones a sus cómplices.  LA COMPLICIDAD DE LOS LEGISLADORES DE MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO VERDE, se aprecia  con tan sólo leer los documentos parlamentarios QUE DEMUESTRAN QUE, SUS DIPUTADOS Y SENADORES aprueban las iniciativas de López Obrador SIN CAMBIARLES NI UNA COMA. Se confirma su complicidad con las múltiples ocasiones que López Obrador LES HA ORDENADO PÚBLICAMENTE NO CAMBIAR EN NADA SUS INICIATIVAS. Las aprueban sin discutirlas ni siquiera entre ellos, y saltándose protocolos y procedimientos propios de un PODER LEGISLATIVO INDEPENDIENTE. Los legisladores oficialistas han REDUCIDO EL CONGRESO DE LA UNION A UNA SIMPLE OFICIALÍA DE PARTES EL EJECUTIVO FEDERAL. El Poder Legislativo a partir de  2018, concuerda con el Poder Legislativo descrito por FRANCISCO I. MADERO en su PLAN DE SAN LUIS de 1910, donde dijo lo siguiente: “…TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL JUDICIAL ESTÁN COMPLETAMENTE SUPEDITADOS AL EJECUTIVO… LOS JUECES, EN VEZ DE SER LOS REPRESENTANTES DE LA JUSTICIA, SON AGENTES DEL EJECUTIVO, CUYOS INTERESES SIRVEN FIELMENTE; LAS CÁMARAS DE LA UNIÓN NO TIENEN OTRA VOLUNTAD QUE LA DEL DICTADOR; LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS SON DESIGNADOS POR ÉL Y ELLOS A SU VEZ DESIGNAN E IMPONEN DE IGUAL MANERA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.” En mi artículo titulado “LOS CÓMPLICES DE AMLO Y SU PLAN B”, publicado en este espacio el lunes pasado, dije y sostengo que la única razón por la cual Yasmín Esquivel permanece aferrada a la usurpación de su cargo en la Corte, ES PARA IMPEDIR QUE SE SUMEN LOS OCHO VOTOS NECESARIOS PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL PLAN BE ELECTORAL DE MANERA GENERAL. Así lo hizo ESQUIVEL al votar junto a LORETTA ORTIZ, ALFREDO GUTIERREZ y ARTURO ZALDÍVAR para imponer la LEY BARTLETT en materia eléctrica. ¿Qué es lo que deben hacer los mexicanos que van a presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra EL RESTO DE LEYES INCONSTITUCIONALES que integran el PLAN GOLPISTA DE LÓPEZ OBRADOR? No me cabe duda de que, los legisladores de oposición, partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral, al presentar sus acciones de inconstitucionalidad o sus controversias constitucionales pedirán lo siguiente:
  1. Que se admitan y tramiten como asuntos de resolución prioritaria de acuerdo al artículo 94 de NUESTRA CONSTITUCIÓN.
  2. Toda vez que las ministras Esquivel y Ortiz están impedidas de acuerdo al artículo 39, fracciones V y XVII del Código Federal de Procedimientos Civiles, deben RECUSARLAS con base en el artículo 47 del mismo Código. 
  3. Obviamente deben pedir  la suspensión que impida la entrada en vigor de las leyes violatorias, como ya ocurrió con el MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYAN que decretó la suspensión de  las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación en Estado de México y Coahuila, donde ya inició el proceso electoral.
YASMIN ESQUIVEL MOSSA está impedida porque tanto ella como  su marido tienen con López Obrador una relación de inocultable cercanía, pero además… José Maria Rioboo es DONANTE de AMLO además de ser SU ACREEDOR Y SU DEUDOR en los contratos que le han sido asignados al estilo 4T, SIN LICITACIÓN. LORETTA ORTIZ AHLF está impedida porque su esposo José Agustín Ortiz Pinchetti, es NADA MENOS que FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES y tanto él como Loretta tienen una muy cercana relación de intimidad  con el tabasqueño.  La suspensión decretada por el Ministro Pérez Dayán ha impedido que AMLO maniobre a sus anchas en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Por cierto que la alianza opositora debería presentar una denuncia penal formal contra Delfina Gómez Alvarez, ante el Fiscal de Delitos Electorales Ortiz Pinchetti, OFRECIENDO COMO PRUEBA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL QUE RESOLVIÓ EN DEFINITIVA QUE LA MAESTRA DELFINA GÓMEZ incurrió conductas ilícitas al robarse  el 10%  del salario de los trabajadores municipales en TEXCOCO  cuando ella fue presidente municipal. No es admisible que una DELINCUENTE ELECTORAL como DELFINA GOMEZ, sea premiada con la candidatura a gobernar el estado más importante de la República. Dada la sumisión de las ministras Esquivel y Ortiz ante las imposiciones de López Obrador, ES IMPENSABLE QUE SE EXCUSEN DE PROPIA INICIATIVA y se abstengan de coparticipar en la COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS encabezada por el tabasqueño para burlar y violar la Constitución.  Es por eso que resulta indispensable que SEAN RECUSADAS, haciendo valer los impedimentos que pesan sobre ellas. El artículo 105, fracción II, inciso i de la constitución Federal exige OCHO VOTOS PARA PODER INVALIDAR UNA LEY INCONSTITUCIONAL, Si no se logran los OCHO VOTOS declarándola inconstitucional, EL PLAN B ELECTORAL no será invalidado con alcance general en toda la República, y López Obrador podrá utilizarlo a su gusto, como ha hecho con la LEY BARTLETT DE ELECTRICIDAD. LO ESENCIAL PARA PRESERVAR NUESTRA INCIPIENTE Y DÉBIL DEMOCRACIA, ES QUE EL PLAN B DE LOPEZ OBRADOR SEA DENUNCIADO COMO UNA COALICIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS LAS MINISTRAS IMPEDIDAS (YASMIN ESQUIVEL Y LORETTA ORTIZ) no deben ni pueden participar en forma alguna ni mucho menos emitir su voto para resolver sobre EL PLAN B ELECTORAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede pasar por alto el hecho de que el PLAN B ELECTORAL es una maquinación delictiva inadmisible, urdida A SABIENDAS DE QUE VIOLA LA CONSTITUCIÓN. La Presidente de la Suprema Corte, tiene facultades incluso, para dar vista al Ministerio Público Federal, PORQUE EL PLAN B ELECTORAL tipifica el delito de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS de acuerdo al artículo 216 del Código Penal Federal. De la autonomía, imparcialidad, independencia, patriotismo y valentía de los ministros de la Suprema Corte, depende que México recupere el estado de derecho, o que predomine el criterio de que LA LEY ES COSA DE CUENTO. Por cuanto hace a los ministros Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar, es probable que hagan cuentas y piensen dos veces antes de secundar el fraude inconstitucional urdido desde Palacio Nacional, porque sea quien sea que ocupe la Presidencia de la República a partir de 2024, CUANDO AMLO YA NO TENGA FUERO NI PODER, las lealtades ciegas  morirán como lo predijo atinadamente Porfirio Muñoz Ledo. De  manera que Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar probablemente recapaciten, para no tener que responder penalmente, considerando que los vientos de la política nunca han sido meteorológicamente predecibles.

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