Encuestas e infamia

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7 de julio, 2021

En el programa de Ciro Gómez Leyva, durante el periodo electoral, se mostraron unas encuestas de la casa encuestadora México Elige. Estas fallaron cuando menos en cuatro entidades que mostraban desventaja para Morena. Hace pocos días en su noticiero,  por medio de una llamada telefónica al aire del Director de México Elige, Sergio Zaragoza, se insinuó abiertamente algo muy grave: que en esos estados, simple y llanamente hubo una operación de COMPRA DE VOTOS, por parte de dirigentes partidistas, deslizando también la sugerencia sutil y envenenada del crimen organizado en contubernio, el domingo 6 de junio de la elección.

     No debemos olvidar la encuesta más envenenada de la Historia de este país, la del año 2012, donde ponía al entonces candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador en sitios muy por debajo de la intención real de voto de la ciudadanía. Se equivocó y su reacción fue simple y sencillamente una cínica disculpa pública, con su ceja burlona y odiosa incluida antes de cambiarse de empresa de medios, como si nada hubiera pasado. Por supuesto que dicha encuesta, a la postre, sí influyó en las elecciones y sus resultados.

     Me parece que ahora, en vez de ofrecer  otra disculpa cínica, ofrecieron una explicación sin ninguna base probatoria y de una gravedad tremenda. Ya su veneno tilda los triunfos de MORENA en cuatro gubernaturas a la vulgar compra de votos por el partido del presidente, y no solo eso, sino con el lujo de afirmar que, de menos, con el conocimiento de la delincuencia organizada. Debido a la gravedad de los delitos electorales, estos señores estarían ahora OBLIGADOS a sustentar sus dichos (así sean meras especulaciones) ante las autoridades correspondientes, y de no hacerlo, alguna consecuencia jurídica se adivinaría como algo lógico y natural.

     Uno de los errores del presidente, a decir de no pocos, ha sido el tolerar el franco “libertinaje de expresión” que han degenerado en casos como el aquí comentado donde, desde la comodidad de un micrófono, se insulta al electorado de dichas entidades que expresaron su mayoritaria voluntad. No es gratuito el reciente anuncio de una sección semanal en las conferencias mañaneras presidenciales, para señalar el “quién es quién” en las mentiras o información engañosa en los medios”. Caso parecido es el del show protagonizado por el gobernador de Michoacán hace una semana, quien pretendió denunciar actos parecidos no en la Fiscalía contra delitos electorales ni en la Fiscalia General de la República, sino en un salón de Palacio Nacional, que el Ejecutivo utiliza para brindar información a la prensa.

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El presupuesto público tanto federal como estatal no presenta grandes modificaciones  y los incrementos salariales se mantienen en los mismos márgenes porcentuales que en regímenes anteriores.  Al interior de las universidades e institutos de nivel superior, las políticas de asignación de recursos para las diferentes instancias se mantienen con incrementos mínimos y se vuelven rígidas como respuesta a los procesos de auditorías y controles del gasto público que se han establecido por los diferentes niveles de gobierno.  Junto con estas condiciones, variables como la necesidad de incrementar los servicios educativos de nivel superior, el reto de incorporar a más jóvenes a la escolaridad superior e incluso posgrados, la cantidad de profesores que ingresan al sistema de pensiones y jubilaciones así como de mejorar la infraestructura, meten presión a la parte financiera del sistema de educación superior y a las finanzas públicas en general.  ¿Qué hacer? ¿Cómo se ha dado respuesta a estos problemas durante los últimos años? ¿Es viable mantener un sistema de financiamiento como el que se ha construido?  El sistema de educación superior se sostiene en lo económico fundamentalmente en dos líneas: el financiamiento público y los programas de generación de recursos propios que por medio de mecanismos como: cuotas estudiantiles, venta de servicios y venta de cursos de capacitación y actualización, sustentados en los marcos normativos internos de las instituciones públicas de educación superior, generan recursos para el mantenimiento de la infraestructura enfocada a atención a estudiantes. Desde mediados de la década de los noventa, inició el crecimiento de los programas de recursos propios mediante las participaciones estudiantiles vía cuotas que, se amarraron al salario mínimo. Posteriormente la oferta de servicios a la comunidad como servicios psicológicos, contables, fiscales y desarrollo de proyectos así como cursos de actualización profesional o de desarrollo educativo permitió que el flujo capital hacia algunas instituciones se incrementara, reflejándose en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para docencia.  Desde el momento mismo de la construcción de leyes donde se autorizaba el cobro de cuotas a los estudiantes para su ingreso, reinscripción y servicios adicionales como idiomas, titulación y expedición de documentos, entre otras más, hubo voces discordantes y movimientos de protesta que poco a poco se fueron apagando por distintos factores, como el uso de la fuerza por parte del Estado, el reacomodo al interior de las instituciones o bien, la natural transición generacional. El argumento para generar la participación financiera de los estudiantes y de la comunidad a partir de la venta de servicios fue que por el crecimiento de las instituciones de educación superior y los impactos de las crisis económicas en las finanzas públicas se volvía crítico para el estado ser la única fuente de financiamiento.  Al margen de lo válido tanto en el pasado como en la actualidad de la argumentación, resultó ser trascendental, permitió el desarrollo de programas de generación de recursos propios donde estudiantes se incorporaron a los diferentes despachos de servicios para desarrollar prácticas e impactó también en actividades de vinculación con diferentes sectores sociales e instituciones.  De cualquier forma el tema sigue siendo álgido. La base filosófica de la educación superior gratuita además de ser ley, es un criterio que permanece con mucha raíz dentro de los cuerpos docentes y estudiantiles universitarios por lo que se considera el cobro a estudiantes como un factor que contraviene el principio de gratuidad de la educación superior.  ¿Qué factores vuelven más complejo el tema del financiamiento de la educación superior? La resistencia de personal universitario a la venta de servicios y vinculación con el sector empresarial lo que mejoraría la gestión de recursos e incrementaría la cantidad de recursos financieros disponibles. La perspectiva filosófica de la educación gratuita y alejada de la visión capitalista genera acciones que limitan el desarrollo de algunos indicadores.  La diversidad de subsistemas educativos a nivel superior, lo que deviene en diferentes formas de gobierno, algunas son autónomas, otras no, otras dependen de los diferentes estados que integran la federación mientras que otras son atendidas por el gobierno federal.  La diversidad de estructuras jurídicas y la complejidad de las interacciones específicas de cada institución debida a condiciones históricas y culturales diversas.  La inexistencia de una visión estratégica para la educación superior, como se ha planteado incluso en documentos oficiales, lo que implica la ausencia de una política pública clara, en particular en lo referente al financiamiento. 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Después de las lluvias, los baches

Todos hemos sufrido en carne propia esta desatención de un tema tan elemental.

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