En 2022, empleo asegurado en Puebla creció 2.8%: Economía

En 2022, Puebla sumó 17 mil 013 empleos con seguridad social registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un crecimiento del 2.8 por ciento en comparación con 2021, informa la Secretaría de...

6 de enero, 2023

En 2022, Puebla sumó 17 mil 013 empleos con seguridad social registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un crecimiento del 2.8 por ciento en comparación con 2021, informa la Secretaría de Economía con base en registros de ese sistema de seguridad social.

Los sectores de comercio con 7 mil 488 empleos netos, transporte y comunicaciones con 3 mil 488, industria de la transformación con 3 mil 447 registros y, servicios sociales y comunales con 2 mil 479 puestos, fueron los de mayores saldos positivos en el balance de ocupaciones generadas en 2022.

Además, desde marzo 2020 (cuando inició la pandemia) el acumulado histórico de ocupaciones registradas en la entidad se ubicó en 628 mil 792, consolidándose en el último trimestre del año anterior.

A nivel nacional, el IMSS registró una creación de 752 mil 748 puestos netos, de los cuales Puebla aportó el 2.26 por ciento.

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No es cosa de tres, ¡sino de CUATRO! (ruizhealytimes.com) LÓPEZ OBRADOR ES TÉCNICAMENTE EL AUTOR INTELECTUAL porque ha sido él quien ha urdido el  plan y lo ha puesto en marcha, dándoles instrucciones a sus cómplices.  LA COMPLICIDAD DE LOS LEGISLADORES DE MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO VERDE, se aprecia  con tan sólo leer los documentos parlamentarios QUE DEMUESTRAN QUE, SUS DIPUTADOS Y SENADORES aprueban las iniciativas de López Obrador SIN CAMBIARLES NI UNA COMA. Se confirma su complicidad con las múltiples ocasiones que López Obrador LES HA ORDENADO PÚBLICAMENTE NO CAMBIAR EN NADA SUS INICIATIVAS. Las aprueban sin discutirlas ni siquiera entre ellos, y saltándose protocolos y procedimientos propios de un PODER LEGISLATIVO INDEPENDIENTE. Los legisladores oficialistas han REDUCIDO EL CONGRESO DE LA UNION A UNA SIMPLE OFICIALÍA DE PARTES EL EJECUTIVO FEDERAL. El Poder Legislativo a partir de  2018, concuerda con el Poder Legislativo descrito por FRANCISCO I. MADERO en su PLAN DE SAN LUIS de 1910, donde dijo lo siguiente: “…TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL JUDICIAL ESTÁN COMPLETAMENTE SUPEDITADOS AL EJECUTIVO… LOS JUECES, EN VEZ DE SER LOS REPRESENTANTES DE LA JUSTICIA, SON AGENTES DEL EJECUTIVO, CUYOS INTERESES SIRVEN FIELMENTE; LAS CÁMARAS DE LA UNIÓN NO TIENEN OTRA VOLUNTAD QUE LA DEL DICTADOR; LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS SON DESIGNADOS POR ÉL Y ELLOS A SU VEZ DESIGNAN E IMPONEN DE IGUAL MANERA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.” En mi artículo titulado “LOS CÓMPLICES DE AMLO Y SU PLAN B”, publicado en este espacio el lunes pasado, dije y sostengo que la única razón por la cual Yasmín Esquivel permanece aferrada a la usurpación de su cargo en la Corte, ES PARA IMPEDIR QUE SE SUMEN LOS OCHO VOTOS NECESARIOS PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL PLAN BE ELECTORAL DE MANERA GENERAL. Así lo hizo ESQUIVEL al votar junto a LORETTA ORTIZ, ALFREDO GUTIERREZ y ARTURO ZALDÍVAR para imponer la LEY BARTLETT en materia eléctrica. ¿Qué es lo que deben hacer los mexicanos que van a presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra EL RESTO DE LEYES INCONSTITUCIONALES que integran el PLAN GOLPISTA DE LÓPEZ OBRADOR? No me cabe duda de que, los legisladores de oposición, partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral, al presentar sus acciones de inconstitucionalidad o sus controversias constitucionales pedirán lo siguiente:
  1. Que se admitan y tramiten como asuntos de resolución prioritaria de acuerdo al artículo 94 de NUESTRA CONSTITUCIÓN.
  2. Toda vez que las ministras Esquivel y Ortiz están impedidas de acuerdo al artículo 39, fracciones V y XVII del Código Federal de Procedimientos Civiles, deben RECUSARLAS con base en el artículo 47 del mismo Código. 
  3. Obviamente deben pedir  la suspensión que impida la entrada en vigor de las leyes violatorias, como ya ocurrió con el MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYAN que decretó la suspensión de  las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación en Estado de México y Coahuila, donde ya inició el proceso electoral.
YASMIN ESQUIVEL MOSSA está impedida porque tanto ella como  su marido tienen con López Obrador una relación de inocultable cercanía, pero además… José Maria Rioboo es DONANTE de AMLO además de ser SU ACREEDOR Y SU DEUDOR en los contratos que le han sido asignados al estilo 4T, SIN LICITACIÓN. LORETTA ORTIZ AHLF está impedida porque su esposo José Agustín Ortiz Pinchetti, es NADA MENOS que FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES y tanto él como Loretta tienen una muy cercana relación de intimidad  con el tabasqueño.  La suspensión decretada por el Ministro Pérez Dayán ha impedido que AMLO maniobre a sus anchas en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Por cierto que la alianza opositora debería presentar una denuncia penal formal contra Delfina Gómez Alvarez, ante el Fiscal de Delitos Electorales Ortiz Pinchetti, OFRECIENDO COMO PRUEBA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL QUE RESOLVIÓ EN DEFINITIVA QUE LA MAESTRA DELFINA GÓMEZ incurrió conductas ilícitas al robarse  el 10%  del salario de los trabajadores municipales en TEXCOCO  cuando ella fue presidente municipal. No es admisible que una DELINCUENTE ELECTORAL como DELFINA GOMEZ, sea premiada con la candidatura a gobernar el estado más importante de la República. Dada la sumisión de las ministras Esquivel y Ortiz ante las imposiciones de López Obrador, ES IMPENSABLE QUE SE EXCUSEN DE PROPIA INICIATIVA y se abstengan de coparticipar en la COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS encabezada por el tabasqueño para burlar y violar la Constitución.  Es por eso que resulta indispensable que SEAN RECUSADAS, haciendo valer los impedimentos que pesan sobre ellas. El artículo 105, fracción II, inciso i de la constitución Federal exige OCHO VOTOS PARA PODER INVALIDAR UNA LEY INCONSTITUCIONAL, Si no se logran los OCHO VOTOS declarándola inconstitucional, EL PLAN B ELECTORAL no será invalidado con alcance general en toda la República, y López Obrador podrá utilizarlo a su gusto, como ha hecho con la LEY BARTLETT DE ELECTRICIDAD. LO ESENCIAL PARA PRESERVAR NUESTRA INCIPIENTE Y DÉBIL DEMOCRACIA, ES QUE EL PLAN B DE LOPEZ OBRADOR SEA DENUNCIADO COMO UNA COALICIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS LAS MINISTRAS IMPEDIDAS (YASMIN ESQUIVEL Y LORETTA ORTIZ) no deben ni pueden participar en forma alguna ni mucho menos emitir su voto para resolver sobre EL PLAN B ELECTORAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede pasar por alto el hecho de que el PLAN B ELECTORAL es una maquinación delictiva inadmisible, urdida A SABIENDAS DE QUE VIOLA LA CONSTITUCIÓN. La Presidente de la Suprema Corte, tiene facultades incluso, para dar vista al Ministerio Público Federal, PORQUE EL PLAN B ELECTORAL tipifica el delito de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS de acuerdo al artículo 216 del Código Penal Federal. De la autonomía, imparcialidad, independencia, patriotismo y valentía de los ministros de la Suprema Corte, depende que México recupere el estado de derecho, o que predomine el criterio de que LA LEY ES COSA DE CUENTO. Por cuanto hace a los ministros Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar, es probable que hagan cuentas y piensen dos veces antes de secundar el fraude inconstitucional urdido desde Palacio Nacional, porque sea quien sea que ocupe la Presidencia de la República a partir de 2024, CUANDO AMLO YA NO TENGA FUERO NI PODER, las lealtades ciegas  morirán como lo predijo atinadamente Porfirio Muñoz Ledo. De  manera que Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar probablemente recapaciten, para no tener que responder penalmente, considerando que los vientos de la política nunca han sido meteorológicamente predecibles.

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  • Acciones de regularización de inmuebles afectados incluyendo los títulos de propiedad.
  • Convenios de concertación.
  • Otorgamiento de facilidades administrativas
  • Exención de pagos por derechos, impuestos y contribuciones.
  • Asignación de notarías para edificios unifamiliares y/o multifamiliares.
Modelos de atención a damnificados:
  • Registro del inmueble afectado en un censo.
  • Emisión de constancias de acreditación de daños.
  • Acreditación de la propiedad, legitima posesión en una mesa legal.
A más de 5 años del sismo, ¿cuáles son los avances? En materia de vivienda unifamiliar, se cuantificaron en la CDMX 10,743, de las que  7,603 están concluidas y entregadas, lo que significa el 70.77%. Aún quedan 1607 por concluir y 1,533 inmuebles están por iniciar obra. En el caso de vivienda multifamiliar, reportaron la entrega de 267 edificios es decir 5170 departamentos, lo que significa que quedan aún más del 20% de edificios por terminar. En cuanto a edificios que constituyen patrimonio cultural e histórico de la ciudad, la Comisión está trabajando en 18 de los 21 templos e iglesias afectados sin reportar ninguna obra concluida. Es decir, que el 30%  o más del programa en la CDMX o esta atrasado o no se ha iniciado. Percepción de los damnificados A partir de la fecha de constitución de la Comisión de Reconstrucción, se dijo que las obras estarían terminadas en 2 años, llevamos cinco y ese retraso hace considerar a los afectados que el programa es un “fracaso”. Los miles de desplazados aún sin respuesta, frustrados, creen que “nunca” volverán a su casa. Si bien puede aducirse que la pandemia provocó un freno significativo a los trabajos, el fondo del problema es la falta de recursos que se refleja en la queja constante de los proveedores de diversa índole.

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  2. Toda vez que las ministras Esquivel y Ortiz están impedidas de acuerdo al artículo 39, fracciones V y XVII del Código Federal de Procedimientos Civiles, deben RECUSARLAS con base en el artículo 47 del mismo Código. 
  3. Obviamente deben pedir  la suspensión que impida la entrada en vigor de las leyes violatorias, como ya ocurrió con el MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYAN que decretó la suspensión de  las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación en Estado de México y Coahuila, donde ya inició el proceso electoral.
YASMIN ESQUIVEL MOSSA está impedida porque tanto ella como  su marido tienen con López Obrador una relación de inocultable cercanía, pero además… José Maria Rioboo es DONANTE de AMLO además de ser SU ACREEDOR Y SU DEUDOR en los contratos que le han sido asignados al estilo 4T, SIN LICITACIÓN. LORETTA ORTIZ AHLF está impedida porque su esposo José Agustín Ortiz Pinchetti, es NADA MENOS que FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES y tanto él como Loretta tienen una muy cercana relación de intimidad  con el tabasqueño.  La suspensión decretada por el Ministro Pérez Dayán ha impedido que AMLO maniobre a sus anchas en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Por cierto que la alianza opositora debería presentar una denuncia penal formal contra Delfina Gómez Alvarez, ante el Fiscal de Delitos Electorales Ortiz Pinchetti, OFRECIENDO COMO PRUEBA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL QUE RESOLVIÓ EN DEFINITIVA QUE LA MAESTRA DELFINA GÓMEZ incurrió conductas ilícitas al robarse  el 10%  del salario de los trabajadores municipales en TEXCOCO  cuando ella fue presidente municipal. No es admisible que una DELINCUENTE ELECTORAL como DELFINA GOMEZ, sea premiada con la candidatura a gobernar el estado más importante de la República. Dada la sumisión de las ministras Esquivel y Ortiz ante las imposiciones de López Obrador, ES IMPENSABLE QUE SE EXCUSEN DE PROPIA INICIATIVA y se abstengan de coparticipar en la COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS encabezada por el tabasqueño para burlar y violar la Constitución.  Es por eso que resulta indispensable que SEAN RECUSADAS, haciendo valer los impedimentos que pesan sobre ellas. El artículo 105, fracción II, inciso i de la constitución Federal exige OCHO VOTOS PARA PODER INVALIDAR UNA LEY INCONSTITUCIONAL, Si no se logran los OCHO VOTOS declarándola inconstitucional, EL PLAN B ELECTORAL no será invalidado con alcance general en toda la República, y López Obrador podrá utilizarlo a su gusto, como ha hecho con la LEY BARTLETT DE ELECTRICIDAD. LO ESENCIAL PARA PRESERVAR NUESTRA INCIPIENTE Y DÉBIL DEMOCRACIA, ES QUE EL PLAN B DE LOPEZ OBRADOR SEA DENUNCIADO COMO UNA COALICIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS LAS MINISTRAS IMPEDIDAS (YASMIN ESQUIVEL Y LORETTA ORTIZ) no deben ni pueden participar en forma alguna ni mucho menos emitir su voto para resolver sobre EL PLAN B ELECTORAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede pasar por alto el hecho de que el PLAN B ELECTORAL es una maquinación delictiva inadmisible, urdida A SABIENDAS DE QUE VIOLA LA CONSTITUCIÓN. La Presidente de la Suprema Corte, tiene facultades incluso, para dar vista al Ministerio Público Federal, PORQUE EL PLAN B ELECTORAL tipifica el delito de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS de acuerdo al artículo 216 del Código Penal Federal. De la autonomía, imparcialidad, independencia, patriotismo y valentía de los ministros de la Suprema Corte, depende que México recupere el estado de derecho, o que predomine el criterio de que LA LEY ES COSA DE CUENTO. Por cuanto hace a los ministros Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar, es probable que hagan cuentas y piensen dos veces antes de secundar el fraude inconstitucional urdido desde Palacio Nacional, porque sea quien sea que ocupe la Presidencia de la República a partir de 2024, CUANDO AMLO YA NO TENGA FUERO NI PODER, las lealtades ciegas  morirán como lo predijo atinadamente Porfirio Muñoz Ledo. De  manera que Alfredo Gutierrez y Arturo Zaldívar probablemente recapaciten, para no tener que responder penalmente, considerando que los vientos de la política nunca han sido meteorológicamente predecibles.

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