A inicios del año en curso, correspondiente a la administración del ahora exgobernador Jaime Helidoro Rodríguez Calderón, la Secretaría de Finanzas de Nuevo León asignó 150 millones de pesos con el propósito de rehabilitar los centros educativos. Hasta el momento, incluso en la actual administración del gobernador Samuel A. García Sepúlveda, se desconoce si estos recursos se han aplicado en el rubro mencionado.
En la pasada administración el Tesorero del estado era Carlos Garza Ibarra. Cuando en su momento se le cuestionó al respecto, respondió: “¿Vamos tarde? Pero ¿qué es tarde? Si las clases inician en una semana sí, vamos tarde, si empezarán en un mes no vamos tarde, yo no puedo opinar al respecto porque no soy yo quien ejecuta, solo asigno recursos”. Supuestamente, el mantenimiento de las escuelas se realizaría en el mes de mayo. Desafortunadamente, no hay información ni mucho menos transparencia de la aplicación de los 150 millones faltantes. ¿Dónde están?
Previo al regreso a clases presenciales, la secretaria de Educación del estado, Sofialeticia Morales Garza, mencionó en diferentes entrevistas su total desconocimiento del monto asignado así como su aplicación, ¿dónde quedó la “bolita”?
Ahora resulta que el actual gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, mantiene en el mismo puesto a Carlos Garza lo cual genera opacidad, falta de transparencia y credibilidad. ¿Cómo generar confianza y credibilidad sin esclarecer el destino de los 150 millones de pesos ni en el sexenio del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón ni en la actual gestión de Samuel García?
El tesorero del estado, Carlos Garza Ibarra, debe explicar en el Congreso la desaparición de los 150 millones de pesos presupuestados para el mantenimiento de las escuelas. ¿La educación es un negocio para algunos políticos? ¿Cómo pueden Samuel García y Carlos Garza solicitar recursos económicos al Gobierno Federal sin esclarecer este asunto? El presidente Obrador qué pensará al respecto si en reiteradas ocasiones habla sobre el fin de la corrupción y la transparencia en los procesos por parte de los funcionarios públicos. ¿Será?
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