De Frente y Claro | Impunidad: el manto protector en la 4T

La impunidad total hacia quienes cometan un delito, sean corruptos, o simplemente no cumplan con las obligaciones del cargo por el que cobran, ha sido la característica principal de la 4T. EL CHIMOLTRUFIO Y SU PÉSIMO MANEJO...

25 de agosto, 2022

Carlos Aguila Franco

La impunidad total hacia quienes cometan un delito, sean corruptos, o simplemente no cumplan con las obligaciones del cargo por el que cobran, ha sido la característica principal de la 4T.

EL CHIMOLTRUFIO Y SU PÉSIMO MANEJO DE LA PANDEMIA

En esa línea de los protegidos bajo el manto de la Impunidad por López y su 4-T está el subsecretario Hugo López-Gatell, más conocido entre otros apodos, como “El Chimoltrufio”, aplicando aquello de “No nos hagamos tarugos, pos ya sabes que yo como digo una cosa digo otra, pues si es que, como todo, hay cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo razón”, como lo externaba el personaje cómico de la Chimoltrufia. Así se manejó y se sigue manejando el subsecretario de Salud. Qué feliz de la vida imparte conferencias respecto de la importancia de la salud pública mientras que continúan cuestionándolo en relación a la estrategia implementada del Gobierno federal en la pandemia de COVID-19, así como la falta de transparencia en la información.

Quien en los últimos dos años y medio ha sido el encargado y responsable de atender la crisis sanitaria, va acumulando denuncias y denuncias ante las autoridades, porque su desempeño ha derivado en más de 329 mil muertos por Coronavirus.

En esa línea, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, vía una resolución dictada tras una audiencia el 19 de enero del 2022, se instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara a López Gatell. La acusación es porque minimizó la utilización del cubrebocas.

Resulta evidente hasta qué punto se le ha protegido, que la FGR consideró que no se iba a hacer la investigación, razón por la cual, un juez de control determinó que la Fiscalía se abstuvo y la propia FGR debe investigar el asunto.

En febrero del 2022, un grupo de familias acusó y denunció a Hugo López-Gatell, de homicidio por omisión, por no haberse actuado debidamente con el tiempo correcto para prevenir a la población y que no sufriéramos todo lo que ya sabemos y las muertes que hemos tenido.

Asimismo, en 2020, también en la FGR, el coordinador general jurídico del Partido Acción Nacional, Raymundo Bolaños Azócar, denunció la labor deficiente y omisa en el manejo de la pandemia que ha provocado la muerte de más de 70 mil personas, asentando que “Todas las acciones omisivas, toda la falta de hacer del Gobierno federal, se concluye que ha saboteado las instituciones de salud del Estado mexicano, la falta de realización de pruebas del COVID-19, la terquedad de aferrarse a un modelo centinela que no tiene certeza ni seguridad en la cantidad de contagios y muertes, la falta de lineamientos administrativos que obliguen a los ciudadanos, que orienten a los ciudadanos a la necesidad del uso de cubrebocas”.

Derivado del alto número de denuncias en contra de López-Gatell, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la FGR debe informar el número de procedimientos iniciados contra el subsecretario. Una persona solicitó a la FGR conocer el número de denuncias del subsecretario, pero la FGR se negó a entregar la información argumentando que es de carácter confidencial la existencia o no de alguna indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación en contra del subsecretario. Por ello se presentó un recurso de revisión ante el INAI.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción informó que no se tenía registro de denuncias o querellas en contra de la persona señalada. Pero dado que se localizaron diversos comunicados oficiales y notas periodísticas en las que se afirma que las denuncias sí fueron presentadas, la ponencia llevó a cabo una prueba de interés público, para validar si la información puede o no ser publicada, señaló el INAI. También se destacó que el derecho a la privacidad del servidor público debe ceder ante el derecho de acceso a la información, en razón de que tuvo y sigue teniendo una injerencia relevante y esencial en el manejo de la pandemia. El derecho de acceso a la información es la única vía legal para que cualquier persona, sin acreditar interés legítimo, pueda conocer las denuncias presentadas ante la FGR en contra de López-Gatell en su carácter de servidor público.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la FGR, instruyéndolo para hacer una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, con un criterio amplio, en los archivos físicos y electrónicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional y entregar a la persona solicitante los resultados.

Por otra parte, López-Gatell tiene indagatorias también administrativas. El 20 de julio del 2020, el senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Máynez presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la supuesta violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se argumentó que hubo desinformación a partir de un diagnóstico erróneo para la aplicación de la estrategia, una constante subestimación del problema, la negativa a realizar pruebas, las fallas en determinar el uso de cubrebocas, cuya evidencia científica afirmaba que era necesario, y la presentación de datos incompletos en las proyecciones.

AUMENTA LA IMPUNIDAD

Pero la impunidad de López-Gatell no es la única y la ciudadanía ya se ha dado cuenta. De acuerdo al informe Percepción de Impunidad 2022, basado en la encuesta Ómnibus Nacional Académico 2021, el 46.2% de la población encuestada en el país respondió que la impunidad se ha mantenido desde 2019 a 2021, mientras que el 32.8% estimó que la falta de castigo a los delitos ha aumentado. Asimismo, se destaca que, en delitos de alto impacto social como el homicidio doloso, la impunidad directa ronda el 90 por ciento.

Y que, a pesar del cambio en 2008 del sistema de justicia penal en nuestro país, siguen los altos niveles de cifra negra 93.3% y una baja efectividad en la resolución de los casos que investigan las fiscalías estatales 15.3%. Combinados estos dos factores hacen que la probabilidad de que se denuncie y se esclarezca un delito en México sea de tan sólo 1.1%, cuando hace tres años era del 5%.

La mitad de los mexicanos cree que la impunidad no se ha combatido sino que se ha mantenido durante la primera parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa Impunidad está López-Gatell protegido por el manto de la 4T y de YSQ.

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