“Adopta un mexicano”, una iniciativa bien intencionada, pero distorsionada por la visión desde el privilegio

“Adopta un mexicano” tiene buenas intenciones, pero el nombre es desafortunado.

7 de diciembre, 2022 "Adopta un mexicano", una iniciativa bien intencionada, pero distorsionada por la visión desde el privilegio

Comencemos por reconocer  al Mtro. Enrique de la Madrid como uno de los poquísimos exponentes presentables y con nivel intelectual y ético de la hoy oposición. Eso debe reconocerse por todos, pero en su iniciativa “adopta un mexicano”, recientemente debatida en una mesa de análisis que fue muy vista, existe, si bien es muy bien intencionada, un sesgo de privilegio innegable. De entrada está el nombre que evoca a la frase proanimalista: “ADOPTA, no compres”. Se refiere a adoptar perros y gatos en situación de calle y no comprar de raza y/o en criaderos pensados para hacer negocio. 

La iniciativa podría tener elementos que son viables, máxime en un país con el nivel de desigualdad que México padece, pero la terminología es errónea. Debería estar encaminada a ‘PATROCINAR y/o APADRINAR” a un estudiante mexicano, en un programa en el que el gobierno solo aportará el soporte publicitario, estimulante para que muchas Familias con posibilidades de hacerlo escogiesen a algún joven estudiante, menos favorecido económicamente, pero prometedor en cuánto a sus aptitudes y actitudes, dándole seguimiento y apoyo material no solo hasta finalizar su carrera como estudiante, sino en su posterior vida laboral. Es un compromiso de por vida, que sume en algo a una cada vez más difícil permeabilidad social.

Otro punto a considerar sería el de CERO beneficios fiscales ante esta eventual iniciativa. Si se va a ayudar es con una actitud 100% generosa, sin esperar absolutamente nada a cambio que no sea el ayudar a un semejante en condiciones menos favorecidas en la vida. Ya existe un programa del Estado que apoya a los jóvenes en edad laboral, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, de parte de la STPS, que ya da sus primeros resultados, pero que obviamente es insuficiente para un hipotético avance real en el combate al desempleo y la desigualdad, como por cierto lo sería también el programa que a los particulares que aquí se les sugiere. El reto es que el país logre ofrecer alternativas de estudio y trabajo dignos para todos, un problema añejo, integral y que tardaremos muchos años en ir constatando resultados reales en la práctica y en nuestra vida nacional.

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presidenciales? Más importante aún, ¿qué fue de las premisas más populares planteadas durante la larga campaña morenista, la campaña de la “esperanza”?  Veamos.  ¿Se sentirán satisfechos quienes votaron pensando en “primero los pobres”? Acorde con el Centro de Investigación de Política Pública, la cual define pobreza multidimensional como aquella donde el individuo posee al menos una carencia social y los ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, muestra que el porcentaje de connacionales en dicha condición ha aumentado de forma sostenida durante este sexenio, en casi 4 millones de mexicanos del 2018 al 2021. El incremento en carencia de acceso a la salud pasó del 16% en 2018 a más del 30% en 2021. Asimismo, la pobreza multidimensional pasó del 41.9 al 43.9%, la pobreza moderada del 34.9 al 35.4% y la pobreza extrema del 7 al 8.5% en el mismo período acorde con la información del CONEVAL. Aunque claro, más mexicanos en situación de pobreza significa más dádivas y apoyos gubernamentales y, por ende, más votos en la próxima elección.  ¿Para acabar con el “chayote” de reporteros, comunicadores y medios? Si fue así nada de eso se ha cumplido, salvo cambiar de unos propagandistas a otros, comenzando por los “reporteros” que acuden a cubrir las conferencias mañaneras. Durante la primera mitad de este sexenio Televisa (si, Televisa, ese supuesto enemigo en la mente del presidente y sus seguidores) ha recibido cerca de 1000 millones de pesos en materia de contratos publicitarios por parte del gobierno federal, seguido de TV Azteca con 900 millones y La Jornada, con un monto cercano a los 800 millones; otros 778 medios recibieron publicidad oficial del 2019 al 2021, 10 de ellos concentran el 50% ($4,325 millones) de los recursos presupuestados, incluida la Organización Editorial Acuario, editora del diario Tabasco Hoy, de donde es originario el ejecutivo. El mismo Epigmenio Ibarra reconoció que su empresa Argos Comunicación, recibió en 2019 un “préstamo” por parte del gobierno federal a través de Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) por un monto superior a los 150 millones de pesos.  ¿Lo hicieron para acabar con la corrupción en el país? Dejando de lado los múltiples escándalos que rodean al círculo presidencial (entre ellos los hermanos e hijos del titular del ejecutivo, así como sus colaboradores y contratistas) y aunque el presidente agite en sus manos un pañuelo blanco un día sí y otro también, México cayó de posición en al índice que mide la capacidad de combatir la corrupción (CCC) en los últimos años, siguiendo su trayectoria descendente desde el 2018 para situarse en el sitio 12 (de 15 países medidos en Latinoamérica) sólo por delante de Bolivia, Venezuela y Guatemala. Por otra parte, el análisis realizado por Transparencia Internacional en 2022 arrojó que el 65% de los establecimientos se vieron orillados a participar en actos de corrupción para realizar algún trámite, contrario al 34% de administraciones anteriores. Aún peor, el 80.6% de los contratos del gobierno federal han sido entregados no por licitaciones abiertas, sino por adjudicación directa (cifra que ya supera la de toda la administración anterior); el 91.5% de aquellos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos (que no hay) han sido entregados por esta vía, lo mismo que el 95% de publicidad gubernamental y el 96% de los contratos relacionados con la COVID-19. En un día promedio se entregan 308 contratos por adjudicación y 45 por licitación.  ¿Para dejar de mantener a los expresidentes y “castigar” su actuación en el pasado? Peor aún. Mientras que los expresidentes más recientes, desde Enrique Peña Nieto hasta Ernesto Zedillo pasando por Calderón y Fox, viven todos con absoluta tranquilidad (uno en España, otro laborando como dirigente de la FIA, otro en su rancho en Guanajuato, otro más es director del Centro de Globalización de la Universidad de Yale) sin ningún proceso abierto en su contra, poco ha aportado la medida; si bien es cierto que el país ha dejado de cargar al erario los más de $200 mil pesos que correspondían a su pensión y protección, ahora éstos y muchos más se utilizan para acoger a dictadorzuelos extranjeros y sus familias, como es el caso de Evo Morales y Pedro Castillo, los más recientes, además de operadores políticos también extranjeros como el español Abraham Mendieta,  quien ingresó al país en calidad de turista y se quedó a laborar para Morena.  ¿Eliminar la opulencia o el exceso con que vivía la clase política en el pasado? Bueno, en dicho caso el ejecutivo actual pasó de vivir en la Residencia Oficial de los Pinos (creada expresamente para ello) para asentarse en Palacio Nacional, construido en 1522, lo cual representa una erogación mensual de $6 millones de pesos; si revisamos la información presupuestal en este rubro los mexicanos pagaremos, de nuestros impuestos, por la estadía de 5 años y 10 meses del presidente en dicho inmueble cerca de $500 millones de pesos. El Palacio posee 40,000 metros cuadrados, su valor catastral es de $1,400 millones y ahí laboran 147 personas diariamente. Lo anterior sin hacer recuento de los viajes y propiedades de los funcionarios gubernamentales de alto nivel, como los 23 inmuebles de Manuel Bartlett, las de Mario Delgado, Américo Villareal y muchos otros.  ¿Para mejorar las condiciones de seguridad en el país? Uno de los peores rubros de este gobierno tras la política de abandono de la seguridad pública y los “abrazos, no balazos”. Los datos del INEGI muestran el claro deterioro: en 2021, se cometieron 28.1 millones de delitos asociados a 22.1 millones de víctimas, mientras que en 2020 fueron 27.5 y 21.2 respectivamente, esto es un incremento de medio millón de delitos y casi un millón de víctimas. En el tercer trimestre del 2022, más del 64% de los mexicanos consideró inseguro vivir en su ciudad. Peor aún, en el último trimestre del año anterior, el gobierno actual contabilizaba ya más de 168 mil homicidios totales, superando los del sexenio completo de Felipe Calderón Hinojosa y su lucha contra el narco, que contabilizó 120, 463 muertes. Lo anterior, considerando que aún restan por agregar los de los meses restantes de la presente administración.  ¿Un sistema de salud como Dinamarca? A pesar de que el presidente promete, año con año, que ahora sí el próximo habrá uno como el del país nórdico, los datos muestran una cruda realidad: el sistema de salud actual no cuenta, siquiera, con un cuadro básico de vacunación como en administraciones anteriores, uno de los mejores a nivel mundial y el mejor a nivel Latinoamérica, haciendo que vuelvan a surgir padecimientos que habían sido erradicados; adicionalmente, el presupuesto del sector ha ido disminuyendo conforme avanza el sexenio. En 2019, 5 millones de recetas no pudieron abastecerse en territorio nacional, en el 2020 fueron 15 millones 857 mil, para 2021 la cifra aumentó a 22 millones 62 mil. ¿Los que mayor escasez han reportado?: Cáncer, diabetes, enfermedades neurológicas y VIH.  Todo ello sin hablar del sistema de educación pública, la edificación de proyectos obsoletos y con costos altísimos, de la búsqueda por debilitar las instituciones, del incremento en el déficit público, la injerencia del ejecutivo en otros órdenes de gobierno y muchos otros aspectos lamentables y nocivos de la administración actual. Lo anterior resulta no sólo una cruel ironía sino una trágica para el presente del país y más aún, para su futuro. Habrá quien se diga sorprendido por el derrotero de la actual gestión, hay quienes lo previmos desde hace varios años y hay otros, muchos más, que, sin importar los datos y hechos expuestos preferirán seguir creyendo que el país “va mejorando”.  En un entorno que privilegie, como debería resultar normal, la productividad, los objetivos, metas, capacidad, el talento y el esfuerzo, todos aquellos que ahora ocupan los puestos de poder no tendrían cabida alguna: las Sheinbaum, los Fernández Noroña, los López Obrador, los Bartlett, las Clemente, los Salgado Macedonio y un larguísimo etcétera. Individuos cuyas capacidades y forma de actuar no les permitirían sobresalir en ámbito productivo alguno. Pero la política existe como medio y herramienta y el discurso demagógico vende y se compra bien. Hoy por hoy, reyezuelos palurdos ungidos por el voto popular “masivo”, sin nada que ofrecer más que un frases huecas y promesas vacías pero atractivas, dirigen el rumbo del país hacia una debacle, tal y como lo muestran los datos.  A Winston Churchill, el primer ministro británico, se le atribuye la frase: “La principal diferencia entre humanos y animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el integrante más estúpido de la manada”. Irónico. Y México es prueba irrefutable de que esta máxima continúa vigente tras un largo, largo sexenio que de a poco comienza a llegar a su fin, con más tragedias, muertos, pobreza  y corrupción que ninguno en décadas recientes.  *Datos obtenidos de las encuestas realizadas por el INEGI, CONEVAL, Transparencia Internacional durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, El Centro de Investigación de Política Pública, así como de la SHCP durante el mismo período. 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Los mexicanos hemos transitado de un sistema autoritario, patrimonialista (aquel donde el gobierno es dueño del patrimonio y hasta de la vida misma de las personas) y clientelar (empresas, empleos son concesiones del gobernante) a otro con el que se pretendía que el viejo régimen fuera sustituido por uno de derechos políticos (elecciones libres donde el voto cuenta), económicos (la competencia, la transparencia y el mérito determinan el futuro de las empresas) y sociales (construcción de una red universal de salud, educación, seguro de desempleo e invalidez y vejez) para cada persona. Todo se quedó en proyecto. Persisten los vicios de beneficiar a familiares y amigos con el gasto y los contratos públicos. El avance mayor fue la liberación política que permitió cambiar pacíficamente a las élites gobernantes. En salud apenas se dio un paso nimio con el seguro popular. Y paro de contar. La transición fue fallida. La apuesta de cambio se limitó al acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Se creyó que a la larga sería suficiente para lograr un Estado de leyes y de derechos sociales. No sucedió en los más de 40 años de liberalización económica: se creyó ciegamente en que el mercado forjaría el Estado de derecho y traería justicia y bienestar. El Estado abdicó a su papel de regulador y forjador de instituciones. En ese periodo si acaso se erigieron pequeñas ínsulas de una economía moderna, vinculadas al comercio con nuestro vecino del norte. Pero los derechos fueron suspendidos. El arribo de nuevas industrias extranjeras apenas se reflejó en el bienestar de sus trabajadores, pero jamás benefició a las poblaciones donde se ubicaron. La destrucción del sistema autoritario y patrimonialista no fue acompañada por el desarrollo de derechos sociales ni servicios públicos. El cambio de un modelo de desarrollo autárquico y autoritario a otro de libre comercio y flujo de capitales fue obligado por la bancarrota del Estado mexicano en los años ochenta. En ese contexto se retiraron subsidios y apoyos al campo y a las empresas. Miles de campesinos y rancheros, así como de empresarios quebraron. Su destino fue la migración, vincularse a las economías informal e ilícita o morir en el desamparo. Se apostó a que la apertura comercial por sí sola resolviera el problema económico, social y político que trajo la insolvencia del gobierno. Apenas se crearon algunos organismos autónomos, algunos inútiles y cooptados por intereses económicos. Se invirtió poco y mal en construir un sistema judicial y una policía competente. Al mismo tiempo que se desmanteló el añejo aparato policial y de justicia, el narcotráfico dio un salto gigantesco gracias a que México se convirtió en puente del tráfico de cocaína y de precursores químicos para producir drogas más letales. Fue una combinación catastrófica para la seguridad y la paz. Entonces ¿dónde estamos? Ámbito económico: una parte del país se vincula con el sector exportador, el moderno de la economía. La otra mitad está en la informalidad, ligada a economías ilícitas: narcotráfico, extorsión, secuestro, cobro de piso, asesinatos… Pero entre un sector y otro hay una relación parasitaria y utilitaria: en el campo y la minería el sector informal suele proveer seguridad e incluso trabajadores al formal. Ámbito de seguridad y justicia: la liberación del sistema político desmanteló el orden autoritario, lo cual desarticuló al sistema policiaco que tenía un pie en la legalidad -pues dependía de un mando policial jerárquico- y otro pie en la ilegalidad: robaba, extorsionaba y se quedaba con los decomisos de drogas y botines de ladrones. Este doble papel permitía regular y mediar con los criminales. Su disgregación favoreció que las policías se vincularan al crimen organizado. Y lo peor, no se creó un sistema de justicia y policiaco que lo sustituyera. Resultado: crimen y violencia. Fue así como la única opción fue la militarización. Ámbito de la informalidad y el narcotráfico: el desmantelamiento de las policías ocurrió en el momento que los cárteles mexicanos de la droga se internacionalizaron por efecto del comercio de cocaína y de las drogas sintéticas. Los bolsillos de los narcotraficantes se llenaron a tope. Su abundancia de dólares permitió enrolar a los policías que fueron defenestrados e incluso reclutar a militares (origen de los Z). Al mismo tiempo, los cárteles extendieron su dominio hacia el campo y la minería, el comercio, la construcción y otros sectores económicos, que fueron abandonados a su suerte para enfrentar la apertura comercial sin apoyo ni servicios públicos. Así, compraron ranchos, respaldaron a la economía campesina y enrolaron a desempleados. De este modo los cárteles pasaron de narcotraficantes a controlar regiones enteras, tanto por la vía de sus actividades económicas como por su incursión en la política mediante el financiamiento a candidatos y sus campañas. A partir de entonces, mantienen un pie en la economía y la política formal. Ámbito del Estado y del gobierno: los gobiernos que han estado a cargo de la cosa pública han dado palos de ciego y renunciado a las obligaciones básicas del Estado moderno: la seguridad pública y la provisión de bienes y servicios públicos universales, tales como salud, educación, seguro de desempleo. Al tiempo, la nueva política migratoria de Estados Unidos ha limitado la salida a la crisis de desempleo y desamparo en el que se encuentran millones de mexicanos. La combinación de ambos factores más el florecimiento de las economías ilícitas ha fortalecido enormemente a los grupos criminales. El resultado es que los mexicanos vivimos en el reino de la contingencia. La suerte nos salva de morir en un enfrentamiento o un asalto. La misma suerte nos favorece si logramos un empleo formal o nos da la espalda si no logramos emprender, pues para ello se requieren conexiones y dinero. Ante la dislocación del Estado, la narrativa ha permitido ocultar sus carencias y mantener el control político. El relato político sirve para que la gente soporte los desastres cotidianos. Los cambios, escribe Claudio Lomnitz en El tejido social rasgado, “requieren una narrativa que les otorgue una finalidad y que marque una dirección: la transición democrática y la modernización en un caso [fue el relato que dio cobijo a la fase neoliberal, que causó gran destrucción; este ciclo terminó con el inicio de la guerra a las drogas], y la “Cuarta Transformación” -con su obsesión con “la recuperación de la soberanía”-, en el otro”. Además, añade el antropólogo, la narrativa teleológica “sirve también para minimizar [el horror y el dolor de la vida diaria], los cuales parecen poca cosa frente a la grandiosidad de una serie de metas que se vislumbran en el horizonte”. El uso de la historia cumple un papel vital en el relato. Como nada o muy poco se hace para enfrentar tan terribles males del presente, la acción pública se limita a ritos y conjuras del pasado. Es así como se celebra solemnemente, dice Lomnitz, la matanza del 2 de octubre de 1968, “que dejó menos muertos que hoy hay en México casi cualquier semana del año”. Asimismo, agrega, se firmó con “bombo y platillo la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990”. Remata su reflexión así: “La teleología hoy en México tiene mucho de siniestro y mucho de mala fe. Los entusiastas del gobierno se llenan la boca con la Historia, con hache mayúscula, para minimizar los efectos desastrosos de sus políticas y presentarlos como un mal menor o como un efecto retardado del sistema anterior”. Así se dulcifica el desastre. Cuando los males sociales y la ineficiencia e indiferencia del Estado se minimizan y consideran como contingencia o mala suerte, se responsabiliza a la persona de los problemas sociales, que trascienden al individuo. De esta manera se genera impotencia y condena a la inmovilidad: ¿qué se puede hacer contra la mala suerte? ¿Qué se puede hacer cuando llueve o soplan los vientos fríos del norte? Así, el Estado abdica a enfrentar los cambios sistémicos que provocan sus decisiones y afectan el funcionamiento de la sociedad. Lomnitz apunta: “Nuestros gobiernos han estado implementando cambios importantes en el funcionamiento mismo del Estado sin tener en sus manos los hilos para impedir que hubiera resultados catastróficos y sin que hubiera siempre instrumentos para mitigar esos resultados catastróficos. La teleología sirve para distraernos de eso”. ¿Despertaremos algún día?" 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Más importante aún, ¿qué fue de las premisas más populares planteadas durante la larga campaña morenista, la campaña de la “esperanza”?  Veamos.  ¿Se sentirán satisfechos quienes votaron pensando en “primero los pobres”? Acorde con el Centro de Investigación de Política Pública, la cual define pobreza multidimensional como aquella donde el individuo posee al menos una carencia social y los ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, muestra que el porcentaje de connacionales en dicha condición ha aumentado de forma sostenida durante este sexenio, en casi 4 millones de mexicanos del 2018 al 2021. El incremento en carencia de acceso a la salud pasó del 16% en 2018 a más del 30% en 2021. Asimismo, la pobreza multidimensional pasó del 41.9 al 43.9%, la pobreza moderada del 34.9 al 35.4% y la pobreza extrema del 7 al 8.5% en el mismo período acorde con la información del CONEVAL. Aunque claro, más mexicanos en situación de pobreza significa más dádivas y apoyos gubernamentales y, por ende, más votos en la próxima elección.  ¿Para acabar con el “chayote” de reporteros, comunicadores y medios? Si fue así nada de eso se ha cumplido, salvo cambiar de unos propagandistas a otros, comenzando por los “reporteros” que acuden a cubrir las conferencias mañaneras. Durante la primera mitad de este sexenio Televisa (si, Televisa, ese supuesto enemigo en la mente del presidente y sus seguidores) ha recibido cerca de 1000 millones de pesos en materia de contratos publicitarios por parte del gobierno federal, seguido de TV Azteca con 900 millones y La Jornada, con un monto cercano a los 800 millones; otros 778 medios recibieron publicidad oficial del 2019 al 2021, 10 de ellos concentran el 50% ($4,325 millones) de los recursos presupuestados, incluida la Organización Editorial Acuario, editora del diario Tabasco Hoy, de donde es originario el ejecutivo. El mismo Epigmenio Ibarra reconoció que su empresa Argos Comunicación, recibió en 2019 un “préstamo” por parte del gobierno federal a través de Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) por un monto superior a los 150 millones de pesos.  ¿Lo hicieron para acabar con la corrupción en el país? Dejando de lado los múltiples escándalos que rodean al círculo presidencial (entre ellos los hermanos e hijos del titular del ejecutivo, así como sus colaboradores y contratistas) y aunque el presidente agite en sus manos un pañuelo blanco un día sí y otro también, México cayó de posición en al índice que mide la capacidad de combatir la corrupción (CCC) en los últimos años, siguiendo su trayectoria descendente desde el 2018 para situarse en el sitio 12 (de 15 países medidos en Latinoamérica) sólo por delante de Bolivia, Venezuela y Guatemala. Por otra parte, el análisis realizado por Transparencia Internacional en 2022 arrojó que el 65% de los establecimientos se vieron orillados a participar en actos de corrupción para realizar algún trámite, contrario al 34% de administraciones anteriores. Aún peor, el 80.6% de los contratos del gobierno federal han sido entregados no por licitaciones abiertas, sino por adjudicación directa (cifra que ya supera la de toda la administración anterior); el 91.5% de aquellos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos (que no hay) han sido entregados por esta vía, lo mismo que el 95% de publicidad gubernamental y el 96% de los contratos relacionados con la COVID-19. En un día promedio se entregan 308 contratos por adjudicación y 45 por licitación.  ¿Para dejar de mantener a los expresidentes y “castigar” su actuación en el pasado? Peor aún. Mientras que los expresidentes más recientes, desde Enrique Peña Nieto hasta Ernesto Zedillo pasando por Calderón y Fox, viven todos con absoluta tranquilidad (uno en España, otro laborando como dirigente de la FIA, otro en su rancho en Guanajuato, otro más es director del Centro de Globalización de la Universidad de Yale) sin ningún proceso abierto en su contra, poco ha aportado la medida; si bien es cierto que el país ha dejado de cargar al erario los más de $200 mil pesos que correspondían a su pensión y protección, ahora éstos y muchos más se utilizan para acoger a dictadorzuelos extranjeros y sus familias, como es el caso de Evo Morales y Pedro Castillo, los más recientes, además de operadores políticos también extranjeros como el español Abraham Mendieta,  quien ingresó al país en calidad de turista y se quedó a laborar para Morena.  ¿Eliminar la opulencia o el exceso con que vivía la clase política en el pasado? Bueno, en dicho caso el ejecutivo actual pasó de vivir en la Residencia Oficial de los Pinos (creada expresamente para ello) para asentarse en Palacio Nacional, construido en 1522, lo cual representa una erogación mensual de $6 millones de pesos; si revisamos la información presupuestal en este rubro los mexicanos pagaremos, de nuestros impuestos, por la estadía de 5 años y 10 meses del presidente en dicho inmueble cerca de $500 millones de pesos. El Palacio posee 40,000 metros cuadrados, su valor catastral es de $1,400 millones y ahí laboran 147 personas diariamente. Lo anterior sin hacer recuento de los viajes y propiedades de los funcionarios gubernamentales de alto nivel, como los 23 inmuebles de Manuel Bartlett, las de Mario Delgado, Américo Villareal y muchos otros.  ¿Para mejorar las condiciones de seguridad en el país? Uno de los peores rubros de este gobierno tras la política de abandono de la seguridad pública y los “abrazos, no balazos”. Los datos del INEGI muestran el claro deterioro: en 2021, se cometieron 28.1 millones de delitos asociados a 22.1 millones de víctimas, mientras que en 2020 fueron 27.5 y 21.2 respectivamente, esto es un incremento de medio millón de delitos y casi un millón de víctimas. En el tercer trimestre del 2022, más del 64% de los mexicanos consideró inseguro vivir en su ciudad. Peor aún, en el último trimestre del año anterior, el gobierno actual contabilizaba ya más de 168 mil homicidios totales, superando los del sexenio completo de Felipe Calderón Hinojosa y su lucha contra el narco, que contabilizó 120, 463 muertes. Lo anterior, considerando que aún restan por agregar los de los meses restantes de la presente administración.  ¿Un sistema de salud como Dinamarca? A pesar de que el presidente promete, año con año, que ahora sí el próximo habrá uno como el del país nórdico, los datos muestran una cruda realidad: el sistema de salud actual no cuenta, siquiera, con un cuadro básico de vacunación como en administraciones anteriores, uno de los mejores a nivel mundial y el mejor a nivel Latinoamérica, haciendo que vuelvan a surgir padecimientos que habían sido erradicados; adicionalmente, el presupuesto del sector ha ido disminuyendo conforme avanza el sexenio. En 2019, 5 millones de recetas no pudieron abastecerse en territorio nacional, en el 2020 fueron 15 millones 857 mil, para 2021 la cifra aumentó a 22 millones 62 mil. ¿Los que mayor escasez han reportado?: Cáncer, diabetes, enfermedades neurológicas y VIH.  Todo ello sin hablar del sistema de educación pública, la edificación de proyectos obsoletos y con costos altísimos, de la búsqueda por debilitar las instituciones, del incremento en el déficit público, la injerencia del ejecutivo en otros órdenes de gobierno y muchos otros aspectos lamentables y nocivos de la administración actual. Lo anterior resulta no sólo una cruel ironía sino una trágica para el presente del país y más aún, para su futuro. Habrá quien se diga sorprendido por el derrotero de la actual gestión, hay quienes lo previmos desde hace varios años y hay otros, muchos más, que, sin importar los datos y hechos expuestos preferirán seguir creyendo que el país “va mejorando”.  En un entorno que privilegie, como debería resultar normal, la productividad, los objetivos, metas, capacidad, el talento y el esfuerzo, todos aquellos que ahora ocupan los puestos de poder no tendrían cabida alguna: las Sheinbaum, los Fernández Noroña, los López Obrador, los Bartlett, las Clemente, los Salgado Macedonio y un larguísimo etcétera. Individuos cuyas capacidades y forma de actuar no les permitirían sobresalir en ámbito productivo alguno. Pero la política existe como medio y herramienta y el discurso demagógico vende y se compra bien. Hoy por hoy, reyezuelos palurdos ungidos por el voto popular “masivo”, sin nada que ofrecer más que un frases huecas y promesas vacías pero atractivas, dirigen el rumbo del país hacia una debacle, tal y como lo muestran los datos.  A Winston Churchill, el primer ministro británico, se le atribuye la frase: “La principal diferencia entre humanos y animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el integrante más estúpido de la manada”. Irónico. Y México es prueba irrefutable de que esta máxima continúa vigente tras un largo, largo sexenio que de a poco comienza a llegar a su fin, con más tragedias, muertos, pobreza  y corrupción que ninguno en décadas recientes.  *Datos obtenidos de las encuestas realizadas por el INEGI, CONEVAL, Transparencia Internacional durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, El Centro de Investigación de Política Pública, así como de la SHCP durante el mismo período. 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Ironía

“Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados”. -Mark Twain.

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