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Un Empresario llamado 4T

Manuel Torres Rivera nos advierte de las posibles consecuencias en el manejo de las empresas estatales a partir de las nuevas políticas impulsadas por la 4T.

11 de octubre, 2021

Manuel Torres Rivera

Mencionado con frecuencia por el presidente, hablando de negocios, insistía en sus expresiones que deberían privilegiarse los negocios públicos por encima de los privados. Si los analistas pensaban en el término “negocios” como un derivado del quehacer gubernamental, equivocaban su interpretación; el presidente realmente hablaba de empresas, unas ya en existencia como PEMEX y CFE y otras que se han ido creando. Es complicado evaluar la noción de empresa con todos sus componentes naturales y la concepción del presidente para ampliar cobertura y servicios.

Por principio, la naturaleza a la que pretende atender la concepción del presidente, no tiene en mente un rédito material, de modo que la creación de utilidades se encuentra fuera de este esquema. Si la creación de utilidades no es perspectiva, entonces simplemente no es empresa y lo que contemplamos es un esquema adicional de gasto público. El problema es radicar el objetivo de la incorporación de un servicio existente al de una mirada empresarial.

En este espacio hemos comentado la incursión del Estado o gobierno en actividades propias de la iniciativa privada; la capitalización anula la búsqueda de las fuentes normales en el capital de particulares y aquellas de financiamiento para componer una estructura de capital. Una empresa amparada por el gasto de la nación tiene en teoría espacios ilimitados de captura presupuestal. Eso sigue ocurriendo con la petrolera como ejemplo insigne de capitalización, pero en este grave caso, sin destino. El Estado en sí no se encuentra exento de riesgo ni en el caso de nuestra petrolera ni en otro, sea o no clave en materia estructural.

No podemos olvidar la mezcla confusa que ha surgido en esta transición en lo referente a soberanía. Los términos de endeudamiento de PEMEX en particular han sostenido premisas que confunden deuda corporativa de un ente multinacional y una transición en turno que asume compromisos que no son de su correspondencia. El resultado ha sido catastrófico para las cuentas de la nación; los costos nominales de emisiones de papel han sufrido incrementos de sustancia para permanecer en mercados primarios. De mercados secundarios ya padecemos los costos en las calificadoras, que sancionan y al mismo tiempo arrumban en rincones de desperdicio, papel mexicano.

La óptica del presidente en estas cuestiones se aferra a un precepto inexistente basado en una corriente que se convirtió en modelo económico para proteger la capitalización del país en su industria principalmente y se llamó Sustitución de Importaciones. Desde luego era un modelo cerrado e intervencionista por parte del Estado. En las décadas pasadas, las fronteras eran cerradas al capital y al comercio. Los modelos de autosuficiencia quedaron en el rezago y la apertura dio un vuelco al espíritu multinacional, a las ventajas comparativas y a la especialización. Se anunciaba la globalización y con esto, la creación de bloques.

En 1994 México se abrió al orbe y a la participación activa del comercio. Se absorbían las prácticas modernas para adelgazar el tamaño del Estado y dimensionar el tamaño de la economía. Se introducía un concepto que rebautizaría el liberalismo mismo para conocer un nuevo esquema neoliberal; en este punto se insiste reiteradamente, no se imprimía un reordenamiento doctrinario, simplemente se acoplaba un esquema novedoso para dar margen a la producción sin intervención de gobiernos. Alejar la obesidad de un Estado es fórmula de progreso. Desde luego, el presidente mexicano no lo ve de este modo y justifica sus actos de creación de giros para en paralelo trabajar con la producción privada o simplemente hacerla a un lado como pudimos observar en su afán de combatir farmacéuticas.

Las supuestas creaciones empresariales de esta transición nunca han sostenido un plan de negocios, nunca han proyectado permanencia de mercado por el simple hecho de no contar con objetivos claros de sectores clave. Se han creado con eufemismos que dispersan una imagen imaginaria de bienestar por el simple hecho de mencionarlos. Más allá de la cobertura de corto plazo que extiende esta visión del presidente, se ignoran factores externos en la materia prima del supuesto abasto que se sujeta a precios de mercado internacionales, como el gas natural.

El efecto inmediato de toda irrupción gubernamental en prácticas reservadas a los especialistas del sector privado es el subsidio y el subsidio es castigo adicional al presupuesto de la nación. Como es de conocimiento de todos, esta transición populista ha derrochado el recurso de la nación en obra que jamás verá futuro y en la dispersión de dádivas. Naturalmente, ha desmantelado toda prerrogativa de reserva y ahorro y fideicomisos necesarios para mantener orden institucional que iguale el crecimiento que existía. Crecimiento no lo hay por más insistencia mañanera. No existe.

Entonces, vino el camino de la deuda, un billón de pesos por año, para completar tres billones en esta infructuosa ruta de fracaso que suma tres años. Si contemplamos al país como una empresa, alertaríamos sobre el costo del capital para los proyectos que reúnen márgenes irrecuperables y conclusiones por demás cuestionadas; alertaríamos sobre la capacidad de endeudamiento si analizamos una deuda pública que supera el 50% del producto en una economía que no crece. También alertaríamos sobre las capacidades en el corto plazo, toda vez que se destinan recursos frescos a PEMEX para cubrir compromisos de plazos. Esto quiere decir que la deuda se paga con deuda adicional y cada vez más costosa.

Las alertas las añadiríamos a más ámbitos de la vida pública pero es claro que el papel de empresario no es la esencia de ningún gobierno y esta transición no solamente no sería excepción, no pasaría una revisión para dictamen de auditoría externa. Todas las empresas del supuesto bienestar están marcadas y destinadas al fracaso.

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