México y Estados Unidos han construido, a lo largo de seis décadas, una relación nuclear marcada por la cooperación, la verificación internacional y el compromiso absoluto con el uso pacífico de la energía atómica. Desde el Tratado de Tlatelolco, que prohibió las armas nucleares en América Latina, hasta el Acuerdo 123 que entró en vigor en 2022, el país ha tejido una arquitectura jurídica sólida que le permite acceder a tecnología, combustible y conocimiento estadounidense bajo estrictos estándares de no proliferación. Esa arquitectura, sin embargo, contrasta con la realidad: México opera una sola central nuclear, Laguna Verde, y no ha tomado la decisión de avanzar hacia nuevas tecnologías como los reactores modulares pequeños. La llave jurídica está en la mano, pero la puerta sigue cerrada.
Laguna Verde es hoy el corazón nuclear del país. Con dos reactores y una capacidad de 1,552 Megawatts (MW), aporta alrededor del tres por ciento de la electricidad nacional y mantiene un factor de planta cercano al 88 por ciento, el más alto del sistema eléctrico mexicano. Sus licencias se extendieron hasta 2050 y 2055, lo que garantiza operación por dos décadas más. Sin embargo, esa extensión no resuelve el dilema central: México no tiene un plan formal para sustituirla. No existe un programa nacional de expansión nuclear, no hay licitaciones, no se ha seleccionado tecnología, no hay una ruta de licenciamiento para reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) y no existe presupuesto asignado. El país participa en talleres internacionales, analiza opciones y mantiene líneas de investigación, pero aún no ha tomado la decisión estratégica que define todo lo demás.
Las razones del rezago son múltiples y profundas. La Constitución reserva la generación nuclear al Estado, lo que significa que cualquier proyecto depende del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y de su apetito de riesgo. El marco regulatorio está diseñado para reactores grandes como los de Laguna Verde, no para reactores modulares que se construyen en serie. La tecnología SMR, aunque prometedora, sigue en fase de madurez comercial y sus costos iniciales son altos. La política energética nacional ha priorizado el gas natural, las hidroeléctricas y las renovables, dejando a la nuclear en un espacio declarativo pero no operativo. Y la capacidad institucional enfrenta presiones: señalamientos sobre transparencia, actualización de seguridad y fuga de operadores en Laguna Verde complican el punto de partida.
Mientras tanto, Estados Unidos impulsa el programa FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), una iniciativa global orientada a acompañar a los países que exploran tecnologías nucleares avanzadas. FIRST ofrece talleres, estudios de factibilidad, simuladores, capacitación regulatoria y hojas de ruta para el despliegue de reactores modulares pequeños. Más de cincuenta países participan. México asiste a talleres regionales, pero no es socio contribuyente ni ha convertido esa participación en un programa nacional. La puerta está abierta gracias al Acuerdo 123, instrumento bilateral de cooperación nuclear civil con Estados Unidos, pero el país continúa observándola desde el umbral.
El tiempo, sin embargo, no es infinito. Los datos señalan con claridad: la ventana real para decidir se cierra alrededor de 2035. No porque las licencias de Laguna Verde venzan en 2050 y 2055, sino porque desarrollar cualquier reactor —modular o grande— toma entre diez y quince años desde la decisión hasta la operación. Si México quiere tener capacidad nuclear funcionando antes de que Laguna Verde cierre, debe decidir antes de 2035. Si no lo hace, la energía nuclear desaparecerá del país por omisión, no por una decisión explícita. La década 2026–2035 es la década decisiva.
Sustituir Laguna Verde no es un ejercicio teórico. La central entrega casi doce terawatts-hora (TWh) al año, evita más de ocho millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) y aporta energía firme las veinticuatro horas. Reemplazar esa capacidad implica tres rutas posibles. La primera es construir cinco o seis reactores modulares de 300 megawatts cada uno, lo que permitiría mantener generación firme y limpia. Pero esa ruta exige decidir hacia 2035, crear un marco de licenciamiento nuevo, asegurar presupuesto plurianual y construir una cadena de suministro que hoy no existe. La segunda opción es instalar dos ciclos combinados de gas natural, una solución rápida y barata, pero que devolvería al sistema casi nueve millones de toneladas de CO₂ al año y profundizaría la dependencia del gas importado. La tercera alternativa es desplegar alrededor de seis mil megawatts solares con baterías, lo que requiere entre tres y cuatro veces más capacidad instalada por el bajo factor de planta, además de almacenamiento masivo y grandes extensiones de terreno, sin aportar inercia suficiente a la red.
Si el país no hace nada, se abrirá un hueco de doce terawatts-hora limpios y firmes, equivalente al ocho por ciento de la electricidad que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inyectó al sistema en 2024. La región centro–golfo perdería un respaldo de base estratégico. Además, podrían dispersarse capacidades construidas durante más de treinta y cinco años: operadores certificados, instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y proveedores especializados. La opción nuclear se cerraría por inercia: si el plazo de desarrollo es de diez a quince años, no decidir antes de 2035 equivale, en los hechos, a decidir que México no tendrá nueva capacidad nuclear.
La ruta para desplegar reactores modulares pequeños está trazada con precisión. Entre 2026 y 2030 debe tomarse la decisión de política pública, reformarse la ley y crearse el marco de licenciamiento. Entre 2030 y 2035 se seleccionan la tecnología y el sitio, se realizan estudios ambientales y se firman contratos de suministro. Entre 2035 y 2040 se obtiene la licencia de construcción y se levanta el primer módulo, mientras se forma a los operadores. Entre 2040 y 2045 se realizan pruebas, se carga el combustible y se arranca la unidad. Antes de 2050 debe estar operando para relevar a Laguna Verde. El cuello de botella no es exclusivamente tecnológico: está en el permiso legal, la regla de licenciamiento y el dinero comprometido. Esas tres piezas tardan más en construirse que el propio reactor.
Los sitios donde un reactor modular pequeño tendría sentido técnico están identificados. Laguna Verde es la vía más rápida, porque ya cuenta con licencia, infraestructura, agua de enfriamiento y personal formado. La península de Yucatán enfrenta un déficit crónico de generación firme y gasoductos insuficientes, lo que ha provocado apagones y soluciones temporales como plantas flotantes de gas. Tabasco y la refinería Olmeca requieren electricidad firme y vapor de proceso, una combinación que un SMR puede ofrecer simultáneamente. Baja California Sur opera aislada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y sufre apagones recurrentes; un módulo nuclear aportaría el respaldo firme que hoy depende de combustibles transportados por mar. El patrón es claro: donde la red es débil o aislada, hoy se responde con gas y diésel. Ahí es donde un reactor modular tendría más sentido.
El horizonte de la fusión nuclear aparece como una aspiración científica, no como una solución para 2050. México tiene historia en fusión con el Tokamak Novillo y el trabajo del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICN-UNAM), pero no participa en el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) ni cuenta con un programa nacional de fusión. Laguna Verde podría heredar infraestructura y talento, pero no convertirse en una planta de fusión. La fusión comercial es una discusión global para mediados de siglo; para México, por ahora, sigue siendo investigación básica.
Todo converge en un punto: 2035. Ese año no es una fecha administrativa, sino un límite físico y técnico. Es el borde del precipicio temporal en el que México debe decidir si quiere seguir siendo un país con energía nuclear o si permitirá que esa capacidad se extinga. La realidad de México no plantea una postura política; plantea un hecho energético, industrial y climático. El tiempo del país se mide en años, no en discursos. Y ese tiempo se acaba en 2035.
Si México no hace nada al respecto, perderá una de las pocas fuentes de electricidad firme, limpia y continua que tiene disponible. La salida eventual de Laguna Verde abriría un vacío energético difícil de cubrir sin aumentar la dependencia del gas natural importado, elevar las emisiones de dióxido de carbono y debilitar la seguridad eléctrica en regiones estratégicas. También se perdería capital humano especializado: operadores, reguladores, investigadores y proveedores que tardaron décadas en formarse. La inacción no mantendría el estado actual; lo deterioraría. Cada año sin decisión reduce la posibilidad de construir un reemplazo a tiempo, porque los proyectos nucleares exigen planeación, regulación, financiamiento y formación técnica de largo plazo. Si el país deja pasar la ventana de 2035, la consecuencia será clara: México no abandonará la energía nuclear por debate público, sino por falta de decisión, presupuesto y visión estratégica nacional.
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