Riesgos de una pandemia social

Está claro para todos las terribles consecuencias provocadas por la pandemia de covid-19 en el mundo entero. Nos han costado más de 100 millones de personas contagiadas, 2.3 millones de muertes, el freno de la economía y...

3 de febrero, 2021

Está claro para todos las terribles consecuencias provocadas por la pandemia de covid-19 en el mundo entero. Nos han costado más de 100 millones de personas contagiadas, 2.3 millones de muertes, el freno de la economía y de la cotidianidad. Los daños se siguen cuantificando porque, después de nueve meses de horror, los efectos del coronavirus siguen.

Los expertos aseguran que su impacto disminuirá hasta que se logre la llamada “inmunidad de rebaño”. Ello no parece ser fácil de lograr y menos de saber cuándo sucederá exactamente. Tendrá que darse la vacunación de 70% de la población a nivel país y mundial, lo cual está sujeto a la producción, adquisición, distribución y aplicación de las dosis. Los más optimistas hablan de que estaremos acercándonos a la meta a principios de 2022.

En nuestro país, la historia está más complicada. Tras el anuncio del Programa Nacional de Vacunación del gobierno federal que inició en diciembre y que abarcaba 15 meses, hemos ya recibido noticias de su atraso y modificaciones, muchas críticas y dudas de su viabilidad. Hay mensajes encontrados respecto a la información de las compras gubernamentales de vacunas y de cuándo serán recibidas de parte de los laboratorios productores y aplicadas.

Además, existen fuertes críticas, como el caso de la vacunación del personal de apoyo de las cuadrillas de vacunación, los denominados “siervos de la nación” que operan los programas sociales. Ello, por lo menos, despierta sospechas en un proceso electoral limitado en la operación política por la pandemia.

También causa controversia decisiones inesperadas, como la de vacunar a 20 mil docentes en Campeche para reiniciar clases presenciales, un estado que ha pasado del semáforo epidemiológico verde a amarillo, lo que no cumple con la condición establecida por la SEP.

Todo ello configura un escenario que nos extiende los tiempos para reabrir actividades económicas, y con ello empezar a recuperar el empleo y el ingreso de las familias mexicanas.




Esta semana, el INEGI anunció que el PIB cayó 8.5% en 2020, la mayor caída en décadas, cifra que se suma a una disminución de 0.1% en 2019. Aunado con la caída de la economía, se suma la pérdida de 716 665 empleos formales, de acuerdo a los datos revelados por el IMSS. Además, al menos 391 414 empresas han cerrado sus operaciones por la crisis, de acuerdo al INEGI. A la pandemia sanitaria, debemos agregarle ya la pandemia económica.

Lo anterior configura un duro escenario para nuestro país, pero es imperativo reconocer que la crisis no ha impactado igual a todos los sectores y estratos sociales de nuestro país, marcado por las desigualdades y la falta de cobertura social para los más desprotegidos. Este daño diferenciado es una creciente preocupación ante las limitadas respuestas de parte del gobierno federal, lo cual puede provocar un mayor crecimiento y deterioro de la población en pobreza y marginación.

Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un informe sobre los efectos de la crisis por el covid-19 en la región. Se concluye que México será unos de los países con mayores tasas de crecimiento de la pobreza. Anticipa que la pobreza crecerá 7.1%, lo que significa que la población en esta situación pasará de 41.9% al 49.5%. En materia de pobreza extrema, la CEPAL pronostica un crecimiento de 6.3%, lo cual significaría que el total de la población en esta situación pasará de 11.1% a 17.4%.

Con estos datos, en México crecería la población en pobreza y pobreza extrema de 53% a 66.9% en 2020. Una situación muy compleja que por lo menos refleja un retroceso de dos décadas en los avances obtenidos en materia de desarrollo social.

Frente a este terrible panorama, preocupa la limitada respuesta de las autoridades para proteger a los más vulnerables, mismos que seguramente están padeciendo mayores retrocesos en el acceso a la salud, la alimentación y la educación. Y en materia de ingreso está clara su afectación. De acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza y la Pobreza Laboral del CONEVAL, el ingreso laboral tuvo una disminución de 12.3% entre el primer y tercer trimestre de 2020.

Aunque los márgenes presupuestales son estrechos y las necesidades muchas, algo tenemos que hacer para apoyar a las personas en pobreza y marginación; y más tratándose de un gobierno que se autodefine de izquierda, progresista y con clara vocación social. De no actuar con oportunidad y con suficiencia, pronto podremos estar pasando de una pandemia sanitaria y económica a una peligrosa pandemia social.

Contacto: www.marcopaz.mx, [email protected], Twitter @marcopazpellat, www.facebook.com/MarcoPazMX, www.ForoCuatro.tv y www.ruizhealytimes.com

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Lo anterior, mediante decisiones firmes, como fue el cierre total de sus fronteras y el confinamiento forzoso. Los resultados están a la vista, pues Nueva Zelanda ha registrado menos de 30 decesos a causa de la pandemia y aproximadamente 2500 contagios; sin embargo, dichas medidas también tuvieron un impacto en la economía, por lo que la oposición ha criticado su aplicación.  Siendo fiel a las propuestas de campaña de la primera ministra, el gobierno neozelandés aprobó un aumento del salario mínimo y de los impuestos que buscan impactar a los más ricos. Con estas medidas el gobierno pretende atenuar el impacto económico que ha sufrido su país a raíz de la pandemia, en especial de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo. Por lo que se refiere al salario mínimo, este se incrementó de 18.9 dólares neozelandeses (NZD) (aproximadamente 13.19 dólares estadounidenses) a 20 NZD, (aproximadamente 13.96 dólares estadounidenses por hora). Se espera que esta medida impacte de manera inmediata a 175 000 personas.  Es importante mencionar que el salario mínimo neozelandés se encuentra ubicado dentro del top 10 mundial, solo por detrás de países como Luxemburgo, Australia, Países Bajos, Alemania y Bélgica2. Cabe señalar que trabajadores que se desempeñan en puestos esenciales como puntos fronterizos y aeroportuarios han seguido laborando a pesar de los riesgos. En este sentido, han sido los sindicatos quienes han solicitado aumentar el salario mínimo para estos trabajadores.  Sin embargo, algunos empresarios, Cámaras e incluso ministros como el de Negocios, Innovación y Empleo, refutaron las medidas o pidieron retrasar su aplicación. Éstos han argumentado que no era el momento para su implementación, sobre todo porque el confinamiento obligatorio causado por la pandemia afectó sus ingresos, considerando que es una carga y genera una presión adicional. Por otro lado, también se aprobó el aumento de la tasa impositiva máxima para las personas físicas que ganen más de 180 mil NZD (125 mil USD anuales). La tasa pasará del 33% al 39% y se estima que esta medida impacte únicamente al 2% de los contribuyentes. Con ello estiman una recaudación adicional en sus ingresos por 550 millones de NZD. Adicionalmente a estos dos cambios, también se incluyeron pequeños aumentos en las prestaciones por desempleo y enfermedad.  Cabe resaltar que la primera ministra está consciente de las áreas de mejora que tiene que atender, como son la inversión en el sistema educativo, construcción de viviendas, más oportunidades laborales, así como mejoras en los servicios de salud pública. Además, se requiere mayor accesibilidad de vivienda en ciudades como Auckland, donde los precios de la vivienda se sitúan en alrededor de 11 veces los ingresos medios. En este sentido, a finales de enero pasado, el gobierno informó que cerca de 22 800 familias están en espera de una vivienda pública. Esta lista de espera se ha incrementado de manera alarmante, ya que en septiembre de 2014 la lista la conformaban alrededor de 4200 personas y a finales del mes de enero de 2021 ha llegado a aproximadamente 23 000 personas3. Con estas nuevas políticas, el gobierno neozelandés está buscando una mejor equidad social, apoyando a sus ciudadanos más vulnerables. 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Lo doblega también la legalidad y el fondo de la materia jurídica que une el mundo del progreso a los tratados y acuerdos signados por una trayectoria y legado de pensamientos superiores al presente. Uno a uno han caído los preceptos que han sostenido una popularidad y una administración sembrada en conceptos anacrónicos que iniciaron con eufemismos distractores de cambio, con simples alteraciones de principio de cobertura para centrar disposición presupuestal. Y más allá de la inoperancia programática ya establecida y probada, se instalaron un dispendio sin mesura y una grosera acumulación de deuda pública sin destino productivo. Eso ha sido del ejercicio de esta supuesta transformación. Los tiempos desde luego reclaman un cambio, un cambio sin precedente; no puede llamarse rescate a las formas que han imperado en la cordura y la civilidad que suman años, pero sí puede llamarse destierro a la práctica insulsa que padece el país. 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El Costo de Oportunidad para México

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