EDUARDO TAMBIÉN ESTÁ EN:

Otro atentado al ingreso

Como cada semana, Manuel Torres Rivera nos comparte su análisis del impacto de las políticas populistas en la economía mexicana.

7 de diciembre, 2022

Manuel Torres Rivera

En este espacio se ha comentado la intromisión en los procesos productivos, pretendiendo con ello, estimular el consumo en el mercado interno. Desde luego, la alusión a esta intromisión es la dádiva de esta transición en turno de gobierno. Esta administración no centra sus objetivos en la redención social, como lo expresan sus programas que llama sociales, en realidad basa sus expectativas en penetración de hogares. Si sus estadísticas no rebasan al menos un 50 % de penetración, entonces se hace un mayor énfasis en cualquiera de las formas adoptadas para este ejercicio, desde Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y desde luego la Tercera Edad, programa que ha redituado adhesión bajo un esquema simulado en la dotación personal del presidente, ignorando preceptos de origen y el asiento constitucional de esta prerrogativa.

Si la llamo intromisión, es porque en realidad altera los órdenes de ingreso del empleo, siendo este un factor de costo con una contribución directa al producto. Toda cadena productiva inicia con abasto de materia prima, se insertan costos de mano de obra y otros directos e indirectos hasta llegar a un precio que acude a un mercado en competencia. Sin este proceso no existe la renta nacional que depende de los agentes productivos. Entonces viene la incongruencia de la dádiva: la renta nacional debe destinarse al servicio público que naturalmente atiende salud, educación y los renglones que conocemos como responsabilidad gubernamental, pero nunca la renta expresada como gasto corriente debe regresar a particulares; esto crea un círculo vicioso, que no califica como ingreso y por ningún motivo constituye un refuerzo en mercados de consumo.

Lo enunciado es no solamente un vicio, es un atentado a una política pública que enarbola un precepto equivocado con una clara intención de captura, llámese económica o emocional, pero captura al fin, con un derivado de una renta nacional que alguna vez calificó como parte del producto o riqueza de la nación. El resultado, ya puede calificarse después de una experiencia de cuatro años de gobierno; ha sido un desastre: por principio, la oferta en las cadenas de producción ha entrado en franco rezago, por falta de demanda. Entonces el estímulo al consumo con un ingreso inducido no ha mostrado ninguna mejoría. Por otro lado, la falta de programas regionales ha desequilibrado la producción de otras décadas y la ausencia de programas al campo, naturalmente ha provocado escasez nunca vista en perecederos y cárnicos, creando dependencia regional del exterior y una inflación sin control.

Ante este panorama, el supuesto estímulo, llamado ingreso, fuera de cadenas de producción, ha resultado insuficiente ante la escalada de precios de productos básicos, los de la dieta mexicana; ante esta circunstancia, ha imperado la precariedad y por ende la pobreza. El fenómeno de dispersión también ha creado otros vicios: no existe un padrón formal para muchos de los programas llamados sociales, por tanto la intermediación cumple puntualmente su función de acaparamiento y los eternos vicios de sujeción a un reparto condicionado surgen irremediablemente. Son los mismos cacicazgos de siempre los receptores del beneficio colectivo.

Ahora, a pesar de las circunstancias presentes en las que predominan la ausencia de inversión, por el mensaje agresivo de la fórmula popular del presidente, proclive al reparto de lo que existe y de lo que estaría por crearse, con una tasa de inflación que eleva el costo promedio del capital y que naturalmente inhibe programas de reposición de planta y equipo, con una posición férrea y desafiante de un gobierno que reta preceptos signados de un Tratado Comercial vigente, se anuncia un segundo atentado al ingreso con un aumento significativo al salario mínimo. Compensar la fuerza laboral es meta de todo ente productivo; en ello va la excelencia y la competitividad y el rendimiento de toda empresa. Hacerlo o promoverlo en las peores circunstancias de producción no obedece al principio elemental de maximizar utilidades.

La medida es de elemental demagogia y obedece al panorama que contempla un cierre de ejercicio con déficit fiscal de importancia. Sabemos que este gobierno gasta mucho y gasta mal. Tendrá presiones de todo tipo, iniciando con deuda jamás contemplada, por tanto era preciso un desvío de atención para centrarlo en las fuerzas productivas de la nación. El aumento del 20 % es un supuesto beneficio a la clase trabajadora pero no contempla consecuencias de reducción de empleo formal, como tampoco contempla prestaciones adicionales y repercusiones en precios. Pero desde luego, desde la óptica gubernamental bajo el esquema social, los descalabros y desequilibrios deben llevar una etiqueta de responsabilidad que exima al gobierno.

Para una fórmula como la que se menciona, debieron considerarse premisas de importación y exportación para de ello derivar un estudio formal de bienes y servicios con características de intensidad de capital o de mano de obra. Tradicionalmente, las economías emergentes exportan productos con mayor intensidad de capital que las economías industrializadas y esto se explica por la adopción de tecnología para tomar ventaja de mano de obra más barata en los países emergentes. Con esta medida de alza del mínimo se ignoran las capacidades de exportación al socio del norte que absorbe prácticamente toda la capacidad exportadora de México. Asimismo, la dependencia en perecederos y gasolinas no fueron considerados y la repercusión en el transporte se verá en los primeros meses del 2023.

Atentar contra una de las funciones clave en materia productiva no es política pública que resuelva las fases de la economía en general. Alentar el ingreso por intromisión en los procesos productivos, como ha sido descrito y alentarlo por decreto no es solución que deba inscribirse como política económica responsable.

Comentarios