El pasado 13 de noviembre de 2025, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió definitivamente diversos juicios de amparo y recursos promovidos por Elektra y TV Azteca, empresas pertenecientes a Grupo Salinas.
Estos asuntos impugnaban créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, e incluían disputas sobre la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones y sobre la salida del régimen de consolidación fiscal.
La SCJN desechó las acciones legales de las empresas, confirmando las sentencias previas de tribunales colegiados que obligan a Elektra y TV Azteca a pagar al SAT.
Como resultado, Grupo Salinas deberá pagar un monto confirmado de aproximadamente 48,326 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT. Esta cantidad incluye no solo el ISR original, sino también las actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales mencionados.
Tras la resolución, Grupo Salinas anunció que acudirá a instancias internacionales para defender sus derechos, fundamentando su estrategia en denuncias de persecución política y reclamaciones de protección de derechos humanos, ante cobros que consideran dobles e injustos.
Expertos advierten que, si bien la vía internacional está abierta, las posibilidades de revertir la decisión son bajas. Un tribunal internacional tendría que identificar una violación clara a derechos humanos o tratados internacionales para anular la resolución del máximo tribunal soberano de México. Históricamente, los casos fiscales tan técnicos y complejos se consideran asuntos internos de soberanía nacional.
El Estado mexicano cuenta con precedentes donde ha defendido exitosamente sus determinaciones fiscales ante tribunales internacionales. Aunque México ha tenido victorias y derrotas en arbitrajes, los casos estrictamente fiscales tienden a favorecer al Estado.
Por ello, la opción más pragmática y rápida para Grupo Salinas es negociar directamente con la Secretaría de Hacienda para evitar que el SAT inicie procesos coactivos de cobro, como embargos, que resultarían costosos y afectarían la operación de las empresas.
La clave está en establecer un plan de pagos en parcialidades o buscar un acuerdo de liquidación que satisfaga a ambas partes. De hecho, el propio Ricardo Salinas Pliego ha manifestado públicamente su disposición a pagar y ha solicitado al SAT que precise la cifra final del adeudo.
En un escrito de dos páginas, publicado en la red social X tras la decisión del máximo tribunal hizo saber que el grupo sigue esperando la respuesta del SAT a sus “solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales”. Ahora, todo depende de las negociaciones para concretar un acuerdo.
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