La Miscelánea Fiscal para el año 2022 no es verde

Algunos países han tomado medidas fiscales como una estrategia para combatir el cambio climático. ¿Algún día se aplicarán impuestos verdes en nuestro país?

26 de octubre, 2021

La semana pasada se discutió en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Miscelánea fiscal para 2022, en donde la mayor parte del debate se centró en cuestiones como la inscripción de los jóvenes a partir de los 18 años al padrón de contribuyentes (RFC), la introducción del nuevo Régimen de Confianza Simplificado de Contribuciones en sustitución del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y los límites en la deducción de impuestos por donativos. 

Esta última disposición ha causado polémica, pues podría afectar al financiamiento de organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, una persona puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o 163 000 pesos en un año. Además de este límite, las personas físicas pueden deducir los donativos que hacen a organizaciones civiles con un límite de hasta 7% de su ingreso anual. La propuesta de ley indica que los donativos personales deberán ser incluidos en el límite global y no por separado, lo que supone una disyuntiva fiscal para los contribuyentes entre sus gastos personales o los donativos que puedan realizar.1

Para todas aquellas personas interesadas en el cambio climático, la mala noticia es que transcurre un año más en el que no presenciamos un debate más amplio acerca de los impuestos verdes, pues a pesar de que existen algunos2, la realidad es que no son un tema relevante para el gobierno, e incluso, atrae solo a una parte de la opinión pública. Sin embargo, para percibir la relevancia que el tema tiene a nivel mundial, sólo basta con revisar lo sucedido en la reunión del G20 del mes pasado. Fue en septiembre que se reunieron en Italia los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países integrantes del G20 para abordar el tema del cambio climático y el rol de la política fiscal para combatirlo. 

Para la reunión del G20, el FMI y la OCDE prepararon el reporte Tax Policy and Climate Change, en el cual se señala que “una progresiva transición hacia la cero emisión de gases de efecto invernadero para mediados del siglo, es esencial para contener los riesgos de un cambio climático peligroso. Limitar el aumento de la temperatura a no más de 2.0 grados celsius y preferentemente a 1.5 en la segunda mitad de este siglo, que es el compromiso principal del Acuerdo de París de 2015, necesitará paquetes de políticas públicas que conduzcan a transformaciones importantes en la producción y en los patrones de consumo”3. El reporte mencionado indica que “las actuales medidas y compromisos respecto a las emisiones que los países han adoptado se han quedado muy cortas para las acciones y políticas que son requeridas”4.

México también se encuentra lejos de lograr que sus compromisos de reducción de emisiones se cumplan. Cabe recordar que nuestro país es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Las medidas fiscales que México aplica en este rubro se materializan a través de la ley del IEPS. “El impuesto al carbono en México fue aprobado en la Reforma Fiscal presentada en 2013 y aplicado desde enero de 2014. México no contaba con impuestos verdes como instrumento de gestión ambiental. Se encuentra dentro de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Cada combustible fósil cuenta con una tasa impositiva diferente de acuerdo a la cantidad de dióxido de carbono que contienen”5.

No obstante, de la misma manera como sucede con otros impuestos aplicados en México, cuya razón de ser consiste en desincentivar una actividad lícita pero nociva, los recursos recaudados por IEPS a combustibles fósiles no son canalizados por medio del gasto público a mitigar los efectos dañinos causados por su uso. Desafortunadamente, la Ley del IEPS sigue teniendo un carácter solo recaudatorio y no resarcitorio. Como resultado, “todos los ingresos derivados de la recaudación del impuesto al carbono en México van directamente al presupuesto general del país y no están etiquetados para uso específico.6

En conclusión, a nivel internacional existe preocupación porque las medidas implementadas por los gobiernos para la mitigación de los efectos del cambio climático son insuficientes para poder alcanzar las metas que los propios países se han propuesto. México podría explorar la aplicación de otros impuestos verdes para contribuir de mejor manera al cambio climático como ya lo hacen otros países que gravan los residuos industriales y comerciales, el sonido que emiten los aviones, las fuentes de contaminación del agua (pesticidas, fertilizantes artificiales, ácidos), entre otros.

1 https://elpais.com/mexico/2021-10-20/la-miscelanea-tributaria-pone-en-riesgo-a-las-organizaciones-civiles-de-mexico.html

2  A partir de 2014, la Ley del IEPS en su Artículo 2, Numeral I, fracción D, considera la aplicación del impuesto sobre el contenido de carbono en los combustibles fósiles. En él se establecen diversas cuotas dependiendo del bióxido de carbono producido por cada combustible fósil (diesel, combustóleo, butano, propano, entre otros)

3 Tax Policy and Climate Change. IMF and OECD. September 2021. Disponible en: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-policy-and-climate-change-imf-oecd-g20-report-september-2021.pdf

 4Ibid. IMF and OECD.

5 Impuesto al Carbono en México. Plataforma Mexicana del Carbono. Nota técnica elaborada por Brian Oronoz, Paulina Santos y Eduardo Piquero. Disponible en: http://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/Impuesto%20al%20carbono%20en%20M%C3%A9xico_actualizaci%C3%B3n2020.pdf

6 A febrero de 2020, los ingresos totales recaudados a través de este instrumento fueron $41,336 millones de pesos.

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Estas acciones crearon una nueva dinámica laboral que sustituyó el modelo tradicional de trabajo, basado en la concentración de los empleados en un lugar común. Desafortunadamente, el encierro y el trabajo generaron un desequilibrio en la vida personal y laboral de los trabajadores que se manifestó en estrés, ansiedad y agotamiento. Ante esta situación, un grupo de asociaciones sin fines de lucro de Gran Bretaña, en coordinación con investigadores de diferentes universidades, como Cambridge y Oxford, organizaron una prueba piloto con el fin de evaluar los efectos que generaría una semana laboral más corta sobre la productividad y calidad de vida de los trabajadores. De manera puntual, la prueba consiste en reducir el número de horas laboradas a la semana, pero manteniendo el salario de los empleados sin modificaciones por un periodo de seis meses. En dicha prueba participan más de 3000 trabajadores de 70 empresas de distintos sectores, como el bancario, cuidados de la salud, comercio, hospedaje, entre otros. Con esta acción, se busca analizar los cambios en el nivel de estrés, cansancio, satisfacción laboral, horas de sueño, etcétera, al agregar un día de descanso adicional por semana. Este nuevo modelo rescata la experiencia de otros países que han adoptado medidas similares para otorgar mayor flexibilidad en los horarios de trabajo, tales como Islandia, Nueva Zelanda, Escocia o Estados Unidos.1  En Nueva Zelanda, la empresa Unilever inició una prueba para acortar la semana laboral a 4 días en el 2020. En Estados Unidos, algunas empresas han permitido a los empleados recortar su semana laboral, eliminando los viernes, trabajando en turnos híbridos, aceptando recortes salariales por menos horas o estableciendo sus propios horarios. Aunque la mayoría de los esfuerzos se están realizando en el sector privado, algunos gobiernos, como los de Escocia y España, han dado facilidades para tener semanas laborales de cuatro días. Distintas empresas en Irlanda y Australia comenzarán las pruebas el 1 de agosto, mientras que otras en Estados Unidos y Canadá empezarán en octubre.  En nuestro país, el tema ha sido planteado por el empresario Carlos Slim, quien está a favor de acortar la semana laboral de manera gradual a tres días. El empresario argumenta que ante un exceso de oferta laboral, es decir que los empleados sobran, la mitad podría trabajar los primeros días y la otra mitad se encargaría de los días restantes.2 Entonces, habría 6 días de jornadas laborales de 12 horas cada uno, y la gente se podría jubilar hasta los 75 años. La propuesta de Slim apunta a aquellas empresas que tienen un exceso de personal, pero también hacia las agencias gubernamentales. Es, en esencia, una alternativa para los recortes de personal y las jubilaciones anticipadas. Algunos especialistas en Derecho Laboral han afirmado que en México se podría realizar una transición hacia un modelo de trabajo de 4 días laborales. Sin embargo, sostienen que se trata de una cuestión más relacionada con la cultura laboral y la voluntad. Además, el salario de los trabajadores no estaría en riesgo, pues no hay un sustento legal para reducirlo. Si, en última instancia, se lleva a cabo el trabajo en 4 días en vez de 5, no hay motivo para pagar menos a los empleados. De acuerdo con André Maxnuk, presidente de Mercer para América Latina, durante la pandemia, y a pesar de la disminución en las horas de trabajo, México se mantuvo entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde más horas se labora al año.3 La pandemia abrió, nuevamente, el debate para reducir la jornada laboral de las y los trabajadores del mundo entero. Distintos países han mostrado interés en explorar nuevos esquemas de trabajo y, sobre todo, han comenzado a priorizar el bienestar de las personas. En México la discusión aún es incipiente.  1 Nota basada en la publicación de The New York Times “In Britain, a new test of an old dream: the 4-day workweek. Disponible en: https://www.nytimes.com/2022/06/06/business/uk-four-day-work-week.html?searchResultPosition=1 2 Nota basada en la publicación de El Financiero, “Slim propone que el cambio a semana laboral de 3 dìas sea gradual”. 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La respuesta para incentivar el cumplimiento tributario en los países de ingresos bajos.

Para fortalecer el cumplimiento tributario es necesario que los gobiernos cambien los paradigmas tradicionales y fortalecer la confianza del contribuyente.

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