Inflación y reduflación: impacto en el gasto de la población

Los hogares más pobres, los más vulnerables, son quienes sufren los mayores estragos de la inflación.

12 de agosto, 2022 Inflación y reduflación: impacto en el gasto de la población

Periódicamente se publican los datos de las principales variables que afectan la economía de cada país, y la economía global. Se reporta el crecimiento económico, la inflación, y desempleo, entre otros. Son cifras que en México alcanzan niveles muy preocupantes por las políticas públicas del gobierno actual, agravadas por las condiciones del contexto internacional. Hoy nuestro país presenta un crecimiento económico históricamente bajo, inflación imparable, y un nivel de desempleo que no cede (una buena parte de las plazas están recuperando su ocupación en la informalidad o con salarios menores).

Pero los datos macroeconómicos pueden ser bastante fríos. Si se aterriza su impacto en la economía real, o en la vida diaria de la población, las cifras suben de temperatura, y sus efectos alcanzan un tono de dramatismo. Es el caso, precisamente, de la inflación, un tema sensible.

“Gasto” de la población, golpeado

El INEGI publicó el dato de la inflación a julio que fue de 8.15% general anual, su nivel más alto desde el año 2000. Este nivel de inflación en el país golpea fuertemente el “gasto” de la mayoría de los mexicanos. Los alimentos de consumo popular en el país son los que más presionan las finanzas de los consumidores, es decir, el bolsillo de las familias mexicanas. Y es que en el caso de las mercancías alimenticias (principalmente alimentos y bebidas) el aumento fue de dos dígitos, 12.09%; en frutas y verduras fue de 16.16%; y, en productos pecuarios (como carne y leche) de 15.96%. 

El precio promedio del kilogramo de la tortilla de maíz, base de la alimentación de la mayoría de la población, ha aumentado 11% en lo que va de 2022, en los expendios de tortilla a lo largo del país, según datos de la Secretaría de Economía. Actualmente, tiene un precio promedio de $20.84 pesos, pero tanto productores como especialistas señalan que, por el aumento en el precio de la tonelada de maíz y harina de maíz (y demás insumos), el precio pudiera elevarse hasta a $30 pesos por kilo, en algunas regiones del país (existe una mayor venta de tortillas de baja calidad principalmente en supermercados, donde el kilogramo cuesta entre $13 y $15 pesos).

El elevado precio en alimentos ha obligado a cambiar los hábitos de consumo de la población más vulnerable del país, lo que afecta el nivel de nutrición y bienestar (el impacto real se observa en el deterioro de la alimentación). Al ver encarecidos los alimentos se opta por productos de menor calidad, pero más baratos, o de plano, hay algunos que se tienen que dejar de consumir.

Enfoque en alimentación, menor gasto a salud y educación

Según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), alrededor del 55% del gasto de las familias se destina a alimentos, bebidas y transporte en el país (se excluye al decil con ingresos más altos de la población, que tiene otro esquema de gastos). 

Quienes cuentan con menores recursos dedican una mayor proporción del gasto al consumo de productos básicos, que son los que muestran mayores incrementos en precios, mientras que se ven obligados a destinar menor gasto en cuidados de la salud o educación, lo que conlleva un detrimento de calidad de vida y elimina posibilidades reales de prosperidad. 

Cabe agregar que la FAO (organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura) concluyó en mayo pasado, después del “Diálogo sobre situación de los precios de los alimentos y de los insumos agrícolas, así como su impacto en los sistemas agroalimentarios de México” (“Diálogo”), que alrededor del 60% de los hogares en el país se encuentra en algún tipo de inseguridad alimentaria, es decir, 6 de cada 10 hogares en el país no tienen garantizada la alimentación, mientras que casi 47% reporta reducción en el gasto en alimentos, al ver minado su poder adquisitivo.

Pobreza y desigualdad social

El incremento en los precios de los bienes y servicios en el país afecta con mayor severidad a los hogares con menores niveles de ingresos (familias que perciben $3 mil 313 al mes, en promedio -según datos del IMCO-).   

Según el colectivo “México, cómo vamos”, al primer trimestre de 2022, el 38.8% de la población no puede adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar. Es decir, casi el 40% de los mexicanos se encuentra en condición de “pobreza laboral”, en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Los hogares en pobreza laboral solo logran alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales.

Inflación y reduflación

La 17a Encuesta de la ANPEC (Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes) señala que: “1) La percepción de la población es que la inflación continuará al alza por lo que resta del sexenio; 2) Se ha dado un cambio en los hábitos de consumo en las familias mexicanas al pasar a compras diarias de lo esencial, buscando una racionalización en su consumo. Se ha dejado de consumir productos por insolvencia, han abandonado marcas de su preferencia y tienden a hacer compras genéricas y a granel, y 3) Los proveedores han incrementado su portafolio de mercancías, incorporando presentaciones pequeñas. La reduflación encarece aún más el precio de los productos.”

Los precios al productor registraron un aumento de 10.08% en julio. Algunas empresas y comercios del país han decidido reducir el tamaño y cantidad de sus productos para evitar encarecerlos, y ajustarlos al precio que la población puede pagar (reduflación); sin embargo, también pueden generar un deterioro en la calidad de los mismos. Es una práctica legal, siempre y cuando esté indicado en la envoltura o envase la cantidad que se está vendiendo. El más afectado es el consumidor, ya que recibe menor cantidad de producto por un precio igual o incluso hasta mayor. El efecto final es similar al de incrementos de precios: inhibe o limita el poder de compra de la población. Además, tiende a permanecer como práctica, aun cuando baja la inflación. 

PACIC complementario, pero insuficiente

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (-PACIC-, acuerdo firmado el en mayo pasado entre el gobierno, productores, distribuidores y comerciantes), ha sido ineficaz para estabilizar los precios de los productos seleccionados de la canasta básica. De los 24 productos que componen al PACIC, 15 presentaron una inflación mayor al 10% anual durante julio (inclusive presentando aumentos del 30 al 60% anual -como el caso del huevo, la naranja, el aceite y la cebolla-), muy por arriba del 8.15% del índice general.

La SHCP reportó, a principios de agosto, que el Gobierno ha destinado 574 mil 624 millones de pesos para tratar de contener el alza de precios a través del PACIC. 

“Subir la guardia”

Frente a la situación inflacionaria en el país, hay que “subir la guardia”.

  • Los Grupos de Agregados Agrícolas de las Embajadas en México y de la FAO, como resultado del “Diálogo” que se comentó anteriormente, establecieron el compromiso de trabajar con el gobierno mexicano frente a los retos actuales del alza de los precios de alimentos, enfocados en la “transformación hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes a cualquier perturbación”. Habrá que darle seguimiento y enfocar esfuerzos con productores del sector.
  • Por otra parte, además de la política monetaria implementada por el Banco de México de alza de tasas de interés, en cumplimiento de su mandato constitucional, es necesario revisar la política fiscal del gobierno federal. Frente a los limitados resultados obtenidos hasta esta fecha por el PACIC, habría que cuestionarse si habría que hacer una reasignación de recursos para posiblemente destinar un mayor porcentaje al apoyo a los productores de alimentos, y menos a combustibles (gasolina y electricidad), según haya una reducción en los precios del petróleo. Además de las medidas de producción, hay que reforzar las medidas de distribución (seguridad) establecidas en el Paquete.
  • Es fundamental impedir que la inflación se mantenga elevada en la parte “no subyacente” (que incluye a los productos agropecuarios y energéticos), que se ha mantenido fuera del objetivo, y que presiona o “jala”, a la parte “subyacente” (que son las partes que componen la inflación general, según lo define el INEGI). Al mismo tiempo se debe garantizar la salud de las finanzas públicas.

Los hogares más pobres, los más vulnerables, son quienes sufren los mayores estragos de la inflación. Es la parte de la población que se ve arrastrada a la indigencia, y la desnutrición. La inflación tiende a acentuar las tensiones sociales por el impacto desigual en la población, por lo que además de medidas fiscales y monetarias efectivas para contenerla, se deben implementar políticas que garanticen la cohesión social. Es necesario evitar que la inflación se convierta en una bomba de tiempo que detone una crisis social en el país.

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ingresos-egresos para toda una Federación, se incluya en el discurso una prédica de austeridad; en términos prácticos nunca ha existido austeridad en esta transición en turno de gobierno, en realidad, han existido transferencias de recursos que han debilitado las áreas no convenientes en la conformación del discurso popular y demagógico. Por el contrario, se instaló una derrama de gasto no programático y sin padrón ni control. Como se ha comentado en este espacio, se ha acudido al eufemismo para significar programas de aliento y bienestar y el resultado ha sido catastrófico. El presidente, tal vez en su arenga cotidiana no perciba la dimensión de un gasto corriente y la premisa que concibe inversión pública al llamar a este fenómeno de reparto dispersión.  En otras ocasiones también hemos señalado que los programas populistas parten de una bonanza económica. Para nadie es secreto que la economía crecía a un ritmo superior al 2% anual en un afán sostenido. También, se ha señalado en diversos apuntes económicos que existían reservas y otros mecanismos de ahorro en la figura del fideicomiso. Esas bases ya no existen, simplemente fueron devastadas, erogadas y extintas. Abundar en figuras discursivas argumentando austeridad y adjetivarla como republicana, es una de las tantas formas de faltar a la ética gubernamental. Si el principio es falso, falsas resultan las conclusiones en cuanto al manejo del presupuesto nacional.  Ahora tenemos un presupuesto para el año 2023 con un monto que supera los ocho billones de pesos. Dimensionar esta cifra y conducir su certeza en paralelo a la revisión de tres ejercicios completos de esta transición, no representa un acto fehaciente por las múltiples adiciones a renglones que no han significado conclusión de proyecto. Para entender esta aseveración, ningún presupuesto ha sido respetado en tres años de gobierno. El endeudamiento ha sido monstruoso; 2.3 billones de pesos de deuda nueva es la deuda nominal de esta gestión. Para dar una idea de lo que esto representa sin acudir a tantas cifras que confunden, el solo hecho llamado servicio de la deuda será de un billón de pesos en 2023. Este billón de pesos contempla intereses derivados de la parte nominal o principal de la deuda emitida. Falta la consideración inevitable de papel flotado por la petrolera y la parte condenada a bonos chatarrra que circulará en mercados secundarios, elevando costos de emisión pactados de origen. Habría que añadir los arbitrajes en los que México nunca ha ganado para sumar la contingencia de pasivos no creados aún. De ocho billones presupuestados no es un juego de simple aritmética descontar intereses para estimar un haber hacendario que todavía tiene que atender prerrogativas irrenunciables en la nómina del gobierno, en servicios y en todo lo que conocemos como seguridad, educación y un largo etcétera.   Pero, la agenda gubernamental se complica en los renglones que no han sido atendidos, entre ellos, mantenimiento. Las noticias sobre incendios, plataformas con desperfectos, vías de comunicación, carreteras, aeropuertos, puertos de embarque y desembarque han sufrido por falta de mantenimiento, renglón que nunca se estimó por la impericia de los mandos designados. Este gobierno en turno ha concentrado los recursos según sea el reclamo de donde viniere, iniciando por sus propios cuadros y ultimando a la sociedad y la demanda real, la empresarial. La improvisación se ha instalado como forma de gobierno y la premura de esa dispersión a la que alude el presidente, ha desbocado el gasto para anunciar en el discurso itinerante, la cobertura de hogares como logro de gobierno.  El fallo natural es la supuesta cobertura contra la verdadera adaptación del gasto público a necesidades reales de una población que jamás fue consultada. Esto significa, como siempre, en todo programa popular, la interpretación individual se suple por la interpretación colectiva para dirimir desde el poder, gustos y preferencias. El choque inmediato de esta visión confronta la demanda con la oferta, otra vez, no consultada, para interrumpir las cadenas productivas, cadenas que debieron marchar en paralelo con la política pública de la inversión o el gasto, como quiera verse.  El gasto inducido desde la óptica del poder, es en esencia la fórmula retardataria perfecta para diluir todo esquema de contribución al consumo desordenado, mediante la dádiva. Este desorden creado por la esfera gubernamental crea vicios, intermediación, suplantación de otorgamiento programático y corrupción. El efecto de una dispersión de recursos sin control ni padrón, conduce al dispendio acumulado de la coerción social y el agregado nunca muestra los fines originalmente planteados y eso explica la multiplicación de la pobreza. Si se quiere añadir el caos sembrado por el supuesto Banco del Bienestar, con sucursales inoperantes, desperdicio de redes que pudieron ser evitadas con una simple concesión de banca, podrá entenderse un vicio adicional al esquema del reparto.  Finalmente, el presupuesto 2023 incluye un crecimiento de la economía que no se dará; el simple hecho de continuar con obra inoperante, desde el aeropuerto que regresará a sus orígenes que desde 1952 fue concebido como base militar, hasta la refinería que si llegara a refinar no excedería de una producción de 300 000 barriles diarios, una verdadera insuficiencia que respondería a una inversión de veinte mil millones de dólares y culminando con un aberrante tren destructor de hábitat natural, la orientación del gasto público hace imposible el crecimiento. La mira de la derrama social con el único objetivo de la captura emocional enfrenta un dilema irrecuperable con la producción. El crecimiento de una economía se contempla con impulsos y esos impulsos se originan con políticas públicas que responden a la demanda de los agentes productivos y no a la imposición de un gobierno que induce una infraestructura por capricho. Y a esa imposición, que naturalmente recorta presupuesto a actividades prioritarias de salud y educación, como ejemplo, le llama austeridad. " ["post_title"]=> string(17) "Adiós austeridad" ["post_excerpt"]=> string(135) "Como cada lunes, Manuel Torres Rivera reflexiona sobre el impacto de las políticas populistas del gobierno en la economía mexicana. 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Esto indica que si tomamos el monto de 2023 de 1.7 billones de pesos para protección social, a cada persona en estas condiciones se le estarían asignando un monto de 2511 pesos por mes (84 pesos diarios). Huelga decir que este monto no saca de la pobreza a la gente debido a que no cubre todas sus necesidades. Para que una persona sea productiva en la sociedad debe haber un aseguramiento en el sector salud y educación, pero estos rubros solo aumentarán 500 mil millones de pesos.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó un presupuesto en función de las nuevas condicionantes globales, pero no desde un punto de vista del desarrollo económico necesario para fortalecer a los mercados internos. Basó su incremento de gasto en la suposición de una mayor recaudación de dineros tributarios de más de 675 mil millones de pesos para el 2023. En la propuesta presentada indica respecto al año 2022 que habría un incremento de alrededor de 950 mil millones de pesos, más de ingresos, y un gasto de más de 1.2 Billones de pesos. Estos incrementos traen como resultado un déficit presupuestal (dinero que debería ser cubierto con deuda, créditos revolventes o actuales, u ingresos extraordinarios, no existe certidumbre de tenerlos en forma tangible) de 1.1 billones de pesos. Revisando las últimas décadas de los presupuestos presentados, en el observado para el 2023, encontramos que aumentará en tres veces el monto del déficit, al considerar como base a partir del 2018. Pero antes de este año el promedio del déficit no era mayor en promedio a los 500 mil millones de pesos Es importante aclarar que el espíritu de un balance presupuestario no está en función de los ingresos, sino la forma en que se determinará en cómo gastarlo y el para qué.  El gasto neto público aumentará un 17%, el cual está dividido en el programado (necesario para mover al país) y el no programado (costos no controlados como financieros), en estos últimos se apreció un descontrol derivado del incremento del costo del dinero en los mercados financieros, y éste aumentó en un 27% respecto a 2022. Resumiendo entre los Ingresos e Egresos, y con el déficit del 2022 al 2023:  Gastamos más e ingresa menos, y pensamos en cubrir el déficit de más de 1 billón de pesos con ingresos extraordinarios. México gasta mucho dinero que solo le servirá para que el país se mueva, pero no para que crezca. Debemos considerar para todas nuestras actividades personales, en la empresa donde laboramos y nuestros negocios, las variables macroeconómicas que influirán en nuestras actividades, así de cómo la administración actual pretende realizar en obtener sus ingresos y en qué gastará. Las variables para considerar para el cierre del 2022 y esperadas en 2023 son: inflación máxima 2022 de 7.8%, deberá bajar 0.9% en 4 meses. Se confirma así que no dejaremos de exportar crudo ante un precio de barril alto esperado en 2023, a 68.70 dólares (16 dólares por  debajo de esperado en 2022). El dinero seguirá siendo caro por una tasa alta interbancaria. Establecido los montos de ingresos y gastos, comprendamos entonces cómo son obtenidos y distribuidos los dineros en México. Los ingresos son agrupados en dos grandes rubros: petrolero y no petrolero.  El primero antes de la reforma energética representaban el 30 a 35% del total de ingresos, hoy día entre 15 a 20%. En el balance propuesto del 2022 a 2023, se espera que  aumenten estos, derivado del incremento al precio del barril de 55 a 68 dólares. ¿Es mentira que dejaremos de exportar? Esta pregunta se origina que al continuar exportando traerá un problema de materia primas para las siete refinerías, debido a que el volumen de producción de crudo es insuficiente para operar al sistema nacional de refinación actual al 80% y la entrada de la refinería Olmeca, con la incertidumbre de ser autosuficientes en combustibles. Parte de los ingresos dependen de la empresa productiva del estado y privados, y hay otra inconsistencia del cómo generar mayores ingresos, motivando de mover a la economía por medio del presupuesto público por medio de contrataciones de PEMEX y CFE, además de que indican que ambas empresas serán las garantes del poder el tener cubierta la demanda energética del país, pero revisando los gasto programados para ambas empresas, existe una contracción del dinero asignado para ambas de un  5.32%. Pemex incrementó en un 1.58% y CFE registró una contracción del 6.9% (Privados no invierten, y CFE bajan presupuesto ¿cómo cubrirá el mercado la demanda de este país?). Ello crea una alta incertidumbre a mediano plazo al no haber crecimiento de los sectores económicos, al depender que ambas empresas puedan cubrir el todo. Concentrado en Pemex y en la cual continuarán estresándole, en el sentido de ser la garante en el sector de hidrocarburos; en 2023 las inversiones en programas y proyectos indican que Pemex transformación industrial incrementará 1.5 veces respecto a 2022, principalmente en proyectos que incrementen la utilización de las refinerías. Pemex exploración y producción aumentará un 11%, y esto acorde al incremento de costos de insumos. Pemex logística sin variación significativa. Es decir, se concentrará en el negocio principal que deja dinero en las ventas y que son los combustibles. Respecto a la extracción de crudo, en 2023 se reducirá la inversión en campos de aguas profundas y se incrementará en aguas someras En resumen, el presupuesto del 2023 indica que habrá más ingresos tributarios, pero existe un nulo crecimiento de nuevas inversiones o empresas, quedando con la misma cadena de personas morales que paguen impuestos, y una menor recaudación derivada de tener salarios bajos reales a según datos del cuarto informe y INEGI. Pensando en forma optimista que alcancemos los ingresos con el déficit contemplado, los egresos (gasto) programables y no programables, concentremos en los primeros.  Estos se dividen en el realizado por el gobierno, desarrollo social y el económico. Observamos que del 2018 a 2023 el gasto a desarrollo social ha incrementado en 1.5 billones y dentro de este gasto encuentra la protección social (programas sociales) que ha crecido 865 mil millones de pesos. 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Por el contrario, se instaló una derrama de gasto no programático y sin padrón ni control. Como se ha comentado en este espacio, se ha acudido al eufemismo para significar programas de aliento y bienestar y el resultado ha sido catastrófico. El presidente, tal vez en su arenga cotidiana no perciba la dimensión de un gasto corriente y la premisa que concibe inversión pública al llamar a este fenómeno de reparto dispersión.  En otras ocasiones también hemos señalado que los programas populistas parten de una bonanza económica. Para nadie es secreto que la economía crecía a un ritmo superior al 2% anual en un afán sostenido. También, se ha señalado en diversos apuntes económicos que existían reservas y otros mecanismos de ahorro en la figura del fideicomiso. Esas bases ya no existen, simplemente fueron devastadas, erogadas y extintas. Abundar en figuras discursivas argumentando austeridad y adjetivarla como republicana, es una de las tantas formas de faltar a la ética gubernamental. Si el principio es falso, falsas resultan las conclusiones en cuanto al manejo del presupuesto nacional.  Ahora tenemos un presupuesto para el año 2023 con un monto que supera los ocho billones de pesos. Dimensionar esta cifra y conducir su certeza en paralelo a la revisión de tres ejercicios completos de esta transición, no representa un acto fehaciente por las múltiples adiciones a renglones que no han significado conclusión de proyecto. Para entender esta aseveración, ningún presupuesto ha sido respetado en tres años de gobierno. El endeudamiento ha sido monstruoso; 2.3 billones de pesos de deuda nueva es la deuda nominal de esta gestión. Para dar una idea de lo que esto representa sin acudir a tantas cifras que confunden, el solo hecho llamado servicio de la deuda será de un billón de pesos en 2023. Este billón de pesos contempla intereses derivados de la parte nominal o principal de la deuda emitida. Falta la consideración inevitable de papel flotado por la petrolera y la parte condenada a bonos chatarrra que circulará en mercados secundarios, elevando costos de emisión pactados de origen. Habría que añadir los arbitrajes en los que México nunca ha ganado para sumar la contingencia de pasivos no creados aún. De ocho billones presupuestados no es un juego de simple aritmética descontar intereses para estimar un haber hacendario que todavía tiene que atender prerrogativas irrenunciables en la nómina del gobierno, en servicios y en todo lo que conocemos como seguridad, educación y un largo etcétera.   Pero, la agenda gubernamental se complica en los renglones que no han sido atendidos, entre ellos, mantenimiento. Las noticias sobre incendios, plataformas con desperfectos, vías de comunicación, carreteras, aeropuertos, puertos de embarque y desembarque han sufrido por falta de mantenimiento, renglón que nunca se estimó por la impericia de los mandos designados. Este gobierno en turno ha concentrado los recursos según sea el reclamo de donde viniere, iniciando por sus propios cuadros y ultimando a la sociedad y la demanda real, la empresarial. La improvisación se ha instalado como forma de gobierno y la premura de esa dispersión a la que alude el presidente, ha desbocado el gasto para anunciar en el discurso itinerante, la cobertura de hogares como logro de gobierno.  El fallo natural es la supuesta cobertura contra la verdadera adaptación del gasto público a necesidades reales de una población que jamás fue consultada. Esto significa, como siempre, en todo programa popular, la interpretación individual se suple por la interpretación colectiva para dirimir desde el poder, gustos y preferencias. El choque inmediato de esta visión confronta la demanda con la oferta, otra vez, no consultada, para interrumpir las cadenas productivas, cadenas que debieron marchar en paralelo con la política pública de la inversión o el gasto, como quiera verse.  El gasto inducido desde la óptica del poder, es en esencia la fórmula retardataria perfecta para diluir todo esquema de contribución al consumo desordenado, mediante la dádiva. Este desorden creado por la esfera gubernamental crea vicios, intermediación, suplantación de otorgamiento programático y corrupción. El efecto de una dispersión de recursos sin control ni padrón, conduce al dispendio acumulado de la coerción social y el agregado nunca muestra los fines originalmente planteados y eso explica la multiplicación de la pobreza. Si se quiere añadir el caos sembrado por el supuesto Banco del Bienestar, con sucursales inoperantes, desperdicio de redes que pudieron ser evitadas con una simple concesión de banca, podrá entenderse un vicio adicional al esquema del reparto.  Finalmente, el presupuesto 2023 incluye un crecimiento de la economía que no se dará; el simple hecho de continuar con obra inoperante, desde el aeropuerto que regresará a sus orígenes que desde 1952 fue concebido como base militar, hasta la refinería que si llegara a refinar no excedería de una producción de 300 000 barriles diarios, una verdadera insuficiencia que respondería a una inversión de veinte mil millones de dólares y culminando con un aberrante tren destructor de hábitat natural, la orientación del gasto público hace imposible el crecimiento. La mira de la derrama social con el único objetivo de la captura emocional enfrenta un dilema irrecuperable con la producción. El crecimiento de una economía se contempla con impulsos y esos impulsos se originan con políticas públicas que responden a la demanda de los agentes productivos y no a la imposición de un gobierno que induce una infraestructura por capricho. Y a esa imposición, que naturalmente recorta presupuesto a actividades prioritarias de salud y educación, como ejemplo, le llama austeridad. " ["post_title"]=> string(17) "Adiós austeridad" ["post_excerpt"]=> string(135) "Como cada lunes, Manuel Torres Rivera reflexiona sobre el impacto de las políticas populistas del gobierno en la economía mexicana. 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