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David Moscoso Sánchez | Profesor Acreditado Catedrático de Sociología, Universidad de Córdoba
El
caso Negreira, el caso de supuesta corrupción por el cobro de favores de arbitraje en La Liga española en el que habría intervenido el Barcelona F.C., ha abierto un capítulo crucial en el ya complicado derrotero que vive el fútbol español en los últimos tiempos.
Este caso es el más actual y uno de los que más revuelo han causado, porque pone en cuestión la integridad del resultado de varias ediciones de la liga de fútbol de primera división. Aunque también siguen presentes los
escándalos que relacionan al presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el supuesto manejo de dinero federativo para fines ilícitos y señaladas comisiones.
Hechos a los que se suman acusaciones contra clubes por amaño de partidos, el fomento del juego a través de las apuestas deportivas o el oscuro mercado de fichajes en algunos de los más importantes equipos de fútbol de este país. Uno de los motivos por los que estos hechos llaman la atención de la opinión pública de una forma especial es porque muchos tenemos muy interiorizados ciertos valores positivos asociados al deporte, y nos resulta dicotómica la conexión entre corrupción y deporte.
Algo parecido a la corrupción urbanística
Las circunstancias que explican la corrupción en el fútbol son similares a las que han influido tradicionalmente en la corrupción urbanística. Durante muchos años se ha dejado en manos de constructores el desarrollo urbanístico de la ciudad, delegando en ellos sin los necesarios instrumentos de control y fiscalización decisiones delicadas de desarrollo económico.
El matiz que diferencia a constructores y federaciones deportivas es que en España éstas últimas tienen una naturaleza público-privada, pues son entidades privadas, pero tienen competencias públicas delegadas; ostentan una función delegada por Ley para organizar el deporte de competición.
Desde hace unos años las legislaciones deportivas autonómicas han incorporado normas de código de buen gobierno y transparencia en las cuentas de las federaciones deportivas, algo que no ha llegado a la Ley estatal hasta diciembre de 2022. Pero, además, las federaciones deportivas dependen de las subvenciones públicas y se financian con parte de la recaudación de las apuestas deportivas del Estado, por lo que deberían estar sometidas a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ciertamente, cabe pensar que la autonomía que tiene la Real Federación Española de Fútbol debería estar sujeta a un mayor control público, máxime dadas las grandes cuentas económicas que maneja, más del 1% del PIB español y 137 millones de euros de gestión propia.
La corrupción en el fútbol ya se equipara a la corrupción política
La corrupción en el fútbol se ha convertido en un fenómeno tan insoportable para las aficiones como el que representa la corrupción en la política. Y lo que provoca esta situación es la deslegitimación del fútbol como institución, de la misma manera que la que produce la corrupción política sobre las instituciones públicas.
Basta comprobar que, según
Transparencia Internacional, sólo 14 de las 209 federaciones nacionales de fútbol publican sus presupuestos y las retribuciones de sus cargos, mostrando una realidad normalizada en este deporte.
En 2015,
esta ONG llevó a cabo una encuesta entre hinchas de fútbol de una treintena de países –más de 35.000 personas–, con el propósito de evaluar la percepción que tenían sobre la corrupción y los problemas de gobernanza en el fútbol. Pues bien, 8 de cada 10 personas encuestadas se mostraron en desacuerdo entonces con la gestión del presidente de la FIFA.
El veneno de la corrupción, según Merkel
La excanciller alemana Angela Merkel llegó a decir aquel año que “el veneno de la corrupción ha invadido la política y el deporte, que se ha contaminado. Hay que limpiar las cañerías de la FIFA. Es absurdo que las cosas sigan como están en esa organización”.
En torno al fútbol español la situación es similar. Según evaluó Transparencia Internacional en 2015, la Real Federación Española de Fútbol se situaba en el puesto 56 de 65 federaciones deportivas en transparencia, con 27 de 100 puntos.
Además, algo más de la mitad de los clubes españoles en primera y segunda división suspendieron en transparencia.
Solo superaron el aprobado 17 de los 41 evaluados por esta organización.
Respuesta liviana
Estos últimos días
las aficiones del Barcelona F.C. han exigido a los directivos de su club mayor transparencia y publicidad en sus cuentas. Y no es para menos, el club acumula ya un largo expediente de casos de corrupción que le abocan a afrontar su futuro con grandes incertidumbres y pocas ilusiones para sus seguidores.
Pese a todos estos hechos, la respuesta política ha sido siempre liviana y equidistante, aun siendo una realidad que exige máxima implicación de las autoridades deportivas.
La única manera de que el fútbol español no continúe deteriorando su imagen social es restablecer su integridad pública, algo que exige el máximo compromiso para luchar contra la corrupción en su seno. Y la corrupción se evita cuando existe un adecuado sistema de control y fiscalización, código de buen gobierno, recursos que garanticen el funcionamiento de éste y una voluntad política decidida."
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En la Constitución Política, en el Artículo 4, se establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. También establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”. En la práctica, ni gozamos de un medio ambiente sano y la vivienda de una inmensa mayoría de los mexicanos ni es ni digna ni decorosa.
Muchos grupos de activistas urbanos pertenecientes a pueblos y barrios originarios en la CDMX llevan años impulsando esa misión del “Derecho a la ciudad”. No en lo individual sino como algo colectivo que permita a todos los que en ella habitamos, trabajamos, nos movilizamos, acceder en forma equitativa e incluyente a los servicios, recursos y oportunidades que las ciudades ofrecen…
Una de las acciones indispensables que debe acometer la autoridad en cumplimiento de lo que mandata en este caso la Constitución de la CDMX es llevar a cabo planes y programas de carácter espacial que den pie a acciones concretas para abatir la desigualdad, la marginación, la exclusión, la discriminación…
Pero en el caso de la CDMX, a 4 años de iniciado el gobierno, las constantes transgresiones a la Ley (Constitución Política de la CDMX) han traído nefastas consecuencias al proceso de planeación que debió haber sido concluido por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, órgano con autonomía técnica y de gestión del Gobierno de la Ciudad.
Así hoy, tenemos: Un Instituto acéfalo, una ciudad sin plan y sin programa de ordenamiento. Lo que está sucediendo en la materia es sumamente riesgoso para la ciudad, pues en los hechos se ha demostrado una terrible incompetencia en la gestión urbana.
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El 7 de marzo la JUCOPO del Congreso local, aprobó un punto de acuerdo para solicitar al comité de selección de la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva iniciar el proceso para seleccionar una nueva terna para enviarla al poder legislativo para nombrar un nuevo titular del organismo que debe estar al frente por 5 años en el cargo y este es irrenunciable.
¿Por qué se reinicia este proceso de selección? Porque el titular del Instituto renunció porque unos días antes el Secretario de Gobierno Martí Batres declaró nulos el Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial que el Instituto sometió a consulta pública. ¿Por qué los declaró nulos? Debido a que la consulta derivó en innumerables críticas que provocaron enormes manifestaciones de malestar entre los habitantes de barrios y pueblos originarios principalmente en Xochimilco y Milpa Alta. El tema: el suelo de conservación y la propiedad social de la tierra.
Organizaciones civiles, gremiales, profesionales y académicas hicieron severas críticas a la inoperancia de las propuestas. Un largo proceso que inició en los años 2019 y 2020 con la sesgada designación del Titular del Instituto, y concluyó con la cancelación del proceso de consulta y la decisión de que todo se rehaga, desde designar al nuevo titular hasta formular los nuevos planes de desarrollo y programa general de Ordenamiento Territorial (obviamente nada de este sucederá durante la presente gestión del gobierno de la ciudad).
¿Por qué es tan significativo este fracaso? Porque deja a la ciudad “al garete” en términos de la atención a derechos urbanos fundamentales, derecho a:
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- Un medio ambiente sano y sostenible
- A una ciudad sin discriminación con gozo de igualdad e inclusión social
- Al espacio publico
- Una gobernanza equitativa
- Servicios públicos de calidad
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Así, una lucha que inició en el año 2007, el “Movimiento Urbano Popular” para elaborar una carta de la Ciudad de México: por el derecho a la Ciudad, definido éste como el Usufructo equitativo de está dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social y que dio origen a crear en el marco de la Constitución general de la CDMX, el Instituto referido, que por una deficiente gestión vuelve a dejar a esta enorme población de la Capital de la República sin una visión de futuro, sin instrumentos para promover acciones ni en lo espacial ni en lo social que permitan visualizar un horizonte viable y sostenible para esta enorme ciudad capital.
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David Moscoso Sánchez | Profesor Acreditado Catedrático de Sociología, Universidad de Córdoba
El
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Las circunstancias que explican la corrupción en el fútbol son similares a las que han influido tradicionalmente en la corrupción urbanística. Durante muchos años se ha dejado en manos de constructores el desarrollo urbanístico de la ciudad, delegando en ellos sin los necesarios instrumentos de control y fiscalización decisiones delicadas de desarrollo económico.
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La corrupción en el fútbol ya se equipara a la corrupción política
La corrupción en el fútbol se ha convertido en un fenómeno tan insoportable para las aficiones como el que representa la corrupción en la política. Y lo que provoca esta situación es la deslegitimación del fútbol como institución, de la misma manera que la que produce la corrupción política sobre las instituciones públicas.
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El veneno de la corrupción, según Merkel
La excanciller alemana Angela Merkel llegó a decir aquel año que “el veneno de la corrupción ha invadido la política y el deporte, que se ha contaminado. Hay que limpiar las cañerías de la FIFA. Es absurdo que las cosas sigan como están en esa organización”.
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