Universidades públicas: el financiamiento

Al interior de las universidades e institutos de nivel superior, las políticas de asignación de recursos para las diferentes instancias se mantienen con incrementos mínimos y se vuelven rígidas.

1 de diciembre, 2022 Universidades públicas

Año tras año, el tema del financiamiento de la educación superior se convierte en un asunto relevante. El presupuesto público tanto federal como estatal no presenta grandes modificaciones  y los incrementos salariales se mantienen en los mismos márgenes porcentuales que en regímenes anteriores. 

Al interior de las universidades e institutos de nivel superior, las políticas de asignación de recursos para las diferentes instancias se mantienen con incrementos mínimos y se vuelven rígidas como respuesta a los procesos de auditorías y controles del gasto público que se han establecido por los diferentes niveles de gobierno. 

Junto con estas condiciones, variables como la necesidad de incrementar los servicios educativos de nivel superior, el reto de incorporar a más jóvenes a la escolaridad superior e incluso posgrados, la cantidad de profesores que ingresan al sistema de pensiones y jubilaciones así como de mejorar la infraestructura, meten presión a la parte financiera del sistema de educación superior y a las finanzas públicas en general. 

¿Qué hacer? ¿Cómo se ha dado respuesta a estos problemas durante los últimos años? ¿Es viable mantener un sistema de financiamiento como el que se ha construido? 

El sistema de educación superior se sostiene en lo económico fundamentalmente en dos líneas: el financiamiento público y los programas de generación de recursos propios que por medio de mecanismos como: cuotas estudiantiles, venta de servicios y venta de cursos de capacitación y actualización, sustentados en los marcos normativos internos de las instituciones públicas de educación superior, generan recursos para el mantenimiento de la infraestructura enfocada a atención a estudiantes.

Desde mediados de la década de los noventa, inició el crecimiento de los programas de recursos propios mediante las participaciones estudiantiles vía cuotas que, se amarraron al salario mínimo. Posteriormente la oferta de servicios a la comunidad como servicios psicológicos, contables, fiscales y desarrollo de proyectos así como cursos de actualización profesional o de desarrollo educativo permitió que el flujo capital hacia algunas instituciones se incrementara, reflejándose en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para docencia. 

Desde el momento mismo de la construcción de leyes donde se autorizaba el cobro de cuotas a los estudiantes para su ingreso, reinscripción y servicios adicionales como idiomas, titulación y expedición de documentos, entre otras más, hubo voces discordantes y movimientos de protesta que poco a poco se fueron apagando por distintos factores, como el uso de la fuerza por parte del Estado, el reacomodo al interior de las instituciones o bien, la natural transición generacional.

El argumento para generar la participación financiera de los estudiantes y de la comunidad a partir de la venta de servicios fue que por el crecimiento de las instituciones de educación superior y los impactos de las crisis económicas en las finanzas públicas se volvía crítico para el estado ser la única fuente de financiamiento. 

Al margen de lo válido tanto en el pasado como en la actualidad de la argumentación, resultó ser trascendental, permitió el desarrollo de programas de generación de recursos propios donde estudiantes se incorporaron a los diferentes despachos de servicios para desarrollar prácticas e impactó también en actividades de vinculación con diferentes sectores sociales e instituciones. 

De cualquier forma el tema sigue siendo álgido. La base filosófica de la educación superior gratuita además de ser ley, es un criterio que permanece con mucha raíz dentro de los cuerpos docentes y estudiantiles universitarios por lo que se considera el cobro a estudiantes como un factor que contraviene el principio de gratuidad de la educación superior. 

¿Qué factores vuelven más complejo el tema del financiamiento de la educación superior?

La resistencia de personal universitario a la venta de servicios y vinculación con el sector empresarial lo que mejoraría la gestión de recursos e incrementaría la cantidad de recursos financieros disponibles. La perspectiva filosófica de la educación gratuita y alejada de la visión capitalista genera acciones que limitan el desarrollo de algunos indicadores. 

La diversidad de subsistemas educativos a nivel superior, lo que deviene en diferentes formas de gobierno, algunas son autónomas, otras no, otras dependen de los diferentes estados que integran la federación mientras que otras son atendidas por el gobierno federal. 

La diversidad de estructuras jurídicas y la complejidad de las interacciones específicas de cada institución debida a condiciones históricas y culturales diversas. 

La inexistencia de una visión estratégica para la educación superior, como se ha planteado incluso en documentos oficiales, lo que implica la ausencia de una política pública clara, en particular en lo referente al financiamiento. En la asignación de los recursos la cantidad de estudiantes sigue siendo un criterio fundamental por encima de factores como la calidad y los resultados de los procesos de acreditación o productividad. 

En síntesis, cada universidad o instituto, ha enfrentado de diferentes formas el problema de la escasez de recursos financieros. Cada una, aplica diferentes estrategias de gestión tanto en el plano de la local como en lo nacional o lo internacional, desde aplicación de medidas para la participación financiera estudiantil, formación de fundaciones, venta de servicios, sorteos, convenios que permiten la participación de la iniciativa privada y programas de diferente naturaleza que permiten el ingreso de recursos internacionales para investigación, transferencia de tecnología, desarrollo de actividades relacionadas a la sustentabilidad. 

El sistema de financiamiento de los diferentes organismos de educación superior necesita ser replanteado a partir de una política gubernamental más unificada, que aligere por una parte aspectos como lo fiscal, recupere el impulso a la productividad, a la investigación y al desarrollo tecnológico. Es inevitable la participación financiera de los diferentes sectores de la comunidad, incluyendo estudiantes y empresarios. Y es inevitable seguir defendiendo los valores que tanto explícitos como implícitos están presentes: autonomía, cooperación y desarrollo comunitario. 

Construir un sistema de financiamiento y gestión de recursos para las instituciones de educación superior que sea eficaz y eficiente es urgente. Si bien es cierto que cada institución ha dado respuesta de acuerdo a su propia historia y condiciones esto sólo aumenta la diferencia en la disponibilidad de recursos y en la calidad. 

La viabilidad de un sistema tan heterogéneo de financiamiento de la educación superior a nivel nacional es limitada y aún más, está entrando en crisis. Y evidentemente esto no es bueno para nadie. 

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Durante 2022, Puebla registró un crecimiento económico superior a la media nacional del 3.8 por ciento, informó la secretaria de Economía, Olivia Salomón, quien agregó que la suma de voluntades entre gobierno, población y sectores productivos coadyuvó para que la entidad superara las afectaciones generadas por la pandemia de la COVID-19.

Durante la conferencia de prensa del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la funcionaria explicó que, desde que inició la actual administración estatal en agosto de 2019, las actividades industriales mostraron un repunte positivo, de acuerdo a los indicadores de instituciones oficiales como el INEGI.

Mencionó que la industria manufacturera pasó de un crecimiento de 5.5 a 23.9 por ciento en el valor de la producción entre enero y octubre del 2019 al mismo periodo del 2022; la alimentaria de 2.5 a 19.8 por ciento y las industrias metálicas básicas pasaron de 5.0 a 14.6 por ciento, ambas en el mismo periodo mencionado. En el caso de la producción y exportación de vehículos, mientras que el crecimiento era de 3.3 y 9 por ciento en 2019, para 2022 fue 13.7 y 16 por ciento, respectivamente.

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El lunes 2 de enero se eligió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, destacando que es la primera mujer en ocupar este cargo.  A manera de rápida exposición, quiero esbozar tres argumentos contundentes por los cuales considero que la elección de la ministra Piña fue la correcta y que dicha elección es una defensa de lo que representa el Poder Judicial de la Federación.  En primer lugar, la ministra presidenta cuenta con una larga trayectoria de más de treinta años de servicio –ocupando diversos cargos como profesora de primaria, técnica académica, secretaria proyectista, jueza de distrito, magistrada y, por supuesto, ministra–, además de destacar su alta preparación académica y profesional –contando con licenciatura (con mención honorífica), maestrías, especialidades y diversos posgrados1– y, sobre todo, su gran capacidad de interpretar la ley, al ser reconocida como “una funcionaria “de carrera”, que conoce al Poder Judicial a todos sus niveles y con la capacidad argumentativa que se necesita para ser quien encabeza a la Suprema Corte y al CJF”2 En este sentido, durante este sexenio, la ministra Piña ha votado en contra de medidas que atenten los derechos humanos3 y ha buscado interpretar la norma con un método pro persona, limitando el poder del Estado. Basta revisar cómo votó en la sesión del martes 6 de septiembre del 2022 en el tema de la prisión preventiva oficiosa4, donde se puede atestiguar su gran capacidad de interpretar la ley con prudencia y conocimiento. En dicha sesión, la ministra Piña enfatizó la importancia de tomar el artículo 1° constitucional como el principal recurso interpretativo para resolver la cuestión. 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En este sentido, cabe mencionar que fue hasta 1961 cuando se designó a la primer mujer ministra, la jurista María Cristina Salmorán de Tamayo. En tercer lugar, la ministra Piña se ha destacado por ser un freno al Poder Ejecutivo. Lo cual es, en mi opinión, una característica fundamental de cualquier servidora y servidor público –sobre todo, dentro del poder judicial–. Recordemos que una distinción esencial de la democracia convencional es su fuerte compromiso con la división de poderes. Nadie debe estar por encima de la ley y es tarea de la Suprema Corte –en tanto último intérprete de la Constitución mexicana– asegurar que el imperio de la ley prevalezca. Por ello, tener a la ministra Piña a la cabeza –alguien que se ha caracterizado por no ceder ante las presiones del presidente López Obrador ni de sus acosos mediáticos– es consolidar una auténtica defensa de nuestra democracia. 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Durante la conferencia de prensa del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la funcionaria explicó que, desde que inició la actual administración estatal en agosto de 2019, las actividades industriales mostraron un repunte positivo, de acuerdo a los indicadores de instituciones oficiales como el INEGI.

Mencionó que la industria manufacturera pasó de un crecimiento de 5.5 a 23.9 por ciento en el valor de la producción entre enero y octubre del 2019 al mismo periodo del 2022; la alimentaria de 2.5 a 19.8 por ciento y las industrias metálicas básicas pasaron de 5.0 a 14.6 por ciento, ambas en el mismo periodo mencionado. En el caso de la producción y exportación de vehículos, mientras que el crecimiento era de 3.3 y 9 por ciento en 2019, para 2022 fue 13.7 y 16 por ciento, respectivamente.

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El desafío del relato populista

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