Universidades Públicas: democratización

¿Qué significa democratizar a las instituciones públicas de educación superior? ¿Por qué es necesario impulsar procesos democráticos?

10 de noviembre, 2022

Gustavo Abdiel Ramirez

Los asuntos políticos al interior de las universidades en México siempre han sido polémicos y generan muchas inquietudes y preguntas; de por sí, todo sistema que entra en una fase de transición genera incertidumbre. ¿Qué significa democratizar a las instituciones públicas de educación superior? ¿Por qué es necesario impulsar procesos democráticos? ¿Bajo qué características reconstruir la dinámica cultural y política de estas instituciones?

Superando las distintas acepciones que pueda tener el concepto democratización, en el caso de las universidades públicas ésta debe ser pensada como un proceso integral, donde además de ampliar la base comunitaria para participar en la toma de decisiones mediante el voto o para integrar los órganos colegiados de dirección de forma más representativa, sea planeada como la posibilidad de generar acciones más concretas para la integración de sectores vulnerables a sus aulas y una mayor inclusión de los grupos sociales que componen una región específica o el país en general.

Espacios de traslado y universitarios seguros para mujeres en particular, programas específicos de licenciatura para atención a la comunidad silente e invidente, posibilidades de integración a programas para estudiantes adultos y de la tercera edad, programas bilingües para alumnos de grupos étnicos, así como revisión de las implicaciones financieras para los estudiantes, sin olvidar la construcción de espacios para la libre discusión de las ideas científicas, políticas e incluso del ámbito espiritual, serían en estos tiempos aspectos mínimos a involucrar en los procesos de democratización de las universidades públicas.

Actualmente democratización e inclusión tienden a ser sustantivos que se corresponden en el universo simbólico de la educación superior. Limitar la democracia universitaria al parlamentarismo sería limitar de nuevo la posibilidad de recuperar el liderazgo social de las instituciones públicas de educación superior.

En esencia, dos son las líneas de trabajo a recuperar en las discusiones sobre la democratización de las instituciones públicas de educación superior: el problema de la participación de la comunidad en la toma de decisiones, y el problema de la democratización del acceso, lo cual aplica para los costos de ingreso como para los programas internos que permitan que los estudiantes potenciales que forman parte de grupos vulnerables se queden y se integren posteriormente al mercado laboral.

La primera de las líneas de trabajo presupone la existencia de un modelo elitista de toma de decisiones y de configuración de las instancias de dirección, tanto de las instancias personales como de los órganos colegiados. Este modelo autocrático sería del cual habría que partir para transitar hacia un modelo de participación más amplio. La segunda de estas vertientes de trabajo, por otra parte, presupone que los sistemas de ingreso (colegiaturas y exámenes incluidos) los programas y planes de estudio, las estrategias didácticas, los mecanismos de evaluación del desempeño estudiantil y los criterios académicos y administrativos para lograr egresar, entre otros factores, se volvieron elitistas o clasistas, lo que escapa de lo puramente académico y lo coloca en el terreno de lo ideológico. Es decir, son antidemocráticas en tanto excluyen o marginan a estudiantes a partir de no visibilizar realidades específicas de sectores sociales y estudiantiles particulares. Y sí, la reglamentación académica y los modelos de trabajo no están adecuados del todo a las condiciones de alumnos que tengan algún impedimento para el pleno desarrollo de la motricidad o sentidos.

Y adicionalmente, esta última línea de trabajo está correlacionada a su vez con dos aspectos que son ineludibles: los lineamientos de los organismos internacionales para asegurar la calidad de la educación superior y el problema del eternamente insuficiente recurso destinado a la investigación y a las cuestiones operativas de estas instituciones.

Si durante un tiempo la reconfiguración jurídica de la vida universitaria nacional promovió modelos autocráticos en la toma de decisiones y anuló la posibilidad de un voto universal, símbolo fundamental de la democracia participativa en las diferentes instituciones, hoy esto puede pasar a segundo término, porque lo importante no es de donde transitamos, sino hacia dónde, es decir, cual es el modelo democrático que se busca: el de la democracia como inclusión social o el de la democracia como ampliación del universo de personas que tomarán decisiones, y aunque se priorice uno, en realidad no debieran de ser excluyentes y en la democratización de estas instituciones debiéramos ir por “todas las canicas”.

En la discusión subyace un aspecto que tal vez no haya sido suficientemente abordado: el tema de lo generacional. Las características y el contexto social del estudiante actual ha cambiado, los niveles de interés en los asuntos públicos, su formas, niveles y espacios de interacción social, su formación para desarrollar su interés para participar en la toma de decisiones colectivas es asunto que le compete a la universidad pública, en tanto que el desarrollo que estos organismos educativos dan no solo es científico, sino social y cultural.

Seriamente golpeada por la pandemia, por la nueva realidad mediática y por la inseguridad que se vive, la salud emocional del joven estudiante puede ser atendida a partir de modelos socioculturales donde la universidad jugaría un papel importante si se amplían los espacios para la interacción y participación.

Las condiciones internas, como el interés del gremio académico de reconfigurar las formas de participación están dadas; sin embargo, la dimensión de la democratización como inclusión social requiere de la participación de otros sectores, como el político y la revisión de lo presupuestal, que, creo, es el punto más débil de la red de factores involucrados.

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