Universidades Públicas: democratización

¿Qué significa democratizar a las instituciones públicas de educación superior? ¿Por qué es necesario impulsar procesos democráticos?

10 de noviembre, 2022

Gustavo Abdiel Ramirez

Los asuntos políticos al interior de las universidades en México siempre han sido polémicos y generan muchas inquietudes y preguntas; de por sí, todo sistema que entra en una fase de transición genera incertidumbre. ¿Qué significa democratizar a las instituciones públicas de educación superior? ¿Por qué es necesario impulsar procesos democráticos? ¿Bajo qué características reconstruir la dinámica cultural y política de estas instituciones?

Superando las distintas acepciones que pueda tener el concepto democratización, en el caso de las universidades públicas ésta debe ser pensada como un proceso integral, donde además de ampliar la base comunitaria para participar en la toma de decisiones mediante el voto o para integrar los órganos colegiados de dirección de forma más representativa, sea planeada como la posibilidad de generar acciones más concretas para la integración de sectores vulnerables a sus aulas y una mayor inclusión de los grupos sociales que componen una región específica o el país en general.

Espacios de traslado y universitarios seguros para mujeres en particular, programas específicos de licenciatura para atención a la comunidad silente e invidente, posibilidades de integración a programas para estudiantes adultos y de la tercera edad, programas bilingües para alumnos de grupos étnicos, así como revisión de las implicaciones financieras para los estudiantes, sin olvidar la construcción de espacios para la libre discusión de las ideas científicas, políticas e incluso del ámbito espiritual, serían en estos tiempos aspectos mínimos a involucrar en los procesos de democratización de las universidades públicas.

Actualmente democratización e inclusión tienden a ser sustantivos que se corresponden en el universo simbólico de la educación superior. Limitar la democracia universitaria al parlamentarismo sería limitar de nuevo la posibilidad de recuperar el liderazgo social de las instituciones públicas de educación superior.

En esencia, dos son las líneas de trabajo a recuperar en las discusiones sobre la democratización de las instituciones públicas de educación superior: el problema de la participación de la comunidad en la toma de decisiones, y el problema de la democratización del acceso, lo cual aplica para los costos de ingreso como para los programas internos que permitan que los estudiantes potenciales que forman parte de grupos vulnerables se queden y se integren posteriormente al mercado laboral.

La primera de las líneas de trabajo presupone la existencia de un modelo elitista de toma de decisiones y de configuración de las instancias de dirección, tanto de las instancias personales como de los órganos colegiados. Este modelo autocrático sería del cual habría que partir para transitar hacia un modelo de participación más amplio. La segunda de estas vertientes de trabajo, por otra parte, presupone que los sistemas de ingreso (colegiaturas y exámenes incluidos) los programas y planes de estudio, las estrategias didácticas, los mecanismos de evaluación del desempeño estudiantil y los criterios académicos y administrativos para lograr egresar, entre otros factores, se volvieron elitistas o clasistas, lo que escapa de lo puramente académico y lo coloca en el terreno de lo ideológico. Es decir, son antidemocráticas en tanto excluyen o marginan a estudiantes a partir de no visibilizar realidades específicas de sectores sociales y estudiantiles particulares. Y sí, la reglamentación académica y los modelos de trabajo no están adecuados del todo a las condiciones de alumnos que tengan algún impedimento para el pleno desarrollo de la motricidad o sentidos.

Y adicionalmente, esta última línea de trabajo está correlacionada a su vez con dos aspectos que son ineludibles: los lineamientos de los organismos internacionales para asegurar la calidad de la educación superior y el problema del eternamente insuficiente recurso destinado a la investigación y a las cuestiones operativas de estas instituciones.

Si durante un tiempo la reconfiguración jurídica de la vida universitaria nacional promovió modelos autocráticos en la toma de decisiones y anuló la posibilidad de un voto universal, símbolo fundamental de la democracia participativa en las diferentes instituciones, hoy esto puede pasar a segundo término, porque lo importante no es de donde transitamos, sino hacia dónde, es decir, cual es el modelo democrático que se busca: el de la democracia como inclusión social o el de la democracia como ampliación del universo de personas que tomarán decisiones, y aunque se priorice uno, en realidad no debieran de ser excluyentes y en la democratización de estas instituciones debiéramos ir por “todas las canicas”.

En la discusión subyace un aspecto que tal vez no haya sido suficientemente abordado: el tema de lo generacional. Las características y el contexto social del estudiante actual ha cambiado, los niveles de interés en los asuntos públicos, su formas, niveles y espacios de interacción social, su formación para desarrollar su interés para participar en la toma de decisiones colectivas es asunto que le compete a la universidad pública, en tanto que el desarrollo que estos organismos educativos dan no solo es científico, sino social y cultural.

Seriamente golpeada por la pandemia, por la nueva realidad mediática y por la inseguridad que se vive, la salud emocional del joven estudiante puede ser atendida a partir de modelos socioculturales donde la universidad jugaría un papel importante si se amplían los espacios para la interacción y participación.

Las condiciones internas, como el interés del gremio académico de reconfigurar las formas de participación están dadas; sin embargo, la dimensión de la democratización como inclusión social requiere de la participación de otros sectores, como el político y la revisión de lo presupuestal, que, creo, es el punto más débil de la red de factores involucrados.

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La dinámica de la economía de Puebla siguió en crecimiento, ya que el valor de ventas de la industria manufacturera sumó 49 mil 876.8 millones de pesos en enero del 2023, un aumento de 36.4 por ciento con respecto al mismo mes del 2022, informa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, con base en registros del INEGI.

Producto de un mayor dinamismo en la economía, gracias al impulso que recibe la inversión y el empleo por parte del mandatario Sergio Salomón, la entidad se ubicó en primer lugar nacional en incremento de ventas de la industria manufacturera.

Respecto al valor de producción, este se ubicó en 46 mil 287.3 millones de pesos, un crecimiento de 16.5 por ciento.

Los subsectores que más crecieron respecto a enero de 2022 fueron la fabricación de productos textiles con 36.2 por ciento, productos a base de minerales no metálicos con 32 por ciento, fabricación de productos metálicos con 31.5 por ciento, así como la industria de las bebidas y el tabaco con 30.4 por ciento, entre otros.

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Fuente: Democracy Index, 2022. Economist Intelligence Unit. Por supuesto que un régimen democrático no garantiza, de ninguna manera, que se resuelvan, de una sola vez y para siempre, los problemas nacionales. Pero sí garantiza que se puedan ir resolviendo gradualmente y en paz, mediante el diálogo y, sobre todo, respetando las libertades y los derechos civiles de la ciudadanía, con la posibilidad real de poder deshacerse de un gobierno cuando éste no funciona debidamente y sustituirlo por otro que se espera pueda hacer mejor las cosas. Aquí se hace relevante nuestro segundo señalamiento al inicio de este escrito: la democracia es también una cultura, una forma de vida social mucho más civilizada y más exigente que otros regímenes alternativos, en los que no se requiere mucho más que obediencia y estómago para tragarse lo que ordenen desde el poder. Como lo han señalado varios filósofos, la democracia, para que funcione, requiere de sólidas raíces éticas entre la ciudadanía: de entrada, que cada uno asuma, como rasgo fundamental de madurez, su mayoría de edad y el sentido claro de corresponsabilidad con el bien común de la sociedad en que viven. Una ciudadanía democrática se deshace de la creencia de que su bienestar general depende de algún líder mesiánico o de las soluciones que pueda aportar “papá gobierno”. Tal vez por esto, primeramente, la democracia plena sea difícil y muchas personas prefieran abdicar de su responsabilidad en favor de alguien “superior” que se haga cargo. Además, la cultura democrática presupone una concepción horizontal, en contraste con vertical, de la construcción del bien común, donde éste se logra fundamentalmente mediante el diálogo y la generación de acuerdos a partir de dos principios: la búsqueda de la verdad (el reconocimiento de las cosas como son, de donde se sigue la consecución de la justicia) y el respeto a cada persona en su singularidad y reconociendo que cada persona piensa distinto que las otras y vive la realidad desde otra perspectiva. El diálogo requiere escucha activa y razón cordial: la capacidad de esforzarse para comprender a los otros que, siendo respetables entes de razón, miran y viven al mundo distinto que nosotros. Por esto, cabe decir, la civilización democrática requiere también de generosidad y apertura de mente. No hay, no puede haber, democracia si se pretende imponer un pensamiento único, intransigente y cerrado. De hecho, la cultura democrática se desarrolla desde la tolerancia y, necesariamente, en torno al espacio del centro político: los extremistas, los de pensamiento único en el que no cabe más que una versión de los acontecimientos, resultan disfuncionales para un orden democrático, abierto y plural. Entonces, concluyo que, en nuestro México actual, nos convendría: 1) reconocer el valor de la civilización democrática, que hoy podemos perder para regresar a un régimen autoritario, que no deja de ser una especie de barbarie; 2) reflexionar sobre las obligaciones éticas ciudadanas que la democracia nos exige, incluyendo, sobre todo, la valoración de esos otros, “chairos” o “fifís”, que con diferente mirada experimentan la realidad desde la otra orilla del espectro político; 3) en especial, comprender las enormes deudas sociales que nuestra joven democracia no ha podido resolver y han llevado a tantos mexicanos a decepcionarse de los resultados de nuestra reciente vida política. Por último, de cara a las elecciones del 2024, sería deseable que el candidato de la oposición al autoritarismo creciente de la 4T, refuerce el espacio del centro político, con civilidad y cultura democrática y no atice más a la polarización que cada mañana se promueve desde Palacio Nacional (y se complementa desde el otro extremo político ideológico), porque, cuando se rompe el espacio del centro político y el afán de entendimiento mutuo, muy fácilmente se cae en la posibilidad de una guerra civil.

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