Universidad de Sonora: Cambio de Ley Orgánica

La eliminación de colegiaturas enfrenta un problema real: la necesidad de sustituir el ingreso por este concepto mediante otros mecanismos.

2 de marzo, 2023

Gustavo Abdiel Ramirez

El jueves 23 de febrero, el Congreso del Estado de Sonora modificó la ley que rige una de las universidades públicas de este estado: la Universidad de Sonora. El cambio se dio, habrá que señalarlo, en medio de un bajo nivel de participación de la comunidad universitaria y al mismo tiempo, sin acciones que alteraran su vida cotidiana.

La propuesta que entrará en vigor una vez que sea publicada en el Boletín Oficial, reconfigura los órganos colegiados de gobierno, aumenta la representatividad tanto de estudiantes como profesores al establecer los consejos departamentales, de facultades y el Colegio Universitario. Recompone tanto en lo nominal como en lo estructural el organigrama y las interacciones administrativas entre la unidad central y los campus que se ubican en diferentes ciudades de la entidad.

Se ha escogido un modelo de base democratizadora que pondera la participación de los diferentes sectores de la universidad en la elección de instancias personales de dirección, así como el incremento de la vida parlamentaria y la toma colectiva de decisiones. Los impactos de esta propuesta en realidad solo podrán ser medidos una vez que se implementen los procesos.

Partiendo de la base de la entrada en vigor de la Ley General de Educación Superior, la Universidad de Sonora puede ser (o debería de ser) el inicio de un lento y constante proceso de reformas de las diferentes universidades públicas del país que deberán considerar que este marco general, entre otros aspectos en su Artículo 6 Fracción VIII, plantea la eliminación progresiva de los cobros que las universidades aplican a estudiantes.

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Este punto, las colegiaturas a estudiantes, en la Universidad de Sonora es uno de los aspectos más cuestionados en la actual Ley 103; desde su promulgación a principios de los noventas, las manifestaciones estudiantiles que llegaron hasta la Ciudad de México, llevaban la consigna de protestar contra este rubro y si bien es cierto no lograron su objetivo, dejaron, además de una historia de lucha social, una herida abierta.

Sin embargo, también es cierto que la nueva propuesta legal, aunque armoniza con la Ley General de Educación y plantea la progresividad en la reducción de colegiaturas, no alcanzó la meta de la eliminación total del cobro.

La eliminación de colegiaturas enfrenta un problema real: la necesidad de sustituir el ingreso por este concepto mediante otros mecanismos que no necesariamente sean por participaciones de la Federación o el Estado, dado que, como se ha visto, la política pública del gobierno actual no evidencia un aumento importante del presupuesto asignado a la educación superior.

Y por otra parte, se enfrenta aún a resistencias a generar programas de recursos propios, como venta de servicios. Innovar en aspectos como marketing educativo para las instituciones públicas, venta de servicios de asesoría y capacitación para empresas e industrias y la construcción de redes para generación de recursos propios tanto a nivel nacional como internacional se impone como necesarias, para prever el descenso de ingresos por las participaciones estudiantiles y mantener la operatividad de la infraestructura que evidentemente se incrementó con el ingreso vía colegiaturas estudiantiles.

Las críticas que se le hicieron a la propuesta de marco normativo para la Universidad tanto en los debates del Congreso como en diferentes niveles y medios de comunicación, además de inevitables, evidencian las diferentes perspectivas que se tienen sobre la forma de conducir la universidad. Efectivamente dos de los aspectos a considerar son tanto la eliminación de las colegiaturas estudiantiles como asegurar la participación paritaria tanto en las instancias personales de gobierno como en los órganos colegiados.

El riesgo de parlamentarismo inoperante que vuelva interminables las discusiones y haga lentos y complejos los acuerdos es un riesgo que los integrantes de la comunidad universitaria tendremos que asumir y generar las acciones correspondientes para que eso no ocurra, en tanto que la participación colectiva en la toma de decisiones, sobre todo las de tipo financiero, fue una demanda constante.

El respeto a los derechos humanos durante los procesos electorales internos y la realización de actos de organización y propaganda maduros, además de un reto, evidenciará que durante el tiempo de aplicación de la Ley 4 y quizá de forma no esperada, se gestó una generación de líderes que revaloró la vida democrática institucional y está en condiciones de revertir las malas prácticas del pasado y nacionales que aún se niegan a irse.