Un derrotero incierto de México

El debilitamiento de las leyes y de las instituciones, así como políticas públicas realizadas con buenas intenciones pero sin una visión integral, están socavando sustancialmente la viabilidad del país.

3 de enero, 2023

Héctor Barragán Valencia

A cuatro años de distancia quizá sea pertinente hacer un balance preliminar de algunas políticas y decisiones relevantes del gobierno federal. El propósito es intentar entrever sus principales efectos sobre el bienestar de los mexicanos. Abordaré sucintamente los siguientes tópicos que considero importantes por su impacto a corto y largo plazo: entramado legal e institucional; informalidad; salarios; salud, entre otros. El común denominador que tienen todos estos factores es la subversión del estado de cosas del país (status quo). Por ello creo decisivo trazar las principales líneas de esos cambios y sus posibles consecuencias.

Mi hipótesis es que no sin razón, el presidente desconfía de las leyes e instituciones que rigen a México. Ya son clásicas dos de sus frases: “Al diablo con sus instituciones” y “No me salgan con que la ley es la ley”. Es sabido que en buena medida el tramado institucional y legal responde a los intereses de las élites, y en particular de la oligarquía plutocrática. El fenómeno es universal, no privativo de México. Por ello hay un enorme descontento y desafecto con la democracia. En este contexto, la respuesta de la gente ha sido elegir como gobernantes a hombres carismáticos, cuyo propósito ha sido concentrar el poder.

En nuestro caso, y a sabiendas de los vaivenes de la política de un sexenio a otro, el presidente ha otorgado al ejército sus obras emblemáticas. Con esa medida pretende evitar su privatización o que las dejen morir de inanición. Así supone que serán salvaguardadas de leyes que pueden ser cambiadas por mayorías obsecuentes en el Congreso o vendidas y arruinadas por otro jefe del Ejecutivo. A eso ha llevado la desconfianza presidencial en las instituciones y las leyes. Lo adecuado habría sido un nuevo diseño institucional y favorecer la participación ciudadana en decisiones de interés colectivo. Al asignarlas al ejército, de facto se privatizan: serán manejadas de acuerdo con los intereses de la corporación militar y no del interés público o de la nación.

Buena parte del esfuerzo presidencial ha sido debilitar a las instituciones y los contrapesos del poder. Tales son los casos de la misma Constitución, que si no puede modificarla, cambia las leyes secundarias sin importar que violen a la ley superior; la Suprema Corte de justicia mediante la destitución de un ministro (por cierto corrupto) y la cooptación mediante nombramiento de ministros o la intimidación; la misma suerte le espera al INE y a otros órganos autónomos, como la CNDH, por mencionar dos casos emblemáticos. La ley fundamental y las leyes secundarias, así como de estas estructuras institucionales requieren cambios sustanciales para fortalecerlas. Su destrucción o desmantelamiento van a lastimar a quien dice proteger: a los pobres.

La ley se ideó para evitar la arbitrariedad y establecer un mínimo de condiciones para que el más fuerte, poderoso o rico no aplaste a los menos pudientes. Igualmente es la guía y el soporte que hace posible la convivencia pacífica. De esta manera, el riesgo de destruir las leyes y las instituciones puede desembocar en una crisis política y violencia. Ciertamente las leyes y las instituciones tienen muchos sesgos, pero lo que se requiere es una ingeniería constitucional e institucional para que respondan al interés general, sin menoscabo de las minorías. El fin es evitar la concentración del poder y la riqueza en pocas manos. Ganan los poderosos si se devastan leyes e instituciones en vez de mejorarlas.

La devastación institucional, ya de por sí preocupante por los riesgos de violencia y anarquía que corre nuestro país y agravada por el dominio territorial de bandas delincuenciales en zonas muy amplias del territorio nacional, también se extiende al ámbito económico. Cabe decir primero que el presidente ha impulsado cosas trascendentales en el salario mínimo y el outsourcing o subcontratación de trabajadores por terceros que los despojan de derechos y en los hechos son una especie de esclavos modernos que precariza el trabajo. En cuanto al salario mínimo, su incremento ha sido espectacular. ¿Quién en su sano juicio estaría en desacuerdo en estos cambios tan nobles y notables?

No obstante, pongamos en perspectiva los cambios. Una vieja ley establece que cuando una variable se mueve las otras también se alteran. En efecto, la mejoría del salario -aunque sin parangón es aún insuficiente para adquirir la canasta básica- tiene algunos aspectos que vale la pena valorar para poner en su justa dimensión sus beneficios. Como es sabido, en México la mayoría de los establecimientos empresariales son micronegocios y pequeñas empresas. Un salario mínimo mayor representa una onerosa carga para su supervivencia, en particular para las empresas formales, pues suben pagos al IMSS, bonificaciones como prima vacacional, aguinaldo y reparto de utilidades.

Estos factores obligan a muchas empresas a refugiarse en la informalidad, en donde todos pierden: los emprendedores, trabajadores y consumidores. Para que decisiones como el aumento al salario mínimo no induzcan a las pymes a la economía clandestina es menester acompañarlas con una batería de políticas públicas, tales como un eficaz sistema de salud universal que no implique un gasto insostenible, así como estímulos fiscales. El caso es que cuando se mueve una pieza sin atender a todo el entramado económico termina haciéndose daño en lugar de beneficiar a los más pobres que perciben un salario mínimo.

Si el gobierno se proponía fortalecer lo público sobre lo privado, los indicios apuntan a que está ocurriendo lo contrario. Quizá donde se puede observar con mayor nitidez cómo se fortalecen los mercados privados y muchas veces mercados negros, es el sector salud. La mayor debilidad del sistema público sanitario, de por sí en condiciones críticas, a consecuencia de los cambios realizados por el gobierno federal han sido el fortalecimiento de los consultorios privados, primordialmente los de los adyacentes a las farmacias. Y la escasez de medicamentos que se padece ha favorecido el contrabando, la falsificación y venta de productos caducos. Florecen la informalidad y los mercados negros cuando falta planeación, previsión y se introducen cambios parciales.

En suma, el debilitamiento de las leyes y de las instituciones, así como políticas públicas realizadas con buenas intenciones pero sin una visión integral, están socavando sustancialmente la viabilidad del país. A este complejo panorama se suma la transición presidencial, la posible recesión de la economía de Estados Unidos, nuestro motor económico tanto por las exportaciones y los flujos de remesas y divisas por turismo. Y ni hablar de la violencia creciente. Se avecinan tiempos nublados.

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La secretaria de Economía, Olivia Salomón afirmó que el modelo de clústeres, impulsado por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta y reforzado por el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha sido exitoso porque prioriza el desarrollo económico con progreso social, al construir bienestar mientras eleva la competitividad del estado.

Lo anterior lo expuso al impartir la conferencia magistral “La conformación de la política de impulso a clústeres en Puebla”, en el marco del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, que se lleva a cabo en el Tecnológico Nacional de México, campus Puebla.

En este espacio, cuyo tema es “La ingeniería para la innovación y el desarrollo tecnológico sostenible”, la funcionaria destacó que, al inicio de esta administración estatal en agosto 2019, se estableció una política industrial y organizativa que mejora la competitividad de los diversos sectores económicos.

Ante los estudiantes de la institución, resaltó la importancia de que se vincule a la industria con la academia, con el fin de cubrir la necesidad de mano de obra calificada que tienen las empresas asentadas en territorio poblano y que las universidades pueden atender a través de sus egresados.

Yayetzin Sandoval González, directora del Tecnológico Nacional de México, campus Puebla, inauguró el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, el primero que se realiza de forma presencial después de la pandemia, en el que resaltó la importancia de la vinculación entre autoridades y universidades en beneficio de sus estudiantes.

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De Frente Y Claro | LÓPEZ CONTRA EL PODER JUDICIAL (ruizhealytimes.com) Resultando, como se ha comentado, que la candidata respaldada de los expresidentes Rodrigo Alpizar y Enoch Castellanos, María de Lourdes Medina Ortega, se registró hace más de dos semanas e inició su campaña, con el apoyo de sus dos padrinos, quienes presionaron para que se registrara. Lo grave es que, se comenta que incurrido en una flagrante violación a los Estatutos internos de CANACINTRA, de manera deliberada. 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CANDIDATOS Ante lo que podría ser una abierta y descarada DESIGNACIÓN y no una ELECCIÓN del próximo Presidente de la CANACINTRA, hay dos aspirantes o candidatos. María de Lourdes Medina Ortega y Juan Manuel Sánchez Carranco. DESIGNACIÓN O ELECCIÓN Lo grave del tema es si lo que sucederá el próximo primero de marzo del 2023, será una DESIGNACIÓN o una ELECCIÓN, dado que por lo que se ha observado y comentado, hay fuerte influencia, para que sea María de Lourdes Medina Ortega quien quedé en la Presidencia, no importándoles que esté impedida legalmente como lo establece el Artículo 44, fracción IV de los estatutos de CANACINTRA, para ser presidente de la Cámara se deberá: “Ser o haber sido, Consejero Nacional del Consejo Directivo, Presidente de Sector Industrial o Delegación, y haber ocupado un cargo como Vicepresidente Nacional, Tesorero Nacional, Subtesorero Nacional, Secretario Nacional o Prosecretario Nacional, dentro del Consejo Directivo de la Institución”. De concretarse, sentaría un pésimo, preocupante y dañino antecedente para esta importante Cámara en el país, dado que no se respetarían los estatutos y mucho menos se respetaría a cada uno de quienes integran y forman parte de CANACINTRA. Sería un insulto, una agresión, una enorme falta de respeto, con lo que no tendrían cara con que exigir que cada quien haga lo que quiera, sin que se le ponga un alto en esta, insisto, importante Cámara empresarial en México. Porque esto indica, que María de Lourdes Medina Ortega, candidata con registro otorgado el 11 de enero de 2023, no cumple con lo establecido en los estatutos del organismo, dado que NUNCA ocupó una posición en la Mesa Directiva Nacional. Y solamente fue Vicepresidenta Regional, posición que forma parte de la directiva ampliada, pero no de la directiva estatutaria, dado que reportaba a la Vicepresidencia Nacional de Delegaciones. Asimismo, es importante destacar que en el Artículo 38, se establece claramente, quienes son los integrantes de la Mesa Directiva Nacional. Resultando que la hoy candidata a Presidente de CANACINTRA, NUNCA ha tenido una de las posiciones establecidas en este precepto. Dejándose claro que su registro es ilegal, al no reunir las condiciones estatutarias para recibir el voto el 1 de marzo del 2023, fecha en que se llevará a cabo la elección. La nueva etapa que se busca para CANACINTRA debe partir del respeto a las normas internas y el respeto a la Ley de Cámaras. Y ante esta preocupante realidad, es importante dejar claro que no se trata de un tema de género, sino ESTRICTAMENTE DE LEGALIDAD. Porque de no aplicarse los Estatutos, las repercusiones también serán de un gran desprestigio para CANACINTRA y sus integrantes ante la opinión pública, al permitirse que pisoteen sus Estatutos, generando una gran desconfianza para este importante sector empresarial tanto en México como en el extranjero, al no tener credibilidad por la forma y fondo en que se DESIGNARÁ y no ELIGIRÁ a su nuevo Presidente. Ya que, avalar a una candidata que no cumpla con los estatutos, no solamente sería avalar y apoyar a elegir una presidenta ilegítima, sino una muy negativa señal para el cambio que se pretende y necesita CANACINTRA para fortalecerse. Y una PRESIDENTA ILEGAL, no podría ser una interlocutora válida, respetada, de confianza, ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno. CANACINTRA tiene 81 años. Fue creada el 5 de diciembre de 1941, siendo el resultado de la Ley de la Industria de la Transformación, expedida el 6 de septiembre de 1941.Y con ella se procuraba fomentar el crecimiento económico mediante la industrialización. Asimismo, sostiene políticas y planteamientos doctrinales acordes con los puntos de vista del Estado respecto al desarrollo económico; su misión es representar, defender y promover los intereses de los socios y del sector industrial de México, influyendo eficazmente en el desarrollo, sustentabilidad, innovación, competitividad e integración de industrias, sectores y regiones, mediante servicios de alta calidad. Entre sus principales objetivos se encuentran: promover mejores relaciones obrero-patronales y capacitar a técnicos y obreros. Ante la importancia de lo que es y representa para nuestro país, se hace importante y determinante que se conozca lo que sucede al interior de CANACINTRA, para que sus integrantes, a la vez que todos y cada uno de sus representados, estén informados. Porque la gran duda es si PERMITIRÁN Y ACEPTARÁN que llegue una Presidenta ILEGAL, o lo evitarán. Están a tiempo de hacerlo, e impedir repercusiones que después ya nada pueda hacerse.

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