Sobre el diálogo

En nuestras sociedades democráticas se vende la idea de que el diálogo y el debate es la manera de solucionar los problemas sociales.

1 de diciembre, 2022

Actualmente se ha planteado el diálogo como un solucionador de problemas. Es verdad que en ocasiones necesitamos ponernos de acuerdo sobre un objetivo común y el diálogo se constituye en un medio para lograrlo. Se considera como un valor esencial el “estar abierto al diálogo” en cualquier situación de conflicto de intereses.  

No obstante, es frecuente que en la resolución de conflictos se crea que la apertura al diálogo es la solución del problema en sí mismo. Estrictamente eso no es así, incluso, el descubrimiento de la verdad, producto de un auténtico diálogo, puede llevar a más desacuerdo o a un alejamiento de tipo práctico en donde ya no se puede poner uno en la misma sincronía con las personas con las que se dialoga.

En Bioética, y en ética en general, esto es frecuente. Si, por ejemplo, hay una discusión sobre la prohibición o no de la eutanasia se llega a pensar que se necesita un “debate abierto y plural”. La cuestión es que el fin de realizar dicho debate es encontrar la verdad. La búsqueda de la verdad implica en primer lugar el reconocer que existe la misma. Se debe dejar de lado el “pensamiento débil” de que todo es opinable, entendido esto último, como una renuncia a la verdad, quedando sólo la imposición del más fuerte: el que tiene más difusión, el que es más conocido en el ámbito de una disputa,  entre otros factores.  

Lo anterior no elimina las dificultades en el diálogo. En temas éticos existen  zonas “grises” en donde surge la perplejidad moral: tenemos en mente normas universales que nos parecen claras en cuanto su contenido verdadero, pero al querer aplicarlas a casos concretos se desvanece la claridad de su aplicación. Por ejemplo, la proposición “Todos tenemos derecho a la vida” se vuelve obscuro en los casos de la atención al final de la vida: si alguno por su voluntad propia o la de otros suspende un tratamiento médico por falta de presupuesto, ¿atenta contra su vida? O incluso con mayor precisión ese “derecho a la vida” se ve frustrado cuando existe un tratamiento para atender una enfermedad, pero que no encuentra, por ejemplo, en el sector público de atención sanitaria o sencillamente está agotado en el mercado. ¿Qué tanto es injusto? En abstracto parecería que debe de disponerse de todos los medios de salud, pero en la práctica hay que tomar decisiones de racionalidad en la distribución de recursos. No se puede tener todo. No obstante lo anterior, nos podría hacer pensar que entonces se comete una injusticia. O dicho de otro modo, que es verdad que se comete una injusticia.  

De nuevo surge la idea de diálogo. ¿Acaso el crear una “mesa de diálogo” resuelve la cuestión? Si se deja todo al diálogo queda claro, en el último ejemplo señalado, que el asunto no se resuelve. Se resuelve con acción. Esa acción por supuesto debe ser guiada por la verdad, pero no sustituye el razonamiento práctico de adecuar el valor, en este caso de justicia, con la realidad. Dicho en otros términos: el diálogo por el diálogo es estéril si no está comprometido a reconocer la realidad. Si se establece el “diálogo” como una lucha de egos, en donde lo importante es imponer mi visión, sin contrastarla con la realidad y sin estar dispuesto a modificar la opinión propia ante la presencia de las evidencias que se descubren con la observación y el razonamiento, se convierte en un acto inútil.  Una primera regla práctica antes de iniciar un diálogo es que entonces admitamos que existen verdades y que las mismas son accesibles al hombre. Lo anterior implica una auténtica humildad ante la realidad: reconocer que solo, no puedo descubrir todas las aristas de un problema. El dialogar, si es auténtico, implica apertura a las razones de todos los involucrados. En el momento en que se cierra esa humildad, el diálogo decae y se convierte en palabrería, es decir, la utilización de la palabra como un arma para defenderme del otro y no para el encuentro con el otro.

Lo anterior conecta a otro elemento muy importante: la confianza hacia el interlocutor. El diálogo como apertura a la realidad implica confiar en las capacidades de los demás. Si no se confía en la honestidad de las otras personas de reconocer lo real y aceptarla como tal, o si uno mismo, de inicio, rechaza cualquier posibilidad de cambiar de opinión frente a la evidencia, el diálogo es inútil, queda claudicado desde antes que comience.

Un elemento adicional del diálogo es que debe haber una base común de donde parta el diálogo. Si todo es cuestionable entonces es imposible llegar a alguna conclusión razonable. Esa base común implica conocer del tema o investigarlo para que el diálogo sea fructífero. 

En suma, el diálogo debe cubrir los requisitos de confianza, apertura a lo real (aceptación de la verdad), una base objetiva de donde parta el diálogo para que el mismo sea auténtico.   

Comentarios


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En este contexto, la respuesta de la gente ha sido elegir como gobernantes a hombres carismáticos, cuyo propósito ha sido concentrar el poder. En nuestro caso, y a sabiendas de los vaivenes de la política de un sexenio a otro, el presidente ha otorgado al ejército sus obras emblemáticas. Con esa medida pretende evitar su privatización o que las dejen morir de inanición. Así supone que serán salvaguardadas de leyes que pueden ser cambiadas por mayorías obsecuentes en el Congreso o vendidas y arruinadas por otro jefe del Ejecutivo. A eso ha llevado la desconfianza presidencial en las instituciones y las leyes. Lo adecuado habría sido un nuevo diseño institucional y favorecer la participación ciudadana en decisiones de interés colectivo. Al asignarlas al ejército, de facto se privatizan: serán manejadas de acuerdo con los intereses de la corporación militar y no del interés público o de la nación. Buena parte del esfuerzo presidencial ha sido debilitar a las instituciones y los contrapesos del poder. Tales son los casos de la misma Constitución, que si no puede modificarla, cambia las leyes secundarias sin importar que violen a la ley superior; la Suprema Corte de justicia mediante la destitución de un ministro (por cierto corrupto) y la cooptación mediante nombramiento de ministros o la intimidación; la misma suerte le espera al INE y a otros órganos autónomos, como la CNDH, por mencionar dos casos emblemáticos. La ley fundamental y las leyes secundarias, así como de estas estructuras institucionales requieren cambios sustanciales para fortalecerlas. Su destrucción o desmantelamiento van a lastimar a quien dice proteger: a los pobres. La ley se ideó para evitar la arbitrariedad y establecer un mínimo de condiciones para que el más fuerte, poderoso o rico no aplaste a los menos pudientes. Igualmente es la guía y el soporte que hace posible la convivencia pacífica. De esta manera, el riesgo de destruir las leyes y las instituciones puede desembocar en una crisis política y violencia. Ciertamente las leyes y las instituciones tienen muchos sesgos, pero lo que se requiere es una ingeniería constitucional e institucional para que respondan al interés general, sin menoscabo de las minorías. El fin es evitar la concentración del poder y la riqueza en pocas manos. Ganan los poderosos si se devastan leyes e instituciones en vez de mejorarlas. La devastación institucional, ya de por sí preocupante por los riesgos de violencia y anarquía que corre nuestro país y agravada por el dominio territorial de bandas delincuenciales en zonas muy amplias del territorio nacional, también se extiende al ámbito económico. Cabe decir primero que el presidente ha impulsado cosas trascendentales en el salario mínimo y el outsourcing o subcontratación de trabajadores por terceros que los despojan de derechos y en los hechos son una especie de esclavos modernos que precariza el trabajo. En cuanto al salario mínimo, su incremento ha sido espectacular. ¿Quién en su sano juicio estaría en desacuerdo en estos cambios tan nobles y notables? No obstante, pongamos en perspectiva los cambios. Una vieja ley establece que cuando una variable se mueve las otras también se alteran. En efecto, la mejoría del salario -aunque sin parangón es aún insuficiente para adquirir la canasta básica- tiene algunos aspectos que vale la pena valorar para poner en su justa dimensión sus beneficios. Como es sabido, en México la mayoría de los establecimientos empresariales son micronegocios y pequeñas empresas. Un salario mínimo mayor representa una onerosa carga para su supervivencia, en particular para las empresas formales, pues suben pagos al IMSS, bonificaciones como prima vacacional, aguinaldo y reparto de utilidades. Estos factores obligan a muchas empresas a refugiarse en la informalidad, en donde todos pierden: los emprendedores, trabajadores y consumidores. Para que decisiones como el aumento al salario mínimo no induzcan a las pymes a la economía clandestina es menester acompañarlas con una batería de políticas públicas, tales como un eficaz sistema de salud universal que no implique un gasto insostenible, así como estímulos fiscales. El caso es que cuando se mueve una pieza sin atender a todo el entramado económico termina haciéndose daño en lugar de beneficiar a los más pobres que perciben un salario mínimo. Si el gobierno se proponía fortalecer lo público sobre lo privado, los indicios apuntan a que está ocurriendo lo contrario. 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México tiene la oportunidad de anclarse al desarrollo económico de su principal socio comercial, ya que por sí sola la económica nacional estará condenada a estancarse en una nueva crisis similar a las provocadas por los gobiernos del priato, que condenaron a generaciones de mexicanos a la pobreza y la simple supervivencia.  Cada crisis trae consigo una oportunidad, esta afirmación es compartida hasta en las ideologías de izquierda radical, que ven a los ciclos difíciles como procesos renovadores y reorganizativos. El problema con México es saber si el presente régimen es capaz de abrazar el pragmatismo económico que le permita aprovechar al máximo su condición geográfica cercana a la principal potencia económica de la región.  Las lecciones aprendidas después de la pandemia indican que por razones de seguridad nacional y de productividad, las cadenas de producción deben privilegiar la integración económica de la región. 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