La tarde del pasado 28 de diciembre, México enfrentó una falla eléctrica que dejó a 10.5 millones de usuarios sin servicio de electricidad.
Este problema eléctrico significó que 26% de los 46.5 millones de usuarios de las zonas afectadas, se quedaran sin luz durante una hora aproximadamente. Estas fallas se registraron entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Linares, Nuevo León (dos líneas); entre Mazatlán, Sinaloa, y Tepic, Nayarit (dos líneas); y entre Durango y Fresnillo, Zacatecas.
Al menos 16 centrales eléctricas, incluidas solares y eólicas, salieron de operación ante un desbalance entre el consumo y la generación de energía, después de que se activaran protecciones para cuidar al Sistema Eléctrico Nacional y evitar que 130 millones de mexicanos se quedaran sin luz.
Al día de hoy existe la disyuntiva sobre la existencia o no de un incendio en el municipio de Padilla, que pudo ser el causante de la afectación en las líneas de suministro, pero la reflexión de este incidente es mucho más amplia y compleja: ¿Qué tan preparado está México en la seguridad de sus instalaciones estratégicas?
Se considera como instalación estratégica a los espacios, inmuebles, construcciones, equipos y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquellos que tienden a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en términos de la Ley de Seguridad Nacional.
México desarrolló hace 20 años un catálogo de instalaciones consideradas estratégicas, entre ellas PEMEX, Conagua, CFE –especialmente la planta nuclear de Laguna Verde–, aeropuertos, puertos marítimos, terminales de pasajeros, carreteras, vías férreas, oficinas del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y de Telecom.
Hoy amenazas sociales, naturales y accidentales constituyen un riesgo para las instalaciones estratégicas de México, cuya alteración por organizaciones sociales, el crimen organizado y grupos terroristas podría afectar la estabilidad del país en sectores vitales como el del gobierno, el militar, las comunicaciones y transportes, la salud, energía, electrónico y del ciberespacio.
Entre las amenazas a instalaciones vitales destacan las de carácter social, como ataques, asaltos, sabotajes, destrucción, intrusión, robos a instituciones públicas y privadas; secuestro, colusión, extorsión de funcionarios, por lo cual “implican una negación total del sistema de normas y leyes; sus consecuencias afectan la vida, bienes y el ambiente”, considera el Consejo Nacional de Seguridad.
La vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas se vive día a día. Por ejemplo, el robo de combustible que evidenció la capacidad de los grupos delictivos y cárteles de afectar los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y obligó al gobierno federal a ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas.
El robo de hidrocarburos es solo una muestra de que la línea es muy frágil y que un mal manejo de prevención, administración y reacción de instalaciones estratégicas puede desestabilizar al país.
El objetivo en la protección de instalaciones estratégicas representa un reto que consiste en garantizar la efectividad del personal de seguridad con protocolos de operación ante amenazas de bomba, manifestaciones, bloqueo de accesos a instalaciones, agresión a personal o funcionarios, robos, sismos, incendios, terrorismo, secuestros, toma rehenes, delincuencia organizada.
Actualmente, el Servicio de Protección Federal (SPF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es el responsable de la salvaguarda y custodia de al menos 3 mil instalaciones estratégicas del país, públicas y privadas.
Una de las principales acciones del SPF, en lo que va la administración del presidente López Obrador, es reforzar la vigilancia contra el robo de hidrocarburos en algunos estados del país y puntos estratégicos de PEMEX en el Estado de México y la Ciudad de México.
El Servicio de Protección Federal cuenta con un Centro Internacional de Información para recopilar, procesar y almacenar datos de operaciones y servicios, y es la única institución que puede certificar a corporaciones de seguridad pública o privada de los tres órdenes de gobierno.
Los retos en materia de protección de instalaciones estratégicas son amplios y de diversas naturalezas que van desde la falta de personal adecuado; contratación de empresas de seguridad no siempre en función de su calidad; realización periódica de análisis de riesgos; ausencia de capacitación y simulacros para la detección de áreas de mejora ante situaciones de riesgo y muchas otras más. Un buen sistema de seguridad siempre se fundamenta en la prevención de las acciones.
Expertos en seguridad nacional sostienen que actualmente las instalaciones estratégicas de México son vulnerables a riesgos y amenazas por parte de organizaciones sociales, criminales y terroristas. La reflexión final continúa siendo la misma: ¿Estamos realmente preparados?
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