Revocación de mandato: sus dos propósitos

La revocación de mandato es parte sustancial del proyecto de Nación encabezado por López Obrador.

16 de febrero, 2022

Ginés Sánchez

La revocación de mandato ya está en la Constitución. Sin duda es un mecanismo que puede resultar muy útil y que abona a que México continúe su inserción en una Democracia más consolidada. Si bien aún en el texto jurídico están plasmadas las figuras de referéndum, consulta popular e iniciativa popular, aún no se han visto reflejadas en nuestro proceso político. Se adivina que sea solo cuestión de tiempo, sobre todo de voluntad política de un sistema electoral que no pareciera está muy contento a la hora de implementar estos derechos constitucionales para que devengan en posibles instrumentos útiles al ciudadano de a pie, participando este de una forma más directa en la cosa pública.

Ahora bien, la revocación de mandato y la urgencia evidente de presidencia porque se realice a cabalidad, responde a un par de necesidades urgentes del actual titular del Ejecutivo:

-Mostrar fuerza. Indispensable es para el presidente Andrés Manuel López Obrador enseñar el músculo, no solo de manera indirecta y un tanto abstracta vía encuestas y sondeos de opinión, sino de una manera institucional e incluso vinculante, ya que como bien dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa: “para países latinoamericanos no basta con ganar la presidencia para tener el poder real”. Esto se debe al enorme poder corruptor de los poderes fácticos y sus recursos económicos casi ilimitados, mismos que han socavado a los Estados nacionales: el predominio creciente de la esfera privada frente a lo público.

– Que Andrés Manuel López Obrador tenga cierta garantía de que el actual proyecto de Nación terminará el sexenio con unos buenos cimientos, sin el riesgo de desviaciones. Un pequeño ejemplo de lo anterior fue el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, quien llegó incluso al extremo de intentar concesionar (privatizar) los tramos del segundo piso del periférico en CDMX construidos en el gobierno de AMLO (que son de uso gratuito). De presentarse una circunstancia parecida, a la mitad de la próxima administración federal, López Obrador López Obrador podría activar sus resortes, ya sea mediante su movimiento social, partido político (MORENA) y su engranaje, un puñado de declaraciones públicas de su parte, y/o unas pocas apariciones suyas en “las benditas redes sociales” para tener la posibilidad real de hacer que el Presidente que resulte electo para el periodo 2024-2030 se quede tan solo a la mitad de su encargo por la vía (precisamente) del ejercicio democrático de la revocación de mandato. De esta manera su proyecto de Nación (repito, ya en marcha) trascendería el actual sexenio.

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¿Por qué podría objetarse algo así? En una primera instancia podría defenderse que por el propio bien o interés del menor. La certeza jurídica de ser reconocido como hijo en una sola circunstancia, y que evite equívocos respecto a la filiación permitiría una identificación psicológica saludable del menor: “tener dos madres”, por ejemplo, parecería generar conflicto innecesario al hijo. Además, existe la realidad de que genéticamente otra persona puede participar en el proceso. Aunque la Ley señala la necesidad de que los donantes estén sanos, para así evitar dentro de lo posible la transmisión de enfermedades a los niños generados por un donador, no puede garantizarse que no haya ninguna afectación. Por eso probablemente la ley señala en el artículo 5: Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las Leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará en ningún caso publicidad de la identidad de los donantes. Una pregunta interesante es cuando en otro país distinto se realiza la subrogación de modo que al regresar a España se le quiera tener por “hijo propio” aunque contraviene la Ley. ¿Qué puede hacerse en esas circunstancias? Pues en principio debe realizarse un juicio de proporcionalidad: ¿qué tanto daño al menor puede generarse si no se reconoce a la madre adoptante con ese estatuto? Si se negase el reconocimiento, ¿aplicaría que no se le reconoce nacionalidad y por tanto podría, según el caso, ser regresado a la madre del país de origen? ¿Y si no acepta la madre biológica? Quizás el mal menor sería el reconocer a la “nueva madre” para disminuir el daño aunque entre en conflicto con la propia Ley. Puede insistirse en que de origen se ha producido ya un acto no ético porque el propio menor es tratado como cosa, objeto de un contrato y la maternidad no consiste en cosificar a nadie. La persona gestada, es persona y por tanto, merece desde antes de nacer un trato digno de fin de sí mismo y no como instrumento del deseo de ser padre o madre. La paternidad y maternidad no son derechos propiamente. Por ello, no puede utilizarse cualquier medio disponible para ser padres. Así la paternidad y maternidad son un don recibido más que un derecho. Se ha afirmado que al producirse una ruptura con los medios naturales de gestación de un hijo se le ha puesto como objeto del deseo de un tercero. Los deseos se inscriben en el ámbito de las cosas, pero no en las personas. Se tiene derecho a tener un embarazo saludable y a que los hijos tengan condiciones para su desarrollo, pero no existe una obligación de garantizar la reproducción humana. Dicho en otros términos: hay un límite en la maternidad y paternidad. Referencias

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Pero la cruda realidad lo aplasta como una gran avalancha, dados los innumerables temas sobre todo de corrupción, que se han suscitado en la 4T. LA CASA GRIS En esa línea se dio a conocer el 27 de enero del 2022, que José Ramón López Beltrán, hijo de López, vivía en una mansión en la ciudad de Houston (Texas), lo cual motivó una andanada de cuestionamientos y críticas, que obviamente López salió a defender a su hijo. La casa fue bautizada como “La Casa Gris”. A través de un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Latinus, mostraron una residencia que se cotiza comercialmente hasta en un millón de dólares, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos. Destaca que “José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams”. El tema fue en verdad un gran escándalo dado que demostraba que la austeridad que quiere imponer López a los mexicanos, no aplica con sus hijos. Y para el 6 de mayo del 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer, que no encontró evidencias que acrediten la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares por probable conflicto de interés relacionado con la investigación periodística conocida como “La casa gris”. La denuncia fue presentada por la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) en la cual solicitó que se investigara el presunto conflicto de interés del presidente y el empresario Daniel Chávez Morán. En la denuncia se asentaba que el 13 de febrero del 2022, el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, reveló tras el escándalo de la “Casa Gris”, que trabaja en la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien el presidente había nombrado como supervisor del Tren Maya. La SFP informó en un comunicado que el 15 de febrero recibió la queja por presunto “conflicto de interés, cohecho y soborno”. Razón por la cual, la SFP inició un expediente de investigación, determinando que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares. Se acreditó que el C. Daniel Chávez Morán, nombrado como "supervisor honorario" en el proyecto "Tren Maya", no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”. En el tema de la casa en que vivía el hijo mayor de López, se le bautizó como “la Casa Gris”, recordando y comparándola con la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto y su esposa, que también fue un escándalo. Resultando el manejo del tema, muy parecido al de López y su hijo José Ramón. LA CASA BLANCA Carmen Aristegui dio a conocer en noviembre del 2014 que Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nietro, era propietaria de los derechos para comprar una casa en Lomas de Chapultepec, donde viviría ella y su marido al término de su gobierno. Esa casa la había diseñado ella con la empresa, Grupo Higa, que entre otras compañías tenía una constructora a través de la que construyó la casa y construiría también un tren rápido desde la capital a la ciudad de Querétaro, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de ese gobierno, valuado en cerca de 51 mil 300 millones de pesos (dos mil 500 millones de dólares). El 21 de agosto del 2015, se difundió que la investigación del gobierno exoneraba a Angélica Rivera, exesposa del presidente Enrique Peña Nieto, y al mandatario. Esto a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quién por conducto de su titular, Virgilio Andrade, también informó en conferencia de prensa que, en la adquisición de una millonaria mansión por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera, no existió una participación indebida. La propiedad estuvo en "posesión" de la primera dama hasta diciembre del 2014. Una vivienda valuada en unos 7 millones ubicada en Lomas de Chapultepec, "No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de un beneficio, provecho o ventaja", dijo el funcionario del gobierno encargado de la investigación. Pese al informe exculpatorio, hubo cuestionamientos por la imparcialidad del equipo de investigación que fue nombrado por el gobierno. 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Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Boletín oficial del Estado. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2006/05/26/14