RESTAURANTES PODRÁN EXTENDER HORARIO DE CIERRE EL 15 DE SEPTIEMBRE, ANUNCIA BARBOSA HUERTA

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2 de septiembre, 2020

Gobierno de Puebla de Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al señalar que las autoridades administrativas son las que definirán la hora de cierre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que los restaurantes en el estado, podrán extender su horario de servicio después de las 21:00 horas el 15 de septiembre.

El mandatario aclaró que no está en contra de la extensión de horario, pues es una fecha importante para las y los mexicanos. Sin embargo, reiteró que dichos lugares deberán mantener el 33 por ciento de capacidad y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas como la sana distancia, el uso de cubrebocas y la colocación de gel antibacterial.

Exhortó a las y los poblanos a evitar las aglomeraciones el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de salvaguardar su salud.

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Estado Solidario es aquel que se preocupa por sus integrantes sin importar sus diferencias. Su función consiste en cerrar la brecha entre sus miembros, no con demagogia y polarización, sino con transparencia y políticas públicas equitativas, más allá de intereses personales e ideologías. En naciones como México las diferencias entre ciudadanos son abismales en todos sentidos: manera de entender el mundo, costumbres, modos de vestir, platillos típicos, tradiciones y un largo etcétera. Pero las diferencias más significativas, las más dolorosas son aquellas que limitan las oportunidades, que privan de educación y salud, aquellas que lastran el desarrollo y la libertad del individuo. Son éstas últimas y no las primeras a las que un Estado Solidario debe dedicar sus esfuerzos para erradicarlas. Al convocar una participación activa del Estado, no es para asignarle tareas de intromisión en los ámbitos privados. 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Un Estado Solidario va más allá de ideologías o partidos políticos, porque está fundado y sostenido en las instituciones nacionales, creadas de forma paulatina y progresiva por todas las fuerzas políticas, a partir de las experiencias del pasado, las divergencias, los acuerdos –no siempre fáciles de alcanzar– y los nuevos contextos y realidades nacionales que emergen de los propios cambios sociales y de la influencia de un mundo cada vez más global e interdependiente, en vez de subordinarse a los designios volubles, interesados y transitorios del gobierno de turno. Este Estado Solidario, mediante el cobro de impuestos progresivos, no sólo fomenta y facilita seguridad, certeza jurídica y condiciones apropiadas para la competencia leal en el caso de la iniciativa privada, sino también financia bienes y servicios básicos, como una educación de calidad, una vivienda digna y una salud universal que permitan que aquellos que habitan los segmentos menos favorecidos encuentren avenidas de desarrollo y movilidad social. Se trata de cerrar las brechas entre unos segmentos de la población y otra, no con demagogia, sino con hechos, con acciones, con políticas públicas concretas y equitativas. En una democracia cada formación política tiene su manera específica de manifestar esa “solidaridad”, esa será parte de la labor del ciudadano: decantarse por aquella que resulte más acorde con sus convicciones, ideología y manera de entender el mundo, pero el propósito del Estado en su conjunto tendría que ser la de generar las condiciones para el desarrollo pleno de sus habitantes –en temas tan diversos como salud, vivienda, realización profesional, productividad– sin importar la filiación política del gobierno de turno. Las instituciones nacionales siempre tendrían que estar por encima de cualquier “estilo personal de gobernar”. Plantearse un Estado Solidario como solución de futuro es alentador porque los recursos invertidos en él serán recompensados con creces en el mediano y largo plazo. No hay mayor valor, mayor activo en una nación que su gente y por ello no existe mejor inversión que facilitar la formación y emergencia de mejores ciudadanos. Si la población de un país está más sana, mejor alimentada, acostumbrada a condiciones de vida dignas, y con mejores perspectivas de desarrollo y crecimiento para el futuro, estará más motivada en sus ámbitos de trabajo, será más productiva y podrá tener un mejor desempeño en los profesional y lo personal. Además, será naturalmente más crítica, fijará la vista más alto a la hora de escoger líderes y será más exigente con sus instituciones, lo que favorecerá para perfeccionarlas. Lo cierto es que la solidaridad es una carretera de doble vía: exige asumir responsabilidades. Por alguna causa tanto individuos comprometidos con su comunidad como organismos de la sociedad civil centran su lucha en la obtención de derechos. En países con atrasos tan profundos como México, esto se entiende hasta cierto punto, sin embargo es indispensable entender y aceptar que con cada derecho que se adquiere va aparejada una responsabilidad. Si bien el Estado Solidario tendría que centrarse en fomentar el desarrollo y la libertad del individuo y las estructuras colectivas, también los individuos y las colectividades, tendríamos que asumir nuestra responsabilidad en todos los ámbitos, tendríamos que colaborar activamente para construir y fortalecer ese sistema solidario del que el Estado sería garante. La Era Covid es un tiempo de maduración, un tiempo en que las sociedades humanas debemos pasar de la adolescencia caprichosa y dependiente de que “papá gobierno” nos provea –quien por su parte disfruta de tratarnos con condescendencia infantil–, a una condición de “humanidad adulta y solidaria” donde, tanto individuos como colectivos exigimos enérgicamente nuestros derechos a partir de cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones en todos los ámbitos –ecológico, fiscal, cívico, profesional, familiar, etc–, permitiendo así que el sistema total funcione y se fortalezca. 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Y a 43 años de esas palabras, eso ya está sucediendo. Un claro ejemplo es la tragedia en el Metro de la CDMX el pasado 3 de mayo de 2021. Los culpables pueden ser protegidos por el manto de la IMPUNIDAD. Lo acontecido este fatídico 3 de mayo del 2021 en la Línea 12 del Metro fue algo que desafortunadamente se veía venir desde que Marcelo Luis Ebrard, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, inaugurara su “gran obra, la obra emblemática” (según él) de su nefasta administración el 30 de octubre del 2012. En menos de dos años, e 12 de marzo de 2014, tuvieron que suspender el servicio en 12 de las 20 estaciones que cubren de Tláhuac a Mixcoac. LARGA ESTELA DE CORRUPCIÓN El proyecto de la Línea 12 del Metro, llamada por Ebrard “La Línea Dorada”, nació mal y peor siguió. Se pretendía que se inaugurara para el Bicentenario de la Independencia, pero al postergarse su inicio en varias ocasiones, no estaría a tiempo para septiembre de 2010. El 29 de julio del 2007 se llevó a cabo la Consulta Verde; en enero del 2008 se lanzó la Licitación y la obra fue concluida e inaugurada hasta el 30 de octubre del 2012. Asimismo, Ebrard inició anunciando que costaría 17 500 millones de pesos y finalmente se elevó a 26 000 millones, más el costo de 30 000 millones de pesos en rentar trenes. SE ES CULPABLE POR ACCIÓN O POR OMISIÓN Si en verdad se investiga a FONDO como les dijo Sheinbaum a sus subordinados “tope donde tope”, resultará larga la lista de quienes tienen que ser investigados directa o indirectamente y que pueden ser culpables de la tragedia. El 3 de mayo de 2021 una trabe ubicada en Avenida Tláhuac y Privada Panal, que sostenía estructuras de la línea 12 del Metro, colapsó al momento de que un convoy circulaba con pasajeros. Hasta el momento hay 25 muertos y más de 80 heridos. Cabe recordar aquello de “Se es culpable de un delito por acción o por emisión”. En esa lista van Marcelo Luis Ebrard Cassaubon, quien era jefe de Gobierno; Mario Delgado, exsecretario de Finanzas; Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro; las empresas constructoras el consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom. Posteriormente, Miguel Mancera, ex jefe de Gobierno; Joel Ortega, exdirector del Metro. Y ahora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y Florencia Serranía, directora del Metro. Todos ellos tuvieron participación directa o indirecta desde su construcción, funcionamiento y mantenimiento de la misma. Obviamente esto inicia con quienes la construyeron y quienes irresponsablemente la inauguraron a sabiendas de que tenía fallas, además de usar vagones con un sistema de rodamiento no compatible con las vías. Después de su inauguración casi para finalizar la administración de Ebrard, se empezó a rumorar que la línea estaba mal y que era un peligro para sus usuarios. Llama mucho la atención que al iniciar la administración de Miguel Mancera el 5 de diciembre del 2012, no haya tenido el valor de detener su funcionamiento, quizás por agradecimiento político a Ebrard, que lo apoyó para que fuese candidato a la Jefatura de Gobierno, se esperó más de un año junto con Joel Ortega, exdirector del Metro, hasta el 12 de marzo del 2014 para hacerlo. Pero la Línea 12 de acuerdo a Joel Ortega no solamente tenían problemas en 12 de sus 20 estaciones, sino en todas. Así lo señaló, en una entrevista con El Universal: “Tenemos la huella del desgaste ondulatorio; también un par de problemas con los aparatos de cambio de vía en operación de la terminal Mixcoac, pero hay una gran diferencia; ese tramo de la línea va en un túnel y en su mayor parte es recto. Lo que provoca el daño son las curvas que están en la parte elevada”. La gran duda es, ¿por qué no decidieron suspender la línea?; ¿prefirieron exponer la vida de los usuarios? El 13 de febrero del 2015, el diario Excélsior publicó: “Línea 12 del Metro falló en diseño, construcción” “El desgaste ondulatorio exponencial y severo que obligó al cierre parcial de la Línea 12 del Metro fue el resultado de una serie de fallas que apuntan a errores y daños cometidos en los procesos de planeación, diseño, construcción, puesta en operación y mantenimiento. Incluso, cuando el Sistema de Transporte Colectivo (STC) detectó el deterioro en el sistema de vías, las medidas de contingencia que implementó resultaron poco efectivas para controlarlo y, en algunos casos, coadyuvaron a su expansión. Esto, según las conclusiones finales que presentó Systra sobre los daños que mantienen cerrada la Línea 12 desde el 11 de marzo de 2014, de las cuales Excélsior tiene copia”. Y 8 de julio del 2015 nos enteramos en una nota de José Roberto Arteaga: “La empresa que garantizará que la Línea 12 no vuelva a fallar”: “TÜV Rheinland, compañía encargada de la certificación de la Línea 12, cuenta con un avance generalizado de 50% del tramo del Metro que volverá a operar en noviembre de este año. Después de un año y cuatro meses de la suspensión de operaciones de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro, que ha afectado a 435,000 usuarios, hoy una empresa alemana es la encargada de supervisar las obras de reparación y de garantizar que no vuelva a fallar”. Importante es recordar, estimado lector, que en la administración de Miguel Ángel Mancera, las autoridades capitalinas abrieron investigaciones sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en torno a la Línea 12 del Metro, razón por la cual Ebrard huyó a Francia durante varios años, argumentando persecución política en su contra. Terminada la administración de Mancera, llega Sheinbaum, quien desde hace dos años y medio, tiene la responsabilidad del Metro junto con quien sea el director, para darle el necesario mantenimiento que permita que los miles de usuarios de esta línea no corran NINGÚN RIESGO. Pero, al parecer no ha sido así. El 4 de mayo del 2021, El Universal difundió: “Metro ignoró los reportes sobre fallas en la Línea 12: “En los primeros análisis sobre la tragedia por el desplome de la Línea 12 del Metro, la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Florencia Serranía, dijo que no presentaba daños estructurales, según los resultados de la empresa francesa TCO que se encargaba del mantenimiento de las instalaciones fijas. “Dicha aseveración la refutaron de inmediato trabajadores sindicalizados y de confianza del Metro. El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, comentó, que desde 2012 reportaron a las autoridades, a través de oficios diversas fallas de la Línea 12, principalmente del viaducto elevado como frenados, golpeteos, vibración, el desgaste de los rieles, pero hasta el momento no les han hecho caso. “Homero Zavala, secretario general del sindicato mexicano, expresó que la obra presentaba daños estructurales, que se acrecentaron tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Incluso, los propios trabajadores de la dependencia añadieron que se registraron hundimientos por el suelo de la zona y filtraciones de agua. “Por la mañana, la directora del Metro sostuvo que no le reportaron fallas estructurales; incluso, comentó que a finales de 2019 se realizó un estudio del comportamiento estructural y geotécnico del viaducto elevado de la L12 por la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados, y no reportaron algún riesgo”. En medio de esta tragedia, uno de los principales involucrados, Marcelo Luis Ebrard, tras llamar a que se investiguen las causas y que se deslinden responsabilidades en el accidente del Metro, expresó que reitera su "entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario". Mario Delgado Carrillo, quien fuera secretario de Finanzas de Ebrard, se dijo "seguro" de que la administración de la Ciudad de México "llegará al fondo de este lamentable suceso". Así la cruda realidad en la que está envuelta la tragedia del 3 de mayo en que hasta el momento ha enlutado a 25 familias de pasajeros que fallecieron (y esperemos que no se sumen más, ya que hay 80 heridos). Todo lo anterior debe encender los focos rojos no solamente en el desgobierno de la CDMX, sino también en el desgobierno federal ya que se ha venido rumorando que la mayoría de las líneas del Metro están pésimas condiciones por falta de mantenimiento, producto de la disminución de presupuestos que desde que entró López el 1 de diciembre del 2018, han venido aplicando, poniendo así en riesgo la vida de sus millones de usuarios. También preocupa mucho la Línea B, que va de Buenavista en la CDMX a Ciudad Azteca en el Estado de México, pues se ha comentado que tuvo deficiencias en la parte que le correspondió construir a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno y a María del Rosario Robles como jefa sustituta del Gobierno de la Ciudad de México. Es triste ver que el Metro de haber sido, desde sus inicios, un ejemplo de transporte seguro, eficiente, limpio y puntual hasta 1997, ahora sea un desastre. 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Esta manera de atender a los estratos más vulnerables mantiene el nivel de necesidad sin cambios sensibles en las oportunidades de desarrollo, en espera siempre de que sea el Estado quien subsane las carencias y con ello se fomenta una dependencia que, más que ciudadanos libres y pensantes, crea clientelas políticas que nutren los colores partidistas del gobierno de turno, en lugar de privilegiar la inversión pública que detone verdaderas oportunidades de desarrollo que abatan la pobreza y favorezcan la movilidad social. Por eso resulta preferible pensar en términos de un Estado Solidario. La solidaridad es la manera colectiva de ser empático. 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Un Estado Solidario va más allá de ideologías o partidos políticos, porque está fundado y sostenido en las instituciones nacionales, creadas de forma paulatina y progresiva por todas las fuerzas políticas, a partir de las experiencias del pasado, las divergencias, los acuerdos –no siempre fáciles de alcanzar– y los nuevos contextos y realidades nacionales que emergen de los propios cambios sociales y de la influencia de un mundo cada vez más global e interdependiente, en vez de subordinarse a los designios volubles, interesados y transitorios del gobierno de turno. Este Estado Solidario, mediante el cobro de impuestos progresivos, no sólo fomenta y facilita seguridad, certeza jurídica y condiciones apropiadas para la competencia leal en el caso de la iniciativa privada, sino también financia bienes y servicios básicos, como una educación de calidad, una vivienda digna y una salud universal que permitan que aquellos que habitan los segmentos menos favorecidos encuentren avenidas de desarrollo y movilidad social. Se trata de cerrar las brechas entre unos segmentos de la población y otra, no con demagogia, sino con hechos, con acciones, con políticas públicas concretas y equitativas. En una democracia cada formación política tiene su manera específica de manifestar esa “solidaridad”, esa será parte de la labor del ciudadano: decantarse por aquella que resulte más acorde con sus convicciones, ideología y manera de entender el mundo, pero el propósito del Estado en su conjunto tendría que ser la de generar las condiciones para el desarrollo pleno de sus habitantes –en temas tan diversos como salud, vivienda, realización profesional, productividad– sin importar la filiación política del gobierno de turno. Las instituciones nacionales siempre tendrían que estar por encima de cualquier “estilo personal de gobernar”. Plantearse un Estado Solidario como solución de futuro es alentador porque los recursos invertidos en él serán recompensados con creces en el mediano y largo plazo. No hay mayor valor, mayor activo en una nación que su gente y por ello no existe mejor inversión que facilitar la formación y emergencia de mejores ciudadanos. Si la población de un país está más sana, mejor alimentada, acostumbrada a condiciones de vida dignas, y con mejores perspectivas de desarrollo y crecimiento para el futuro, estará más motivada en sus ámbitos de trabajo, será más productiva y podrá tener un mejor desempeño en los profesional y lo personal. Además, será naturalmente más crítica, fijará la vista más alto a la hora de escoger líderes y será más exigente con sus instituciones, lo que favorecerá para perfeccionarlas. Lo cierto es que la solidaridad es una carretera de doble vía: exige asumir responsabilidades. Por alguna causa tanto individuos comprometidos con su comunidad como organismos de la sociedad civil centran su lucha en la obtención de derechos. En países con atrasos tan profundos como México, esto se entiende hasta cierto punto, sin embargo es indispensable entender y aceptar que con cada derecho que se adquiere va aparejada una responsabilidad. Si bien el Estado Solidario tendría que centrarse en fomentar el desarrollo y la libertad del individuo y las estructuras colectivas, también los individuos y las colectividades, tendríamos que asumir nuestra responsabilidad en todos los ámbitos, tendríamos que colaborar activamente para construir y fortalecer ese sistema solidario del que el Estado sería garante. La Era Covid es un tiempo de maduración, un tiempo en que las sociedades humanas debemos pasar de la adolescencia caprichosa y dependiente de que “papá gobierno” nos provea –quien por su parte disfruta de tratarnos con condescendencia infantil–, a una condición de “humanidad adulta y solidaria” donde, tanto individuos como colectivos exigimos enérgicamente nuestros derechos a partir de cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones en todos los ámbitos –ecológico, fiscal, cívico, profesional, familiar, etc–, permitiendo así que el sistema total funcione y se fortalezca. 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