La renuncia anticipada del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sentó muy mal entre el bloque opositor, quien acusó al ahora exmagistrado, de ser un subordinado a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Desgarros de vestiduras, agrios lamentos y acusaciones de que se daña al Poder Judicial, como si fuera el más impoluto, eficiente y popular de los poderes de la unión. La tradicional impostura opositora exigió durante el sexenio la renuncia del magistrado, ahora cuando se produce, se pronuncia por no dejarlo retirarse, al final solamente es histrionismo conservador involuntario.
La historia reciente registra otra renuncia a la SCJN, se recordará al impresentable Eduardo Medina Mora, quien dimitió cuando estaba siendo investigado por corrupción y cuantiosos recursos económicos que nunca se esclarecieron.
La inesperada jugada política inició el martes 7 de noviembre, cuando el ministro Zaldívar presentó ante el presidente AMLO su renuncia al señalar que su actuar en el máximo órgano colegiado judicial se había vuelto marginal en la consolidación de un mejor país.
Especulaciones de todo tipo empezaron a circular, sobre si buscaría ser fiscal general en sustitución del intrascendente Alejandro Gertz Manero, si los tiempos le daban para incorporarse al nuevo gobierno, o si solo era un avaricioso político. Ese mismo martes circuló en la red social X, antes Twitter, una fotografía del ministro Zaldívar con la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, por lo que se confirmaron las simpatías del magistrado.
La ira de los sectores opositores no se hizo esperar, por lo que el ministro ahora simpatizante de la cuarta transformación, fue denostado y acusado de ser solo un alfil del régimen morenista. En entrevistas posteriores, el magistrado aseguró que no buscaba el puesto de fiscal general y respondió elegantemente a las críticas de la oposición trasnochada y desmemoriada.
La jugada morenista, aún pendiente de la ratificación de la renuncia de Zaldívar, y por supuesto de los resultados de la elección de 2024, es la carta fuerte para presentar al responsable de la reforma al desprestigiado y corrupto poder judicial, al cual la ciudadanía aborrece con toda razón.
En la conferencia mañanera del miércoles 8 de noviembre, el presidente AMLO informó que aceptaría la renuncia del expresidente de la SCJN, que turnaría el trámite al senado, mientras que pensaba en una terna de mujeres para sustituirlo. Añadiendo que el género femenino le resultaba más confiable, pues los jueces que promovió, terminaron siendo conservadores.
Como se recordará, con la llegada de la beligerante presidencia de la ministra Norma Lucia Piña, el poder judicial inició una serie de desencuentros políticos con el poder ejecutivo. Varias leyes promulgadas por el congreso fueron frenadas por juicios de inconstitucionalidad o por errores de procedimiento legislativo evidentes. Esta relación tensa, se suma a que la oposición tan desdibujada y sin peso político real, mantiene como único dique contra el gobierno morenista, las resoluciones de la SCJN.
Los puristas aseguran que la SCJN solo resuelve conforme a derecho y en respeto al marco constitucional que privilegia la legalidad, sin embargo, todos los poderes judiciales de los países más democráticos o con incipientes democracias como la nuestra, siempre están cargados a fallos a favor del statu quo, privilegiando a las elites económicas, políticas y poderes fácticos nacionales e internacionales.
Durante su periodo como presidente de la SCJN, Zaldívar estuvo envuelto en la polémica de ser promovido de forma inconstitucional, para extender su mandato por dos años más. Aquella propuesta fue desechada por improcedente, concluyó su periodo dando paso al relevo en la presidencia del poder judicial. En los últimos meses el ministro fue siendo relegado de los temas importantes en aquel órgano colegiado, dejándolo en una minoría.
Zaldívar aunque fue propuesto por el expresidente Felipe Calderón, no le fue incondicional al enfrentársele en el caso de la ciudadana francesa. Florence Cassez, que provocó un desencuentro diplomático, producto del montaje realizado por el mal llamado periodista Carlos Loret de Mola y el sentenciado exsecretario de seguridad, Genaro García Luna.
Zaldívar fue el ministro que elaboró el proyecto que permitió la liberación de Cassez por fallas en el debido proceso. El magistrado acusó al gobierno represor de Calderón, de haber intentado amedrentarlo al detener su vehículo cuando circulaba con su familia, y ser encañonado por elementos de la corrupta policía federal. Mensajes intimidatorios e intromisiones desde el gobierno de Calderón fueron la constante en un verdadero caso de acoso de un poder republicano a otro, sin que nadie recuerde posicionamiento políticos de los hoy opositores, en contra de estas acciones impunes.
El actual desempeño de la SCJN al frente de la presidenta Piña, enfrenta señalamientos de haber contratado a asesores cercanos al sentenciado en EEUU, García Luna, así como la devolución de recursos económicos congelados a su esposa. Destaca el caso de postergar la resolución final sobre los 25 mil millones de pesos que adeuda el magnate Ricardo Salinas Pliego, junto con las acusaciones del presidente AMLO contra el magistrado Luis María Aguilar, de ser un ariete del dueño de TV Azteca. Multas millonarias contra Iberdrola fueron congeladas, además de liberar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.
En la SCJN pasaron a segundo plano las reformas que pretendían reformar al poder judicial en materia de nepotismo, así como agilizar los procesos de los acusados que siguen purgando penas sin sentencia. Las disputas con el Poder Ejecutivo han traído a la discusión pública los privilegios de una burocracia dorada a costa del erario.
La incorporación de Zaldívar a las filas de Morena es una jugada política a futuro, que la oposición, los medios de comunicación y el mismo poder judicial no veían llegar. Parece lógico que ante las pifias en el proceso legislativo, que permitieron a la SCJN darle palo a leyes promulgadas sin el rigor legal, ahora con la asesoría jurídica un consejero de primer nivel, propicie que la batalla legal sea de mayor nivel competitivo.
El caso de un exministro que se suma a la partidocracia no es nuevo, destaca el activismo de José Ramón Cossío, que es a su vez un vocero opositor que participa en forma activa en el PRIAN. Ambos ejemplos de chapulinismo son lamentables por las formas, pero se entienden en una coyuntura política donde los posicionamientos no privilegian la neutralidad.
El Poder Judicial debe ser reformado, pues su anquilosamiento es sumamente costoso a los mexicanos y al país que aspira a ser una democracia mejor consolidada. Es impostergable saldar la deuda histórica que ese poder opaco e ineficiente tiene con los ciudadanos sin privilegios, en ello nos va la gobernabilidad y una vida institucional verdadera.
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