Realpolitik, Democracia y Autoritarismo en el siglo 21

La Real Academia de la Lengua Española define “realpolitik” como “política basada en criterios pragmáticos al margen de ideologías”. Acuñado en la época de Bismarck, el término significa un poco más, pues incluye acciones políticas o diplomáticas...

25 de junio, 2021 Realpolitik, Democracia y Autoritarismo en el siglo 21
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La Real Academia de la Lengua Española define “realpolitik” como “política basada en criterios pragmáticos al margen de ideologías”. Acuñado en la época de Bismarck, el término significa un poco más, pues incluye acciones políticas o diplomáticas basadas en consideraciones de circunstancias y factores existentes en un momento histórico, en lugar de acciones basadas en nociones ideológicas explícitas o premisas éticas y morales. El ejemplo de esto siguen siendo las acciones emprendidas por Bismarck en 1866, cuando para cumplir con las instrucciones recibidas de su gobernante (Príncipe Von Metternich) de “equilibrar los poderes de los imperios europeos de la época”, decidió que a pesar de su triunfo militar en la guerra de las “siete semanas” no anexaría terreno alguno de su rival derrotado, sino que se lo dejaría con la intención de seguir debilitando económicamente al imperio Austro-Húngaro y con ello lograr el objetivo específico solicitado por su príncipe.   

A pesar de las declaraciones realizadas a inicios de su gobierno por el presidente Biden, en la semana recién terminada su participación en reuniones multinacionales y binacionales demostró que la realpolitik será su objetivo en política internacional, sin importar si esto robustece o debilita la democracia o el autoritarismo en nuestro planeta. Fenómeno del siglo 21, gobiernos democráticos y autoritarios seguirán actuando entrelazados en la realidad que hoy determina el balance geopolítico mundial, balance que probablemente se irá inclinando a favor del autoritarismo por los próximos 20 – 30 años.  Esta conclusión surge de lo visto durante la primera gira internacional de Biden del 9 al 16 de junio pasados. 

La gira comprendió dos reuniones multilaterales: la primera con sus contrapartes de los gobiernos del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Inglaterra, Italia y Japón), y la segunda, participando en la reunión de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), donde además mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, para finalizar con una reunión bilateral en Ginebra (Suiza) con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Con excepción de la primera reunión (G7), en la que los participantes eran todos líderes de democracias consolidadas, tanto en la reunión de la OTAN como en la de Putin, constatamos la realidad del siglo 21. Biden, quien había hecho públicas sus críticas a gobiernos autoritarios como el de Rusia y Turquía –por dar solo unos cuantos ejemplos–, minimizó estas críticas en lo que atañe a violaciones de derechos humanos, libertad de expresión y limitación ciudadana en procesos electorales de esas naciones, en aras de lograr consensos en políticas que enfrentarán males considerados mayores como la recuperación económica mundial, la seguridad militar y reducción de riesgos nucleares, el combate al cambio climático, la respuesta a la pandemia de Covid-19 y la caracterización de China como el nuevo “villano” en la escena internacional, contra el cual debería existir una acción común de contención en los próximos años. ¡Realpolitik en su más profunda expresión!

¿Por qué entonces los mexicanos nos desgarramos las vestiduras por el actuar de nuestro gobierno ante la situación que se está dando en Nicaragua? Para entenderlo revisemos lo sucedido el pasado 15 de junio. En esa fecha, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó un documento en que condenaba las acciones del gobierno del presidente de esa nación, Daniel Ortega, y expresaba alarma ante el creciente deterioro político y la situación de derechos humanos en ese país. El arresto de precandidatos presidenciales rivales de Ortega, su encarcelamiento y la violación de sus derechos humanos y políticos motivó esa votación condenatoria de las acciones de Ortega. La votación fue aprobada con 26 votos a favor, cinco abstenciones y tres votos en contra. Estos últimos fueron emitidos por Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, y las abstenciones por Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México. Explicando su voto, Argentina y México publicaron un comunicado conjunto en el cual expresaban que “manifestaban su preocupación por lo que sucede en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras políticas cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”. 

Desafortunadamente a continuación agregaron que “hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política, rechazamos esa conducta”. Declaración innecesaria que contribuye a las reacciones de rechazo a la posición del gobierno del presidente López Obrador, tanto de gobiernos latinoamericanos como de un número importante de comentaristas políticos e internacionalistas de México y la región.

 Si Biden puede utilizar la Realpolitik en su gira internacional, ¿por qué la reacción contra el gobierno de la 4T? ¡Porque las circunstancias son completamente diferentes! De haberse basado en la Realpolitik, el gobierno de México debería haber votado a favor de la resolución. Siguiendo la definición del término, la votación a favor era obligada ya que hubiera representado “política basada en criterios pragmáticos al margen de ideologías”. Criterio pragmático es apoyar la posición del gobierno de los Estados Unidos en un momento histórico en que la recuperación económica de México depende del éxito del T-MEC, en particular evitar litigios laborales basados en el mismo. Criterio pragmático hubiese sido respaldar el proceso democrático en Nicaragua, ya que hoy México brilla por el resultado de su proceso electoral del 6 de junio. Criterio pragmático hubiera sido apoyar a los países centroamericanos para robustecer la política migratoria en apoyo de sus ciudadanos reduciendo las presiones políticas, sociales y de seguridad en la región, presiones que la actitud de Ortega incrementará en lugar de reducir.   


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¿Por qué entonces la acción del gobierno de López Obrador? Porque, a pesar de lo que diga repetidamente desde su púlpito diario de predicación, en asuntos como el que aflige a Nicaragua hoy, la posición ideológica proveniente de más de 70 años de priismo y ahora primorismo, representa un chip ideológico de rechazo a la mal concebida doctrina Estrada que nadie puede explicar correctamente al presidente o su canciller.  

Nos hace falta un verdadero Bismarck para que haga entender a los oficiales de la 4T la importancia de usar en política exterior la Realpolitik.   

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Ante esas manifestaciones de Anaya, el presidente pidió en su “mañanera” a la Fiscalía General de la República (FGR) que hiciera pública la causa de acusación contra el panista. En “cumplimiento” a la petición, la Fiscalía "autónoma" emitió un comunicado, en el que se lee: “... Emilio "N", en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo "N", para que votara a favor de la Reforma Energética que privatiza la producción petrolera mexicana, en favor de las empresas extranjeras como Odebrecht Brasil (…) Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo (...) en el año 2014 (…) Posteriormente (...) quedó constancia de que Ricardo "N" votó a favor de la misma.  “La secuencia de todas las diligencias señaladas (...) evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido...” Lo expuesto por la FGR es de lo más aberrante jurídicamente que puede darse en un Estado de Derecho, ya que en su comunicado público se advierte que se inició una investigación en contra del ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por haber recibido dinero (es hipótesis) para votar en favor de la reforma energética constitucional, promulgada en diciembre del año 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de ese mismo mes y año, sosteniéndose en la acusación que, tal acto, constituye el delito de cohecho, lo que de acreditarse sería cierto.   En efecto, el cohecho es una conducta delictiva que se traduce en la recepción de dinero u otros bienes por parte de un servidor público, por hacer o dejar de hacer sus funciones, resultando, en este caso de muy difícil comprobación, en cuanto a que habría que demostrarse que, antes de la votación a esas reformas, se le ofreció a Anaya un pago por su voto, siendo extraño que, según la propia carpeta de investigación, en la parte que se ha hecho pública, ese pago se le hizo varios meses después de que emitió su voto, a saber, el voto en diciembre de 2013 y el pago en agosto de 2014.  Además de tal hipótesis, relativa al delito de cohecho, se expuso en el comunicado de la FGR, que la reforma a la constitución, tuvo por objeto la entrega del patrimonio petrolero a los extranjeros y que tal, le ha traído consecuencias de sufrimiento social y económico a México, lo que resulta en una opinión insostenible e ilegal. Así es, la reforma a la Carta Magna en materia energética de finales de 2013, se realizó en cumplimiento al artículo 135 de la misma Constitución que determina que, para su reforma, debe aprobarse por las dos terceras partes del Congreso, es decir, de cada cámara legislativa, lo que se conoce como “mayoría calificada” y, adicionalmente, se requiere el voto de por lo menos la mitad de los congresos de las 32 entidades federativas, para que, en su conjunto, Congreso Federal y legislaturas de los Estados, formen el “Poder Constituyente”, único que puede reformar nuestro Máximo Cuerpo Legal. En el caso, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una votación en el Senado con 95 votos a favor y 32 en contra y, posteriormente en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma con una votación de 354 a favor y 134 en contra, y uno de esos trescientos cincuenta y cuatro votos fue el de Ricardo Anaya Cortés. Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.    Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”. La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala. 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Se privilegia la política sobre la economía y ésta sobre la salud de la población. Una muestra de esto es que el gobernador Javier Corral ha declarado a Chihuahua en semáforo epidemiológico verde. Juntamente con el estado de Chiapas, son los dos únicos estados de la República que se encuentran en ese color. Hasta el 19 del presente mes, son 13 estados en color amarillo, que es el riesgo medio, y 17 en color naranja, que es el riesgo alto. Ninguna en color rojo, que es el riesgo máximo. Eso no significa que no haya peligro. No quiere decir que el tipo de color que tienen represente a cabalidad lo que la autoridad dice que representa,  en otras palabras, no son colores veraces. Hay seguramente mucho de ficción. Sea como sea, la cosa es que después de muchos meses, Chihuahua está en color verde y don gobernador se va a retirar del cargo con el registro histórico de que deja un estado en verde. Lo que es verdad, pero no es cierto. ¿Qué van a hacer los chihuahuenses? ¿Van a dejar de cuidarse? ¿Ya no se va a pedir cubrebocas en lugares cerrados? ¿Pasó la emergencia y el peligro? La respuesta al primer interrogante que presento puede ser tan variada como personas hay. Creo y espero que la mayoría de la gente sea prudente. Es cierto, ya se presenta lo que se llama “cansancio pandémico”. La gente se ha cansado de cuidarse, pero sigue siendo mejor usar  el cubrebocas que un respirador artificial en el hospital.  Las medidas que entran en vigor contestan el resto de las preguntas y muchas más. Estas se dan a conocer en todos los medios periodísticos del día de hoy en las diferentes plataformas y formatos. Le comento algunas. Se mantiene control de aforos dependiendo de cada actividad económica y social, y se mantienen los protocolos de higiene y preventivos, sana distancia y uso obligatorio del cubrebocas. Las actividades de la industria no esencial pueden operar con el 80% de su plantilla laboral distribuida en sus diferentes turnos, 100% con certificación de la Secretaría de Prevención Social.                                                                                 Los hoteles con el 80 por ciento de sus habitaciones…bibliotecas tengan hasta un 75% de aforo…parques infantiles 75% y casinos 50%. Tiendas de autoservicio, el aforo en “verde” se requiere el uso obligatorio de cubrebocas, medidas preventivas y sana distancia. Museos, teatros y centros culturales, así como también las actividades deportivas, fijaron una ocupación hasta del 75%. Los comercios dentro de los centros comerciales, en semáforo verde, el aforo es del 75%.  Las iglesias y templos religiosos 75% con protocolos de higiene y prevención. Las celebraciones como bautizos, confirmaciones, bodas y otras, deben realizarse con previo aviso a la Secretaría de Salud.                                                                                 En pocas palabras, igual que como estábamos el mes pasado en el estado con un poco más de gente en los aforos, pero en verde. Lo que ni a médicos ni a empresarios les ha parecido correcto. ¿Por qué? Saben del riesgo latente de los rebrotes y temen perder lo logrado hasta ahora. No por la labor del gobierno, sino de todos nosotros, la mayoría que nos cuidamos. El cambio al verde presenta el mismo problema que muchas cosas que pasan en el país y en los estados, que no las creemos porque sabemos que no son ciertas. Una historia para ser aceptada ha de ser veraz. Lo verdadero es dudoso, pero si la historia es cierta, lo verdadero o la verdad adquiere relevancia.  Por eso el que la historia sea veraz, es lo relevante. Y lo que nos dice don gobernador en Chihuahua molesta e irrita, porque sabemos que no es verdad y cuál es El Meollo del Asunto. 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