¿Quién le copió a quién?

La pregunta sigue en el aire y así el prestigio de la ministra quien, de ser encontrada culpable, perdería toda credibilidad como funcionaria, pero también está en derecho de defender su verdad.

3 de enero, 2023

Barbara Lejtik

Dos abogados titulados con un año de diferencia, dos planteles distintos y dos trayectorias completamente diferentes. Ambos tienen algo en común: defienden la tesis: “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza artículo 123, apartado A” como propia. Otra coincidencia, la Maestra Martha Rodríguez Ortiz asesoró a los dos alumnos en el proceso tan comprometido como es el de escribir una tesis de titulación. Las dos tesis son idénticas, no así la presentación, ni la trayectoria ni el estatus de los dos licenciados en Derecho.

Presuntas pruebas existen muchas. El licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez presentó su tesis en 1986, la ahora ministra y hasta ayer candidata a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presentó en 1987, pero asegura haberla hecho en 1985 y confiar en que su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, la resguardara durante dos años en lo que la publicó. Razones para creer que en cualquiera de las dos partes las puede tener cada quien, una sentencia definitiva es mucho más difícil de otorgar.

Plagiar una tesis para titulación de licenciatura es un delito por demás grave pero sobre todo una falta a la moral, la honestidad, una agresión a los principios básicos de lealtad, una mentira, un engaño y una prueba contundente de que la persona en cuestión no podrá presumir en su carrera profesional de honestidad ni de veracidad en ninguno de los trabajos que en adelante ocupe.

No es la primera vez que pasa en México, es una historia ya repetida y en nombres igual o más reconocidos que el de la Ministra Yazmín Esquivel Mossa. Tal es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto y del ya fallecido secretario de Educación, doctor por la Universidad de Harvard, Frausto Alzati.

Eso por supuesto no aminora ni disminuye en nada la falta que cometió quien sea que plagio la multimencionada tesis, ni de su asesora quien estando a cargo de asesorar a los dos alumnos yendo mucho más lejos que recomendarles fichas bibliográficas como se espera de un asesor, sino dándole o vendiéndole a uno de los dos el contenido completo de la tesis de su compañero y de ya estar comprobado que incurrió en el mismo delito en por lo menos en ocho trabajos más hasta el 2008, ella, sin duda es un elemento clave en el delito.

El Rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, reconoció ya una total similitud entre las dos publicaciones. Si usted tiene acceso a los documentos podrá notar que a pesar de ser idénticas incluso en errores gramaticales, la redacción y presentación de la del licenciado Edgar Ulises Báez dista mucho de la de la ministra Yazmin Esquivel Mossa.

El abogado Edgar Ulises Báez ya jubilado, ejerció como maestro de civismo y vive en estado de precariedad en una colonia de la delegación Xochimilco. Cuenta con antecedentes penales y dice estar dispuesto a declarar siempre y cuando esté bien de salud, pues está aún convaleciente de una neumonía y una operación por cataratas en un ojo.

La licenciada y ministra Yazmín Esquivel Mossa está casada con José Mario Riobóo, presidente de Grupo Riobóo, constructora favorita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y de loa dirigentes anteriores. Ha estado a cargo de proyectos, no todos transparentes, para todos los partidos que han estado en el poder y sin duda que la licenciada Yazmín Esquivel Mossa fuese designada como presidente de La Suprema Corte de Justicia de La Nación era algo que, estamos todos en el entendido, convenía de cien formas distintas al gobierno de López Obrador y su consecuente sucesor.

Una tesis, para mi punto de vista, poco ambiciosa, tres implicados y miles de opiniones a favor y en contra.

Ayer por la tarde se dio a conocer a la ganadora de la votación, la ministra Norma Piña quien ocupará el puesto de la Presidencia de la SCJN, uno de los más destacados, comprometidos y reconocidos que hay en este país. La pregunta sigue en el aire y así el prestigio de la excandidata, quien de ser encontrada culpable perdería toda credibilidad como funcionaria y como ciudadana, pero quien también está en derecho de defender su verdad.

¿Usted a quién le cree? Yo por lo pronto perdí mucha de la confianza que tenía frente a las dos Instituciones, ni la SCJN ni la máxima casa de estudios volverán a ser para mí y para muchos ciudadanos lo que eran. No está bien copiar, ni un texto, ni una canción, ni un acorde, mucho menos la tesis que es el primer trabajo y la primera aportación que un profesionista hace para su país.

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EVOLUCIONAR PARA ACEPTAR

Este punto, las colegiaturas a estudiantes, en la Universidad de Sonora es uno de los aspectos más cuestionados en la actual Ley 103; desde su promulgación a principios de los noventas, las manifestaciones estudiantiles que llegaron hasta la Ciudad de México, llevaban la consigna de protestar contra este rubro y si bien es cierto no lograron su objetivo, dejaron, además de una historia de lucha social, una herida abierta. Sin embargo, también es cierto que la nueva propuesta legal, aunque armoniza con la Ley General de Educación y plantea la progresividad en la reducción de colegiaturas, no alcanzó la meta de la eliminación total del cobro. La eliminación de colegiaturas enfrenta un problema real: la necesidad de sustituir el ingreso por este concepto mediante otros mecanismos que no necesariamente sean por participaciones de la Federación o el Estado, dado que, como se ha visto, la política pública del gobierno actual no evidencia un aumento importante del presupuesto asignado a la educación superior. Y por otra parte, se enfrenta aún a resistencias a generar programas de recursos propios, como venta de servicios. Innovar en aspectos como marketing educativo para las instituciones públicas, venta de servicios de asesoría y capacitación para empresas e industrias y la construcción de redes para generación de recursos propios tanto a nivel nacional como internacional se impone como necesarias, para prever el descenso de ingresos por las participaciones estudiantiles y mantener la operatividad de la infraestructura que evidentemente se incrementó con el ingreso vía colegiaturas estudiantiles. Las críticas que se le hicieron a la propuesta de marco normativo para la Universidad tanto en los debates del Congreso como en diferentes niveles y medios de comunicación, además de inevitables, evidencian las diferentes perspectivas que se tienen sobre la forma de conducir la universidad. Efectivamente dos de los aspectos a considerar son tanto la eliminación de las colegiaturas estudiantiles como asegurar la participación paritaria tanto en las instancias personales de gobierno como en los órganos colegiados. El riesgo de parlamentarismo inoperante que vuelva interminables las discusiones y haga lentos y complejos los acuerdos es un riesgo que los integrantes de la comunidad universitaria tendremos que asumir y generar las acciones correspondientes para que eso no ocurra, en tanto que la participación colectiva en la toma de decisiones, sobre todo las de tipo financiero, fue una demanda constante. El respeto a los derechos humanos durante los procesos electorales internos y la realización de actos de organización y propaganda maduros, además de un reto, evidenciará que durante el tiempo de aplicación de la Ley 4 y quizá de forma no esperada, se gestó una generación de líderes que revaloró la vida democrática institucional y está en condiciones de revertir las malas prácticas del pasado y nacionales que aún se niegan a irse.

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