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Peor que un gobierno corrupto es un gobierno incompetente

El 23 de marzo de 1989, el mundo se enteraba con estupefacción que el buque Exxon Valdez, propiedad de la compañía petrolera Exxon había encallado en el Risco Bligh en Alaska, vertiendo como resultado del accidente cerca...

3 de junio, 2021

Luis Ernesto Derbez

El 23 de marzo de 1989, el mundo se enteraba con estupefacción que el buque Exxon Valdez, propiedad de la compañía petrolera Exxon había encallado en el Risco Bligh en Alaska, vertiendo como resultado del accidente cerca de 257,000 barriles de petróleo crudo en la prístina costa de ese estado americano. Las huellas del derrame llegaron a 1,120 kilómetros de la costa, afectaron parques nacionales en una de las regiones con más recursos naturales de Estados Unidos, matando aves marinas, peces y mamíferos en cantidades inimaginables, y causando un serio daño ecológico en uno de los principales hábitats marinos del mundo, a grado tal que los daños a la industria pesquera de la región permanecen aún sin un cálculo exacto. El entonces presidente de Exxon, Lawrence Rawl, minimizó el impacto del accidente y jamás hizo acto de presencia en el sitio del mismo.

El 26 de mayo de 2021, respaldados por los fondos de inversión Black Rock, State Street y Vanguard que en conjunto poseen 20% de las acciones de Exxon-Mobil, los accionistas de esa compañía eligieron a dos nuevos miembros que participarán en el Consejo de la empresa con el objetivo de obligarla a reducir su huella ecológica con medidas que aminoren el daño que causa la extracción y refinación de hidrocarburos para lograr las metas establecidas por el acuerdo COP21.

En la misma semana los accionistas de la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos, Chevron, votaron a favor de un plan de inversiones en tecnología renovable que reduzca la contaminación por la extracción y refinación de hidrocarburos a fin de cumplir con los objetivos ambientales del acuerdo COP21. Como si esto fuera poco, en Holanda un tribunal dictaminó que la compañía Shell está obligada a disminuir su impacto ecológico mediante la desincorporación de activos que la ayuden a cumplir con los objetivos establecidos por el acuerdo ambiental mencionado. En el lapso de 32 años el mundo ha cambiado. Solo aquellas empresas que adopten estas nuevas tecnologías permanecerán en el campo de producción energética; aquellas que no lo hagan están condenadas a desaparecer.

El reporte publicado el pasado 18 de mayo por la Agencia Internacional de Energía (Net Zero by 2050) presionando para que el mundo logre los objetivos determinados en el Acuerdo de París (COP21), determina con claridad el destino de las empresas petroleras que hoy operan en el mundo. O se transforman en los próximos 15 años en empresas cuyo objetivo sea proveer energía limpia, o para el año 2050 desaparecerán. Accionistas importantes de fondos de inversión de empresas como Black Rock, Vanguard y State Street, reconocen que el valor futuro de su inversión en empresas como Chevron y Exxon-Mobil está ligado a la transformación de estas empresas petroleras a empresas de energía; de ahí que apoyen el cambio de planes de inversión en la dirección ambientalista. Los gobiernos de la OPEP lo han entendido también. Empresas como Aramco iniciaron recientemente su proceso de transformación.

Pemex debería estar haciendo lo mismo. Desafortunadamente la visión retro-utópica de López Obrador no se lo permite. Contrario a lo que estamos atestiguando en el mundo energético, la 4T está realizando inversiones para adquirir refinerías como la de Deer Park, modificar las demás refinerías propiedad de Pemex que operan en nuestro país, o construir una nueva en Dos Bocas, Tabasco. Ajeno a los compromisos ambientales contraídos bajo el COP21, o a los conceptos económicos revelados por las acciones de fondos de inversión como los mencionados previamente, el gobierno de López Obrador sigue invirtiendo recursos escasos del pueblo de México en una política energética sin futuro. Al hacerlo, demuestra su incompetencia para administrar el país.

Primero, porque las inversiones realizadas tienen un alto costo de oportunidad para México. Invertidos en otras actividades como educación, salud o infraestructura de transporte, esos recursos tendrían una rentabilidad muy superior para el país. Segundo, porque sacrifica el bienestar de las generaciones del futuro. El incumplimiento de los objetivos del COP21 someterá a los jóvenes de hoy a un futuro comprometido por las repercusiones del calentamiento global. El costo de revertirlo recaerá sobre sus hombros, limitando su bienestar de manera significativa. Tercero, porque niega a nuestra nación la posibilidad de desarrollarse tecnológicamente aprovechando un sector que podría ser nuestra palanca de desarrollo: energía.

AMLO está demostrando que hay algo peor que un gobierno corrupto: ¡un gobierno incompetente!