Nuevo año, nuevo rostro del Poder Judicial

La designación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la SCJN ha sido un triunfo de nuestra democracia.

4 de enero, 2023

Franz de Rubens von Sparr

Las buenas noticias en México sí existen –aunque sea una vez en cuando–, y es que 2023 nos recibió con una espléndida sorpresa. Después de tantos reportajes de corrupción, de abuso de autoridad y el sinfín de homicidios, extorsiones y secuestros en este país, el Poder Judicial de la Federación nos regaló el mejor presente posible: saber que hay instituciones que sí funcionan. El lunes 2 de enero se eligió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, destacando que es la primera mujer en ocupar este cargo.

A manera de rápida exposición, quiero esbozar tres argumentos contundentes por los cuales considero que la elección de la ministra Piña fue la correcta y que dicha elección es una defensa de lo que representa el Poder Judicial de la Federación.

En primer lugar, la ministra presidenta cuenta con una larga trayectoria de más de treinta años de servicio –ocupando diversos cargos como profesora de primaria, técnica académica, secretaria proyectista, jueza de distrito, magistrada y, por supuesto, ministra–, además de destacar su alta preparación académica y profesional –contando con licenciatura (con mención honorífica), maestrías, especialidades y diversos posgrados¹– y, sobre todo, su gran capacidad de interpretar la ley, al ser reconocida como “una funcionaria “de carrera”, que conoce al Poder Judicial a todos sus niveles y con la capacidad argumentativa que se necesita para ser quien encabeza a la Suprema Corte y al CJF”. ²

En este sentido, durante este sexenio, la ministra Piña ha votado en contra de medidas que atenten los derechos humanos³ y ha buscado interpretar la norma con un método pro persona, limitando el poder del Estado. Basta revisar cómo votó en la sesión del martes 6 de septiembre del 2022 en el tema de la prisión preventiva oficiosa⁴, donde se puede atestiguar su gran capacidad de interpretar la ley con prudencia y conocimiento. En dicha sesión, la ministra Piña enfatizó la importancia de tomar el artículo 1° constitucional como el principal recurso interpretativo para resolver la cuestión. Asimismo, afirmó que, de la mano del artículo 105 y la contradicción de tesis 293/2011 la pregunta por si la Suprema Corte de Justicia tenía la capacidad para resolver el proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa –como divagaron los ministros Laynez y Farjat– era una cuestión irrelevante, ya que es claro que la Corte tiene esa competencia.

Al final, la defensa que la ministra Piña sostuvo –al igual que los ministros Ortiz Mena y Zaldívar– se centró en el respeto del parámetro de control de regularidad convencional, que no es otra cosa que entender que la Constitución y los pactos firmados por México internacionalmente en materia de derechos humanos conforman el llamado bloque de convencionalidad por medio del cual se han de interpretar las leyes –y regularizar sus aplicaciones–. De esta manera, cuando leemos en el artículo 1° “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…” y en la contradicción de tesis 293/2011 “En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”, no cabe la menor duda que condenar a prisión preventiva oficiosa sin tener una condena, ni pruebas del posible riesgo de fuga, no sólo es inconstitucional, sino una clara vulneración a los derechos humanos al convertirse en una pena anticipada –como la presunción de inocencia, acceso a la justicia y el respeto al debido proceso– tal como lo afirmó la ministra Piña.

En segundo lugar, dentro de la lucha por la igualdad, México tiene una gran deuda con las mujeres, por lo que sí resulta un hecho histórico encomiable que se haya designado, por primera vez, a una mujer que lidere la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, cabe mencionar que fue hasta 1961 cuando se designó a la primer mujer ministra, la jurista María Cristina Salmorán de Tamayo.

En tercer lugar, la ministra Piña se ha destacado por ser un freno al Poder Ejecutivo. Lo cual es, en mi opinión, una característica fundamental de cualquier servidora y servidor público –sobre todo, dentro del poder judicial–. Recordemos que una distinción esencial de la democracia convencional es su fuerte compromiso con la división de poderes. Nadie debe estar por encima de la ley y es tarea de la Suprema Corte –en tanto último intérprete de la Constitución mexicana– asegurar que el imperio de la ley prevalezca. Por ello, tener a la ministra Piña a la cabeza –alguien que se ha caracterizado por no ceder ante las presiones del presidente López Obrador ni de sus acosos mediáticos– es consolidar una auténtica defensa de nuestra democracia. En este sentido, recuerdo lo que Martin Luther King, en su defensa a los movimientos estudiantiles, explicó en su concepto de “paz negativa” entendida como la ausencia de tensiones sociales y políticas de los grupos vulnerados al aceptar las condiciones injustas. En contraposición, los protestantes de su época buscaban una verdadera paz, la cual “no es simplemente la ausencia de tensión, sino que es la presencia de justicia y fraternidad”. De esta manera, una sana democracia se construye del diálogo y la discusión, de ponerle un freno al poder para que ninguno de los tres salga de control. En palabras de Luis Villoro, “escapar del poder no equivale a aceptar la impotencia sino a no dejarse dominar por las múltiples maniobras del poder para prevalecer; es resistirlo”.

Estas son mis tres razones por las cuales considero que la designación de la nueva ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, ha sido un triunfo de nuestra democracia. Ahora, como ciudadanos, nos queda vigilar y atestiguar cómo se desempeña la nueva cara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1 Trayectoria consultada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/ministro/norma-lucia-pina-hernandez.

2“¿Quién es Norma Piña y cómo ha votado la primera presidenta de la SCJN?”, redacción de “El Sol de México”, lunes 2 de enero de 2023. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/quien-es-norma-pina-y-como-ha-votado-la-primera-presidenta-de-la-scjn-9410589.html

3Cabe mencionar que la ministra Piña sí votó en favor de la militarización.

4Sesión en vivo grabada en el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fkc51Cu-LUU.

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Se debe hacer notar que la composición de las personas ha cambiado, al pasar de los adultos mexicanos solteros que buscan trabajo, a familias latinoamericanas que son más propensas a solicitar asilo. Estos cambios tienen el potencial de reducir significativamente el volumen de personas que ingresan a los Estados Unidos: la cantidad de intentos registrados de cruzar ilegalmente su frontera suroeste en enero, cuando se implementaron algunos componentes del nuevo régimen, cayó en un 42% con respecto a diciembre. Incluso cuando Estados Unidos afirma tener más control sobre su propia frontera, el panorama sigue siendo caótico más al sur, en México y sus vecinos del sur. Si bien la ubicación de la crisis migratoria puede cambiar a territorio mexicano, el problema sigue sin resolverse. Los planes de Biden han encontrado resistencia en Estados Unidos, tanto de izquierda como de derecha. Los grupos humanitarios argumentan que los migrantes más vulnerables tienen menos probabilidades de ingresar bajo este nuevo esquema y podrían demandar. Algunos aspirantes a solicitar asilo enfrentan barreras básicas, como no tener un respaldo financiero o un teléfono para solicitar la entrevista. La regla propuesta se publicará en el Registro Federal durante 30 días para la recepción de comentarios públicos y probablemente entrará en vigor en mayo, cuando expire la vigencia del Título 42. También se espera que la regla dure dos años. *Esta nota se basa principalmente en el artículo de The Economist llamado “Joe Biden’s new border policies irritate the extremes. Good” disponible en: https://www.economist.com/leaders/2023/02/23/joe-bidens-new-border-policies-irritate-the-extremes-good y “Joe Biden needs Mexico’s cooperation on migration” disponible en: https://www.economist.com/the-americas/2023/02/22/joe-biden-needs-mexicos-co-operation-on-migration ¹https://www.animalpolitico.com/sociedad/titulo-42-eu-expulsion-migrantes-tres-anos

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El estadista es quien no se erige como líder perpetuo, no se asume como un salvador y mucho menos que tiene la verdad absoluta. Se erige como un constructor del diálogo permanente en favor del Estado, teniendo como metas el fortalecimiento de la autonomía de las instituciones garantes del marco constitucional, de los derechos humanos, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la democratización de los procesos electorales, porque sabe que son las bases para establecer un Estado moderno, con libertad de expresión, controles, equilibrios y con participación ciudadana vigorosa, donde se garantice la posibilidad de la alternancia en el poder, lo cual denotaría un país con salud democrática con derechos y libertades, y no uno donde se descalifica y se restringen abiertamente o de manera simulada las ideas, las voces, el voto y el derecho a disentir, creando un clima de intolerancia que deja de lado el debate democrático y a la razón. El estadista fortalece a la democracia, no la vuelve frágil, asimismo, asume la crítica ciudadana, la de los medios de comunicación y la de sus pares con profunda reflexión, mas nunca con ataques sistemáticos, porque sabe que las voces detractoras son el mejor indicador de su actuar, lo cual lo considera y lo convierte de manera asertiva en estrategia para revertir el malestar y la crítica generada; en este sentido. Un estadista se asume como un ciudadano más, dando el ejemplo y no con demagogia, retórica y narrativas, sobre todo no culpa al pasado, porque tiene la claridad que por las fallas de sus antecesores, las y los ciudadanos optaron por elegirlo. El verdadero estadista hace de la crítica una reflexión para fortalecer el Estado. El estadista entiende que el pragmatismo excesivo y mal encausado hace que la política pierda dignidad frente a las y los ciudadanos; hace que la credibilidad de la clase política pierda valor al adaptar y viciar su ética en la toma de decisiones. Por ello, para el estadista son más importantes los ideales democráticos y los resultados tangibles. Porque sabe que las fórmulas de simulación, pragmáticas y populistas en la mayoría de los casos se dirigen a satisfacer proyectos personales e intereses de grupos, que están muy lejanos a resolver las grandes necesidades que enfrentan a diario las y los mexicanos. Después de las anteriores reflexiones a la interrogante ¿México sin estadistas?, se puede referir a que no se ve a primera vista a una política o político emanado de la 4T que tenga la capacidad de articular una posición y narrativa diferente a la que se dicta en Palacio Nacional para el próximo sexenio. Esa posición y narrativa que a diario divide a las y los mexicanos; mientras en la oposición, la realidad, la indecisión, la fragmentación interna y el tiempo les ha alcanzado y no se ve quién pueda cargar en sus hombros los destinos de una candidatura presidencial sólida para el 2024. No se ve quién pueda inspirar, entusiasmar y hacer reflexionar el voto de las y los ciudadanos . Por tal motivo, México enfrenta una de sus peores crisis de liderazgos políticos por la falta de estadistas. La clase política se ve incapaz, sin argumentos, sin oficio político y sin visión de Estado para contrarrestar el discurso y la narrativa de división que se orquesta a diario desde Palacio Nacional. Este discurso de división y denostación intenta acotar los equilibrios constitucionales y democráticos que dan autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral, a la libertad de expresión y a todo quien no coincida con la política que se asume como transformadora. Al día de hoy, no se ve quien pueda llenar los zapatos de un estadista; un estadista que pueda gobernar con el llamado al acuerdo y a la unidad, y no con rencores, revanchismos y polarizando la vida pública mexicana. México es un país al que le urge entre muchos temas: reducir las desigualdades, la pobreza y la inseguridad, así como garantizar el abasto de medicamentos y dar servicios de salud de calidad. Sería excelente para México que la clase política y quien aspire a un cargo de elección popular se asumiera como estadista. Si fuera así, México tendría la esperanza de un verdadero cambio; un cambio que deje atrás a la política del “no”, a la política de la “promesa”, la política “ficción” y la política “populista” que le ha restado dignidad, valor y credibilidad a la política de nuestro país. Al respecto, cito a Luis Donaldo Colosio Murrieta: “México no quiere aventuras políticas. México no quiere saltos al vacío. México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México quiere democracia, pero rechaza su perversión: la demagogia”. Y concluyo agregando: México no quiere más fórmulas populistas. 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