Nombramientos diplomáticos: ¿traiciones, voluntarismo, pago de facturas y favores? AMLO es efectivo para tronar a la oposición

Los últimos nombramientos del servicio exterior de López Obrador pueden ser tomados de distintas maneras: traición para los priistas en los casos de Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa; o como voluntarismo presidencial al nombrar a Pedro...

19 de enero, 2022

Los últimos nombramientos del servicio exterior de López Obrador pueden ser tomados de distintas maneras: traición para los priistas en los casos de Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa; o como voluntarismo presidencial al nombrar a Pedro Salmerón, quien está en el centro del escándalo universitario por acusaciones de acoso sexual por alumnas del ITAM y la UNAM. Sin embargo, dichos nombramientos indudablemente muestran la capacidad del presidente para tronar a la oposición.

El cuerpo diplomático ha servido en una gran cantidad de países –no solo en México– para pagar favores, erosionar a la oposición y cumplir compromisos en diversos sectores, Andrés Manuel lo ha utilizado de la misma forma y aún quedan en el aire cartas pendientes como la embajada en España que aún no da el beneplácito a Quirino Ordaz Coppel y una posición para Javier Corral Jurado quien necesita renunciar a su doble nacionalidad para ser acreditable en el servicio exterior.

Está también la oferta presidencial para los gobernadores en activo José Rosas Aispuro de Durango y Mauricio Vila de Yucatán, una vez que concluyan sus periodos.

Los nombramientos son: 

Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la embajada de México en Rumania.

Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, a la embajada de México en la República Dominicana.

Laura Beatriz Esquivel, multipremiada escritora y exdiputada federal, a la embajada de México en Brasil.

Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la embajada de México en Portugal.

Leopoldo de Gyves, dirigente político y social de amplia trayectoria, como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.

Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, quien fungirá como titular del consulado de México en Barcelona.

Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca.

Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, a la embajada de México en Corea.

María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán.

Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá.

Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, quien fungirá como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia.

Guillermo Zamora, escritor y periodista de larga trayectoria, a la embajada de México en Nicaragua.

Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda.

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En un mitin, López Obrador anunció que había presentado una denuncia contra el presidente Peña Nieto por “traición a la patria”. Según López Obrador, tenía pruebas contundentes que demostraban que la reforma eléctrica de Peña Nieto se había pactado en Washington y en Londres, que era en perjuicio de México y que, por tanto, se había hecho con “traición a la patria”, además de que los legisladores se habían dejado sobornar para que dicha reforma pasara. Anunció en ese momento que cuando llegara al poder revertiría la reforma energética de Peña Nieto. El tiempo pasó, López Obrador llegó al poder y, en efecto, puso manos a la obra para desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto. No acabo de entender por qué no lo hizo al principio del sexenio, cuando tenía muchos más legisladores que los que ahora tiene y cuando su poder parecía incontestable. Se esperó hasta la segunda mitad del sexenio, con un Morena y aliados debilitados en las elecciones federales de 2021 (aunque desde aquel lado ellos insisten en que son más fuertes que nunca, que es un momento histórico, y todas esas cosas). Y entonces sucedió lo que parecía “bola cantada”, para hablar en términos del béisbol: el desmantelamiento de la reforma eléctrica de Peña Nieto no fue posible. Lo primero que intentó López Obrador, para evitar el arduo mecanismo de reforma constitucional, fue modificar la Ley de la Industria Eléctrica. Para ello le bastaba la mayoría absoluta que tiene en el Congreso federal. El problema fue que al entrar en vigor se registró una lluvia de amparos y los legisladores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad. Hace unos días, la Corte resolvió el asunto y no se alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, lo que el presidente anunció ante sus simpatizantes como un gran triunfo y un día histórico.  En ese momento yo escribí que una cosa es que la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley, o otra distinta es que la falta de esta  declaración implique que la ley sea constitucional. Parece que así lo entendieron los seguidores del presidente (el presidente no lo entendió así, porque él es hábil y es muy difícil tomarle el pelo). Siete ministros encontraron que la Ley Eléctrica (técnicamente modificaciones propuestas por el presidente a la Ley de la Industria Eléctrica) era inconstitucional… y lo es. Tan es así que el gobierno no podrá cancelar contratos otorgados a particulares así nada más; y si los cancela, incurrirá en responsabilidad y perderá litigios no sólo en México, sino ante cualquier tribunal internacional, lo cual significará millonarias indemnizaciones que usted y yo pagaremos. El presidente lo sabe perfectamente. Aunque López Obrador anunció el fallo de la Corte como un triunfo histórico y los seguidores, de buena fe lo creyeron y lo creen, la verdad inobjetable es que era necesaria la reforma constitucional. Por eso el presidente envió su propuesta y la Cámara de Diputados la votó el Domingo de Resurrección. Es una retahíla muy socorrida aquella según la cual la oposición está muerta e inoperante, moralmente derrotada, y que no sirve para nada, pero desde esa muerte, inutilidad, derrota moral e inoperación, la oposición rechazó la reforma eléctrica constitucional del presidente y el proyecto fue desechado en la Cámara de Diputados. El sueño de desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto quedó hecho pedazos y pareció de algún modo que la oposición “resucitó” el Domingo de Resurrección. El presidente, previendo que su proyecto no pasaría, había preparado un movimiento: nacionalizar el litio. Y así lo hizo ver a sus seguidores ese mismo Domingo de Resurrección al decir que, pasara lo que pasara, estaban blindados contra la traición. El discurso de la traición a la patria despegó a alturas que no se habían visto quizá desde el siglo XIX. Pero las cosas son como son, y no se pueden esconder. Una cosa es la reforma eléctrica con el fortalecimiento de la CFE, cuestión que no sucederá, al menos en este sexenio; y otra distinta es el asunto del litio. Insisto siempre en que el presidente López Obrador es muy hábil, lo cual me vale el insulto de las personas que no lo quieren, pero es la verdad. López Obrador mezcló los asuntos eléctrico y del litio y manejó el discurso de manera que sus seguidores pensaran que con la “nacionalización” del litio iba a quedar subsanado el rechazo de su reforma eléctrica en el Congreso. Los simpatizantes del presidente lo creen de buena fe, y si uno intenta desglosar las cosas y explicarlas, recibe de parte de ellos interminables insultos y hasta la ya manida –y en esa medida cada vez menos efectiva– acusación de “traidor de la patria”. Vaya, confieso que al principio daba miedo y preocupación que el presidente y sus simpatizantes llamaran “traidores” a los diputados que desecharon la reforma eléctrica constitucional, pero conforme pase el tiempo y se abuse de tal señalamiento, lo de la “traición a la patria” comenzará a dar risa. Volviendo al punto: la propuesta de “nacionalizar” el litio no tiene nada que ver ni subsana de modo alguno el rechazo, por parte de la oposición, de la reforma eléctrica constitucional propuesta y promovida por el presidente. Son dos asuntos diversos, y aunque los seguidores del presidente crean de buena fe lo que éste les dice, la nacionalización del litio no hará posible la reforma eléctrica que con tanto ahínco busca el presidente. En los siguientes meses se repetirá la historia: el presidente ya logró que su propuesta de reforma a la Ley Minera (nacionalización del litio) fuera aprobada por el Congreso. ¿Qué dicen estas nuevas disposiciones? Que el litio es de utilidad pública; que no habrá concesiones, contratos, licencias, permisos ni autorizaciones a particulares en esta materia; que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado (¿AMLITIO?); y que se considera zona de reserva minera aquella donde haya yacimientos de litio.  Todo esto suena muy bien, y en lo personal soy partidario de que el litio quede bajo el control del Estado Mexicano. Pero disculpe usted si resulto molesto, porque estas reformas a la ley minera, aunque se hayan anunciado como algo histórico para México, algo así como una nueva “expropiación petrolera”, no van a servir de nada. Actualmente hay concesiones en favor de empresas chinas, estadounidenses, inglesas, australianas, canadienses, españolas y mexicanas. Nada cambia que dichas concesiones se hayan otorgado en otra administración, estas empresas se van a amparar y van a ganar los amparos, porque la Ley Minera de López Obrador es anticonstitucional, no porque tenga yo animadversión hacia él (por supuesto que no la tengo ni la he tenido), sino porque conozco el esquema legal en mi carácter de estudioso del Derecho Constitucional. Si López Obrador quiere asegurar el litio de manera efectiva, necesita una reforma constitucional, punto. Como sucedió con la Ley Eléctrica, los seguidores del presidente creen de buena fe (es la cuarta o quinta vez que digo esto de la “buena fe”, disculpe usted) que ya con la ley del litio (Ley Minera) se acabó el problema. El litio ni se expropió ni se nacionalizó, ni quedó protegido, y si alguien lo cree es únicamente porque el presidente así lo dijo (Princeps dixit!). La Ley Minera del presidente y nada es casi lo mismo. Le anticipo lo que ocurrirá en los siguientes meses: la Ley Minera del presidente será combatida en tribunales, los jueces de distrito comenzarán a otorgar amparos a estas empresas, probablemente la oposición ejerza una acción de inconstitucionalidad; de ser así, llegará a la Corte y pasará exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica: siete ministros la considerarán anticonstitucional y solo cuatro no, de manera que no se logrará la declaración de inconstitucionalidad, lo cual no significará que el gobierno mexicano no vaya estar destinado a perder (bola cantada) juicios en tribunales mexicanos y extranjeros, con las millonarias indemnizaciones que ello implicará; el presidente quizá promueva una reforma constitucional para de verdad proteger al litio, pero ésta no pasará en el Congreso. O sea, ese film de drama nacional llamado Litiomex o Amlitio ya lo vimos, exactamente igual, cuadro por cuadro, en la película de la trunca reforma eléctrica de Bartlett. Yo sé que muchos seguidores del presidente se enojan conmigo cuando explico las cosas. Lo único que pretendo es desglosar la verdad. La verdad nunca es mía, por eso es más factible entenderla y desmenuzarla, porque cuando la verdad es de “uno”, ya no es posible ni siquiera el diálogo. Y para terminar, Mario Delgado anda proponiendo retomar la denuncia que presentó AMLO en 2014 contra Peña y secuaces. Pero está proponiendo que sea a través de una consulta, para ver también si el pueblo quiere que los diputados que hace unos días rechazaron y dieron palo a la reforma eléctrica del presidente, sean acusados de traición a la patria. Por su parte, el priísto-morenista Ignacio Mier sugirió “fusilar” a los “traidores”, porque eso es lo que le pasa a los “traidores”: se les pone en el paredón para que el pueblo los fusile. Si bien aclaró que hablaba metafóricamente, quien debería dar el primer paso para subirse al paredón y ser fusilado es él, pues como diputado priísta aprobó el FOBAPROA en 1998 (sí, el robo más grande y vil que ha sufrido México en su historia fue apoyado y avalado por Mier); sí, el estridente Mier da consejos que si se aplicaran a su persona sería el primero en morir fusilado. Y para seguir con esta orgía de ejecuciones –que de tan grotesca parece guerra de pastelazos de una mala película mexicana–, la diputada petista Margarita García exigió “crucificar” a los legisladores del bloque opositor por haber votado en contra de la reforma de López Obrador.  ¿Se acuerda usted de La carabina de Ambrosio? Había un sketch en que un abuelito, protagonizado por Alejandro Suárez, si mal no recuerdo, entraba en cólera y se ponía a dar de bastonazos a un niño, protagonizado por Chabelo. El abuelito vuelto loco golpeaba a diestra y siniestra, pero no atinaba ningún golpe a Chabelo, y cada vez que lanzaba el bastonazo casi caía, pero el mismo Chabelo lo ayudaba a recuperar el equilibrio. En eso se está convirtiendo la estridencia de morena y sus rocambolescas propuestas de dar muerte a los traidores, ya sea exhibiéndolos y juzgándolos mediante consulta (Mario Delgado), fusilándolos (Mier), o bien crucificándolos (Margarita García). Y en la medida que son más chirriantes y estridentes las invectivas, más ridículo es el espectáculo. Con todo respeto, aunque esto pueda sonar como música para los oídos de los seguidores del presidente, va a acabar pasando lo mismo que con la consulta para enjuiciar a los ex-presidentes: nada. Como diría Shakespeare, “too much ado about nothing”." ["post_title"]=> string(88) "La verdad sobre el Litio, la reforma eléctrica que no pasó, y la traición a la patria" ["post_excerpt"]=> string(198) "El debate ha sido intenso estos días. 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Destaca que “José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams”. El tema fue en verdad un gran escándalo dado que demostraba que la austeridad que quiere imponer López a los mexicanos, no aplica con sus hijos. Y para el 6 de mayo del 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer, que no encontró evidencias que acrediten la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares por probable conflicto de interés relacionado con la investigación periodística conocida como “La casa gris”. La denuncia fue presentada por la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) en la cual solicitó que se investigara el presunto conflicto de interés del presidente y el empresario Daniel Chávez Morán. En la denuncia se asentaba que el 13 de febrero del 2022, el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, reveló tras el escándalo de la “Casa Gris”, que trabaja en la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien el presidente había nombrado como supervisor del Tren Maya. La SFP informó en un comunicado que el 15 de febrero recibió la queja por presunto “conflicto de interés, cohecho y soborno”.  Razón por la cual, la SFP inició un expediente de investigación, determinando que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares. Se acreditó que el C. Daniel Chávez Morán, nombrado como "supervisor honorario" en el proyecto "Tren Maya", no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”. En el tema de la casa en que vivía el hijo mayor de López, se le bautizó como “la Casa Gris”, recordando y comparándola con la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto y su esposa, que también fue un escándalo. Resultando el manejo del tema, muy parecido al de López y su hijo José Ramón. LA CASA BLANCA Carmen Aristegui dio a conocer en noviembre del 2014 que Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nietro, era propietaria de los derechos para comprar una casa en Lomas de Chapultepec, donde viviría ella y su marido al término de su gobierno. Esa casa la había diseñado ella con la empresa, Grupo Higa, que entre otras compañías tenía una constructora a través de la que construyó la casa y construiría también un tren rápido desde la capital a la ciudad de Querétaro, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de ese gobierno, valuado en cerca de 51 mil 300 millones de pesos (dos mil 500 millones de dólares). El 21 de agosto del 2015, se difundió que la investigación del gobierno exoneraba a Angélica Rivera, exesposa del presidente Enrique Peña Nieto, y al mandatario. Esto a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quién por conducto de su titular, Virgilio Andrade, también informó en conferencia de prensa que, en la adquisición de una millonaria mansión por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera, no existió una participación indebida. La propiedad estuvo en "posesión" de la primera dama hasta diciembre del 2014. Una vivienda valuada en unos 7 millones ubicada en Lomas de Chapultepec, "No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de un beneficio, provecho o ventaja", dijo el funcionario del gobierno encargado de la investigación. Pese al informe exculpatorio, hubo cuestionamientos por la imparcialidad del equipo de investigación que fue nombrado por el gobierno. "¿Cómo puede ser que sea un empleado quien absuelve a su jefe?". La corrupción quedaba impune una vez más. Y para el 26 de octubre de 2015, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, sostuvo que el de la "casa blanca" es un "caso cerrado". Finalmente, con estos hechos tan semejantes, se muestra y demuestra que realmente López y su 4T no son iguales a la Mafia del Poder, sino PEORES, en la ahora MAFIA EN EL PODER, que viene a ser seguramente el “Cambio prometido” por el que votaron 30 millones de incautos. Patética realidad." ["post_title"]=> string(46) "De Frente y Claro | NO SON IGUALES, SON PEORES" ["post_excerpt"]=> string(138) "El periodista Carlos Águila Franco compara dos casos emblemáticos de corrupción e impunidad: la “casa blanca” y la “casa gris”." 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De Frente y Claro | NO SON IGUALES, SON PEORES

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