No es casual

Los datos en general dan muestra de que la Estrategia de Seguridad de 2019 a 2022 está funcionando.

31 de enero, 2023

Paola Felix Diaz

Revertir el daño de la inseguridad en México no es una tarea fácil ya que está sustentada en la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, la corrupción y los intereses en el sistema judicial que protegen a los delincuentes. Las acciones emprendidas por las autoridades se topan con este tipo de pudrición que desdeña el trabajo de las autoridades.

Son situaciones que impactan a la sociedad en general porque la sociedad no tiene certeza de que habrá justicia cuando en realidad percibe casos de impunidad o que en lugar de justicia hay corrupción ante la alevosía y maldad con la que actúan muchas autoridades.

Es por eso que no podemos negar los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, en los que tres de cada 10 habitantes mayores de 18 años se sienten inseguros.

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Un caso concreto es el de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Desde hace más de tres años vive una pesadilla luego de que dos hombres irrumpieran en su vida al quemarle el 90% del cuerpo con ácido. Las autoridades judiciales solo actúan con simulaciones. Aún hay políticos del pasado que se allegan de artimañas para comprar jueces como es el caso del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, un poderoso empresario gasolinero, autor intelectual del ataque y la persona que pagó para ver cumplidas sus amenazas. Es por lo que aún hay camino por recorrer para poder revertir esta tendencia aberrante que hay en el sistema de justicia penal.

No obstante, esto no demerita las acciones de la presente administración y que poco a poco van transformando no sólo esta percepción de inseguridad, sino que también van disminuyendo diversos delitos que nos aquejan. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2022 la incidencia delictiva en 26 entidades del país bajó, es decir, los delitos de alto impacto.

Pero los datos en general dan muestra de que la Estrategia de Seguridad de 2019 a 2022 está funcionando ya que se redujo más del 55% los delitos de alto impacto; 60% los homicidios dolosos; 50% el robo de vehículo con y sin violencia.

En la Ciudad de México, la más poblada del país, los delitos de alto impacto disminuyeron 46.5% de 2019 a 2022 mientras que el delito doloso registró una disminución del 47% el año pasado, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Estamos hablando de la cifra más baja registrada desde 2015, en donde la capital del país pasó del lugar 21 al 25 en las entidades con más homicidios dolosos a nivel nacional, pasando de una tasa de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes a 5.8 por cada 100 mil habitantes de 2019 a 2022

Como mujer y ciudadana en donde somos las más violentadas del país, podemos ver que en la presente administración se trabaja arduamente en el combate a la inseguridad, pero no es casual que la percepción siga siendo negativa, debido a casos como el de Elena Ríos, envuelto en la corrupción del sistema judicial.

@larapaola1

Comentarios

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El desarrollo económico del estado avanza en estrecha colaboración con el sector empresarial, por lo que el gobierno que encabeza Sergio Salomón promueve el modelo de clústeres para incentivar la llegada de más inversiones a la entidad, afirmó la secretaria de Economía, Olivia Salomón durante la primera sesión del Consejo Coordinador Empresarial 2023.

En el evento, organizado en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN), la funcionaria enfatizó que los clústeres elevan el progreso social-regional y su beneficio se traduce en generación de empleo, conservación del talento, así como la retención y atracción de nuevas inversiones.

Detalló el impacto que genera dicho modelo, a través del cual el gobierno de Puebla promueve el posicionamiento de la entidad como asiento de los negocios y su vinculación internacional.

Por su parte, los empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial coincidieron en que el estado mantiene un gran potencial de crecimiento que debe ser aprovechado para fortalecer la coordinación entre el sector público con el privado.

La primera sesión del Consejo Coordinador Empresarial fue presidida por el presidente del organismo, Héctor Sánchez Morales, así como por su vicepresidente, Gilberto Marín Quintero y representantes de diferentes cámaras empresariales.

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ES APLICABLE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 39, porque su esposo, el ingeniero José María Rioboo, proporciona “servicios gratuitos de consultoría” a López Obrador además de recibir sustanciosos contratos de obra asignados por el gobierno que encabeza el tabasqueño. En consecuencia el esposo de Yasmín Esquivel, es DONANTE del Ejecutivo Federal, porque LE REGALA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, según Obrador. En lo tocante a los contratos de obra asignados al cónyuge de Esquivel Mossa, QUE NO SON GRATUITOS, LO HACEN ACREEDOR Y DEUDOR DEL EJECUTIVO FEDERAL. Lo anterior hace que Yasmín Esquivel Mossa esté impedida de estudiar, discutir y participar en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra el PLAN B ELECTORAL de López Obrador. ES APLICABLE LA FRACCIÓN XVII del artículo 39, PORQUE YASMÍN ESQUIVEL MOSSA ESTÁ EN UNA SITUACIÓN QUE ANULA SU IMPARCIALIDAD EN FORMA EVIDENTE Y GRAVE. ¿Qué es el PLAN B ELECTORAL? Para quienes desconocen la mecánica de las leyes y de los procedimientos judiciales, EL PLAN B no les dice nada más que, el todavía presidente de la República ha decidido intentar una vía alterna para lograr LA REFORMA ELECTORAL A LA MEDIDA DE SUS DESEOS. EL PLAN B DE LÓPEZ OBRADOR lo ubica como responsable del DELITO DE COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal que a la letra dice: ARTÍCULO 216.- COMETEN EL DELITO DE COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, los que teniendo tal carácter SE COALIGUEN PARA TOMAR MEDIDAS CONTRARIAS A UNA LEY, reglamento u otras disposiciones de carácter general, IMPEDIR SU EJECUCIÓN o para hacer dimisión de sus puestos CON EL FIN DE IMPEDIR O SUSPENDER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS. LOS DIPUTADOS Y SENADORES DE MORENA que aprobaron la iniciativa PLAN B ELECTORAL de Obrador A SABIENDAS DE SU INCONSTITUCIONALIDAD, son cómplices de este delito. LA CÓMPLICE PRINCIPAL DE LÓPEZ OBRADOR EN LA SUPREMA CORTE, AUNQUE NO LA ÚNICA, ES YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. AMLO le ha dado instrucciones de aguantar el tsunami de críticas, acusaciones, descrédito y lo que sea, porque necesita su voto PARA IMPEDIR QUE SE ALCANCEN LOS OCHO VOTOS CONTRA SU PLAN ELECTORAL, QUE LO HARÍAN DEFINITIVAMENTE INAPLICABLE. Desde el momento en que Obrador perdió la mayoría calificada INDISPENSABLE para descuartizar nuestra Constitución, surgió su PLAN B. EL PLAN B se trata de DICTAR A SABIENDAS REFORMAS A LEYES SECUNDARIAS QUE VIOLAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, pero apoyados en una doble apuesta:

Mientras estuvo Arturo Zaldívar como empleado de Obrador en la Corte, EL MINISTRO SERVIL SE PRESTABA A DILATAR, RETRASAR Y ENTORPECER el estudio, discusión y resolución de los temas que incomodaban a su verdadero jefe.

Una vez que era imposible DILATAR, RETRASAR O ENTORPECER por más tiempo los asuntos, Zaldívar cabildeaba en favor de AMLO para impedir que los PLANES B de su jefe SE DECLARARAN INCONSTITUCIONALES SI SE ALCANZABAN los OCHO VOTOS indispensables para frustrar su maniobra fraudulenta.

EL ÚLTIMO “TRIUNFO” DE ZALDÍVAR AL SERVICIO DE AMLO FUE EL DE LA REFORMA ELÉCTRICA que se pudo imponer gracias a la maniobra fraudulenta que hizo Loretta Ortiz a la hora de los recuentos de la votación. Los cómplices del PLAN B de López Obrador son corresponsables con el tabasqueño de DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, conforme al artículo 225, fracciones I, VI y VII que a la letra dicen: Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: I.- CONOCER DE NEGOCIOS PARA LOS CUALES TENGAN IMPEDIMENTO LEGAL o abstenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello; VI.- DICTAR, A SABIENDAS, UNA RESOLUCIÓN DE FONDO o una sentencia definitiva QUE SEAN ILÍCITAS POR VIOLAR ALGÚN PRECEPTO TERMINANTE DE LA LEY, VII.- EJECUTAR ACTOS O INCURRIR EN OMISIONES QUE PRODUZCAN UN DAÑO O CONCEDAN A ALGUIEN UNA VENTAJA INDEBIDA; ¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA IMPEDIR QUE AMLO SE SALGA CON LA SUYA? Quienes promovieron las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales contra el PLAN B ELECTORAL DE OBRADOR, NECESITAN INTERPONER LA RECUSACIÓN CONTRA YASMIN ESQUIVEL, y cuando menos contra LORETTA ORTIZ, invocando el artículo 39, fracciones V y XVII del Código Federal de Procedimientos Civiles. Necesitan interponer una denuncia por DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, contra los ministros que se han COALIGADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL como hicieron en el caso de la REFORMA ELÉCTRICA. EL PLAN B aplicado por López Obrador violentando la Constitución, es un delito cuyo modus operandi ha sido confesado públicamente por su autor intelectual en múltiples conferencias mañaneras. Si el FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA fuera autónomo, ya habría promovido el desafuero del todavía presidente de la República y de sus esquiroles en la Suprema Corte. Solamente con las armas de la CONSTITUCIÓN y del DERECHO EN LA MANO, PUEDE LOGRARSE QUE LA DEFENSA DE NUESTRA DEMOCRACIA PROCLAMADA AYER, 26 de febrero de 2023 EN TODA LA REPÚBLICA, SEA IMPARABLE.

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