Según el Índice de Crimen Organizado 2025 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC), respaldado por el Banco Mundial, México ocupa el tercer lugar mundial en criminalidad. Solo Myanmar y Colombia presentan una situación más grave.
El informe, que analiza 193 naciones, evalúa la criminalidad (magnitud y alcance de mercados ilícitos y actores criminales) y la resiliencia estatal (capacidad para enfrentar estas amenazas). México muestra un desempeño preocupante en ambos aspectos, ubicándose en el lugar 124 en resiliencia.
El estudio revela la activa participación de México en 13 de los 15 mercados ilegales analizados, con puntuaciones de 9 sobre 10 en tráfico de cocaína, drogas sintéticas y extorsión. El país alberga diversos actores criminales, desde cárteles de narcotraficantes hasta funcionarios corruptos y grupos extranjeros.
Un hallazgo alarmante es el control territorial de los grupos criminales, que en áreas marginadas han sustituido al Estado, proveyendo seguridad, justicia y ayuda social, consolidando así su legitimidad local.
El narcotráfico sigue siendo un motor principal del crimen organizado, siendo México un punto clave en la ruta de la cocaína hacia EEUU, productor de heroína y fabricante de drogas sintéticas. La extorsión, en aumento, afecta gravemente al sector productivo, impactando al 80% de las empresas en estados como Michoacán y Guanajuato, con pérdidas del 1.5% del PIBE.
La violencia letal es desproporcionada, con una tasa de homicidios de 23 por cada 100 mil habitantes, ocho veces el promedio mundial, concentrando el 33% de los homicidios globales.
El informe señala causas estructurales: un sistema de justicia frágil, cárceles sobrepobladas (40% sin sentencia) y alta impunidad (9 de cada 10 delitos sin castigo). La corrupción institucional sigue siendo un obstáculo importante.
Ante este panorama, el índice recomienda reformas profundas, incluyendo el fortalecimiento del sistema judicial, inversión en desarrollo social y educativo, y mayor cooperación internacional (especialmente con EEUU y Centroamérica) para frenar el tráfico de drogas, armas y migrantes.
En conclusión, el crimen organizado en México es un problema estructural que impacta la economía, la gobernabilidad y los derechos de millones de personas. El desafío para las autoridades es reconstruir instituciones, ofrecer oportunidades y actuar con una estrategia regional e integral, más allá de la militarización.
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