En los últimos días, Chihuahua ha sido el centro de atención a nivel nacional y, muy probablemente, también a nivel internacional, derivado de la misteriosa muerte de dos agentes de la CIA. Hasta la fecha de publicación de esta columna, los ciudadanos no sabemos qué hacían en territorio nacional. Que si los agentes estaban acreditados por la embajada; que si el Gobierno federal sabía o no; que si la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván (Maru Campos) violó la Constitución; que si existen suficientes lagunas legales para interpretar si una entidad federativa tiene facultades de colaboración con agencias policiales extranjeras; que si la gobernadora debe comparecer ante el Congreso local o el federal; que si la señora tiene méritos por combatir al crimen organizado, dado que se desmanteló un laboratorio dedicado al narcotráfico; o, simplemente, y parafraseando al compañero de partido de Maru Campos, Felipe Calderón, “haiga sido como haiga sido”, estamos ante un asunto que no es menor. Estamos frente a una violación de enormes proporciones a la Constitución y, lo más delicado, a la soberanía nacional, pues abre tantas interrogantes que abordarlas podría tomar un diario completo.
Con justificada razón, el tema formó parte de la agenda política del Senado. Y, sin entrar al debate sobre si la titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua hizo bien o mal en no asistir a dar explicaciones a los senadores, me atrevo a rescatar los argumentos de la priista Claudia Anaya, quien dijo que la soberanía es la esencia de nuestra Constitución. Quienes estudiamos Derecho no me dejarán mentir: en la primera clase de la carrera nos enseñaron que la Constitución es la ley suprema y que de ella deben desprenderse las demás leyes. Lo digo porque, siendo así, existe legislación que regula las formas de actuar cuando se solicita colaboración, así como los canales diplomáticos mediante los cuales los extranjeros deben acreditarse para tales efectos.
Los mexicanos nos enteramos de los hechos a raíz de un acontecimiento trágico: la muerte de personas. Y, además de trágico, el asunto se vuelve especulativo por las credenciales de los involucrados. Es decir, de no haber ocurrido la fatalidad, no nos habríamos enterado de que se estaban llevando a cabo operativos de esa naturaleza en Chihuahua. Ahora surgen las preguntas: ¿desde cuándo se empezaron a realizar?, ¿Chihuahua es el único estado donde están ocurriendo?, ¿las agencias de seguridad ya empezaron a buscar aliados a nivel local para llevar a cabo operativos?, ¿solamente hay agentes de Estados Unidos o también de China y Rusia? Si uno da rienda suelta al pensamiento, puede pasar de un tema a otro, no menos interesante para nosotros ni menos preocupante para el Gobierno.
Volvamos a Chihuahua, el estado más extenso del país en términos territoriales. Con una población que ronda los cuatro millones de habitantes y la gran distancia que existe entre la capital del país y la capital del estado, muchos chihuahuenses sienten una especie de abandono por parte del resto de México. Como relaté en una columna anterior, estar en Chihuahua resulta fascinante por la diversidad de su cultura y sus paisajes. Transitar de una ciudad a otra puede significar recorrer una planicie y, de pronto, encontrarse con la Sierra Tarahumara. Al ser hogar de menonitas, lebarones, mormones y tarahumaras, no resulta extraño entrar a supermercados de cadenas mexicanas donde se da la bienvenida en español, alemán e inglés. Incluso, al sintonizar estaciones de radio mientras se recorren colonias dominadas por estos sectores, por momentos uno puede olvidar que sigue en México. Municipios como Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, con colonias trazadas al estilo de ciudades estadounidenses, amplifican esa sensación.
Es tan vasto el territorio y tan diversa su composición cultural que, en muchas ocasiones, el gobierno, del nivel que sea, pasa a segundo plano, porque la vida en Chihuahua transcurre a su propio y calmado ritmo. Gracias a ello puedo entender esa sensación de abandono, que no es un rumor: me lo han dicho los propios chihuahuenses.
Entonces podemos decir que rara vez Chihuahua se convierte en foco de atención nacional, y más aún internacional. Las noticias locales suelen hablar de delitos del fuero común, como en cualquier lugar del mundo; de la apertura de una tienda o un cine; de algún atropellamiento o de un choque. Cuando las noticias trascienden es porque se ha destapado algún acto de corrupción, porque ocurrió una balacera de mayores dimensiones, porque se encontró una fosa clandestina o porque tuvo lugar algún otro evento trágico. La muerte de los agentes de la CIA tampoco es la primera vez que coloca a Chihuahua en las primeras planas.
No olvidemos las omisiones de los funcionarios de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde migrantes murieron quemados. Tampoco las crisis migratorias que enfrenta esta ciudad fronteriza, agravadas por la insuficiencia de las respuestas institucionales; ni la desconfianza en los gobiernos locales, alimentada por las largas uñas de exgobernadores. Pero la crisis más severa, la que he visto con mis propios ojos y nadie me ha contado, ha sido la sequía que azotó al estado durante al menos dos años consecutivos. Jamás tuve conocimiento de que alguna autoridad local o los representantes del estado en el Congreso realizaran gestión alguna para atenderla y devolver la vida a los campos agrícolas, principal fuente de ingresos de la entidad. Ante esa falta de atención, a los ciudadanos no les quedó otra opción que recurrir a las misas para pedirle a otros poderes que hicieran el trabajo que las autoridades no hicieron. Al parecer, las gestiones eclesiásticas surtieron efecto, porque el verano pasado llovió con tal intensidad que incluso se registraron inundaciones, las cuales también pasaron prácticamente desapercibidas.
Desde que empecé a escribir, como lo dice mi biografía, he encontrado una forma de ordenar y plasmar ideas. Algunas nacen en conversaciones; otras permanecen en mis pensamientos; y unas más terminan convertidas en columnas, como aquella que titulé “Los virreyes mexicanos”. Invariablemente, escribir esta columna me ha hecho recordar muchas de las reflexiones que pasaron por mi mente cuando desarrollé aquella.
De nuevo, y como cada semana, aquí estoy, pidiendo que se ponga atención al actuar de los gobernantes. En este caso, al de una gobernadora que, más allá de si violó o no la Constitución, hoy parece moverse, como tantos otros, bajo un halo de poder que la vuelve intocable. Una figura cuyas comunicaciones llegan, con termo en mano, mientras entra al Palacio de Gobierno; una imagen que, de forma irónica, parece cargada de soberbia. Pero ¿qué podemos esperar los ciudadanos si ni siquiera le respondió el teléfono a la propia presidenta de la República? Para pesar de los mexicanos, Maru Campos, como si fuera una virreina, como si gobernara en nombre de la Corona y contara con facultades tan amplias como ella deseara, se ha convertido en una figura conocida por sus viajes internacionales, sus favoritismos, los señalamientos de corrupción y la entrega de contratos a sus amigos personales. Los propios diarios locales podrían dar mejor cuenta de ello.
De nuevo, la misma pregunta: ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? No es Morena, no es el PAN, no es el PRI, no es Movimiento Ciudadano, no es el PT, no es el Verde. Somos nosotros quienes no exigimos; somos nosotros quienes permitimos que no exista orden, ni una verdadera rendición de cuentas, ni freno al sello distintivo de muchos gobernadores: las persecuciones políticas que prosperan al amparo de la conveniente distancia entre la Ciudad de México y el resto de los estados.
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