México, a través de diversos convenios internacionales relativos al fortalecimiento del derecho comunitario (convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo ha aceptado el hecho de llevar a cabo consultas a las comunidades indígenas y pueblos originarios cada vez que se formalice algún proyecto de inversión o se lleven a cabo medidas administrativas que los afecten. En ese contexto el art. 2 de la Constitución que establece ese derecho a ser consultados, aunque no existe normatividad clara para hacerlo.
Así, con muy diversas lagunas jurídicas, ha sido necesario recurrir a la jurisprudencia de la SCJN, la que ha determinado en qué casos es procedente solicitar dictamen, ante, el Instituto Nacional para los pueblos indígenas (INPI) que obligue a llevar a cabo el proceso de consulta indígena como parte de la actuación del estado.
Sin embargo por ignorancia, falta de visión y apoyo a los pueblos indígenas las dependencias del gobierno cuando estima necesario llevan a cabo los procesos de consulta o bien no las inician o no se someten a dictamen del INPI.
Este hecho, de suyo grave, se ha vuelto discrecional sujeto a las consecuencias que se hagan al interior de las dependencias y por supuesto, no llevan a cabo los procesos de consulta sabedores de que no existan penas pre- establecidas por su omisión.
Así, sin que exista una ley general que regule el derecho a la consulta y los procedimientos para llevarlas a cabo y sin claridad en cuanto a no contar con evaluaciones precisas del impacto social de obras y proyectos de los sectores públicos o privado, la atención del impacto social y la afectación a las comunidades queda sujeta al tamaño de la protesta de los pueblos afectados…
Situación de las consultas a los pueblos indígenas en las grandes obras del Gobierno Federal
Tren maya. Es sabido que el proyecto original, en una ruta de 1460 km que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha sido sujeto de cambios y grandes controversias de carácter ambiental, social y presupuestal. La falta de proyectos, estudios de impacto ambiental y un presupuesto apegado a un proyecto ejecutivo completo, han generado muchos incidentes y críticas que deviniendo en múltiples amparos, plantones y manifestaciones sociales, no han sido resultado más que en un proceso de imposición de decisiones de carácter político .
La oficina de México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, da cuenta de su asistencia a muy diversas asambleas regionales informativas y consultivas con los pueblos indígenas y dan cuenta de un hecho incontrovertible:
Las consultas y obtención del consentimiento de los pueblos indígenas se han realizado mayoritariamente después de iniciados los trabajos y no en forma previa, lo que deja entrever que el proyecto se desarrollará independientemente del resultado de la consulta.
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Los procesos en lo general, ante el desconocimiento del tamaño del impacto y afectación de las obras, deriva en acuerdos de trueque: tu aceptación a cambio de obras de infraestructura local de dotación de agua y construcción de obras menores.
El corredor interoceánico. Esta obra concebida como parte de un programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, aparece como la “columna vertebral” del PDIT que incluye: modernización de vías férreas, carreteras, ampliación y reconfiguración de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, incluyendo la construcción de un gasoducto y parques industriales.
El Istmo de Tehuantepec tiene los bosques y selvas tropicales húmedas más importantes del país por su biodiversidad y extensión. Así, con diferentes alcances y aspiraciones se han formulado 8 planes como este entre 1977 y 2021, como olvidar: El plan Puebla-Panamá, el Plan Istmo “Puerta de América”… En todos, un común denominador: la falta de información y consenso de quienes serán “sujetos” del desarrollo siempre con propuestas ideologizadas.
En 2019 se realizaron consultas en siete comunidades del Istmo, se repartieron textos conteniendo generalidades donde no se dejaba en claro el detalle de las obras, su ubicación y hasta la idea de que los habitantes de la región serían socios del proyecto, sin aclarar cómo ni en qué sentido.
Los días 19 y 20 de junio del 2021, al menos 34 comunidades indígenas reunidos en Binniza, municipio de San Blas Atempa, acordaron reforzar su lucha de resistencia de los pueblos del Istmo contra el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Sostienen en una declaratoria final:
El corredor interoceánico es mucho más que un simple tren, el gobierno actual pretende transformar esta región en un inmenso corredor de manufactura, ensamblaje y transporte de mercancías en manos del capital internacional y que funcionará como un muro de contención de los grupos de migrantes que viven en Centroamérica.
Acusan al Gobierno Federal de organizar consultas a modo que perjudican a los pueblos indígenas, aduciendo que: no se les presentan los proyectos, ni estudios de impacto ambiental ni cultural, ni social del corredor interoceánico ni de los otros proyectos vinculados a él.
Refinería de Dos Bocas. El 18 de julio de 2019, se dio por concluida la consulta pública formulada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) , en esta consulta abierta a proceso durante 20 días se recibieron comentarios y observaciones de la academia, organizaciones sociales y público en general.
Así lo señaló un escueto comunicado de prensa, en el Municipio de Paraíso, Tabasco de esa fecha. Está claro, sin embargo, que las críticas por afectación ambiental de la construcción en una zona inundable que habrá de afectar su operación, que las emisiones en su fase de producción serán altamente nocivas, la falta de un proyecto del entorno que de satisfactores de vivienda, movilidad y equipamiento para los trabajadores y sus familias, siguen siendo hay motivo de crítica y malestar de los pueblos asentados en las inmediaciones de esta obra.
Las consultas a los pueblos indígenas u originarios que se realizan para conocer la operación y postura de los habitantes de zonas susceptibles de afectación, a pesar de que exista un mandato constitucional, por falta de una normatividad y reglamentación adecuada, las convierten siempre en “consultas a modo” para cubrir o cumplir el requisito y acaban en amparos, plantones y manifestaciones de los pueblos afectados.
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