Sin duda, la pandemia por Covid dejó a su paso muchas consecuencias económicas, políticas y sociales, pero los efectos de la postpandemia aún persisten, sobre todo en las y los mexicanos que están muy vulnerables con el ciberacoso. Ciberdelincuantes tratan de enrolar a usuarios de internet en la trata de personas y, en particular y más radicalizado, a niñas, niños y adolescentes de todo el mundo que están convirtiéndose en víctimas de explotación sexual.
No hay duda de que la pandemia ha agravado y puesto en primer plano las desigualdades económicas y sociales, que son las causas subyacentes de la trata de personas. Bajo este contexto, los delincuentes están constantemente ajustando sus modelos de negocios a la “nueva normalidad” creada a partir de la pandemia, especialmente mediante el uso indebido de nuevas tecnologías. Es por eso y por otras causas que en México se deben reforzar las políticas públicas para disminuir los riesgos de violencia digital que enfrentan los menores de edad al usar internet y particularmente, las redes sociales.
En un estudio presentado por los organismos Early Institute y ChildFund, se muestra que nuestro país sigue rezagado en materia de combate a la violencia contra este grupo de la sociedad (niñas, niños y adolescentes) que, sin duda, encaja en el esquema de la trata de personas que creció por la cuarentena forzosa, el confinamiento y la limitación de las actividades económicas y la vida pública.
Con base en ese estudio, solo una cuarta parte de los estados del país cuentan con un marco normativo para hacer frente al ciberacoso que está causando la postpandemia, pero preocupa aún más que no éste homologado para contener las amenazas o actuar de forma inmediata frente a un fenómeno social que creció luego del tiempo de trabajo y estudio en casa por la pandemia de salud.
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No hay que perder de vista, que, de acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tan solo en 2020, el 70% del material de abuso sexual infantil que se distribuyó por internet se generó en México. Además, esa misma fuente señala que 750 mil personas están tratando de contactar niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual.
Como mujer y madre, me reflejo en la preocupación que deben de tener tantos jefes de familia, por eso apelo a que no solo los legisladores se enfoquen en reformar las leyes y se acabó. ¡No! Definitivamente es importante trabajar para generar políticas públicas integrales que abarquen a profundidad la complejidad que hoy se tiene en México.
No hay que perder de vista que somos un país con 32 entidades, con una multiplicidad normativa y una serie de necesidades presupuestarias importantes, en donde se debe canalizar más de ese 0.7% del PIB que hoy se destina para este delito y poder trabajar en todo tipo de programas y/o políticas que se requieran.
La pandemia por Covid generó muchos costos que hay que resarcir, porque los costos siguen aumentando después del confinamiento forzoso y nunca se había visto a millones de vidas, de niños, niñas y adolescentes que tuvieran una inmersión en internet, tan profunda y persistente.
Ese mismo estudio que fue presentado por esto organismos ChildFund y Early Institute alerta que en la actualidad, más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a la violencia digital que representa el acoso o ciberbullyng con contenido inapropiado y con fines de explotación sexual y de otras formas de violencia sexual digital encaminadas a exponer su entorno.
La pandemia por COVID, pero sobre todo la postpandemia está poniendo al mundo bajo una enorme presión y está afectando la vida de las y los mexicanos que sin duda, son los costos postcovid por trabajar en la Matrix, ese mundo virtual que diseñan otros en las computadoras, que es artificial, pero real, para tener bajo control y manipulación a muchas vidas que están en riesgo.
@larapaola1
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