La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado muy movida en las últimas semanas. Nuestro máximo tribunal Constitucional de última instancia, haciendo gala de un escrupuloso respeto (nunca antes visto en México) de la separación de Poderes, propinó varios reveses al poder Ejecutivo federal. Valgan tres ejemplos.
En el marco de la nueva Ley de austeridad, al Presidente la SCJN le echó abajo dos disposiciones clave: la del uso discrecional por la Presidencia de una bolsa gigante de recursos públicos proveniente de los ahorros generados por las medidas de ahorro (una “partida secreta”, que no lo era, le llamaron algunos opositores venenosos); y también en lo referente a la prohibición por diez años a los servidores públicos para trabajar en la iniciativa privada. Dicha disposición buscaba evitar conflictos de interés, como el exsecretario de Hacienda Gil Díaz o los expresidentes Calderón y Zedillo, que obtuvieron asientos en los consejos de administración de multinacionales extranjeras, después de haber fungido como funcionarios públicos y haberlas beneficiado de forma cínica.
Mención aparte, el revés dado al Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el marco de un pleito familiar tan enredado que daría para la publicación de un libro completo (que por cierto, sería un éxito en ventas, porque confirmaría que la realidad supera a la ficción). En el caso de la Ley de La industria eléctrica, congelada mediante una acción de inconstitucionalidad promovida por Senadores opositores y la CFC (Comisión Federal de Competencia), la Corte la declaró constitucional, por lo que surtirá efectos. Y sí, lloverán amparos de parte de empresas afectadas, pero también cada caso se resolverá bajo un clima de Estado de Derecho, que debe dar certidumbre a cualquier inversionista.
Nadie puede acusar al presidente de autoritario, de violador del imperio de la Ley, y menos regatearle el Derecho a externar su malestar cuando recibe dichos reveses por parte de otros poderes y/o de organismos públicos autónomos, pues Andrés Manuel López Obrador lo acata todo, agotando eso sí, todas las instancias jurídicas a su alcance.
Respecto al nuevo marco jurídico aplicable a la industria eléctrica, el presidente apostó por una iniciativa en la materia más agresiva que la anterior, quizás como una estrategia para una llegada a buen puerto ”salomónica” que logre no continuar desmantelado a la CFE. Lo anterior buscaría evitar llegar al drama eléctrico que se vive hoy en España o a la tragedia ocurrida en Texas donde se disparó la tarifa eléctrica por no tener el Estado las riendas en una actividad tan delicadamente estratégica. Es muy probable que la Reforma Eléctrica que está ya en discusión sea otro revés al presidente, ahora por parte del poder legislativo; la reacción de las empresas no será algo nuevo: ya antes se negociaron los contratos leoninos referentes a los ductos de hidrocarburos subutilizados y pagados producto de contratos abiertamente leoninos, lo mismo con las empresas constructoras del malogrado (e inviable) aeropuerto de Texcoco.
Todo lo anterior no debería ser sino motivo de festejo por parte de todos los mexicanos. La 4T respeta escrupulosamente el Estado de Derecho, así haya estridencia por parte del presidente, que, repito, no por serlo está al margen de ejercer su libertad de expresión. Cabe preguntar a quien ve, como en sueños de paranoicos de opio, “flagrantes atropellos a la división de poderes”: ¿somos o no somos una democracia?
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